Norma Angelica Romero Ramos
Expediente 633/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 633/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 19/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Norma Angelica Romero Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; diecinueve de julio de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaria de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado estado. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de depuración, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.
- Incidental
Torreón, Coahuila de Zaragoza; diecinueve de julio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que del juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión se desprende que causó estado la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio de amparo, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Documentos originales. No existen Garantía. No otorgó. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración y el duplicado de destrucción, en términos de los artículos 18 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.
- Principal
Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en La Laguna.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito recibido el veintiséis de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Norma Angélica Romero Ramos, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra de las autoridades y los actos que a continuación se transcriben: "III.- NOMBRE Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: COMO ORDENADORAS 1.- C. Juez Segundo del Ramo Civil de Primera Instancia, con domicilio en el Palacio de Justicia de Gómez Palacio Dgo., C. Morelos frente a la plaza de armas de dicha ciudad., COMO EJECUTORA 2.- El Actuario Ejecutor adscrito al Juzgado Segundo del Ramo Civil de Primera Instancia, con domicilio en el Palacio de Justicia de Gómez Palacio Dgo., C. Morelos frente a la plaza de armas de dicha ciudad., "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA, LE RECLAMO Y COMBATO la falta de emplazamiento a Juicio dentro de los Autos del Juicio Ejecutivo Mercantil y que supuestamente se Realizó dentro del juicio Ejecutivo Mercantil con número de Expediente 812/2021, que se lleva en el Juzgado Segundo del Ramo Civil de Gómez Palacio Dgo, con domicilio en el Palacio de Justicia de Gómez Palacio Dgo., por el irregular llamamiento a Juicio que hiciera la Autoridad Responsable Ejecutora Actuario adscrito al Juzgado Segundo del Ramo Civil de Primera Instancia, con domicilio en el Palacio de Justicia de Gómez Palacio Dgo., Reclamándole todas las consecuencias legales así como la Sentencia que se dictó y los Actos de Ejecución que se pretenden dar. ASÍ MISMO RECLAMO, DE LAS DEMÁS CONSECUENCIAS LEGALES QUE SE DERIVEN DEL supuesto emplazamiento. DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO EJECUTORA LES RECLAMO LA ILEGAL DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO Y TODA CONDUCTA O ACCIÓN TENDIENTE A OBEDECER LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS QUE TENGAN COMO CONSECUENCIA, la molestia en posesiones, bienes, derechos". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintidós, fue admitida contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil y actuario ejecutor de su adscripción, con residencia en Gómez Palacio, Durango y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 633/2022, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado correspondiente y, se ordenó emplazar al tercero interesado y dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado el quince de febrero de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, por tratarse de un juicio de amparo indirecto que corresponde a la competencia territorial de este juzgado de distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte quejosa, es el siguiente: La falta de emplazamiento; La ejecución de la sentencia. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y actuaria notificadora adscrita, ambos con sede en Gómez Palacio, Durango, toda vez que al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron el mismo; lo cual, sin duda es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditado el acto de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2º de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además se corrobora con las documentales que allegó el Juez responsable, consistente en copias certificadas las constancias originales que conforman el juicio ejecutivo mercantil 812/2021; documentales que gozan de valor probatorio pleno, al tenor lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Por lo anterior, al no haber duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte quejosa, lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. Consecuentemente, al tener por cierto el acto reclamado, lo subsecuente es aperturar el capítulo de improcedencia o procedencia del juicio de amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. Al no advertir causales de improcedencia de oficio, ni alguna alegada por las partes, resulta procedente analizar los conceptos de violación que formula la parte quejosa. QUINTO. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, por no ser indispensable para la resolución del asunto y no existir obligación de realizarla para este juzgador. