Norma Angélica Espinosa Almaraz

Expediente 1192/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1192/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
31/10/2017

Partes del expediente

  • Norma Angélica Espinosa Almaraz

Actuaciones

  1. Principal

    IV. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 2983, suscrito por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del toca número 311/2017 y el expedientillo original derivado del incidente de suspensión.

  2. Principal

    IV. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de veintisiete de septiembre del presente año, pronunciado en este juicio de garantías; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Asimismo, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Finalmente, devuélvase al Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el toca original y el expedientillo derivado del incidente de suspensión 311/2017, consistente en dos anexos, mismos que remitió como justificación al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, asimismo, se le solicita acuse recibo de los mismos.

  3. Principal

    MESA IV. Téngase por recibido el oficio de cuenta 11373, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al cual anexa los autos originales del juicio de amparo 594/2017, del índice de ese cuerpo colegiado, promovido por *******************, y los autos del toca original 311/2017 y el expedientillo derivado del incidente de suspensión 311/2017. Asimismo, comunica que mediante acuerdo dictado el veinticinco de septiembre del año en curso, se decretó la incompetencia por parte de dicho Tribunal de Alzada para resolver el juicio de referencia, lo anterior, toda vez que el acto reclamado consistente en la resolución de trece de junio de dos mil diecisiete, dictada por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, proviene de la ejecución de un convenio transaccional de desocupación y entrega de un predio, el cual se homologa a una sentencia ejecutoriada, tal y como lo dispone el artículo 2124 del Código Civil del Estado de Yucatán, de lo que se desprende que no se trata de una sentencia definitiva, ni una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dé por concluído, sino que se equipara a un acto dictado después de concluido el juicio en ejecución de sentencia, siendo que en términos del artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, su estudio le corresponde a un Juez de Distrito. En tal virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo, 47 de la Ley de Amparo y el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgador se avoca al conocimiento del asunto en comento; comuníquese lo anterior al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, para los fines conducentes. Acúsese el recibo correspondiente. Vista la demanda de cuenta promovida por *************************, contra un acto de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida. Regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal con el número IV-1192/2017, fórmese el expediente físico así como el electrónico y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el análisis de los actos reclamados por los gobernados que acuden en demanda de amparo debe efectuarse de modo integral y sistemático, atendiendo a la totalidad de las manifestaciones que se vierten en la demanda conducente, para estar en aptitud de dilucidar cuál o cuáles son los actos que verdaderamente se reclaman y las características propias de éstos, así como la situación jurídica que guarda la parte promovente con respecto de tales actos; y una vez hecho lo anterior, determinar válidamente tanto la competencia del órgano de control constitucional para conocer de la demanda aludida, así como la procedencia del juicio de amparo. En apoyo a lo anterior, cabe citar la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 192097, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así como la diversa de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 195745, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Siguiendo tales directrices, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte promovente reclama la resolución de trece de junio de dos mil diecisiete, dictada por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en el toca 311/2017, en la que modificó el auto de dieciséis de enero del año que transcurre, emitido en autos del procedimiento para la ejecución de convenio transaccional, y se le tuvo contestando fuera de tiempo la vista que se le diera de la ejecución del citado convenio, por lo que no se admitieron las excepciones que oponía, ni las pruebas que ofrecía en su escrito. Ahora bien, respecto al acto reclamado arriba referido, se estima que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. La jurisprudencia ha establecido que por la palabra "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y de los documentos anexos. Por la palabra "indudable", implica que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Lo anterior es así, porque en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, en sentido contrario, de la propia legislación, que en lo que interesa, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]". (Énfasis añadido). En efecto, de los numerales transcritos en párrafos precedentes se obtiene que el amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido. No obstante, como lo establecen las disposiciones precisadas, la acción constitucional en la vía indirecta, intentada contra actos dictados después de concluido un juicio, únicamente puede ejercerse contra la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y trascendido al resultado de la resolución, o bien, en los procedimientos de remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos ya señalados. Esto es así, porque la fase ejecutiva obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada que, por ende, debe cumplimentarse en razón de su naturaleza de orden público. Por lo tanto, el juicio de amparo será improcedente cuando se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Sentado lo anterior, es menester precisar que, como se advierte de los antecedentes narrados por la propia quejosa en el escrito de demanda, se advierte que el veintiséis de agosto de dos mil quince, Inmobiliaria Comercial Yucatán, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal, promovió un procedimiento de ejecución de convenio transaccional, en contra de la aquí quejosa y otro, respecto de la desocupación y entrega del bien inmueble marcado con el número trescientos veinticuatro, de la calle cinco, letra "C", de la colonia García Ginerés, (Pensiones) de esta ciudad de Mérida. Seguido su cauce legal mediante proveído de diez de agosto del año pasado, se ordenó dar vista a la quejosa, por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto de la ejecución del procedimiento, por la cantidad de $114, 000.00 (ciento catorce mil pesos, sin centavos, moneda nacional), adicionándole la cantidad que resultara de los gastos y costas que se hubieren generado del procedimiento. Motivo por el cual el dieciséis de enero del presente año, se le tuvo por presentada con su escrito de tres de enero del citado mes y año, contestando fuera de tiempo la vista que se le diera, por lo que no se le admitieron las excepciones que pretendía hacer valer, ni las pruebas que había ofrecido, fundamentando tal determinación en la fracción I, del artículo 586 del Código de Procedimientos Civiles. Inconforme con dicha determinación interpuso el recurso de apelación, y mediante resolución de trece de junio de dos mil diecisiete, la Sala responsable resolvió modificar el acuerdo de dieciséis de enero del presente año, y se le tuvo contestando fuera de tiempo, la vista que se le diera de la ejecución del citado convenio, por lo que no se admitieron las excepciones que oponía, ni las pruebas que ofrecía en su escrito, pero con fundamento en los artículos 40 y 45 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, misma resolución que constituye el acto que por esta vía defiende la quejosa. En tal virtud, de lo anteriormente expuesto, es inconcuso entonces que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, dado que se impugna un auto emitido en la etapa de ejecución que no constituye la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pues en aquélla no se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o que ordena el archivo definitivo del expediente. Por tanto, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, en sentido contrario, de la propia legislación. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 190035, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto se reproducen: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Sin que obste a lo anterior, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado en jurisprudencia que el juicio de amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, cuando afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, en tanto que como ya quedo visto se trata de un acto intermedio; tal criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia marcada con el número P./J. 108/2010, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias Publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con el número de registro 163152, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Aunado a lo anterior, como ya se dijo en líneas precedentes, la quejosa no goza de la calidad de tercero extraña a juicio por equiparación, pues ésta compareció al procedimiento de origen En esas condiciones, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda constitucional, toda vez que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal invocada. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Por otra parte, para el mejor manejo del presente expediente en que se actúa, fórmense dos anexos con el toca original y el expedientillo derivado del incidente de suspensión 311/2017; lo anterior, a fin de preservar dichas constancias en el estado en que se encuentran. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias inherentes a este asunto.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano