Norma Angelica Aguayo Chavez
Expediente 195/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 195/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Norma Angelica Aguayo Chavez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México, a veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, toda vez que ha transcurrido el término a efecto de impugnar el pronunciamiento de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, por el cual se declaró CUMPLIDA la ejecutoria del juicio de amparo en que se actúa, y toda vez que en el expediente, no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los 07/01/24 15:24:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f6.1a Diana Laura Mireles Ramírez 2 expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente expediente, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la denuncia, la resolución definitiva, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, a veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por la Coordinadora General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, informa que dio cumplimiento al fallo protector, motivo por el cual solicita se deje sin efectos el cobro de las multas que le fueron impuestas en el presente asunto y se desista de realizar cualquier acto tendente al cobro de las mismas. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de mérito para que obre como corresponda; sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en auto de veintiocho del mes y año que transcurre, se atendió el oficio de la autoridad oficiante. Notifíquese
- Principal
- Ciudad de México, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta en que el Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales, de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia, en representación de la Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en atención al requerimiento formulado en proveído de diez de marzo pasado, formula diversas manifestaciones y señala la denominación de las autoridades encargadas de dar cumplimiento a los efectos del amparo determinados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 294/2021; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar. Ahora, considerando que es un hecho notorio que se invoca en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo resuelto por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el incidente de inejecución de sentencia 117/2022, derivado del juicio de amparo 370/2020 del índice de este órgano jurisdiccional, en el que estableció: "En ese orden de ideas, aun cuando el referido Tribunal Colegiado de Circuito ha estimado procedente remitir a este Alto Tribunal el incidente respectivo, importa destacar que la Primera Sala de este Alto Tribunal, al resolver los incidentes de inejecución 9/2022 y 20/2022, estableció que el respectivo procedimiento de ejecución debe cumplir con las siguientes formalidades: 1. Consistencia en el dictamen del Tribunal Colegiado de Circuito. El Tribunal Colegiado de Circuito debe emitir dictamen consistente con la secuela procesal del asunto, por lo que si el incidente de inejecución de sentencia inició por lo que ve a la autoridad vinculada al cumplimiento, y no así por las acciones de su superior jerárquico, no es dable que ese órgano jurisdiccional proponga la separación de esta última, que no fue previamente multada y, en consecuencia, requerida antes de la apertura del incidente. 2. Plazo razonable entre la imposición de la multa y el acuerdo que ordena la apertura del incidente de inejecución. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Por lo tanto, no es adecuado que en el mismo auto en el que se imponga la multa se inicie el incidente de inejecución, sino que entre la imposición de la sanción y el inicio de la incidencia debe mediar un plazo razonable. 3. Suficiencia de requerimientos a las autoridades responsables, vinculadas al cumplimiento y superiores jerárquicos. El juez de amparo debe operar bajo una actitud oficiosa para lograr el cumplimiento de la ejecutoria, sin quedarse en una posición expectante, de ahí que debe ir más allá y requerir a la autoridad que manifestaba un obstáculo para cumplir, ya fuera la responsable o la vinculada al cumplimiento, que informara y acreditara que llevó a cabo todas las gestiones a su alcance para superar el obstáculo anunciado. Así, en caso de que las autoridades se concreten a informar que estaban a la espera de que otra autoridad actuara, el juez de amparo debe requerir que acrediten que habían solicitado la información o documentación faltante a la diversa autoridad y no asumir una actitud pasiva de simple espera; ni mucho menos emitir requerimientos genéricos, sino adecuarlos a la situación expresada de manera particular por las autoridades requeridas. En la misma tónica, resulta insuficiente que el Juez de Distrito encuentre satisfechos los requerimientos a la autoridad superior jerárquica de las responsables con la sola manifestación de que giró oficios para instarles a cumplir con la ejecutoria de amparo, pues aquélla debe acreditar ejerció verdaderamente sus facultades como superior jerárquica para vencer la renuencia, como la imposición de medidas de apremio de índole interno, disciplinarias o tendentes a actuar como auxiliar del Juzgado de Distrito en el cumplimiento, o bien solventar el punto en el que ambas autoridades se señalaban una a la otra, y no solo que se plantó como una mera autoridad expectante y no gestora del cumplimiento ordenado a las dependientes de ésta, pues de, hacerlo solo así, resulta acreedora a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se tilden como renuentes. 4. Identificación de las personas físicas que se desempeñan como titulares de las autoridades responsables, vinculadas al cumplimiento y su superior jerárquico. Para que se considere adecuadamente integrado el procedimiento de cumplimiento de la sentencia, es indispensable que el juzgador de amparo, al requerir el cumplimiento, identifique de manera clara a la persona que le corresponde actuar en consecuencia, y no dejar ese aspecto al tribunal colegiado de circuito ni a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado que la responsabilidad en torno al cumplimiento y las consecuencias de su inobservancia recae en personas físicas y no en entes de gobierno. Es por ello que, cuando el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del asunto proponga la destitución de las personas titulares de la autoridad vinculada al cumplimiento y su superior jerárquica, debe expresar sus nombres. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan diferentes actos cuya emisión constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, que señala que en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. 5. Vinculación al juez o sala del tribunal ordinario que resolvió el juicio de nulidad. Cuando el cumplimiento de una ejecutoria de amparo indirecto implique la ejecución de una diversa sentencia dictada por un juez o una sala de un tribunal ordinario, debe vincularse en el procedimiento correspondiente a quien la emitió, tomando en cuenta que ese juez o tribunal emisor deben ser los principales operadores jurídicos encargados de velar por el exacto cumplimiento de lo sentenciado, para lo cual deben desplegar todas las facultades que les encomiende la ley que les rige, de ahí aun cuando se ha llegado a un punto en el que fue necesaria la intervención de un juez de amparo, deben continuar impulsando la prosecución del trámite ordinario que las leyes dispongan para logar el cumplimiento de sus fallos, por lo que el juzgador de amparo habrá de vinculares para que, en ejercicio conjunto de sus facultades procuren la total observancia de lo ordenado, para materializar la eficacia del acceso a la justicia. Así pues, tratándose del cumplimiento de fallos del orden administrativo, el procedimiento ordinario debe satisfacer los estándares de rigurosidad, claridad y exactitud con los que se debe dictar y procurar el cumplimiento de las sentencias de orden administrativo, de esta manera las actuaciones del tribunal administrativo no deben constreñirse a la remisión de los autos que integraron el juicio de nulidad, sino también a realizar las acciones que le faculta la ley para dictar y dar cumplimiento a las sentencias en materia administrativa, en el entendido de que la falta de determinación de las acciones que las autoridades demandadas debían realizar, los requerimientos hechos a éstas, e incluso la falta de rigor en la imposición del sistema sancionatorio previsto en la ley ordinaria administrativa, no cumplen con los estándares de exactitud y claridad con los que se debe conminar al cumplimiento de una sentencia. 6. Determinación la cantidad que corresponde pagar a la parte quejosa, tratándose de prestaciones periódicas que no sean de fácil liquidación. Cuando el cumplimiento de una ejecutoria de amparo implique la observancia de una sentencia de un tribunal ordinario que condena al pago de prestaciones periódicas que no sean de fácil liquidación, la determinación y cuantificación de dicha cantidad constituye un aspecto esencial para determinar la forma y el momento en que se tendrá por cumplido el fallo protector, de ahí que es procedente que se tramite el incidente que prevé el artículo 193 de la Ley de Amparo para precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, sin que, por tanto, la presentación de la planilla de liquidación ante el Juez de Distrito, así como sus actualizaciones anuales sin modificarse el periodo que abarca la prestación a pagar, resulten suficientes para determinar el monto de la cantidad en favor de la persona quejosa, máxime si de las constancias que integran el asunto no se desprende que la autoridad responsable del cumplimiento, al momento de fijar las cantidades correspondientes por el concepto de la prestación periódica respectiva, haya señalado de forma clara y precisa el procedimiento aritmético, así como los fundamentos y motivos que utilizó para obtener la cantidad resultante en la planilla de liquidación, sobre todo, al destacarse la necesidad de establecer, en primer término, el periodo que abarca la prestación liquidada." De lo transcrito se observa que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que el procedimiento de ejecución de sentencia debe cumplir lo siguiente: 1.- En los casos en los que la autoridad vinculada al cumplimiento manifieste que se encuentra a la espera de que otra autoridad actúe, el juez de amparo deberá requerir que acredite haber solicitado la información o documentación faltante. 2.- Cuando se requiera a la autoridad superior jerárquica de las responsables, este juzgado deberá verificar si acreditó haber ejercido verdaderamente sus facultades como superior jerárquico para vencer la renuencia al cumplimiento, esto es, que impuso medidas de apremio de índole interno, disciplinarias o tendentes a actuar como auxiliar del juzgado de distrito, o bien, que solventó el punto en el que diversas autoridades se señalaban una a la otra. 3.- Al requerir el cumplimiento de la sentencia, el juez de amparo deberá identificar de manera clara a la persona que corresponde actuar, es decir, deberá expresar sus nombres. 4.