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia mil trescientos cuarenta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil quinientos dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional, 1. Común, 1a. Parte-SCJN, Décima Primera Sección, que es del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Decisión judicial. Una vez precisado lo anterior, se destaca que son infundados los argumentos formulados por la parte quejosa en sus conceptos de violación señalados en su escrito de demanda. En principio, dado que la parte quejosa señala como actos reclamados la diligencia de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 812/2021 y todo lo actuado en el mismo, a fin de proceder en orden al examen de las cuestiones propuestas, resulta necesario, por razón de método, ocuparse de la cuestión relativa a la legalidad del emplazamiento impugnado, pues ello condiciona el estudio de los diversos actos, consistentes en todo lo actuado en el juicio ordinario mercantil de origen. Para mejor comprensión del tema, conviene destacar los antecedentes generadores del acto reclamado. Por escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, Jacinto Muñoz Castro, en su carácter de endosatario en procuración de José Luis Sosa Mesta, demandó en la vía ejecutiva mercantil, en ejercicio de la acción cambiaria directa a Norma Angélica Romero Ramos. Mediante auto de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda en la vía y forma intentada y se ordenó el emplazamiento a los demandados. En atención a lo anterior, mediante diligencia practicada el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se realizó el emplazamiento a la parte quejosa Norma Angélica Romero Ramos. Seguido el juicio por sus demás etapas procesales, el doce de noviembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva en la que se condenó a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas. Previamente, es de mencionarse que de acuerdo a las actuaciones del juicio natural en el que se emitieron los actos reclamados, la etapa procesal en que se encuentra, es en ejecución de sentencia, lo que imposibilita jurídicamente a la parte quejosa a interponer o promover distinto medio de defensa, dada su calidad de parte demandada, empero, en atención a la manifestación que bajo protesta de decir verdad aduce, en el sentido de que no tuvo conocimiento del juicio instaurado en su contra, al no haber sido emplazado legalmente al mismo, se le equipara a persona extraña a juicio. Se invoca como apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 81, tomo XIII, abril de 2001, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO. Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en estos supuestos, compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados de Circuito de conformidad con lo dispuesto por la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo; toda vez que el quejoso, por medio del amparo indirecto, tiene la posibilidad de aportar ante el Juez, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que el llamamiento que se le hizo al juicio se realizó en forma distinta a la prevista en la ley, siempre y cuando el quejoso haya promovido la demanda de amparo dentro del término que señalan los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, pues ello no hace que pierda su calidad de tercero extraño al juicio, pues la violación cometida en su contra, la constituye precisamente esa falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su contra. Sin que tampoco sea obstáculo el que los artículos 158 y 159, fracción I, de la Ley de Amparo, establezcan como violación reclamable en amparo directo esa falta o ilegalidad del emplazamiento, ya que no es posible aplicar esos dispositivos legales cuando el quejoso es persona extraña al juicio por equiparación y de hacerlo, se le dejaría en estado de indefensión, porque no se le daría oportunidad de acreditar la irregularidad del emplazamiento". En principio, precisa señalar que la quejosa aduce medularmente, que los actos reclamados transgreden, en su perjuicio, los derechos humanos que tutelan los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que no se siguieron los requisitos necesarios para el emplazamiento a juicio, conforme a lo establecido en los artículos 310, 311 y 1054 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles. Al respecto dicho concepto de violación deviene infundado, ya que la diligencia de emplazamiento, cumple con las formalidades esenciales y se llevó a cabo directamente con la demandada aquí quejosa. Sobre el tema, se destaca que el emplazamiento o primera citación a juicio tiene como finalidad primordial que la parte demandada tenga pleno conocimiento de la demanda que se endereza en su contra, para estar en posibilidad de oponer las defensas y excepciones que tuviera en contra de las prestaciones que le demanda su contraparte; asimismo para tener aptitud de probar a través de los medios de convicción que la propia ley le conceda a través de las formalidades esenciales del procedimiento que establece el artículo 14 constitucional. Así, dichas formalidades son las condiciones cardinales que deben