Norma Araceli Caldera Zapata

Expediente 1349/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 20 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1349/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
19/07/2022

Partes del expediente

  • Norma Araceli Caldera Zapata
  • Administrador Local de Recaudación de Torreón, Coahuila de Zaragoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; diecinueve de julio de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el juicio y negó la protección constitucional, que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es susceptible de depuración, salvo la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, y el proveído en que se ordena su archivo como asunto concluido, mismos que deberán conservarse en términos del numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se aperturó. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las nueve horas con cincuenta minutos del veintisiete de junio de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Jerson Roberto Jara Flores, Secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación de la agente del Ministerio Público del Federación adscrita, y las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa, asimismo, con el pedimento ministerial presentado por el representante social, mediante el cual ofrece la prueba instrumental de actuaciones y la prueba presuncional en su doble aspecto. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que el autorizado de la parte quejosa realizó manifestaciones en esta vía; a lo que el Juez acuerda: De acuerdo con el artículo 124 de la ley en la materia, téngase por hechas las alegaciones a dicha parte. Con lo anterior, se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual, lo conducente, ahora, es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, remitido posteriormente a este Juzgado Federal, Norma Araceli Caldera Zapata, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y los actos que a continuación se trascriben: "III. Autoridades Responsables; --- A) El Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, (.) --- B) Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, , (.) --- C) Administrador Fiscal General de la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza. --- D) Administrador Local de Recaudación, con sede en ésta ciudad. --- IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame: --- 1. De las autoridades señaladas como responsables en los incisos A y B, del punto anterior, la aprobación, expedición, promulgación, publicación y refrendo de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza el 25 de noviembre de dos mil once, entrando en vigor el uno de enero de dos mil doce, y reformada el treinta de diciembre de dos mil veinte, especialmente el Capitulo Primero del Título Tercero, relativo a los servicios de la Secretaria de Gobierno, sección primera por servicios del instituto registral y catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza. --- 2. Asimismo de las autoridades señaladas en los incisos b y c, la expedición, promulgación y publicación del Decreto por el que se otorgan estimulas fiscales en materia de contribuciones estatales, específicamente el Capítulo III, artículos 12 y 23 de dicha ley. --- De la autoridad señalada en el inciso d), la aplicación del Capitulo Primero del Título Tercero, relativo a los servicios de la Secretaria de Gobierno, Sección Primera por servicios del Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, consistente por el cobro de derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad con sede en esta ciudad, lo cual quedó detallado en los recibos de pago que a continuación se detallan. (.)." En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos humanos que, en su concepto se violaron, son los contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se mandó a aclarar la demanda de amparo. Mediante escrito aclaratorio de doce de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa por refiriendo que su acto reclamado lo es la aprobación, expedición y promulgación de los artículos 54, fracción II, incisos 1) y 60, fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza; por lo que por diverso acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, fue admitida la demanda de amparo y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 1349/2021-VII-A, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. De conformidad con lo establecido en la circular SECNO/STCCNO/29/2022 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en las cuales se estableció -entre otras situaciones-, la suspensión, prórroga, modificación y reanudación de los plazos de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y por consecuencia, la reactivación de los términos procesales; por lo cual, se regresó al esquema de trabajo en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por auto de veinte de enero de dos mil veintidós, se reanudó el asunto y se señaló fecha para que tuviere verificativo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, la que se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta, en el caso se reclaman normas generales con motivo de su primer acto de aplicación que tuvo lugar en la jurisdicción territorial de este Juzgado Federal. Se invoca, en lo conducente, la tesis jurisprudencial 146/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, enero de 2003, página 324, cuyo rubro es: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE". SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) En ese sentido, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: Del Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza. 1. La aprobación, expedición, promulgación, publicación y refrendo de los artículos 54, fracción II, incisos 1) y 60 fracción II, incisos 3), ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, correspondiente al ejercicio fiscal de 2021. 2. La expedición y promulgación de los artículos 12 y 23 del Decreto por el que se Otorgan Estímulos Fiscales en Materia de Contribuciones Estatales, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, el treinta de diciembre de dos mil veinte. Del Administrador Fiscal General del Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo y Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad. 2. La aplicación de las normas reclamadas, mediante el cobro y recepción de pago de los derechos por concepto de inscripción de documentos, contenidos en los recibos con números de folio 765523640 y 765662296, fechados el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, a nombre del peticionario de amparo. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por el hoy impetrante, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia de los actos. Las autoridades responsables Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, por sí y en representación del Administrador Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia de los actos reclamados, consistentes en la aplicación de las normas impugnadas. En el caso, aunque dichas autoridades reconocieron los actos en cuestión, tal afirmación se desvirtúa con la propia naturaleza de dichos actos, ya que estos estriban sobre el cobro de derechos, lo que, desde luego, no derivó de las facultades de las precitadas autoridades sino de la voluntad de la parte quejosa al momento de pagar los derechos por inscripción de documentos en el Registro Público de la Propiedad. Se dice esto, pues la erogación realizada por la parte quejosa fue espontánea, sin que ello implicara la participación de las mencionadas autoridades responsables, en uso de sus facultades de verificación, inspección y requerimiento en materia de contribuciones o de la exigibilidad de un crédito fiscal en forma coactiva, ya que el pago por concepto de derechos obedece a las obligaciones fiscales a cargo del contribuyente derivada de la propia ley, y no de algún requerimiento formulado por la autoridad en comento, es decir, el justiciable simplemente se autoaplicó los dispositivos cuestionados, pues su reclamo es de naturaleza heteroaplicativa. Cuestión que se corrobora con los recibos electrónicos con números de referencia 765523640 y 765662296, fechados el seis de octubre de dos mil veintiuno, cuyos documentos gozan de valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, agosto de 2007, página 367, materia común, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora". Es aplicable la tesis VII.1o.C.4 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, página 433, tomo VI, julio de 1997, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis". Bajo esa óptica, deben tenerse como inexistentes los actos reclamados a las