Norma Alicia Vasquez Arambula
Expediente 68/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 68 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 68/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 68
- Última actuación
- 29/08/2022
Partes del expediente
- Norma Alicia Vasquez Arambula
Actuaciones
Las 4 más recientes de 68.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Cumplimiento consentido. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto recurso de inconformidad en contra de la resolución en la que se declaró cumplido el fallo protector; por lo tanto, se declara que dicha determinación ha quedado consentida para todos los efectos legales correspondientes. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al artículo 18, inciso I), fracción b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que se concedió la protección constitucional. Certificación de carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Incidente. No fue solicitado. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Fallo cumplido. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de once de julio de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra los actos reclamados a la autoridad responsable para los efectos siguientes: [.] SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En virtud de lo hasta aquí narrado, con sustento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada es para que el Tribunal de Arbitraje del Estado, una vez que cause ejecutoria este fallo protector, proceda a con prontitud a dictar y tomar todas las medidas necesarias y eficaces para lograr el cumplimiento total del laudo condenatorio emitido en el juicio laboral 939/2014-II, de su índice, y en particular, realice lo siguiente: a) Requiera al Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, parte demandada en el juicio laboral 939/2014-II, así como a los funcionarios que corresponda, para que adopten las adecuaciones presupuestales necesarias para satisfacer las obligaciones contenidas en el laudo; b) De ser necesario, requiera a la demandada así como a los funcionarios que corresponda, para que incorporen lo resuelto en el laudo -en cuanto a la condena- en el siguiente presupuesto de egresos, a efecto de que sea cumplido; c) Al realizar los requerimientos legales para el cumplimiento del laudo -referidos en los incisos anteriores-, aperciba a los requeridos que para el caso de no dar cumplimiento se harán acreedores a una multa; y, d) Al realizar los requerimientos legales para el cumplimiento del laudo, aperciba a los requeridos que para el caso de no dar cumplimiento se dará vista al Ministerio Público por la comisión del delito de desacato. Lo anterior, en concordancia con lo determinado por el Pleno de este Decimoquinto Circuito al resolver la contradicción de tesis 16/2018, de la que emanó la jurisprudencia PC.XV. J/36 A (10a.), de contenido citado con antelación -en la parte final del considerando cuarto de este fallo-, cuyo rubro es: "EJECUCIÓN DE LAUDOS EN LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE LOS AYUNTAMIENTOS FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA. LA JURISPRUDENCIA TEMÁTICA 2a./J. 34/2018 (10a.), DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ES APLICABLE A LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA [ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA PC.XV. J/21 A (10a.)]. Solo de esa forma se podrá restituir a la parte quejosa en pleno goce de los derechos humanos violados, como el artículo 77 de la Ley de Amparo ordena. En el entendido que cualquier otra autoridad que esté relacionada al cumplimiento del laudo en cuestión, eventualmente se vinculará al cumplimiento de este fallo protector, ya que de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento. Sirve de apoyo a ese respecto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, toda vez que no se opone a dicha ley, la siguiente jurisprudencia 1a./J. 57/2007, visible en la página 144, mayo dos mil siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." [.] Recurso de revisión. Inconforme con dicha resolución, la autoridad responsable Ayuntamiento de Mexicali, Baja California interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con el número de amparo en revisión 387/2019. Causa ejecutoria y se requiere cumplimiento. Por auto de once noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida la ejecutoria de la superioridad, en la que se desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto. En consecuencia, en el mismo proveído se requirió el cumplimiento al fallo protector. Ahora, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, estuvo constreñido a proceder en los términos siguientes: Dictar y tomar todas las medidas necesarias para lograr el cumplimiento total del laudo condenatorio emitido el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis en el juicio laboral 939/2014-II. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Desde el once de noviembre de dos mil diecinueve al veinticinco de marzo del presente año, se estuvieron realizando diversos requerimientos a la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, siendo la misma quien estuvo informando las gestiones que realizaba para lograr el cumplimiento de la sentencia de amparo. Se vinculó a diversas autoridades adscritas al Ayuntamiento de Mexicali, al tener participación en el juicio laboral de origen por tener el carácter de parte demandada. El Ayuntamiento de Mexicali reconoció como trabajadora a su subordinación a la quejosa y le reconoció su antigüedad; asimismo, estuvo realizando depósitos de $50,000.00 M.N (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) mensualmente a favor de la quejosa, hasta lograr el pago total que fue condenada ($976,907.99 M.N. [novecientos setenta y seis mil novecientos siete pesos 99/100 moneda nacional]). Por oficio recibido en este Juzgado de Distrito el cuatro de abril de dos mil veintidós, el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, remitió acuerdo de treinta y uno de marzo del año en curso, en el cual tuvo a bien declarar cumplido el laudo y como totalmente concluido el juicio laboral 939/2014-II, de su índice. Vista con el cumplimento. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad. Desahogo de la vista. Sin que ninguna de las partes hubiere hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que si bien, se advierte que la autoridad responsable decretó el cumplimiento total al fallo protector, remitiendo los autos del juicio laboral de origen al archivo como asunto total y definitivamente concluido. Vista con la presente resolución. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dése vista a las partes por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Apercibidas para el caso que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a cinco de abril de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio y anexos remitidos por el Secretario General del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa sobre el cumplimiento al fallo protector. Vista. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo córrasele traslado a la quejosa y tercero interesada con las constancias que remite la autoridad oficiante y déseles vista con las que obran en el presente juicio de amparo, por el término de tres días, para que manifieste lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, éste juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha no se ha dado cumplimiento en forma total al fallo protector. Actuaciones realizadas para cumplir el fallo protector. Del mismo modo, se advierte que la autoridad responsable y vinculadas en sus últimos oficios se les tuvo remitiendo las actuaciones que han realizado para dar cumplimiento al fallo protector, las cuales son las siguientes: Fecha de la actuación Actuación en cumplimiento al fallo protector: 17 de febrero 2022. En virtud del incumplimiento del laudo por parte de la autoridad demandada, el Tribunal responsable comisionó a su actuario adscrito a requerir de nueva cuenta al Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, el pago total del capital constitutivo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), respecto a la trabajadora y aquí quejosa Norma Araceli Vásquez Arámbula, por el periodo del 13 de junio de 1998 al 01 de enero de 2003, por un monto restante de $76,907.99 pesos (setenta y seis mil novecientos siete pesos 99/100 moneda nacional). 28 de febrero de 2022 El Delegado de la Autoridades Municipales del XXIV Ayuntamiento de Mexicali, informó que la parte demanda realizó el pago de $50,000.00 pesos (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), relativo al mes de febrero, a efecto de cumplir con el laudo. Efectos del fallo protector: Ahora bien, cabe recordar que los efectos del fallo protector fueron los siguientes: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En virtud de lo hasta aquí narrado, con sustento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada es para que el Tribunal de Arbitraje del Estado, una vez que cause ejecutoria este fallo protector, proceda con prontitud a dictar y tomar todas las medidas necesarias y eficaces para lograr el cumplimiento total del laudo condenatorio emitido en el juicio laboral 939/2014-II, de su índice, y en particular, realice lo siguiente: a) Requiera al Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, parte demandada en el juicio laboral 939/2014-II, así como a los funcionarios que corresponda, para que adopten las adecuaciones presupuestales necesarias para satisfacer las obligaciones contenidas en el laudo; b) De ser necesario, requiera a la demandada así como a los funcionarios que corresponda, para que incorporen lo resuelto en el laudo -en cuanto a la condena- en el siguiente presupuesto de egresos, a efecto de que sea cumplido; c) Al realizar los requerimientos legales para el cumplimiento del laudo -referidos en los incisos anteriores-, aperciba a los requeridos que para el caso de no dar cumplimiento se harán acreedores a una multa; y, d) Al realizar los requerimientos legales para el cumplimiento del laudo, aperciba a los requeridos que para el caso de no dar cumplimiento se dará vista al Ministerio Público por la comisión del delito de desacato. Lo anterior, en concordancia con lo determinado por el Pleno de este Decimoquinto Circuito al resolver la contradicción de tesis 16/2018, de la que emanó la jurisprudencia PC.XV. J/36 A (10a.), de contenido citado con antelación -en la parte final del considerando cuarto de este fallo-, cuyo rubro es: "EJECUCIÓN DE LAUDOS EN LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE LOS AYUNTAMIENTOS FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA. LA JURISPRUDENCIA TEMÁTICA 2a./J. 34/2018 (10a.), DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ES APLICABLE A LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA [ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA PC.XV. J/21 A (10a.)]. Solo de esa forma se podrá restituir a la parte quejosa en pleno goce de los derechos humanos violados, como el artículo 77 de la Ley de Amparo ordena. En el entendido que cualquier otra autoridad que esté relacionada al cumplimiento del laudo en cuestión, eventualmente se vinculará al cumplimiento de este fallo protector, ya que de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento. Sirve de apoyo a ese respecto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, toda vez que no se opone a dicha ley, la siguiente jurisprudencia 1a./J. 57/2007, visible en la página 144, mayo dos mil siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Requerimiento para que se cumpla en forma total el fallo protector. Por tanto, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, que se encuentra obligada a dar cumplimiento al fallo protector en este juicio, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, cumpla en forma total con la ejecutoria de amparo dictada en el juicio que se actúa, y remita de inmediato las constancias con las que acredite lo anterior; en el entendido de que los actos específicos que debe realizar, se encuentran plasmados en la parte conducente de la ejecutoria apenas transcrita. Apercibimiento de multa. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en los artículos 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, se le impondrá a la persona física que ocupe el cargo correspondiente a la autoridad obligada al cumplimiento del fallo protector, una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, misma que deberán cubrir con ingresos propios y no con recursos públicos. Separación del cargo y consignación. Asimismo, una vez impuestas las multas respectivas, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que podrá culminar con la remisión del expediente de amparo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para efectos de la SEPARACIÓN DE SU CARGO, así como su consignación ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, por el delito de DESACATO A UN MANDAMIENTO JUDICIAL; lo anterior, con fundamento en los artículos 108 párrafo tercero, 109 fracción III y 110 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 267, fracción I, y último párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Rubro texto siguiente: "Registro digital: 2019625 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 29/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 556 Tipo: Jurisprudencia DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. Del citado precepto se advierte que el tipo penal se integra por los siguientes elementos: a) que el sujeto activo tenga la calidad de autoridad, b) con esa calidad incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir y c) que la acción u omisión sea en forma dolosa, lo que revela que se está en presencia de un tipo penal mixto alternativo, pues basta que se realice cualquiera de las conductas, ya sea incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, para que se consume el ilícito. Ahora bien, por incumplir debe entenderse no llevar a efecto, dejar de cumplir, esto es, el tipo penal requiere que se deje de cumplir una sentencia de amparo, también el término "no la haga cumplir", redunda en el incumplimiento del fallo, lo que revela que en ambos supuestos se pretende sancionar la conducta que implica una resistencia de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en una sentencia protectora, ya sea a la responsable obligada al cumplimiento o a su superior jerárquico. Aunado a lo anterior, el legislador expresamente señaló en el referido artículo 267, último párrafo, de la Ley de Amparo que las mismas penas que se impongan por incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, serán impuestas al superior de la autoridad responsable. Asimismo, estableció el rango de punibilidad para ambas conductas, a saber, pena de cinco a diez años de prisión, entre otras sanciones, ya que conforme al precepto 194 de la ley citada, en caso de que no se logre el cumplimiento de la sentencia, el superior jerárquico incurre en responsabilidad en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Por tanto, la porción normativa impugnada señala las diversas conductas que están plenamente descritas en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que hace posible a la autoridad responsable directamente vinculada con el cumplimiento y a su superior jerárquico, anticipar cuál es la conducta penalmente relevante, el parámetro de punibilidad y, en consecuencia, la pena que les sería aplicable en caso de incumplir o no hacer cumplir dolosamente una sentencia de amparo, pues el juzgador cuenta con un rango mínimo y máximo de cinco a diez años de prisión, el que también es aplicable a la autoridad directamente vinculada con el cumplimiento y su superior jerárquico, por lo que el precepto mencionado cumple con el grado de determinación necesario de la conducta que es objeto de prohibición y contempla una penalidad clara, de forma tal, que dota de certeza jurídica a su destinatario y, por ende, no es contrario al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, contenido en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente. Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que su rubro dice así: "Registro digital: 2007918 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 19 Tipo: Jurisprudencia PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Notifíquese. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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