satisfacerse en el proceso jurisdiccional para otorgar al posible afectado por el acto privativo una razonable oportunidad de defensa, según la jurisprudencia 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se traducen en lo siguiente: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar, y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En este orden, debe precisarse que, la legislación supletoria es el Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme lo establece el numeral 1054 del Código de Comercio, que dice: "Artículo 1054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y en su defecto se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva". Por tanto, se analizará el emplazamiento combatido a la luz de dispuesto por el Código de Comercio. Los artículos 1391, 1392, 1393, 1394 y 1396, todos del referido ordenamiento mercantil, disponen: "Artículo. 1391. El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución. Traen aparejada ejecución: (.) IV. Los títulos de crédito; (.)". "Artículo. 1392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor, en depósito de persona nombrada por éste. En todo momento, el actor tendrá acceso a los bienes embargados, a efecto de verificar que no hayan sido dispuestos, sustraídos, su estado y la suficiencia de la garantía, para lo cual, podrá además solicitar la práctica de avalúos. De ser el caso, el actor podrá solicitar la ampliación de embargo, salvo que la depreciación del bien haya sido por causas imputables al mismo o a la persona nombrada para la custodia del bien". "Artículo 1393. No encontrándose al demandado a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquel, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. (.)" "Artículo 1394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cedula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenen en el artículo 1061. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al demandado sus derechos a salvo, para que los haga valer como le convenga durante el juicio. (.) El juez, en ningún caso suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el registro público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores. " "Artículo 1396. Hecho el embargo, acto continuo se notificará al demandado, o a la persona con quien se haya practicado la diligencia, para que dentro del término de ocho días comparezca el deudor ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad demandada y las costas, o a oponer las excepciones que tuviere para ello". La lectura de los numerales transcritos, en lo que interesa, evidencia que el procedimiento ejecutivo tiene lugar con la promoción de una demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución, como lo es un título de crédito; así, una vez presentada por el actor su demanda, se proveerá auto con efectos de mandamiento en forma, para que el deudor sea requerido de pago y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda. De igual forma se advierte que de no encontrar a la parte demandada a la primera búsqueda en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquella, se le dejará citatorio de espera fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores y, de no esperar, la diligencia se practicará con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o con cualquier otra persona que viva en el domicilio, siguiéndose las reglas de la ley procesal respecto de los embargos. En esas condiciones, la diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor; y que, de no hacerse el pago, se le requerirá a éste o la persona con quien se entienda la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que, de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor, y acto continuo se emplazará al demandado, a quien se deberá entregar: 1. Cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra; 2. Copia de la diligencia practicada; y, 3. Deberá corrérsele traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenen en el artículo 1061. Por otro lado, la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, opera ante las omisiones o defectos legislativos, para perfeccionarse mediante la aplicación, entre otras posibles hipótesis, de preceptos específicos del Código Federal de Procedimientos Civiles o, incluso, a través de segmentos o porciones normativas, siempre que con esa complementariedad se logre coherencia y funcionalidad en la codificación mercantil y no se contradiga su texto expreso. Al respecto, es de invocarse, por analogía, la tesis IV.3o.C.26 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Curto Circuito, que localiza en la página 1603, tomo XX, agosto de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, cuyo rubro y texto se transcriben: "EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. LA SUPLETORIEDAD DEL DERECHO PROCESAL CIVIL DE LOS ESTADOS AL CÓDIGO DE COMERCIO (VIGENTE HASTA ANTES DE LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL TRES), OPERA SOBRE NORMAS, DISPOSICIONES O PREVISIONES DEFECTUOSAS, U OMISIONES DEL LEGISLADOR Y ADMITE INCLUSO COMPONENTES NORMATIVOS DE AQUELLAS LEYES LOCALES. El artículo 1054 del Código de Comercio estatuye, entre otros aspectos, que los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones del libro quinto y, en su defecto, se aplicará la ley del procedimiento local; de cuya interpretación se obtiene que la figura procesal de la supletoriedad debe entenderse dentro del ámbito descrito en el propio numeral, en el sentido de que única y exclusivamente en defecto o ausencia de previsión podrá actualizarse, y no realizar una aplicación extensiva e imperfecta a título de complementariedad. En este contexto, la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 15/72, emitió la jurisprudencia de rubro: "EMPLAZAMIENTO EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES. DEBEN APLICARSE LAS NORMAS DEL DERECHO LOCAL COMÚN.", que establece que tratándose de la notificación de la demanda en los aludidos juicios, deben aplicarse las normas procesales del derecho común, por ser omiso el Código de Comercio en las formalidades que deben observarse en esa diligencia. Sin embargo, dada la pluralidad, jerarquía y complejidad de las formalidades, la jurisprudencia evolucionó para acotar ahora una formalidad específica, como se observa de la jurisprudencia número 1a./J. 14/95, de rubro: "DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN. LA FALTA DE CERCIORAMIENTO DEL DOMICILIO EN LA. RESULTA VIOLATORIO DE GARANTÍAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).", al señalar que a efecto de cerciorarse del domicilio buscado, valiéndose del dicho de dos vecinos, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 69 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, no basta la sola referencia a ese dicho, sino también se requiere que el diligenciario especifique las características físicas de la persona con quien entendió el emplazamiento y la identidad de los vecinos pues, de lo contrario, la diligencia de citación a juicio será defectuosa. Por consiguiente, partiendo de la base de la anotada intelección del artículo 1054 referido y la complejidad de las formalidades que cada legislación local instituye, se estima necesario establecer que en relación con la integración del artículo 1393 del Código de Comercio, regulatorio del emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil, respecto del cual es supletorio el numeral 69 del código adjetivo mencionado, es incorrecto aplicar de manera extensiva este precepto en lo que se refiere a relevar al fedatario judicial de la obligación de dejar cita de espera cuando no se encuentre en la primera búsqueda al demandado, para posteriormente realizar dicha diligencia, toda vez que de hacerlo equivaldría a la derogación parcial del mencionado artículo 1393 de la legislación mercantil, en total contravención a lo establecido por el dispositivo 1054 de la misma codificación, cuando el precitado artículo 69 es únicamente complementario de los otros dos numerales. En suma, la supletoriedad de que se trata opera ante las omisiones o defectos legislativos, para perfeccionarse mediante la aplicación, entre otras posibles hipótesis, de preceptos específicos de las leyes locales o, incluso, a través de segmentos o porciones normativas, siempre que con esa complementariedad se logre coherencia y funcionalidad en la codificación mercantil y no se contradiga su texto expreso". Ante la omisión del Código de Comercio en precisar de manera concreta y específica, más no total, las formalidades que deben reunir las diligencias judiciales relativas, es necesario acudir al Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, según lo expuesto en párrafos precedentes. En este contexto, los artículos 310, 311 y 312 del Código Federal de Procedimientos Civiles, dispone: "Artículo 310. Las notificaciones personales se harán al interesado o a su representante o procurador, en la casa designada, dejándole copia íntegra, autorizada, de la resolución que se notifica. Al Procurador de la República y a los Agentes del Ministerio Público Federal, en sus respectivos casos, las notificaciones personales les serán hechas a ellos o a quienes los substituyan en el ejercicio de sus funciones, en los términos de la Ley Orgánica de la institución. Si se tratare de la notificación de la demanda, y a la primera busca no se encontrare a quien deba ser notificado, se le dejará citatorio para que espere, en la casa designada, a hora fija del día siguiente, y, si no espera, se le notificará por instructivo, entregando las copias respectivas al hacer la notificación o dejar el mismo". "Artículo 311. Para hacer una notificación personal, y salvo el caso previsto en el artículo 307, se cerciorará el notificador, por cualquier medio, de que la persona que deba ser notificada vive en la casa designada, y, después de ello, practicará la diligencia, de todo lo cual asentará razón en autos. En caso de no poder cerciorarse el notificador, de que vive en la casa designada, la persona que debe ser notificada, se abstendrá de practicar la notificación, y lo hará constar para dar cuenta al tribunal, sin perjuicio de que pueda proceder en los términos del artículo 313". "Artículo 312. Si, en la casa, se negare el interesado o la persona con quien se entienda la notificación, a recibir ésta, la hará el notificador por medio de instructivo que fijará en la puerta de la misma, y asentará razón de tal circunstancia. En igual forma se procederá si no ocurrieren al