Norma Angelica Perez Riverol
Expediente 1770/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1770/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 14/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Norma Angelica Perez Riverol
- Miguel Angel Perez Riverol
- NORMA ANGELICA PEREZ RIVEROL y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ciudad de México, a catorce de junio de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta que contiene la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas de la Juez y de la Secretaria, ambas del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por medio del cual acusan recibo de los autos originales del juicio en que se actúa e informa que ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del asunto, quedando registrado con el número 578/2022, de su índice, por lo que solicitan que se remitan los autos relativos a los cuadernos de suspensión. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se agrega en autos para los efectos legales conducentes, tomando conocimiento de su contenido. Mediante oficio que al efecto se gire, se ordena remitir al juzgado oficiante los cuadernos incidentales original y duplicado derivados del juicio en que se actúa, sin que sea necesario que acuse de recibo, toda vez que la entrega de los mismos se hará constar en el sello de recepción que recabe el Actuario Judicial adscrito. Por lo tanto, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 1, inciso a) del Manual referido, toda vez que se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de la incompetencia planteada. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere el párrafo primero del artículo 20, del multicitado Acuerdo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, treinta de mayo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio signado por la Subdirectora de Atención a Adopciones de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento ordenado en auto de trece de mayo de dos mil veintidós, y al efecto remite copia certificada de diversas constancias relacionadas con el acto reclamado. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar, y en consecuencia, se tiene por cumplimentado el requerimiento aludido. Ahora bien, toda vez que se cuentan con elementos para resolver en el presente juicio; es preciso destacar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio está obligado a efectuar el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías, lo que se traduciría en una violación que invalida el proceso en perjuicio de los derechos sustantivos de las partes. Situación jurídicamente inadmisible, porque, se insiste, la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 21/2009, definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Abril de 2009, página 5, de rubro: COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. Las reglas de competencia de los Jueces de Distrito se encuentran en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como los artículos relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, con fundamento en los artículos, constitucional y legales, antes citados, se analiza la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no infringir las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. Sustenta lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número I.2o.P. J/40, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,721, de rubro: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Se reitera, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y, de resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, en el caso concreto interesa destacar, el referente a la competencia por materia. La competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un juzgado especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen de amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. En esos casos, se debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.14o.C.8 K, emitida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1773, tomo XVIII, Agosto de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 183,506, de rubro: "JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS POR RAZÓN DE MATERIA. SU COMPETENCIA SE DETERMINA CONFORME A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO." De esta forma, la naturaleza del acto ha sido fundamental para establecer la competencia de los juzgados o tribunales por materia, buscando con ello garantizar la prontitud en la tramitación y fallo de los juicios, atendiendo a que la resolución de los asuntos por materia, requiere del conocimiento y experiencia de los que se dedican a cada una de ellas. En el caso concreto, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama lo siguiente: Del Jefe de Unidad Departamental de Seguimiento Social y Centros de Asistencia Social, del Subdirector de Atención a Adopciones, del Director de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad, Riesgo o Desamparo y Centro de Asistencia Social, del Director Ejecutivo de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como de Viridiana Conde Cabrera, en su calidad de Trabajadora Social; todos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, y de la Casa Hogar para Madres Solteras, Asociación Civil: a.1) El oficio número DIF-Ciudad de México/DG/DEPPDNNA/DANNASVRVCAS/SA/JUDSSCAS/ 2568/2021, de fecha veinte de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se