precitadas autoridades responsables, sin que deba desestimarse ese hecho para acreditar la aplicación de las leyes impugnadas, ante la salvedad precisada, debe decretarse el sobreseimiento del juicio respecto de ellas, de conformidad con lo previsto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. En el caso, las autoridades responsables Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con domicilio en Saltillo, al rendir sus correspondientes informes justificados reconocieron la existencia de los actos reclamados, consistentes en la aprobación, expedición y publicación de los preceptos cuestionados, respectivamente, lo cual, sin duda, es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Ahora, con relación a la existencia de los dispositivos que la parte quejosa tilda de inconstitucionales, no debe perderse de vista que las leyes no son objeto de prueba, pues basta su publicación en el órgano de difusión para que se pueda invocar por el suscrito como hecho notorio, de conformidad con los artículos 86 y 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2°. Sirve de apoyo a la anterior consideración, el contenido en la tesis 214, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual puede ser consultada en la página 205, Tomo XV-I, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Octava Época, que estatuye: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". Así como la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, visible en la página 260, de contenido y rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Por lo anterior, al no haber duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de la legislación y su aplicación atacada por parte quejosa, lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso, las autoridades responsables Congreso y Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, al rendir sus informes justificados invocaron la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, pues aducen que las pruebas de la parte quejosa no son idóneas para acreditar el acto de aplicación de la norma, dado que exhibió formatos de pago y no los comprobantes de liquidación en institución bancaria. Al respecto, es parcialmente fundada la causal propuesta por la autoridad responsable, toda vez que no se demostró el acto de aplicación del numeral 23 del Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales en materia de contribuciones estatales. Para demostrar el anterior aserto, conviene realizar un breve estudio sobre la distinción de las normas autoaplicativas y heteroaplicativas, a efecto de tener una mejor perspectiva sobre la naturaleza de la causal de improcedencia invocada. Así, se tiene que existen normas cuya sola promulgación implica obligatoriedad inmediata a cargo de los ciudadanos o categorías de ciudadanos por ellas previstas, obligatoriedad que es efectiva y actual por tratarse de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenidas, generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, es decir, no requieren de un acto posterior para crear, transformar, extinguir y en general, producir efectos en las situaciones concretas de derecho a las que están destinadas a regir. Estas disposiciones legales que son jurídicamente efectivas sin depender de ningún acto de aplicación concreto y ulterior, engendran, por el solo hecho de su expedición, la afectación de las esferas o hipótesis en ellas comprendidas y se denominan autoaplicativas o de individualización incondicionada. En cambio, hay otras normas cuyos efectos se producen de manera paulatina, por cuanto que su sola expedición no trae consigo la afectación de las situaciones prácticas en que operan, sino que es indispensable la comisión de una conducta aplicativa posterior que imponga y obligue a obedecer los mandatos en el propio ordenamiento, acto que está a cargo de una autoridad distinta a la decisoria; su observancia, pues, está supeditada a la realización de un hecho posterior de autoridad, por lo que su mera existencia o su sola promulgación, no causa perjuicio a la esfera jurídica de derechos de los gobernados en forma inmediata; a estas normas se les llama heteroaplicativas o de individualización condicionada. Al respecto, cobra aplicación la tesis jurisprudencial P./J. 55/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con número de registro 198200, de rubro y texto siguientes: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICA TIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA". Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Dicho lo anterior, como quedó señalado en el considerando segundo de esta sentencia, la parte quejosa reclama la aprobación, expedición y publicación de los artículos 54, fracción II, incisos 1), 60 fracción II, incisos 1), ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, correspondiente al ejercicio fiscal de 2021, así como los artículos 12 y 23 del Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales en materia de contribuciones estatales; ello, con motivo de su aplicación materializada en los recibos oficiales con números de folio 765523640 y 765662296. Al respecto, es cierto que la parte quejosa reclama la ley en su naturaleza heteroaplicativa, sin embargo, no acredita el acto de aplicación del numeral 23 del Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales en materia de contribuciones estatales, ya que estos se refieren a diverso supuesto que no aparece liquidado en los mencionados recibos. Es así, pues al examinar contenido de los precitados recibos de pago exhibidos por el quejoso, se advierte que erogó las contribuciones a que aluden los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3), los cuales establecen el pago de derechos por inscripción de documentos relativos a la propiedad y el comercio, cuyos supuestos corresponden a las operaciones realizadas por la parte quejosa, referentes a la inscripción de una trasmisión de dominio de bien inmueble y registro de crédito, asimismo, fue objeto del numeral 12 del Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales en materia de contribuciones estatales. Consecuentemente, al no acreditarse la aplicación del 23 del Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales en materia de contribuciones estatales, claro es que no causan perjuicio a la parte quejosa al ser de naturaleza heteroaplicativa, de manera que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con base en la cual procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a dichos numerales. Es así, pues en tratándose del amparo contra leyes de carácter heteroaplicativo (como en el caso), el interés jurídico debe probarse fehacientemente, ya que no es suficiente que la parte quejosa se queje de la afectación que le causa la legislación reclamada, sino que debe probar el menoscabo jurídico que le causa el acto reclamado en lo particular, lo que implica al mismo tiempo la oportunidad y obligación de allegar los medios de convicción eficaces y suficientes para demostrar tal extremo. Lo anterior, ya que la demostración del interés jurídico del amparo contra leyes, no puede presumirse ni suponerse, sino que requiere de una demostración objetiva para estar en aptitud de abordar el estudio de las violaciones alegadas habida cuenta de que ello constituye un presupuesto indispensable para que proceda la acción constitucional intentada. Esto es así, pues de ser posible suponer el interés jurídico de la parte quejosa, se llegaría al extremo de que el peticionario pudiera encuadrarse en cualquiera de las disposiciones que comprende el ordenamiento impugnado y otorgar la protección constitucional, obligando al estado a resarcirle una afectación, por lo que lo hasta aquí estudiado pone en evidencia y evita tal acto irremediablemente separado de la finalidad del juicio de amparo. Sirve a lo expuesto, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 193-198, primera parte, página 180, de la literalidad siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. A pesar de que el juicio de amparo pudiera llamársele el verdadero juicio popular, esto no significa que la acción de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de leyes o de actos, sea popular, toda vez que su ejercicio se encuentra limitado, en término de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 constitucional y por el artículo 4º. de la Ley de Amparo, a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos indispensables para la procedencia de la acción sea la comprobación del interés jurídico del quejoso, el cual no puede tenerse por acreditado por el solo hecho de promoverse el juicio de garantías, en atención a que tal proceder sólo implica la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, lo