llamado del notificador". Por su parte, el artículo 327, de la codificación adjetiva federal de referencia, prevé: "Artículo 327. De la demanda admitida se correrá traslado a la persona contra quien se proponga, emplazándola para que la conteste dentro de nueve días, aumentados con los que correspondan por razón de la distancia. Si el demandado residiere en el extranjero se ampliará prudentemente el término de emplazamiento, atendiendo a la distancia y a la mayor o menor facilidad de las comunicaciones. Cuando los demandados fueren varios, el término para contestar les correrá individualmente". De las disposiciones legales antes invocadas, tanto del Código de Comercio, como del Federal de Procedimientos Civiles, se advierten las formalidades que deben cumplirse en tratándose de la diligencia de emplazamiento, al señalar que el notificador deberá cerciorarse por cualquier medio, de que la persona que deba ser notificada vive en la casa designada y practicará la diligencia, para lo cual correrá traslado de la demanda admitida a la parte demandada, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061, del Código de Comercio; pero si la persona a la que se hace el emplazamiento no fuere encontrada en su domicilio se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores; si se niega el interesado o la persona con quien se entienda la notificación a recibirla, la notificación se realizará por medio de instructivo que se fijará en la puerta de la casa y se asentará razón de tal circunstancia y, de la misma manera se procederá si no ocurre el interesado al llamado del notificador. De dichos preceptos se advierte que tratándose del emplazamiento se impone al funcionario encargado de realizarlo una serie de requisitos y formalidades que se deben seguir, a fin de obtener la certeza de que la persona que deba ser notificada tenga pleno conocimiento de la existencia del juicio o actuación que le puede afectar, con la finalidad de resguardar el derecho fundamental de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución General de la República. La diligencia practicada el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, por el actuario judicial adscrito a la Central de Actuarios de Ejecución del Tercer Distrito Judicial del Esado de Durango, a la parte quejosa Norma Angélica Romero Ramos, es del tenor siguiente: De lo anterior, se desprende que el Actuario adscrito a la Central de Actuarios, a las dieciséis horas con treinta minutos del cuatro de octubre de dos mil veintiuno, dijo estar actuando en cumplimiento a los autos que integran el expediente relativo al juicio ejecutivo mercantil número 812/2021, promovido por el licenciado Jacinto Muñoz Castro, en su carácter de ensosatario en procuración de José Luis Sosa Mesta, en contra de Norma Angélica Romero Ramos. Además el fedatario judicial asentó haberse constituido en el domicilio señalado en autos para el emplazamiento de la parte demandada Norma Angélica Romero Ramos, sito en "Jazmines 198, Colonia Armando del Castillo Franco", cerciorándose de la autenticidad del domicilio por el dicho de los vecinos más cercanos, además por el dicho de la propia parte demandada, quien manifestó vivir y habitar en dicho domicilio. Enseguida procedió a cerciorarse de que en la finca señalada en el acta de notificación fuera precisamente el domicilio en el cual vive y habita la persona buscada lo cual asentó, dado que entendió la diligencia con la directamente demandada, quien manifestó que vive y habita en ese domicilio, enseguida procedió a realizar la notificación correspondiente (emplazamiento) dando lectura integra del auto de catorce de septiembre de dos mil veintiuno (a cumplimentar), corriéndole el traslado respectivo con copias simples de la demanda, documento base de la acción (pagaré), todo debidamente sellado y cotejado por la Secretaria de la adscripción del Juzgado, así como copia del acta. Finalmente le requirió a la parte demandada aquí parte quejosa para el efecto de que firmara el acta, lo cual realizó de conformidad, circunstancia plasmada en el acta respectiva. En consecuencia, debe considerarse que la diligencia de emplazamiento reclamada cumple los requisitos de ley por encontrarse ajustada a derecho y no resulta violatoria de los derechos consagrados en el artículo 14 constitucional. La anterior diligencia fue practicada por el Actuario Ejecutor adscrito a la Central de Actuarios de Ejecución del Tercer Distrito Judicial del Estado de Durango, en cuya ejecución tiene fe pública, dado que se encontraba facultado para ello. Es aplicable al caso, la jurisprudencia IV.2o. J/4, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que se publicó en la página doscientos sesenta y cinco, tomo I, mayo de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que establece lo siguiente: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PÚBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario". Satisfaciendo de esta manera los requisitos exigidos por los numerales anteriormente transcritos, para un correcto emplazamiento, pues basta entender la diligencia de emplazamiento directamente con la propia parte demandada para estimar cumplido el cercioramiento exacto del domicilio, pues el principio de certidumbre queda actualizado, desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente a la parte demandada la existencia del juicio seguido en su contra y el cercioramiento surge de manera simultánea, ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador manifiesta ser el enjuiciado, lo que excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, en tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue al notificador a indagar por otros medios; no obstante lo anterior, es importante establecer que es ilógica la necesidad de establecer intermedios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es el comunicar directamente al demandado la existencia de la pretensión deducida en su contra y qué mejor forma de cercioramiento que el entender la diligencia directamente con la parte buscada. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 55/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice : "EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De acuerdo con la correcta interpretación del artículo 49, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el cercioramiento que debe cumplir el actuario que practique la primera notificación a la parte demandada en juicio, debe entenderse en el sentido de que en el evento en que constituido en el lugar designado en la demanda, entienda la diligencia directamente quien ante la fe pública del actuario indique ser el demandado, con ello se cumple el objetivo de que el emplazamiento a juicio quede satisfecho, al ser enterado el enjuiciado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido. El principio de certidumbre queda actualizado entonces, desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra y el cercioramiento surge de manera simultánea, ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador manifiesta ser el enjuiciado, y que se trata de su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el actuario, lo que excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, en tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue al notificador a indagar por otros medios, como por ejemplo el dicho de los vecinos de que el lugar designado en autos sea el del demandado, pues es ilógica la necesidad de establecer intermedios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es el comunicar directamente al demandado la existencia de la pretensión deducida en su contra y qué mejor forma de cercioramiento que el entender la diligencia directamente con la parte buscada". Asimismo, la jurisprudencia tesis 3a./J. 34/90, materia civil, Octava época, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia da la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, VI, primera parte, julio a diciembre de 1990, página: 195, genealogía: gaceta número 36, diciembre de 1990, página 15, cuyo texto es el siguiente: "EMPLAZAMIENTO. SI EL NOTIFICADOR LO ENTIENDE CON UNA PERSONA QUE DICE SER EL DEMANDADO, NO ES NECESARIO QUE SE CERCIORE DE SU IDENTIDAD (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO). De los artículos 267, fracción III y 268 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, se sigue que corresponde a la parte que formula la demanda señalar el domicilio en donde debe ser llamado a juicio su adversario, lo que se justifica en razón de que es la persona que tiene el conocimiento adecuado del lugar en el que vive el demandado y, además, porque sin duda resulta ser el primer interesado en contar con la seguridad que el juicio promovido satisface la garantía de debida audiencia a fin de evitar a la postre su nulidad. Ahora bien, del análisis a los diversos 111 y 112 del código invocado, semejantes a las disposiciones contenidas en los ordenamientos procesales de otras entidades federativas, se desprende que en modo alguno prevén la exigencia relativa a que el notificador se cerciore de la identidad del demandado en el caso de que el emplazamiento lo entienda, en la casa designada, con quien dice ser el interesado. De aquí, entonces, que no existe base legal para llegar a sostener que el cercioramiento de que se trata, en la hipótesis apuntada, constituya una formalidad que debe de observarse en ese tipo de diligencias y, por ende, la aseveración sobre el particular en el acta respectiva cuenta con la presunción de que el llamado a juicio se realizó con el demandado. Cabe añadir que la abstención del legislador local de establecer el requisito de que se habla, encuentra justificación si se tiene en cuenta que, de llegar a estimar el afectado que no fue él con quien se entendió la diligencia, lo que equivale a sostener que existió la suplantación de persona, en primer lugar, está en condiciones de hacer valer los medios de defensa correspondientes, entre éstos el incidente de nulidad de emplazamiento estatuido en los artículos 71 y 72 de la ley procesal civil y, en último lugar, porque en el plano federal tiene también la posibilidad de promover el juicio de garantías, según el caso, en la vía directa o indirecta en términos de los artículos 158, párrafo primero, 159, fracción I y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, para impugnar la falta de emplazamiento o el emplazamiento defectuoso. De concluir lo contrario se llegaría al absurdo de que si acaso el demandado