ordenó el Egreso Temporal del menor de edad con identidad reservada, de iniciales M.A.P.R, de seis años de edad, para integrarlo a una familia de acogimiento temporal. a.2) El procedimiento que dio origen a esa determinación : Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, Abril de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." De lo anterior, se obtiene que, en concreto, la quejosa reclama una resolución que la que se determinó el Egreso Temporal de un menor de edad, para integrarlo a una familia de acogimiento temporal; por ende, éste órgano jurisdiccional, determina que el origen de los actos reclamados es de naturaleza civil. Para sustentar lo anterior, se impone destacar que al resolver la contradicción de tesis número 35/2016, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que, la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra las resoluciones emitidas por las autoridades del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que deciden respecto de la guarda y custodia de menores de edad para ser colocados en albergues provisionales, es competencia del Juez de Distrito en Materia Civil, pues las controversias relativas revisten gran importancia, al afectar el orden y la estabilidad de la familia, cuya organización y desarrollo debe proteger la ley, por mandato del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, con base en las consideraciones medulares siguientes: - En principio, precisó que la familia es la base de la sociedad, al constituir un grupo social primario y fundamental, determinado por vínculos de parentesco, en cuyo seno nacen, crecen y se educan las nuevas generaciones y la solidaridad suele manifestarse en mayor grado, y, por tanto, el Estado, por medio del orden jurídico, reconoce a la familia como una institución de orden público y procura que la formación de los hijos se lleve a cabo dentro del núcleo familiar, el cual se considera insustituible. - Por lo anterior, precisó que, cuando surgen controversias que versan sobre la guarda y custodia de menores de edad, se estima que revisten gran importancia, en razón de que tales cuestiones afectan al orden y estabilidad de la familia, cuya organización y desarrollo debe proteger la ley, por mandato del artículo 4o. constitucional, pues las controversias en que pueda resultar afectada la situación o los derechos de menores, la sociedad y el Estado tienen interés en que, tanto dichos menores como sus derechos, sean protegidos y salvaguardados. - También destacó que, conforme al régimen jurídico de los menores establecido en nuestra Constitución Federal, que tiene como complemento aquellos instrumentos normativos, como son: la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Convención sobre los Derechos del Niño de mil novecientos ochenta y nueve, suscrita por el Gobierno Mexicano, el legislador, a fin de salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes, instituyó una serie de garantías para su tutela, así como para la reparación integral del daño en caso de vulneración, las cuales se materializan a través de mecanismos de colaboración y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, que constituyen un sistema compuesto por instituciones, organismos y autoridades de nivel nacional, estatal, del Distrito Federal y municipal, tanto públicas como de la sociedad civil, que se encaminan a la finalidad antes mencionada. Lo anterior siempre tomando en consideración, de manera esencial, el interés superior de los menores, ponderando las posibles repercusiones que cada decisión, emitida por dichos órganos, puede implicar para la niñez. - Por lo tanto, entre las instituciones encargadas de la defensa de los derechos de la niñez se encuentra el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que tiene como funciones, entre otras cosas, la protección de los derechos de la niñez, cuando se encuentren restringidos o vulnerados; impulsar la cooperación y coordinación de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, para el establecimiento de mecanismos en materia de protección de derechos de los menores; celebrar convenios de colaboración con los sistemas de las entidades estatales y municipales; capacitar al personal de las instituciones vinculadas con la protección y restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; así como todas aquellas relacionadas en ese aspecto, en el ámbito de su competencia. - Determinó que, conforme al principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a los niños se entenderán dirigidas a procurarles los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social; de manera que el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento y circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de los niños; por lo que, dicho principio exige que los poderes públicos intervengan a fin de corregir una situación de riesgo o desamparo en la que se encuentra un menor de edad. - Así, a raíz de la necesidad de establecer sistemas de seguimiento y vigilancia sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y en caso de ser necesaria la sustracción temporal o permanente del medio familiar por el riesgo que implica en su vida, integridad y libertad; se crean instituciones tendentes a cumplir con ese propósito, verbigracia, las Procuradurías de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, dependientes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, ya sea en el ámbito