que es distinto a demostrar que la ley o el acto de la autoridad que se impugnan le obligan, lesionando sus derechos; así que no demostrándose que el quejoso se encuentre dentro de los presupuestos procesales que regulan las leyes cuya constitucionalidad impugne, no se satisface ese requisito procesal consistente en acreditar el interés jurídico." Por otro lado, la causal en comento es infundada respecto de los demás numerales reclamados por la parte quejosa, pues como ya se dijo, de los recibos de pago aparece que el quejoso enteró los derechos por la inscripción de una operación de transmisión de dominio y registro de crédito, cuyas hipótesis están previstas en los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3), todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente para el ejercicio fiscal de 2021 y 12 del Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales en materia de contribuciones estatales. Por tanto, se tiene por acreditada la autoliquidación respectiva, pues como se dijo, de tales documentos se advierten los supuestos normativos de causación que prevén dichos numerales, con lo cual se acredita fehacientemente el interés jurídico del peticionario del amparo para combatir las normas en el presente juicio. En apoyo a lo expuesto, se invoca la tesis jurisprudencial 30/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo III, junio de 1996, página 558, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY. LO TIENE EL QUEJOSO CUANDO EN UNA RESOLUCIÓN SE LE APLICA, AUNQUE NO SE CITEN LOS PRECEPTOS RELATIVOS. Constituye acto de aplicación de un precepto legal la resolución que de manera indudable se funda en él, por darse con exactitud sus supuestos normativos, aunque el mismo no se invoque expresamente, debiendo concluirse que el quejoso tiene interés jurídico para reclamar la resolución y la ley aplicada". De igual modo, es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 5/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXIII, febrero 2016, página 657, del texto siguiente: "ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO INFORMADA POR PARTE DEL NOTARIO PÚBLICO AL CONTRIBUYENTE, CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE REGULAN ESE TRIBUTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Conforme a los artículos 134, 142 y 143 del Código Financiero del Distrito Federal, los notarios públicos son auxiliares de la administración tributaria del Distrito Federal en la recaudación del impuesto sobre adquisición de inmuebles, cuando la operación de que se trate se haga constar en escritura pública, pues tienen la obligación de calcularlo y enterarlo dentro de los 15 días siguientes al en que se protocolice el acto relativo, excepto cuando se trate de operaciones respecto de las cuales ya se hubiere pagado. En esa tesitura, la liquidación del impuesto sobre adquisición de inmuebles que formula el indicado fedatario informada al contribuyente, constituye el primer acto de aplicación de los preceptos legales que lo regulan y, por ende, genera la improcedencia del juicio de garantías por consentimiento tácito, en caso de que no se impugne dentro de los 15 días siguientes a aquel en que el quejoso (adquirente) tuvo conocimiento de dicho acto, siempre y cuando en el documento respectivo se precise la liquidación y el sustento legal de dicha actuación, cuestión que necesariamente debe acreditarse por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley". En otro entorno, este juzgado advierte que respecto a los actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, consistentes en la publicación de la legislación impugnada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de la materia, éste último, interpretado en sentido contrario. Lo anterior, en virtud de que no le corresponde el carácter de autoridad responsable para efectos del presente juicio de amparo, dado que los actos que se les reclaman no fueron impugnados por vicios propios en su intervención en el procedimiento legislativo del Decreto tildado de inconstitucional. En efecto, el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios". La fracción transcrita establece que las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo y/o publicación del decreto promulgatorio de la norma general reclamada, deben ser señaladas como responsables únicamente cuando se impugnen sus actos por vicios propios; es decir, que en la demanda de amparo se formulen conceptos de violación tendientes a desvirtuar por ilegal el procedimiento mismo del refrendo y publicación de la normativa señalada como inconstitucional. De ahí que, al efectuar una interpretación de este numeral en sentido contrario, si no se reclaman vicios propios del proceso de refrendo y publicación de una norma tildada de inconstitucional, las autoridades emisoras no pueden ser consideradas como responsables en el juicio de amparo. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda no se advierte que la parte impetrante haya formulado concepto de violación alguno tendiente a combatir de ilegal el procedimiento de publicación de la norma reclamada en el que tienen participación la autoridad en comento. Por tanto, al no combatirse vicios propios de su actuación en el proceso legislativo del Decreto reclamado, no les corresponde el carácter de autoridad responsable para efectos de esta instancia. Consecuentemente, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto de la publicación atribuida al Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, de la Ley de la materia, éste último, interpretado en sentido contrario. Sustenta lo anterior, la tesis XXVII.3o.86 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 07 de agosto de 2015, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL REFRENDO O LA PUBLICACIÓN DE NORMAS GENERALES CUANDO NO SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. Conforme al artículo 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo, en el amparo indirecto contra normas generales el quejoso podrá señalar, con el carácter de autoridades responsables, a las que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, siempre que formule conceptos de violación para impugnar esos actos por vicios propios. Por consiguiente, de la interpretación sistemática de las porciones normativas referidas con el artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando en la demanda se señalen como actos reclamados el refrendo o la publicación de normas generales, pero no se formulen conceptos de violación para controvertirlos por vicios propios." Luego, toda vez este juzgador no advierte otra causal de improcedencia, además de que se examinó la propuesta por las autoridades responsables, resulta procedente analizar los conceptos de violación que formula la parte quejosa. SEXTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉPTIMO. Estudio de fondo. Pues bien, la parte quejosa expone, medularmente, los siguientes conceptos de violación: 1) Sostiene que los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3) de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, trasgreden en su perjuicio el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que las normas en cita vulneran en su perjuicio los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, al prever como determinación del derecho que se causa un elemento ajeno a la prestación del servicio de inscripción de documentos, ello, pues en el monto se incluyen como elementos de la contribución los impuestos adicionales, lo que no constituye el costo del servicio. 2) Que la cuota de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.) por servicios del Registro Público, es desproporcional pues no guarda relación con el costo que para el Estado representa, ya que, sostiene que por actos registrales análogos se establecen diversas tarifas en la propia ley, por lo que no atiende al costo real del servicio prestado por el Estado, el cual debe ser el mismo para todos los que hagan uso de un servicio igual. Los conceptos de violación se califican inoperantes e infundados. Para demostrar la anterior aseveración y a fin de dotar de claridad la presente sentencia, a continuación se abordará a su análisis en una forma distinta a la propuesta por la parte quejosa. De inicio debe señalarse que la contribución que se analiza en el presente asunto es un derecho, la cual define el Código Fiscal del Estado de Coahuila, en su artículo 3°, como las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Luego, la contribución que se combate se encuentra prevista en los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3), ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, ejercicio dos mil veintiuno, los cuales disponen: "ARTÍCULO 54. Los servicios prestados por el Registro Público, relativos a la propiedad, causarán derechos conforme a la siguiente: TARIFA I. El examen de todo documento público o privado que se presente para su inscripción, cuando se rehúse esta por no ser procedente o cuando se devuelva sin inscribir a petición del interesado o por resolución judicial, se pagará $267.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.). II. Se pagará una cuota de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), en los siguientes supuestos: 1). Por la inscripción o registro de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier clase de títulos, por virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado." "ARTÍCULO 60. Los servicios prestados por el Registro Público, relativos al comercio, causarán derechos conforme a la siguiente: TARIFA (.) II. Se pagará una cuota de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), en los siguientes supuestos: (.) 3). La inscripción actos relacionados con contratos de arrendamiento financiero, de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares, o su reestructuración." De acuerdo con dichas disposiciones, el legislador coahuilense estableció el costo de $20,000.00 (veinte mil pesos moneda nacional) como contraprestación que debe pagar el gobernado por la prestación del servicio de inscripción de documentos ante el Registro Público, y dicha cuota es fija e igual para todos aquellos que soliciten el mismo servicio. Ahora, el también reclamado numeral 12, del decreto por el que se otorgan estímulos fiscales en materia de contribuciones estatales, publicado el treinta de diciembre de dos mil veinte dispone: "Artículo 12. Se otorga un estímulo fiscal, consistente en un descuento a las cuotas previstas en los artículos 54, fracción II y 60 fracción II, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. El estímulo a aplicar se determinará tomando como base el valor de la operación, el valor catastral, o en su caso el valor indeterminado, correspondiente al acto jurídico a registrar o publicar, y al crédito que en su caso se inscriba, de acuerdo con la siguiente tabla: Límite inferior Límite superior Estímulo fiscal 0.00 $50,000.00 80% $50,00.01 $100,000.00 75% $100,000.01 $200,000.00 70% $200,000.01 $400,000.00 60% $400,000.01 $700,000.00 45% $700,000.01 $900,000.00 35% $900,000.01 $1´000,000.00 30% Del precepto antes mencionado, se aprecia que el legislador determinó la aplicación de un estímulo fiscal en las cuotas previstas en los artículos 54, fracción II y 60, fracción II, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, descuentos que serán calculados de acuerdo con el valor que resulte mayor entre el de la operación, el del avalúo o el catastral, o en su caso el valor indeterminado, correspondiente al acto jurídico a registrar o publicar, y al crédito que en su caso se inscriba. De acuerdo con dichas disposiciones, el legislador estableció el costo de $20,000.00 (veinte mil pesos moneda nacional) como contraprestación que debe pagar el gobernado por la prestación del servicio de inscripción de documentos ante el Registro Público, y dicha cuota es fija e igual para todos aquellos que soliciten el mismo servicio. Además, los preceptos en cita también disponen que la cuota fija establecida atiende a los costos generados por revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición de los asientos registrales digitales, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y en lo general todo aquello que genere una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan. Establecido el origen de las contribuciones reclamadas, se procede al estudio de los conceptos de violación, de conformidad con los siguientes apartados.  INTRODUCCIÓN DE UN ELEMENTO AJENO PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL PAGO DEL DERECHO. Resulta infundado el argumento de la parte promovente consistente en que los numerales 54, fracción II, inciso 1) y 60 fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda de Coahuila, contemplan un elemento ajeno para la determinación del derecho por el servicio de inscripción de documentos. Para demostrar dicha aseveración, conviene precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los derechos deben fijarse de acuerdo con el costo que para el Estado represente el servicio administrativo que presta a los particulares, de modo que las cuotas impuestas para los derechos deben ser fijas e iguales para todos aquéllos que reciban el mismo servicio. Dicho razonamiento se encuentra inmerso en la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Volumen 169-174, Primera Parte, página 23, registro digital 232409, con rubro: "DERECHOS FISCALES. LA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE ESTOS ESTA REGIDA POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS." De tal manera que, cuando la cuota correspondiente no atienda exclusivamente a la relación entre el costo del servicio y la cuota misma, sino a un elemento extraño al servicio -monto de la operación, medidas de un bien, tipo de documento a registrar, entre otras-, se estaría en presencia de la violación a los principios de proporcionalidad y equidad. Pues en tal situación fáctica, los contribuyentes enterarían mayor o menor cantidad de numerario en dependencia directa de ese elemento extraño incorporado a esa relación de correspondencia íntima entre el costo del servicio y la cuota, originando que por un mismo servicio se cobren cantidades distintas. Situación que en el presente asunto no se actualiza, pues atento al contenido de los numerales 54 fracción II, inciso 1), y 60 fracción II, inciso 3), ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, correspondiente el ejercicio fiscal de 2021, se advierte que dichos preceptos no introducen un elemento ajeno para la cuantificación del pago del derecho (como es el valor de lo que ha de inscribirse), toda vez que el legislador local estableció expresamente una cuota fija para el cobro por derechos del servicio de inscripción de documentos relativos a la propiedad y créditos de cualquier clase, a razón de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional). Por tanto, al fijar una cantidad para todos los casos en donde se solicite el registro de un contrato de compraventa, títulos de propiedad, resoluciones judiciales, así como cualquier otra en virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique, extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles o se registren créditos hipotecarios, se cubrirá la misma cuota de -$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.), independientemente del monto de la operación. En efecto, la parte quejosa parte de una premisa equivocada, puesto que, se insiste, de la lectura de los citados preceptos, se advierte que el derecho por servicios de inscripción de documentos relativos a la propiedad y el comercio no se cobra con base algún elemento ajeno, sino que el legislador estableció una cuota fija. De tal manera que si la tarifa que se le cobró a la parte quejosa como derecho por el servicio de inscripción de documentos, no atiende a un elemento ajeno para la cuantificación del citado pago, como es el valor de lo que ha de inscribirse, es inconcuso que los preceptos impugnados no adolece del vicio de inconstitucionalidad aducido por la parte quejosa. Por tanto, en las condiciones anotadas, como se mencionó es infundado el concepto de violación en que señala que dicha contribución trasgrede los referidos principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  TRANSGRESIÓN A LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA. Precisado lo anterior, es infundada la apreciación de la promovente del amparo al invocar transgresión a los principios de legalidad, equidad y proporcionalidad tributaria, establecidos en el artículo 31 constitucional, pues los estímulos señalados en el numeral 12, del decreto publicado el treinta de diciembre de dos mil veinte, no forman parte de los elementos esenciales de la contribución, por lo que no pueden analizarse bajo los principios de justicia tributaria. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que existen dos formas de analizar la constitucionalidad de los estímulos fiscales, la primera es bajo los principios de la justicia fiscal, como es abordado por la parte quejosa, o bien, bajo la luz del derecho de igualdad (lato sensu). Señaló que los estímulos fiscales además de ser benéficos para el sujeto pasivo, se emplean como instrumentos de política financiera, económica y social, con la condición que la finalidad perseguida con los estímulos sea objetiva y no arbitraria ni caprichosa, respetando los principios de justicia fiscal que le sean aplicables cuando el estímulo incida en los elementos esenciales de la contribución. Sostuvo que los estímulos fiscales, a pesar de su denominación tributaria, no siempre quedan integrados a la estructura de la contribución, debido a que el Estado puede sólo utilizarlos como instrumentos eficientes para alcanzar sus fines públicos, es decir, por facilidad operativa se incorporan al final de la mecánica de la contribución para disminuir la carga impositiva, siendo este último el beneficio económico que recibe el gobernado, aunque puede adoptarse cualquier otra forma como la entrega directa del monto dinerario o que se disminuya el precio de la adquisición de un bien o servicio. Precisó que la característica principal de este tipo de beneficios es que el legislador no trata de medir o graduar la capacidad contributiva de los sujetos obligados, de hecho por la forma en que se integran los estímulos fiscales sin relevancia impositiva, atienden a factores que no guardan relación con el hecho imponible o los demás elementos cuantitativos del tributo, ni parecen razonables a su mecánica, por lo que pueden surgir en un ejercicio o no estar presentes en otro, de acuerdo con las políticas económicas del Estado, sin afectar a la tributación misma, pues la correspondencia sólo se refleja en el sujeto obligado y la carga económica que tiene que cubrir. En cambio, los estímulos fiscales típicos actúan junto a los elementos esenciales del tributo o se integran a su mecánica, de ahí que son relevantes para graduar el monto económico que se detrae al contribuyente. Conforme a ello, estableció que la distinción entre ambos estímulos fiscales (los que tienen incidencia en alguno de los elementos del tributo, denominados "con relevancia impositiva" y los que no guardan ninguna relación con ellos, llamados "sin relevancia impositiva") no radica en su relación con la carga tributaria que tienen que soportar los gobernados por virtud de las contribuciones, pues esta situación se presenta en los dos supuestos, sino en la forma en que se incorpora el esquema del tributo, ya que si actúa mediante un elementos esencial o se adiciona a su mecánica, dado que no se puede separar, tiene relevancia impositiva, porque se asocia a la valoración de la capacidad contributiva de los sujetos obligados; sin embargo, no acontece lo mismo si el estímulo fiscal opera desde afuera, es decir, sin relevancia impositiva, debido a que solamente sustrae una parte del impuesto que debe soportar el contribuyente. Esta diferenciación es útil para determinar si el presente asunto debe abordarse bajo los principios de justicia fiscal como expresión particular de ciertas garantías individuales (derechos fundamentales), o bien, si se debe sujetar a éstos en una connotación más amplia, porque si el beneficio fiscal mide la capacidad económica del sujeto obligado o integra esta valoración, es idóneo su estudio a la luz de los principios de justicia fiscal, pues a partir de este hecho se puede vincular con la proporcionalidad y la equidad en el sentido de verificar si los recursos que aporta son producto de su capacidad contributiva, o si a otros sujetos se les da un trato preferente en el pago respectivo; y si el estímulo no está inmerso en la medición del hecho imponible o en cualquier otro de los elementos, es lógico que no puede apegarse a los principios de justicia tributaria, porque no se logrará su adecuado acoplamiento, si se pondera que este tipo de beneficios fiscales surgen con datos o elementos ajenos a la estructura de la contribución. Luego, con el objeto de demostrar lo infundado del concepto de violación que se atiende en el sentido que la situación surgida con la creación del decreto por el que se otorgan estímulos fiscales en materia de contribuciones estatales, no puede ser analizada bajo el principio de justicia tributaria, resulta necesario definir cuáles son los elementos esenciales del derecho reclamado, para de esa forma evidenciar que los estímulos fiscales establecidos en el artículo 12 del decreto citado, son totalmente ajenos a la mecánica de su cuantificación, y que por ello no le son aplicables los principios de justicia fiscal de proporcionalidad y equidad tributaria que alega la parte quejosa. Así, tenemos que como elementos esenciales de los tributos, se han definido el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y la época de pago. Ahora bien, conforme a la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, en lo relativo a los derechos de inscripción tildados de inconstitucionales, dichos elementos se pueden definir de la siguiente forma: a) Sujeto: Los gobernados que soliciten del Registro Público de la Propiedad el servicio de inscripciones de los documentos señalados en los numerales 54 fracción II y 60 fracción II, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, publicada en el Periódico Oficial del Estado el treinta de diciembre de dos mil veinte. b) Objeto: La inscripción que se realiza en el Registro Público de la Propiedad de las inscripciones de los documentos señalados en los numerales 54 fracción II y 60 fracción II, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, publicada en el Periódico Oficial del Estado el treinta de diciembre de dos mil veinte. c) Base: Por tratarse de un derecho, corresponde a cada una de las inscripciones que como servicio se realicen en el referido Registro Público de la Propiedad. d) Tasa o tarifa: Corresponde en todos los casos a una cuota fija de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional). e) Época de pago: Ésta será, por tratarse de un derecho, previo a la prestación del servicio, porque se paga como una contraprestación por el servicio que será prestado. Luego, el estímulo fiscal contenido en el artículo 12, del decreto por el que se otorgan estímulos fiscales en materia de contribuciones estatales, publicado el treinta de diciembre de dos mil veinte, señala la aplicación de un descuento en las cuotas previstas en los artículos 54, fracción II y 60, fracción II, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, estímulos que serán calculados de acuerdo con el valor que resulte mayor entre el de la operación, el del avalúo o el catastral, o en su caso el valor indeterminado, correspondiente al acto jurídico a registrar o publicar, y al crédito que en su caso se inscriba. En atención a lo anterior, contrario a lo que señala la parte quejosa el hecho de que sobre la cuota fija señalada como contraprestación por la realización del servicio, el legislador haya determinado la aplicación de un estímulo fiscal que será calculado de acuerdo con el valor que resulte mayor entre el de la operación, el del avalúo o el catastral o entre otros factores, ello no implica que se transgredan los principios de justicia tributaria, porque en primer término se determina la cuota fija para todos los que soliciten el mismo servicio $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) y, posteriormente, se aplica el estímulo fiscal concedido por el legislador, estímulo este que para nada incide o repercute en alguno de los elementos esenciales del derecho de inscripción reclamado, para poder considerar que el estímulo tenga una relevancia impositiva, porque éste no integra ni forma parte de la mecánica para la determinación del derecho, ya que incluso, desapareciendo el estímulo fiscal concedido por el legislador, todos los elementos esenciales del derecho combatido subsisten, en virtud de que el estímulo no está adherido a ninguno de esos elementos esenciales, como son el sujeto pasivo, el objeto del derecho, la base, o su tasa o tarifa; por lo anterior, es que se considera que la aplicación del estímulo no rompe con la naturaleza del derecho de inscripción impugnado, pues primero se determina la tarifa que se está cobrando como contraprestación de acuerdo al costo fijado por el legislador, y, posteriormente, se aplica el estímulo fiscal correspondiente. Así, aun cuando en algunos casos se aplica un estímulo del 80% y en otros no existe estímulo por el monto de la operación a registrar, por el valor de la operación; lo cierto es que ello no significa que la ley dé un trato distinto a personas que se encuentran en situaciones análogas, pues como se ha señalado en la presente determinación, el valor de la contraprestación fijada por el legislador es igual para todos los sujetos que solicitan el servicio; y si bien, posterior a la determinación del pago de la contraprestación, se puede aplicar un estímulo al contribuyente dependiendo del valor de la operación, fijado de acuerdo a una tabla que va de un límite inferior a límite superior, esto de ninguna manera implica