no contara con documentos de identificación, a pesar de que él dijera que es la persona buscada ya no podría continuarse la diligencia; esto es, habría que suspenderla para comunicar al Juez que no se pudo emplazar por la mencionada carencia". Además, debe estimarse que las actuaciones judiciales tienen valor mientras no sean desvirtuadas con pruebas fehacientes y contundentes, y resultaría carente de sentido común la exigencia de la pormenorización de determinados elementos de identificación de una persona. De ahí que, el funcionario al llevar a cabo la diligencia de notificación, tiene por disposición de la ley la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió la diligencia de emplazamiento con la persona que buscaba, en este caso, con la parte demandada quién manifestó responder al nombre de Norma Angélica Romero Ramos, por lo cual debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario. De ahí que, es inconcuso que conforme al principio general de derecho de que a quien afirma corresponde probar, la parte quejosa debió aportar pruebas idóneas y suficientes, con las que acreditara la ilegalidad de la diligencia reclamada; extremo que, conforme a lo expuesto en los párrafos que antecede, no fue satisfecho por la parte quejosa en este juicio, dado que no ofreció pruebas suficientes para desvirtuar la fe pública de que está investido el actuario judicial. Máxime que, por la independencia de su posición como funcionaria judicial, así como la inexistencia de prueba alguna que justifique alguna animadversión o enemistad en contra de la parte quejosa, o la obtención de algún beneficio o interés personal en el asunto, el argumento expuesto por la parte quejosa de que la diligencia de emplazamiento fue ilegal, deviene inverosímil. Son aplicables a lo anterior, la tesis y jurisprudencia, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "NOTIFICACIONES. CORRESPONDE AL PARTICULAR ACREDITAR CON ALGÚN MEDIO PROBATORIO QUE LA DILIGENCIA RELATIVA NO SE LLEVÓ A CABO EN EL DOMICILIO CORRECTO O CON LA PERSONA ADECUADA, EN VIRTUD DE QUE EL NOTIFICADOR GOZA DE FE PÚBLICA Y SUS ACTOS SE PRESUMEN VÁLIDOS. En virtud de que los notificadores gozan de fe pública, la simple manifestación del particular de que la diligencia fue irregular porque no se llevó a cabo en el domicilio correcto o con la persona adecuada, contrario a lo circunstanciado en el acta respectiva, no puede destruir la presunción de validez de tal actuación, por lo que la notificación debe subsistir cuando no es desvirtuado el dicho del notificador con algún medio probatorio, máxime que el principio ontológico de la prueba señala que lo extraordinario es lo que se prueba, pues lo ordinario se presume, admite y acepta, tal como lo ordena el artículo 83 del Código Federal de Procedimientos Civiles al expresar que "El que funda su derecho en una regla general no necesita probar que su caso siguió la regla general y no la excepción; pero quien alega que el caso está en la excepción de una regla general, debe probar que así es.". Por tanto, corresponde al particular desvirtuar el dicho del notificador demostrando con las pruebas conducentes, que la diligencia no se llevó a cabo en el domicilio correcto o con la persona adecuada" . "DILIGENCIARIO. VALOR DE SUS ACTUACIONES, SALVO PRUEBA FEHACIENTE EN CONTRARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El diligenciario es un funcionario que se encuentra investido de fe pública respecto de los actos que realiza en ejercicio de sus funciones, por lo que las constancias levantadas por él tienen pleno valor probatorio conforme a lo dispuesto por los artículos 326, fracción VII y 424 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. De aquí se sigue, que quien afirme que no es cierta una circunstancia asentada por el diligenciario en un acta por él levantada, está obligado a probar fehacientemente su dicho" . "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario" . "ACTUACION JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso; por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad" . "ACTUARIO, LA FE PUBLICA DE LA QUE SE ENCUENTRA INVESTIDO, NO PUEDE DESVIRTUARSE CON SIMPLES MANIFESTACIONES, CARENTES DE PRUEBAS IDONEAS. Es legal el razonamiento del Juez de Distrito, en cuanto estableció que la diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento, satisface tanto los requisitos de los artículos 1392 y 1396 del Código de Comercio, como de los diversos 116 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal , porque como también se precisó en el juicio constitucional, los quejosos no aportaron prueba idónea por virtud de la cual se desvirtuará la fe pública del actuario, en cuanto a lo asentado por éste en la indicada diligencia, y a mayor abundamiento, tampoco justificaron su dicho en el sentido de que en el lugar donde se practicó la aludida diligencia era un domicilio distinto al de los demandados, pues ante tal señalamiento correspondía a los hoy inconformes haber justificado con pruebas idóneas y suficientes cuál era su verdadero domicilio en el momento de la diligencia". Por otro lado, se estima también que el Actuario cumplió con los requisitos que exigen los artículos 1394 y 1396 del Código de Comercio; 310 y 311 