- Además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar el fallo protector. En consecuencia, tomando en consideración establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con el objeto de agotar el procedimeinto de ejecución de sentencia en los términos señalados, resulta necesario identificar de manera clara al funcionario público que deba llevar a cabo las acciones relacionadas con el cumplimiento del fallo protector, por tanto, con fundamento en los artículos 192 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, requiérase a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la legal notificación que se le haga del presente proveído, informe el nombre completo de las personas físicas que ostentan los cargos de Titular de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Guardia Nacional y al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como el de los funcionarios que ostenten el carácter de superiores jerárquicos de las citadas autoridades. Apercibida que en caso de no hacerlo así, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de cuenta para la Ciudad de México, en términos de la fracción I del numeral 237, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, la cual podría aumentar gradualmente hasta llegar a mil unidades de cuenta, sin perjuicio de continuar con el procedimiento de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación de sus respectivos cargos. Finalmente, no es el caso de acordar favorablemente respecto a la solicitud de la autoridad oficiante para que este Juzgador "se pronuncie respecto del cambio de situación jurídica del quejoso", pues, contrario a lo señalado en el oficio de cuenta, dicha cuestión resulta ajena a lo ordenado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Notifíquese
- Principal
(13/03/2023).- (RAZÓN ACTUARIAL).-VISTO.- POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE 08/03/2023, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: """""""""""""""""""""""""""""" Ciudad de México, a ocho de marzo de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio de Reyna Paola de ****, quien dice actuar en sustitución de ****, por medio del cual, interpone inconformidad en contra del auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés, en que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese tomando conocimiento de su contenido. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 201, 202 y 203, de la Ley citada, se tiene por presentada la inconformidad, distribúyase entre las partes copia de los oficios que se atienden y, dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que se integre debidamente el expediente, se ordena remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, para la substanciación del recurso de inconformidad, acompañándole por separado el oficio original de expresión de agravios y copia del mismo para el Fiscal Ejecutivo Titular de aquella adscripción, a fin de que tenga a bien resolver lo que en derecho corresponda. Se forma cuaderno de antecedentes, en pro de una protección al medio ambiente y para optimizar los recursos materiales, aprovechando el expediente electrónico, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 24 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el Secretario del Juzgado debe hace constar la integración de las constancias respectivas, que conforman el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional, como si se glosaran a este cuaderno. Por lo que hace a su solicitud de que se suspenda el procedimiento, hágase de su conocimiento que el artículo 203, de la Ley de Amparo, no prevé la suspensión del procedimiento con la imposición del recurso de inconformidad, aunado a que se trata de un juicio de amparo resuelto. Por otra parte, visto el estado procesal de autos, se advierte que en auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se integró el recurso de queja interpuesto por la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de la Ciudad de México, en contra del proveído de diez de noviembre de dos mil veintidós; sin embargo, no se libró el oficio de remisión de autos. En esas condiciones, mediante intento oficio que se gire, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 99 y 101, de la legislación invocada, en vía de informe justificado, dígase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, que es cierto el acto que se reclama, y al efecto remítase copia certificada del auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, el original y copia del oficio de interposición del recurso de queja y expresión de agravios, a fin de que tenga a bien resolver lo que en derecho corresponda. Ahora bien, tal como lo establece el artículo 73, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; que a la letra refiere: "En los casos de la interposición de recursos, los órganos jurisdiccionales del PJF pondrán a disposición del órgano jurisdiccional que corresponda, incluida la SCJN, la consulta de los expedientes electrónicos respectivos a través del Sistema Electrónico del PJF"; hágase disponible la "vinculación con otro órgano" del presente asunto en el apartado respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que el Tribunal Colegiado a quine que por le corresponda conocer del recurso que se remite, se encuentre en aptitud de consultar la totalidad del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, quien autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe."""""""""""""""""""""""""""""", SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEÍDO DE REFERENCIA. NOTIFÍQUESE.
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