Norma Antonia Caamal Tah

Expediente 782/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
782/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
10/05/2021

Partes del expediente

  • Norma Antonia Caamal Tah

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que señala la ley de la materia en su artículo 202, para que la parte quejosa se inconformara, con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejerció ese derecho, téngase a la parte promovente del amparo conforme con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, por lo que, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, el mismo debe conservarse, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse, tal como lo establece el propio numeral antes invocado. Asimismo, y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y sentencia dictada en el presente asunto, mismos que deberán digitalizarse en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el referido segundo párrafo del citado artículo 18 del multicitado Acuerdo. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como el oficio suscrito por el Director Jurídico de la Secretaría de Salud y Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud Yucatán, con sede en esta ciudad y anexo que acompañó, mismos que ya obran glosados a los presentes autos, con el cual informa en relación al cumplimiento de la ejecutoria concesoria de amparo; asimismo, dado que mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con dicha documentación para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraran en este expediente y de los datos aportados por las responsables, sin que a la presente fecha hubiere hecho manifestación al respecto; consecuentemente, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver, si, de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida, o no; lo antes expuesto encuentra apoyo en lo establecido en el artículo 196 párrafo segundo de la Ley de Amparo. En este sentido es importante asentar que por sentencia definitiva dictada el diez de noviembre de dos mil veinte, en su segundo punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa NORMA ANTONIA CAAMAL TAH.Asimismo, por auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la citada resolución, requiriendo a las responsables que den cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. De manera que las autoridades responsables de mérito, deberá realizar lo siguiente: ". Que la quejosa continúe disfrutando del permiso con goce de sueldo que le había sido otorgado por encontrarse dentro del grupo de personas vulnerables y por tanto, permanezca en resguardo domiciliario por el padecimiento que presenta, consistente en hipertensión arterial, excluyéndosele de asistir a su centro de trabajo, como persona vulnerable ante la pandemia ocasionada por el virus Covid-19, hasta en tanto se advierta modificación del entorno de emergencia que aún prevalece y/o de la reglamentación que motivó la expedición del permiso en su favor.Para lo cual, las autoridades responsables deberán informarlo inmediatamente a las áreas administrativas de esa dependencia, para conocimiento de la actual situación laboral de la quejosa, y oportuno acatamiento de esta determinación, en términos de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo.". Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que mediante oficio sin número suscrito por el Director Jurídico de la Secretaría de Salud y Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud Yucatán, con sede en esta ciudad, manifestaron haber dado cumplimiento a la ejecutoria, ya que del contenido del mismo, se aprecia que mediante oficio HGV/DIRECCIÓN/506/2020, de fecha tres de septiembre de dos mil veinte, se notificó a la quejosa que se le otorgaba y podría seguir en resguardo en su domicilio, enviando para constancia copia certificada del oficio antes mencionado, el que a continuación se relaciona: Acorde a lo anterior, al haber emitido la determinación correspondiente que ordena el resguardo domiciliario de la parte quejosa para que continúe disfrutando del permiso con goce de sueldo que le había sido otorgado por encontrarse dentro del grupo de personas vulnerables por el padecimiento que presenta, consistente en hipertensión arterial, excluyéndosele de asistir a su centro de trabajo, como persona vulnerable ante la pandemia ocasionada por el virus Covid-19, esto, con el fin de restituirle en pleno goce de sus derechos violados a la aquí peticionaria de amparo; de ahí, que las autoridades responsables con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, han cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, aunado a que respecto de lo determinado, la parte quejosa no hizo manifestación alguna.

  3. Principal

    Agréguese a estos autos el oficio de veinticinco de los corrientes, signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Salud y Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud Yucatán, con sede en esta ciudad, con un anexo que adjunta, con el que atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo.

  4. Principal

    Visto los presentes autos, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, sin que ninguna de las partes hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 81, inciso e), de la Ley de la Materia, se declara que la expresada resolución que en su segundo punto resolutivo AMPARÓ y PROTEGIÓ a la parte quejosa NORMA ANTONIA CAAMAL TAH, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase al Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud, ambos del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad y al Subdirector de Recursos Humanos del Hospital General en Valladolid, Yucatán, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, cumplan con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados; apercibidas que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se les impondrá una multa mínima de cien veces el valor diario de la Unidad y Medida y Actualización, en términos del artículo conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos del citado ordenamiento legal; en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución.

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