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al ordenamiento legal citado en primer término, para la realización de la diligencia de emplazamiento, en tanto que de ella se advierte que éste le entregó al demandado copia de la demanda y demás documentos base de la acción, así como de la cédula de notificación debidamente cotejadas y selladas por la secretaría del juzgado responsable, y copia de la diligencia levantada. Por lo que resulta evidente que en la diligencia de emplazamiento practicada a Juan José Fernández García, no existe motivo para estimarla contraventora de los dispositivos legales en consulta, ya que el actuario asentó en el acta respectiva el medio a través del cual llegó al convencimiento de que el domicilio en el que practicó el emplazamiento era el de la parte quejosa, siendo éste por haberse cerciorado por el dicho de la propia parte demandada, lo cual quedó plasmado en la citada diligencia, toda vez que en el caso concreto bastó con que consignara el actuario, haber tenido conocimiento de la certeza del domicilio en que se había constituido para emplazar, por tener a la vista la nomenclatura de la colonia, calle y número del inmueble, y por el dicho de una persona que la atendió en el interior del domicilio, quien dijo ser el propio demandado, quien además se identificó con documento oficial vigente, que éstos son datos suficientes para dar cabal cumplimiento al precepto legal antes citado. Consecuentemente, al no haber allegado a esta instancia constitucional la parte quejosa pruebas suficientes que desvirtúen la diligencia reclamada, es claro que la fe pública del actuario no puede ser desvirtuada por las meras afirmaciones expuestas por dicha parte quejosa en su demanda de amparo, pues fue intención del legislador investir a estos funcionarios de fe pública, la cual solo puede ser desvirtuada mediante prueba fehaciente. En tal virtud, al resolverse en la presente sentencia que fue legal la diligencia de emplazamiento impugnada, con ello queda establecido que la parte quejosa en realidad no fue extraña al procedimiento correspondiente, y por tanto, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste, sólo les es imputable a ella misma. En ese contexto, deben declararse inoperantes los conceptos de violación expresados en contra de los actos que reclaman diversos al emplazamiento, toda vez que además de no impugnarse por vicios propios, al haberse determinado la legalidad del llamamiento a juicio, debe también considerarse que la parte quejosa estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que les causaron algún perjuicio. Por tanto, si se estimara que deben estudiarse las demás actuaciones, se trastocarían las reglas del juicio de amparo, ya que las demandadas podrían, a su arbitrio, comparecer o no al juicio ordinario, pese a que hubieran sido bien emplazadas, y debe insistirse en que la parte quejosa reclama lo actuado en el juicio de origen, con motivo de la violación a su garantía de audiencia por falta de llamamiento legal al procedimiento de origen, argumento este último que fue declarado infundado en esta sentencia. Ahora, aun cuando es cierto que con relación al emplazamiento, es susceptible de operar la suplencia de la queja a favor de la parte quejosa, según lo dispuesto por el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo; empero, de las constancias certificadas exhibidas en autos relativas al juicio natural, no se advierte ninguna violación manifiesta del procedimiento que haya dejado sin defensa a la parte quejosa. En las relatadas condiciones, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por los motivos expuestos en esta resolución. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Norma Angélica Romero Ramos, contra los actos reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y actuario notificador adscrito a la Central de Actuarios, ambos con sede en Gómez Palacio, Durango, en los términos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese; y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; trece de junio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del que se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado, en virtud de que por auto de uno de junio del año en curso, se dio vista a las partes con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y actuaria notificadora adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, ambas con sede en Gómez Palacio, Durango, por lo que, aún está transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia setecientos cincuenta y siete, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta y ocho del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que habría de celebrarse el día de hoy y se señalan las trece horas con veinte minutos del treinta de junio de dos mil veintidós, para su celebración. Por otro lado, en virtud de que no se ordenó notificar personalmente al quejoso el auto de veintisiete de mayo del año en curso, se comisiona al actuario judicial proceda a notificar de manera personal al impetrante de amparo el proveído en mención y le corra traslado con copia del informe justificado ahí acordado, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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