federal o estatal. - Con base en lo anterior, dilucido que las procuradurías de protección a los intereses de los menores son órganos administrativos especializados y desconcentrados, es decir, son entidades jerárquicamente subordinadas a las dependencias del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, con facultades específicas para resolver asuntos en la materia familiar, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, mismas que cuentan con autonomía administrativa; pero que, aun cuando sean de naturaleza formalmente administrativa, lo cierto es que la génesis del acto reclamado y las funciones que realiza están encaminadas a seguir el sendero del derecho familiar, puesto que al emitir determinaciones relacionadas con la guarda y custodia que sean aplicables al caso concreto, por el estado de necesidad en que se encuentran los menores, deberán atender previamente a los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en una familia determinada, buscando lo que se entiende mejor para los niños, para su desarrollo integral, su personalidad, su formación psíquica y física, teniendo presente los elementos individualizados como criterios orientadores, sopesando las necesidades de atención, de cariño, de alimentación, de educación y ayuda escolar, de desahogo material, de sosiego y clima de equilibrio para su desarrollo, las pautas de conducta de su entorno y de quienes buscan tener la guarda y custodia, el buen ambiente social y familiar que pueden ofrecerles, sus afectos y relaciones con ellos, en especial, si existe un rechazo o una especial identificación, al igual que la edad y capacidad de autoabastecerse de los menores, entre muchos otros elementos que se presenten en cada caso concreto. - En consecuencia, concluyó que si los actos reclamados lo constituyen resoluciones que deciden respecto de la guarda y custodia de menores de edad, para ser colocados en albergues provisionales, es claro que las normas sustantivas en que se apoyan, pertenecen a la materia civil, de tal suerte que no sería factible analizar el acto desde una perspectiva meramente administrativa, sino que, para analizar su constitucionalidad, es necesario verificar el cumplimiento de normas de carácter civil. Las consideraciones anteriores dieron origen a la jurisprudencia número P./J. 24/2016 (10a.), la cual se encuentra publicadada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, página 32, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PROCURADURÍAS DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DEPENDIENTES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF). LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA SUS RESOLUCIONES, RELACIONADAS CON LA GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL. La competencia para conocer del juicio de amparo indirecto se fija conforme a la naturaleza del acto reclamado; en consecuencia, el promovido contra las resoluciones emitidas por las Procuradurías referidas (ya sea en el ámbito federal o local), que deciden respecto de la guarda y custodia de menores de edad para ser colocados en albergues provisionales, es competencia del Juez de Distrito en Materia Civil, pues las controversias relativas revisten gran importancia, al afectar el orden y la estabilidad de la familia, cuya organización y desarrollo debe proteger la ley, por mandato del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que la intervención del Estado en estas circunstancias responde al principio de integración familiar consistente en que los poderes públicos protejan al menor. En ese sentido, no obstante que las Procuradurías de que se trata son formalmente órganos de naturaleza administrativa, jerárquicamente subordinadas a las dependencias del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, lo cierto es que la génesis del acto reclamado y las funciones que realizan están encaminadas a seguir el sendero del derecho familiar, ya que al emitir determinaciones relacionadas con la guarda y custodia que sean aplicables al caso concreto por el estado de necesidad en que se encuentran los menores, deben atender previamente a los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en una familia determinada, aplicando incluso las legislaciones sustantivas civiles correspondientes. Así, las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, dependientes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, efectivamente son autoridades administrativas, lo cual no impide considerar que los actos que emiten en materia de guarda y custodia de menores corresponden a la materia civil." Jurisprudencia que es de observancia obligatoria para este Juzgador de Distrito, tal como lo establece el artículo 217, de la Ley de Amparo. Por lo tanto, toda vez que, se reitera, en el presente juicio de amparo se reclama una resolución en la que se determinó el Egreso Temporal de un menor de edad, para integrarlo a una familia de acogimiento temporal; es inconcuso que la competencia para conocer del presente juicio de amparo indirecto corresponde a un Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, pues dicho acto fue emitido por una autoridad perteneciente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que decide respecto de la guarda y custodia de un menor de edad para ser colocados en una familia de acogimiento temporal; y por ende, es evidente que dicho acto pudiera afectar el orden y la estabilidad de la familia. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 48 de la Ley de Amparo; 57 y 60, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; PRIMERO, fracción I, SEGUNDO, fracción I, punto 3, y CUARTO, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado el dieciséis de mayo de dos mil doce y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de junio de dos mil doce, así como el artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de febrero de dos mil dieciséis, se reitera, el suscrito juzgador carece de competencia legal por razón de la materia para conocer de la demanda de amparo; por lo que se ordena remitirla al Juez de Distrito de Amparo en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, a quien se estima competente para conocerla, por los motivos antes expuestos; solicitándole el acuse de recibo correspondiente e informe si acepta o rechaza la competencia planteada. Sin que de ninguna forma pueda obstaculizar la determinación tomada por éste Órgano Jurisdiccional, el que se haya admitido a trámite la demanda de amparo, ya que al ser la competencia una cuestión de orden público, el juzgador de amparo queda facultado para examinarla en cualquier estado del juicio y, en su caso, resolver lo que proceda conforme a derecho. Lo anterior se corrobora con el criterio publicado en la tesis que aparece publicada en la página 67, del Semanario Judicial de la Federación Séptima Época, Volumen 193-198, Tercera Parte, Segunda Sala, del rubro: "COMPETENCIA, INSTITUCIÓN DE ORDEN PÚBLICO. ACEPTADA POR UNA AUTORIDAD, NADA IMPIDE QUE PUEDA CUESTIONARSE DESPUÉS." Dada la determinación tomada en el presente auto, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las diez horas con cincuenta minutos del veintitrés de junio de dos mil veintidós, lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Fórmese cuaderno de antecedentes únicamente con un tanto de la presente resolución; lo anterior, en atención al Acuerdo General del Comité Coordinador para Homologar criterios en Materia Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial de la Federación, que establece las medidas de austeridad, optimización, disciplina presupuestal y mejora de la gestión, capítulo III, inciso F), 1.d., máxime que, de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo, se cuenta con el expediente electrónico del presente juicio de amparo. Notifíquese; y, vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a trece de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el término de tres días otorgado el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, a las autoridades dependientes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, a efecto de que remitan copia certificada, completa y legible de la totalidad de las constancias relacionadas con el acto reclamado en el juicio en que se actúa. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se le impone a la personas físicas que ostentan los cargos de Jefe de Unidad Departamental de Seguimiento Social y Centros de Asistencia Social; Subdirector de Atención a Adopciones; Director de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad, Riesgo o Desamparo y Centro de Asistencia Social; Director Ejecutivo de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México; así como a Viridiana Conde Cabrera en calidad de Trabajadora Social adscrita a la Jefatura de Unidad Departamental, de Seguimiento Social y Centros de Asistencia Social, todos adscritos al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, UNA MULTA DE CINCUENTA veces la unidad de medida actualizada vigente en la Ciudad de México. Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, y considerando que es necesario allegarse de todas las pruebas que estime necesarias para mejor resolver en el presente asunto y conocer la verdad, REQUIÉRASE POR ÚLTIMA OCASIÓN a las autoridades dependientes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México; para que dentro del plazo de TRES DÍAS, remitan copia certificada, completa y legible de la totalidad de las constancias relacionadas con el acto reclamado en el juicio en que se actúa, o bien, manifiesten la imposibilidad legal que tengan para ello, apercibidas que en caso de ser omisas, se les impondrá una multa de CIEN DÍAS la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, y se resolverá con las constancias que obren en autos. Para dar tiempo a lo anterior, y a su vez evitar cualquier violación procesal, SE DIFIERE la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy; y como nueva fecha para celebrarla se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Atendiendo a las cargas de trabajo se cita la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AUDIENCIA EN EL AMPARO. QUEJA INFUNDADA CONTRA EL SEÑALAMIENTO DE ELLA FUERA DEL TÉRMINO LEGAL. (No. Registro: 328587, Quinta Época, Instancia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo LXVI, página: 495) Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que aún no obran las constancias de notificación a las autoridades responsables, respecto del auto de dieciocho de marzo del año en curso; en el que se les requirió a efecto de que remitan diversas constancias relacionadas con el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En estas circunstancias, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo, las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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