que se dé un trato inequitativo o desproporcional a personas que solicitan el mismo servicio, pues en este caso, el estímulo fiscal no incide o repercute en alguno de los elementos del derecho, por lo que no es posible realizar un análisis de los principios de justicia tributaria respecto al estímulo, precisamente porque éste no incide en la mecánica para la determinación del derecho. Al respecto, resulta aplicable, la jurisprudencia 2ª./J.26/2010, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 1032, Tomo XXXI, Marzo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 165028, que dice: "ESTÍMULOS FISCALES. DEBEN RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA FISCAL QUE LES SEAN APLICABLES, CUANDO INCIDAN EN LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA CONTRIBUCIÓN. Los estímulos fiscales, además de ser benéficos para el sujeto pasivo, se emplean como instrumentos de política financiera, económica y social en aras de que el Estado, como rector en el desarrollo nacional, impulse, oriente, encauce, aliente o desaliente algunas actividades o usos sociales, con la condición de que la finalidad perseguida con ellos sea objetiva y no arbitraria ni caprichosa, respetando los principios de justicia fiscal que les sean aplicables cuando incidan en los elementos esenciales de la contribución, como sucede en el impuesto sobre la renta en el que el estímulo puede revestir la forma de deducción que el contribuyente podrá efectuar sobre sus ingresos gravables una vez cumplidos los requisitos previstos para tal efecto". De igual forma, por identidad jurídica, la diversa 2ª./J.185/2010, emitida por la propia Segunda Sala, localizada en la página 497, Tomo XXXII, Diciembre de 2010, de la Época y Semanario en consulta, con registro número 163343, que señala: "ESTÍMULO FISCAL. EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009, NO DEBE LLEVARSE A CABO BAJO LA ÓPTICA DE LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA. Los estímulos fiscales son prestaciones económicas concedidas por el Estado a una persona o grupo de personas, con el objeto de apoyarlas o fomentar su desarrollo económico o social, ante una situación de desventaja o desigualdad; pero a pesar de su denominación no siempre quedan integrados a la estructura de un tributo; es decir, algunos carecen de relevancia impositiva, ya que atienden a factores que no guardan relación con su objeto o con los elementos cuantitativos, ni parecen razonables al diseño de la mecánica tributaria y como no miden o gradúan la capacidad contributiva de los sujetos obligados, pueden surgir en un ejercicio fiscal y desaparecer en otro, sin trascender a la contribución; en cambio, los estímulos tienen relevancia impositiva cuando forman parte de los elementos esenciales o se adicionan a la mecánica de los tributos, pues se entiende que con ellos se sigue valorando la capacidad contributiva aunque el Estado decida no recaudar una parte del monto que corresponde pagar al contribuyente. Esta diferencia material conlleva a que a ciertos estímulos fiscales les sean aplicables los principios de justicia fiscal contenidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a otros no, en tanto que si ese beneficio de algún modo refiere a la capacidad contributiva, la constitucionalidad debe estudiarse a la luz de dichos principios, ya que a partir de este hecho pueden vincularse con la proporcionalidad y la equidad impositivas. En ese tenor, si el estímulo fiscal establecido en el artículo 16, apartado A, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2009, materializado a través de un acreditamiento, se otorga a personas que realizan actividades empresariales, con excepción de la minería, que compren diesel como combustible de la maquinaria en general, salvo vehículos, es indudable que estos factores son ajenos al impuesto especial sobre producción y servicios -de donde surge el deber de pago- o al impuesto sobre la renta -con el cual se acredita-, en virtud de que no se adhieren a sus elementos esenciales como objeto, base, tasa o tarifa o integran su mecánica; de ahí que su estudio no debe llevarse a cabo bajo la óptica de los principios de justicia tributaria establecidos en el artículo 31, fracción IV, constitucional, sino de las garantías individuales." Así como la jurisprudencia 2ª./J 42/2010, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, con datos de publicación: Novena Época, Registro: 164779, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, Página 427, del contenido literal siguiente: "IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA. La igualdad normativa presupone necesariamente una comparación entre dos o más regímenes jurídicos, ya que un régimen jurídico no es discriminatorio en sí mismo, sino únicamente en relación con otro. Por ello, el control de la constitucionalidad de normas que se estiman violatorias de la garantía de igualdad no se reduce a un juicio abstracto de adecuación entre la norma impugnada y el precepto constitucional que sirve de parámetro, sino que incluye otro régimen jurídico que funciona como punto de referencia a la luz de un término de comparación relevante para el caso concreto. Por tanto, el primer criterio para analizar una norma a la luz de la garantía de igualdad consiste en elegir el término de comparación apropiado, que permita comparar a los sujetos desde un determinado punto de vista y, con base en éste, establecer si se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio término de comparación, es diferente. En caso de que los sujetos comparados no sean iguales o no sean tratados de manera desigual, no habrá violación a la garantía individual. Así, una vez establecida la situación de igualdad y la diferencia de trato, debe determinarse si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida. Al respecto, debe considerarse que la posición constitucional del legislador no exige que toda diferenciación normativa esté amparada en permisos de diferenciación derivados del propio texto constitucional, sino que es suficiente que la finalidad perseguida sea constitucionalmente aceptable, salvo que se trate de una de las prohibiciones específicas de discriminación contenidas en el artículo 1o., primer y tercer párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues respecto de éstas no basta que el fin buscado sea constitucionalmente aceptable, sino que es imperativo. La siguiente exigencia de la garantía de igualdad es que la diferenciación cuestionada sea adecuada para el logro del fin legítimo buscado; es decir, que la medida sea capaz de causar su objetivo, bastando para ello una aptitud o posibilidad de cumplimiento, sin que sea exigible que los medios se adecuen estrechamente o estén diseñados exactamente para lograr el fin en comento. En este sentido, no se cumplirá el requisito de adecuación cuando la medida legislativa no contribuya a la obtención de su fin inmediato. Tratándose de las prohibiciones concretas de discriminación, en cambio, será necesario analizar con mayor intensidad la adecuación, siendo obligado que la medida esté directamente conectada con el fin perseguido. Finalmente, debe determinarse si la medida legislativa de que se trate resulta proporcional, es decir, si guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, lo que supone una ponderación entre sus ventajas y desventajas, a efecto de comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato diferenciado no sean desproporcionados con respecto a los objetivos perseguidos. De ahí que el juicio de proporcionalidad exija comprobar si el trato desigual resulta tolerable, teniendo en cuenta la importancia del fin perseguido, en el entendido de que mientras más alta sea la jerarquía del interés tutelado, mayor puede ser la diferencia."  TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD. No obstante lo anterior, si bien al artículo 12 del Decreto por el que se otorgan Estímulos Fiscales en Materia de Contribuciones Estatales, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta de diciembre de dos mil veinte, no le son aplicables los principios de justicia tributaria, éste no queda exento del escrutinio constitucional; por lo que, atendiendo a la causa de pedir expresada por la parte quejosa con relación a la justificación y finalidad de la distinción establecida en la norma reclamada, se procede a realizar un estudio constitucional a la luz del derecho fundamental de igualdad. En efecto, es necesario precisar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé diferentes facetas de la igualdad y se refiere a ella tanto en un plano general como en el contexto de un ámbito material específico. Sólo en el caso de que las disposiciones legales que se reclamen en forma destacada no correspondan al ámbito específico de aplicación del principio de equidad tributaria, los argumentos en que reclaman la existencia de un trato diferenciado entre dos personas o grupos deben analizarse en un contexto más amplio, esto es, a la luz del diverso de igualdad, excepción hecha de que la distinción se base en una de las categorías sospechosas a las que se refiere el artículo 1° constitucional, pues en ese caso siempre se procederá al pronunciamiento en relación con el derecho de igualdad. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 97/2006 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Enero de 2007, página 231, registro digital 173569, de rubro y texto: "EQUIDAD TRIBUTARIA. CUANDO SE RECLAMA LA EXISTENCIA DE UN TRATO DIFERENCIADO RESPECTO DE DISPOSICIONES LEGALES QUE NO CORRESPONDEN AL ÁMBITO ESPECÍFICO DE APLICACIÓN DE AQUEL PRINCIPIO, LOS ARGUMENTOS RELATIVOS DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LA GARANTÍA DE IGUALDAD. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé diferentes facetas de la igualdad y se refiere a ella tanto en un plano general como en el contexto de un ámbito material específico, sin establecer casos de excepción en su aplicación. Así, el artículo 31, fracción IV, constitucional proyecta las exigencias del principio de igualdad sobre el ámbito impositivo, es decir, la garantía de equidad tributaria es la manifestación del principio de igualdad en materia fiscal, por lo que no tiene menor o mayor valor que la igualdad garantizada en otros preceptos constitucionales. Por otra parte, debe tenerse presente que este Alto Tribunal ha delimitado el contenido de la garantía de equidad tributaria, precisando que ésta radica en la igualdad ante la misma ley tributaria de los sujetos pasivos de un mismo gravamen. En ese sentido, tratándose de disposiciones legales que no corresponden al ámbito específico de aplicación de la garantía de equidad tributaria -es decir, que no se refieren a contribuciones, exenciones o a la delimitación de obligaciones materialmente recaudatorias, así como en los casos de normas que tengan repercusión fiscal y sean emitidas por el Poder Ejecutivo- los argumentos que reclaman la existencia de un trato diferenciado o discriminatorio entre dos personas o grupos deben analizarse en el contexto más amplio, esto es, a la luz de la garantía de igualdad." El derecho fundamental de igualdad y no discriminación, se encuentra contemplado en el artículo 1° Constitucional, del cual se advierte que el derecho humano de igualdad, debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales; de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido. Ahora, como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 516/2015 conforme a la luz del principio de generalidad, los beneficios fiscales -como las exenciones, las condonaciones, los estímulos fiscales, los créditos fiscales para disminuir cargas tributarias, entre otros- no constituyen una regla general en nuestro sistema tributario, sino son excepciones aceptadas constitucionalmente, pero restringidas por la necesidad de satisfacer otros objetivos tutelados en la Constitución General. Asimismo, señala que a la luz del principio de generalidad tributaria, la carga argumentativa al momento de legislar sobre estímulos fiscales, no debe pesar sobre las razones por las que se limita ese beneficio; pues, bastará que el legislador y, en el caso que nos ocupa, el ejecutivo estatal, haya expuesto los motivos por los que consideró válido hacer tal limitación, para considerar que la medida fue adecuada. Esto, porque los contribuyentes no gozan de un derecho constitucional a los estímulos fiscales, sino que éstos se gestan como excepciones a su carga fiscal de contribuir con la finalidad de incentivar o apoyar determinada área de la economía nacional. Cabe precisar para el caso específico que, a diferencia del legislador, el ejecutivo si bien no cuenta con facultades para configurar el sistema tributario sustantivo y adjetivo; no menos cierto es, que sí cuenta con facultades para conceder estímulos fiscales, como excepciones aceptadas constitucionalmente, pero restringidas por la necesidad de satisfacer otros objetivos tutelados en la Constitución General; y, en ese sentido, también cuenta con libertad configurativa respecto de dichos estímulos. En consecuencia, es inconcuso que, para no vulnerar la libertad política del ejecutivo en la concesión de estímulos fiscales, las posibilidades de injerencia de este juzgador de amparo son menores. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 11/2018 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 51, Febrero de 2018, Tomo I, página 510, registro digital 2016133, de rubro y texto: "TEST DE PROPORCIONALIDAD DE LAS LEYES FISCALES. LA INTENSIDAD DE SU CONTROL CONSTITUCIONAL Y SU APLICACIÓN, REQUIEREN DE UN MÍNIMO DE JUSTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN. El test de proporcionalidad es un procedimiento interpretativo para resolver conflictos de normas fundamentales, apoyado en los principios de igualdad e interdicción de la arbitrariedad o exceso, previstos en los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que requiere llevar a cabo, en primer lugar, un juicio de igualdad mediante la equiparación de supuestos de hecho que permitan verificar si existe o no un trato injustificado; en segundo lugar, el principio de proporcionalidad se conforma de tres criterios relativos a que la distinción legislativa: a) persiga una finalidad objetiva y constitucionalmente válida; b) resulte adecuada o racional, de manera que constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo perseguido, existiendo una relación de instrumentalidad medio-fin; y, c) sea proporcional. Ahora, en materia tributaria la intensidad del escrutinio constitucional es flexible o laxo, en razón de que el legislador cuenta con libertad configurativa del sistema tributario sustantivo y adjetivo, de modo que para no vulnerar su libertad política, en campos como el mencionado, las posibilidades de injerencia del Juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se limita a verificar que la intervención legislativa persiga una finalidad objetiva y constitucionalmente válida; la elección del medio para cumplir esa finalidad no conlleva exigir al legislador que dentro de los medios disponibles justifique cuál de todos ellos cumple en todos los grados (cuantitativo, cualitativo y de probabilidad) o niveles de intensidad (eficacia, rapidez, plenitud y seguridad), sino únicamente determinar si el medio elegido es idóneo, exigiéndose un mínimo de idoneidad y que exista correspondencia proporcional mínima entre el medio elegido y el fin buscado que justifique la intervención legislativa diferenciada entre los sujetos comparables." Se invoca la tesis 1a. CIX/2010 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, página 181, registro digital 163818 de rubro y texto: "ESTÍMULOS FISCALES ACREDITABLES. SU OTORGAMIENTO IMPLICA DAR UN TRATO DIFERENCIADO, POR LO QUE EL AUTOR DE LA NORMA LO DEBE JUSTIFICAR, SIN QUE SEA NECESARIO APORTAR RAZONES SOBRE LOS CASOS A LOS QUE NO SE OTORGA EL BENEFICIO RESPECTIVO. Al establecer un trato diferenciado en materia de beneficios fiscales, como lo son los estímulos acreditables que se otorgan con ese carácter, el autor de la norma respectiva debe proporcionar justificaciones, motivos o razones. En efecto, si nos encontramos ante créditos fiscales que conceden estímulos, que promocionan ciertas conductas, que no se otorgan por razones estructurales, sino que son el vehículo para el otorgamiento de determinados beneficios, que no resultan exigibles constitucionalmente, y que de algún modo están en tensión con las implicaciones del principio de generalidad tributaria, ello tiene implicaciones en lo que se refiere a las razones que debería ofrecer el legislador al justificar el otorgamiento del estímulo fiscal en comento. De esta forma, resulta radicalmente distinto acercarse al tema de la motivación legislativa en los casos en los que el gobernado denuncia que la legislación ordinaria establece un trato diferenciado que tiene como efecto privarle de un derecho constitucionalmente tutelado, restando a la esfera jurídica del quejoso, que en aquellos en los que el trato diferenciado se reduce a otorgar beneficios a terceros. Si, como ha sostenido esta Sala, lo ordinario no es la exención o, para el caso, el otorgamiento del beneficio fiscal, sino la causación y cálculo del gravamen en los términos legales, la carga justificatoria -la carga argumental al momento de legislar- no debe en estos casos pesar sobre las razones por las que no se establece el gravamen -o bien, sobre las razones por las que no se otorga el estímulo- pues tales extremos no son sólo "ordinarios" o "esperados", sino que son demandados por la propia Constitución, al derivar del principio de generalidad en la tributación. En tales circunstancias, bastará que el legislador justifique por qué otorga el crédito para determinados casos, sin que pueda obligársele a precisar las razones por las que no lo hizo en los restantes, pues no debe pasarse por alto que la persona o personas que no cuentan con el estímulo otorgado por el legislador, no están pagando una obligación fiscal excesiva o desajustada en relación con la capacidad contributiva que legitima la imposición del gravamen, y que sirve de medida para su determinación en cantidad líquida. Así, se aprecia que la situación ordinaria a la luz de lo dispuesto por la Constitución es no contar con la medida de minoración promotora de ciertas conductas. Por ello, si algo debe justificar el legislador cuando establece exenciones, o cuando autoriza beneficios y estímulos acreditables, son las razones por las que se siente autorizado a introducirlos en la legislación fiscal, pues se erigen en excepción al programa constitucional, al hacer que determinadas manifestaciones de capacidad, idóneas para contribuir al levantamiento de las cargas públicas, dejen de hacerlo." Asimismo, también resulta aplicable la tesis 1a. CII/2017 (10a.) emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, página 223, registro digital 2015028, de rubro y texto: "ESTÍMULOS FISCALES. LOS CONTRIBUYENTES NO GOZAN DE UN DERECHO CONSTITUCIONAL A BENEFICIARSE DE ELLOS. En atención al principio de generalidad tributaria, para legislar en materia de beneficios fiscales, la carga argumentativa no debe pesar sobre las razones por las que se limita ese beneficio, pues basta que el legislador haya expuesto por qué consideró válido hacer tal limitación, para considerar que la medida fue adecuada dado que los contribuyentes no gozan del derecho constitucional a los estímulos fiscales, sino que éstos se gestan como excepciones a su carga fiscal de contribuir, con la finalidad de incentivar o apoyar determinada área de la economía nacional." Así, al efectuar un test de proporcionalidad a los estímulos establecidos en el decreto publicado el treinta de marzo de dos mil veinte, únicamente se deberá verificar que persigan dos elementos: a) Una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, constriñendo tal situación, solamente a determinar si el medio elegido es idóneo, exigiéndose un mínimo de idoneidad. b) Que exista correspondencia proporcional mínima entre el medio elegido y el fin buscado que justifique la intervención legislativa diferenciada entre los sujetos comparables. Una vez precisado lo anterior, este juzgador considera que el decreto en controversia, sí tiene una finalidad constitucionalmente válida. Se estima de esa forma porque la expedición del decreto de estímulos fiscales tiene como fin establecer mecanismos para no afectar la economía de la población de escasos recursos, con el objetivo de activar la economía de los contribuyentes en aquellos sectores sociales económicamente más vulnerables ante la oferta inmobiliaria, dicha finalidad se encuentra plasmada de la siguiente forma: "[.] Que el Gobierno del Estado, procurando que los coahuilenses cuenten con una mayor calidad de vida, que se sigan generando empleos por el establecimiento de nuevas empresas, continúa otorgando estímulos fiscales para no afectar la economía de la población de escasos recursos. [.] Que a fin de incentivar el mercado inmobiliario, apoyar los diversos procesos de regulación de tenencia de la tierra y promover la ejecución de actos de comercio y de otra índole, tendientes a activar la economía del Estado, en aquellos sectores sociales económicamente más vulnerables ante la oferta inmobiliaria, se otorga un estímulo fiscal a los causantes del pago de derechos, por los servicios prestados por el Instituto Registral y Catastral en el Estado de Coahuila de Zaragoza, referidos a la tarifa de inscripción relativos a la adquisición, transmisión, modificación o extinción del dominio o la posesión de bienes inmuebles, así como toda clase de créditos, previstos en la fracción II del artículo 54, así como en la fracción II del artículo 60 de la Ley de Hacienda." Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que los estímulos fiscales previstos en el Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta de diciembre de dos mil veinte, se otorgaron con la finalidad de apoyar a los contribuyentes en aquellos sectores sociales económicamente más vulnerables, es decir, persigue un fin constitucionalmente legítimo; asimismo, constituye un medio apto y adecuado para conducir al fin que el legislador quiere alcanzar -no afectar la economía de la población de escasos recursos-, es decir, existe una relación de instrumentalidad entre la medida y el fin pretendido. En tales consideraciones, el Decreto reclamado no transgrede el principio de igualdad, protegido en el artículo 1° de la Constitución Federal, de ahí lo infundado del concepto de violación.  TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD AL ESTABLECER LA CUOTA PARA EL PAGO DE DERECHOS POR SERVICIO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS. Por otra parte, es inoperante el argumento de la parte quejosa referente a que el costo por el servicio de inscripción de documentos ante el Registro Público de la Propiedad es desproporcional y desmedido, al no presentar prueba alguna que acredite su manifestación. En el caso, la solicitante del amparo fue omisa en aportar medios de convicción a fin de acreditar que el monto por el servicio de inscripción de documentos, previsto en los preceptos 54 fracción II y 60 fracción II, de la Ley de Hacienda de Coahuila, es superior al costo que tiene en el mercado, pues únicamente exhibió como probanzas las documentales consistentes en los recibos 765662296 y 765523640, fechados el seis de octubre de dos mil veintiuno, las cuales si bien, tienen valor probatorio al contener el sello digital que acredita su autenticidad, en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, no son idóneas para que en el presente juicio se configure un parámetro que permita a este juzgador determinar si, efectivamente, existe o no un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio. En efecto, como lo señala el máximo Tribunal del país la sola afirmación de que el monto por el servicio del derecho es desproporcionado no basta para que este juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar si el argumento en que sustenta la quejosa su solicitud de amparo resulta cierto o no, pues no es acorde con la función jurisdiccional. El referido criterio fue sustentando por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2005254, con el contenido siguiente: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen." En consecuencia, toda vez que los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son inoperantes e infundados, debe negarse el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto de los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, correspondiente al ejercicio fiscal de 2021. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Norma Araceli Caldera Zapata, por los motivos expuestos en el considerando tercero y la parte conducente del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Norma Araceli Caldera Zapata, contra los actos atribuidos al Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, por las consideraciones expuestas en el considerando séptimo de este fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintitrés de junio de dos mil veintidós. Oficio. Se recibe el oficio que remite el encargado de la administración de la Oficina del Servicio Postal Mexicano de esta ciudad y, en cuanto a su contenido, dígasele que se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos relativo al requerimiento de las piezas postales que corresponden a los oficios 9834/2022 y 9835/2022, girados en el presente expediente, toda vez que ya obran en autos. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; catorce de junio de dos mil veintidós. Oficio. Se recibe el oficio que remite el encargado de la administración de la Oficina del Servicio Postal Mexicano de esta ciudad y, en cuanto a su contenido, dígasele que se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos relativo al requerimiento de las piezas postales que corresponden a los oficios 9834/2022 y 9835/2022, girados en el presente expediente, toda vez que ya obran en autos. Notifíquese.

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