Norma Alicia Torres Martinez

Expediente 357/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 19 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
357/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
26/04/2022

Partes del expediente

  • Norma Alicia Torres Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiséis de abril de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial Federal Adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo número 357/2021, así como el testimonio de la resolución dictada dentro del recurso de inconformidad 6/2022 de su índice, misma que se resolvió en los términos siguientes: "(.)ÚNICO. Es infundada la inconformidad planteada. (.)" Acuse. Acúsese el recibo correspondiente. Integración. Agréguense las actuaciones originales del cuadernillo de revisión respectivo, debiéndose destruir el resto de las constancias que lo conforman. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Documentos originales. No existen. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al artículo 18, inciso I), fracción b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que se concedió la protección constitucional. Certificación de carátula. Se ordena que la carátula del presente expediente contenga impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. No se tramitó. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Anotaciones y archivo. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado admite recurso. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad; mediante el cual informa que en proveído de diecisiete de febrero de la presente anualidad, se avocó al conocimiento del recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa contra la resolución de veintiséis de enero del año en curso, emitida en autos; el cual quedó registrado bajo el recurso de inconformidad 6/2022 de su índice. Notifíquese. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a ocho de febrero de dos mil veintidós. Recurso de inconformidad. Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el escrito signado por la quejosa (i) ************************* mediante el cual promueve recurso de inconformidad contra la determinación de veintiséis de enero del presente año, con la que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Remisión. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 203, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 5/2013, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el instrumento normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el nueve de septiembre de dos mil trece, una vez que las partes se encuentren debidamente notificadas del presente proveído, remítanse los presentes autos, al Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, así como el original del escrito de agravios firmado por la directa quejosa, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, para la emisión de la resolución respectiva a la inconformidad de que se trata. Cuaderno de antecedentes. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia certificada de las constancias necesarias que permitan conocer la historia procesal completa del Juicio de Amparo en que se actúa. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese; y, personalmente. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Christian Eduardo Parra Carrillo, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado 13/09/23 18:16:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c3.4e IDA VARGAS ARIAS que la autoridad responsable dio respuesta congruente a lo peticionado por la parte quejosa; y, notificó la contestación respectiva; lo que se corrobora con las constancias que obran en autos. Manifestaciones infundadas de la parte quejosa. Sin que pasen inadvertidas las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, en el sentido de que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento al fallo protector, ya que -dice- debió fundar y motivar lo peticionado. Sin embargo, no le asiste la razón a la parte quejosa, en tanto que, como quedó precisado por el Tribunal Colegiado en la ejecutoria emitida en torno al recurso de revisión planteado contra la sentencia concesoria de amparo dictada por este Juzgado Federal, las autoridades responsables no están obligadas a fundar y motivar su respuesta, pues ese deber se encuentra implícito en su propia actuación como autoridades por mandato de diverso precepto constitucional al que se consideró vulnerado (artículo 8° constitucional); por lo que no se les debía constreñir, a priori, a respetar un derecho fundamental que no se estimó violado. Por tanto, los efectos de la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, únicamente constreñían a las autoridades responsables a dar respuesta al escrito de petición y proceder a su notificación, sin tomar en cuenta los fundamentos de la contestación, lo cual así aconteció, tal como se advierte de las constancias remitidas por las autoridades responsables, sin que la sentencia de amparo tenga un mayor alcance al ya referido. Incluso, la respuesta emitida sin duda es congruente, en la medida que se aborda frontalmente la petición de pensión planteada por la quejosa, y se le explican las razones por las que no procedió su solicitud; al margen que sea correcta o incorrecta dicha contestación, puesto que lo cierto es que en todo caso, la 13/09/23 18:16:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c3.4e IDA VARGAS ARIAS ??????????????? impetrante podrá combatirla, ante la autoridad competente y a través de los medios ordinarios que considere pertinentes. De ahí, que sean infundadas las manifestaciones de la parte solicitante de amparo. Al respecto es aplicable la siguiente jurisprudencia por contradicción de tesis del Pleno de este propio Circuito: "Registro digital: 2024038 Instancia: Plenos de Circuito Undécima Época Materias(s): Constitucional, Administrativa Tesis: PC.XV. J/6 A (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia DERECHO DE PETICIÓN. FORMA EN QUE SE CUMPLE CON LA EXIGENCIA DE RESPUESTA CONGRUENTE Y COMPLETA A LA SOLICITUD DE PENSIÓN DE UN TRABAJADOR. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios al determinar, uno de ellos, que cuando se concede el amparo por violación al derecho de petición, para el efecto de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) emita una respuesta congruente y completa a una solicitud de pensión, la negativa a continuar con el trámite ante la falta de un requisito, torna incongruente la respuesta por sustentarla en motivos que no se desprenden de los preceptos legales que se invocaron, mientras que el otro sostuvo que era suficiente la coherencia de lo contestado en relación con la petición para satisfacer esa exigencia, sin posibilidad de analizar la legalidad de lo expresado. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoquinto Circuito establece que cuando se concede el amparo por violación al derecho de petición, vinculando a la autoridad a emitir una respuesta congruente y completa a una solicitud, la exigencia de congruencia se satisface con la emisión de argumentos coherentes entre sí y con lo solicitado, siempre que sea racional, mediante la exposición clara y directa de las razones de hecho y de derecho del porqué no es posible jurídicamente acceder a lo peticionado, siempre que no evidencie evasiva o renuencia a otorgar lo pedido, sin posibilidad de analizar la legalidad de lo expuesto en la respuesta, aun cuando con ello el peticionario no obtenga respuesta favorable, por ser esto último materia de otro medio de defensa, conforme lo dispone la jurisprudencia 2a./J. 1/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 13/09/23 18:16:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c3.4e IDA VARGAS ARIAS Justificación: Si la protección constitucional se otorga para que la responsable dé una respuesta congruente y completa a una solicitud de pensión que le fue presentada, y al acatarla determina que ésta es improcedente porque resulta jurídicamente imposible remitir el expediente de solicitud de jubilación al resto de las áreas involucradas en su trámite, ante la falta de un requisito (en los casos a estudio, el comunicado por parte de la patronal en el que indique la propuesta para que se incorpore a la nómina de pensionados de este instituto y causa baja como trabajador en activo), el cual informa y sustenta jurídicamente, la respuesta es congruente con lo solicitado porque, por un lado, no contiene afirmaciones contradictorias entre sí y, por otro, es coherente con lo peticionado al dirigirse a la pretensión efectuada y, además, es racional, porque informa al peticionario qué es lo que falta para la continuación en el trámite, lo que sustenta, además, en disposiciones legales que estima aplicables, sin que pueda calificarse la legalidad de esto último según la jurisprudencia 2a./J. 1/2001 citada." Vista con la presente resolución. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Apercibidas para el caso que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Juicio de Amparo 357/2021 En esta fecha, se da cuenta al Juez con el estado procesal que guardan los presentes autos y con el escrito registrado con el folio 1043. Conste. Mexicali, Baja California, a veintiséis de enero de dos mil veintidós. Escrito. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado electrónicamente por (1) Juan Carlos Briones Acosta, en su carácter de autorizado de la parte quejosa; y, en atención a su contenido, téngase al promovente haciendo diversas manifestaciones respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo que dio la autoridad responsable, mismas que serán tomadas en consideración, en la presente resolución. Fallo cumplido. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de treinta de junio de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra los actos reclamados a las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), para los efectos siguientes: "[.] Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán realizar lo siguiente: 1. Deberán llevar a cabo las gestiones necesarias para integrar el expediente de la parte quejosa NORMA ALICIA TORRES MARTÍNEZ 2. Dar respuesta a la solicitud de otorgamiento de pensión por jubilación presentada por la promovente del amparo el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, la cual deberá ser emitida por escrito y 3. En breve término, esto es, en un plazo no mayor a quince días, de conformidad con la Ley y el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Asegurados, que rige al citado Instituto 4. Ser congruente con el escrito que contiene la petición respectiva, al igual que con el trámite previsto en la normatividad aplicable, específicamente, para la solicitud de otorgamiento de pensión por jubilación formulada por la parte quejosa. 5. Deberán notificarle la contestación respectiva dentro del plazo legal y en el domicilio que proporcionó en dicho formato, porque únicamente así, se restituirá a la parte inconforme en el goce del derecho vulnerado con la omisión que nos ocupa. A mayor abundamiento, conforme al punto cuatro, las autoridades responsables deberán vigilar que la respuesta que otorguen a la parte quejosa en cumplimiento al presente fallo protector, se fundamente en la normatividad vigente y aplicable al caso concreto, debiéndose ceñir a lo previsto en la Ley que rige al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Estado de Baja California y, en su caso, al Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados de dicho instituto, siempre y cuando éste no contemple supuestos distintos a los previstos en la ley, y no la contradiga o vaya más allá; es decir, las autoridades responsables no deberán introducir requisitos extralegales previstos en normas secundarias que no correspondan al trámite respectivo contemplado en la ley que rige la materia para el otorgamiento de pensiones y jubilaciones. Lo anterior es así pues, conforme a los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, cuando se reserva expresamente a la ley la regulación de una determinada materia, ésta no puede regularse por otras normas secundarias, y por otro lado, en el reglamento únicamente se desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos ni mucho menos contradecirla, sino que sólo debe concretarse a indicar los medios para cumplirla. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 30/2007 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1515, tomo XXV, mayo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 172521, que establece: "FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES. La facultad reglamentaria está limitada por los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. El primero se presenta cuando una norma constitucional reserva expresamente a la ley la regulación de una determinada materia, por lo que excluye la posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean regulados por disposiciones de naturaleza distinta a la ley, esto es, por un lado, el legislador ordinario ha de establecer por sí mismo la regulación de la materia determinada y, por el otro, la materia reservada no puede regularse por otras normas secundarias, en especial el reglamento. El segundo principio, el de jerarquía normativa, consiste en que el ejercicio de la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de una ley, es decir, los reglamentos tienen como límite natural los alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan, detallando sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación, sin que pueda contener mayores posibilidades o imponga distintas limitantes a las de la propia ley que va a reglamentar. Así, el ejercicio de la facultad reglamentaria debe realizarse única y exclusivamente dentro de la esfera de atribuciones propias del órgano facultado, pues la norma reglamentaria se emite por facultades explícitas o implícitas previstas en la ley o que de ella derivan, siendo precisamente esa zona donde pueden y deben expedirse reglamentos que provean a la exacta observancia de aquélla, por lo que al ser competencia exclusiva de la ley la determinación del qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurídica general, hipotética y abstracta, al reglamento de ejecución competerá, por consecuencia, el cómo de esos mismos supuestos jurídicos. En tal virtud, si el reglamento sólo funciona en la zona del cómo, sus disposiciones podrán referirse a las otras preguntas (qué, quién, dónde y cuándo), siempre que éstas ya estén contestadas por la ley; es decir, el reglamento desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos ni mucho menos contradecirla, sino que sólo debe concretarse a indicar los medios para cumplirla y, además, cuando existe reserva de ley no podrá abordar los aspectos materia de tal disposición". De igual forma, por las razones que la sustentan, la tesis 2a. I/2015 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1770, libro 15, febrero de 2015, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2008434, del tenor siguiente: "PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA. SE VULNERA CUANDO UN REGLAMENTO CONTRARÍA UNA LEY DISTINTA A LA QUE DESARROLLA, COMPLEMENTA O DETALLA, PERO CON LA CUAL GUARDA VINCULACIÓN. La importancia de los reglamentos radica en que posibilitan proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, donde el principio de legalidad preceptúa que no puede existir un reglamento independiente en el ordenamiento jurídico, al ser necesaria una ley previa; así, en atención a dicho principio, los reglamentos no pueden contener cuestiones que son exclusivas de la ley, cobrando relevancia el concepto de reserva de la ley. Ahora bien, el principio de subordinación jerárquica al que se encuentra sujeta la facultad reglamentaria, consiste en la exigencia de que al reglamento lo preceda necesariamente una ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente, o detalle y en las que encuentra su justificación y medida. Sin embargo puede darse el caso en que un reglamento viole una ley distinta de las que reglamenta en forma específica y con ello puede infringir el principio en comento; de ahí que para hacer valer su inconstitucionalidad, debe argumentarse que excede el alcance de la Ley, y para ello puede partirse de aquella que el reglamento desarrolla complementa o detalla, o bien, de aquella otra con la que tenga vinculación por la materia regulada." [.]" Recurso de revisión. Sin embargo, inconforme con dicha resolución, las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con el número de amparo en revisión 348/2021. Causa ejecutoria y se requiere cumplimiento. Una vez sustanciado el medio de impugnación aludido, por auto de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la ejecutoria de la superioridad, en la que modificó la sentencia que concedió el amparo a la parte quejosa, en los términos siguientes: "En tal virtud, asiste razón a la parte recurrente en el sentido de que en los efectos del fallo protector son excesivos, ya que no se le debió vincular a emitir una respuesta fundada en la normatividad a la que se hizo mención en el cuerpo de la sentencia recurrida, pues tal aspecto está contenido en un artículo constitucional diverso al 8° vulnerado. En efecto, el artículo 16 Constitucional impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar sus determinaciones, la cual no se limita únicamente a los actos de molestia, sino en general, permea en todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un gobernado. En ese orden de ideas, si bien las autoridades responsables están obligadas a fundar y motivar su respuesta, también es cierto que ese deber se encuentra implícito en su propia actuación, como autoridades, pero por mandato de diverso precepto constitucional al que se consideró vulnerado, de ahí que no se les debe constreñir, a priori, a respetar un derecho fundamental que no se estimó violado. De ahí lo fundado del planteamiento en estudio [.] R E S U E L V E : "PRIMERO. Se modifica la sentencia impugnada. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Norma Alicia Torres Martínez, contra las autoridades responsables y actos precisados en el resultando primero de la sentencia recurrida; para los efectos precisados en la parte final de la consideración novena de esta ejecutoria." En consecuencia, en el mismo proveído se requirió el cumplimiento al fallo protector, en los términos precisados por la superioridad. Ahora, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables estuvieron constreñidas a proceder en los términos siguientes: 1. Dar respuesta congruente a lo peticionado por la parte quejosa; y, 2. Notificar la contestación respectiva. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Por oficio recibido en este Juzgado de Distrito y acordado el seis de enero de dos mil veintidós, el delegado de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Baja California, remitió constancia de la que se desprende que mediante oficio DGPJ/01/2022 de tres de enero de dos mil veintidós, se dio contestación al escrito de petición de la quejosa; lo cual le fue notificado personalmente el cuatro de enero de este año. Vista con el cumplimento. Con lo anterior, por auto de seis de enero de la anualidad, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad; lo cual se le notificó el diez siguiente; quien por cierto vertió diversas manifestaciones al respecto mediante escrito acordado el siete de enero de dos mil veintidós. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable dio respuesta congruente a lo peticionado por la parte quejosa; y, notificó la contestación respectiva; lo que se corrobora con las constancias que obran en autos. Manifestaciones infundadas de la parte quejosa. Sin que pasen inadvertidas las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, en el sentido de que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento al fallo protector, ya que -dice- debió fundar y motivar lo peticionado. Sin embargo, no le asiste la razón a la parte quejosa, en tanto que, como quedó precisado por el Tribunal Colegiado en la ejecutoria emitida en torno al recurso de revisión planteado contra la sentencia concesoria de amparo dictada por este Juzgado Federal, las autoridades responsables no están obligadas a fundar y motivar su respuesta, pues ese deber se encuentra implícito en su propia actuación como autoridades por mandato de diverso precepto constitucional al que se consideró vulnerado (artículo 8° constitucional); por lo que no se les debía constreñir, a priori, a respetar un derecho fundamental que no se estimó violado. Por tanto, los efectos de la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, únicamente constreñían a las autoridades responsables a dar respuesta al escrito de petición y proceder a su notificación, sin tomar en cuenta los fundamentos de la contestación, lo cual así aconteció, tal como se advierte de las constancias remitidas por las autoridades responsables, sin que la sentencia de amparo tenga un mayor alcance al ya referido. Incluso, la respuesta emitida sin duda es congruente, en la medida que se aborda frontalmente la petición de pensión planteada por la quejosa, y se le explican las razones por las que no procedió su solicitud; al margen que sea correcta o incorrecta dicha contestación, puesto que lo cierto es que en todo caso, la impetrante podrá combatirla, ante la autoridad competente y a través de los medios ordinarios que considere pertinentes. De ahí, que sean infundadas las manifestaciones de la parte solicitante de amparo. Al respecto es aplicable la siguiente jurisprudencia por contradicción de tesis del Pleno de este propio Circuito: "Registro digital: 2024038 Instancia: Plenos de Circuito Undécima Época Materias(s): Constitucional, Administrativa Tesis: PC.XV. J/6 A (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia DERECHO DE PETICIÓN. FORMA EN QUE SE CUMPLE CON LA EXIGENCIA DE RESPUESTA CONGRUENTE Y COMPLETA A LA SOLICITUD DE PENSIÓN DE UN TRABAJADOR. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios al determinar, uno de ellos, que cuando se concede el amparo por violación al derecho de petición, para el efecto de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) emita una respuesta congruente y completa a una solicitud de pensión, la negativa a continuar con el trámite ante la falta de un requisito, torna incongruente la respuesta por sustentarla en motivos que no se desprenden de los preceptos legales que se invocaron, mientras que el otro sostuvo que era suficiente la coherencia de lo contestado en relación con la petición para satisfacer esa exigencia, sin posibilidad de analizar la legalidad de lo expresado. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoquinto Circuito establece que cuando se concede el amparo por violación al derecho de petición, vinculando a la autoridad a emitir una respuesta congruente y completa a una solicitud, la exigencia de congruencia se satisface con la emisión de argumentos coherentes entre sí y con lo solicitado, siempre que sea racional, mediante la exposición clara y directa de las razones de hecho y de derecho del porqué no es posible jurídicamente acceder a lo peticionado, siempre que no evidencie evasiva o renuencia a otorgar lo pedido, sin posibilidad de analizar la legalidad de lo expuesto en la respuesta, aun cuando con ello el peticionario no obtenga respuesta favorable, por ser esto último materia de otro medio de defensa, conforme lo dispone la jurisprudencia 2a./J. 1/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Justificación: Si la protección constitucional se otorga para que la responsable dé una respuesta congruente y completa a una solicitud de pensión que le fue presentada, y al acatarla determina que ésta es improcedente porque resulta jurídicamente imposible remitir el expediente de solicitud de jubilación al resto de las áreas involucradas en su trámite, ante la falta de un requisito (en los casos a estudio, el comunicado por parte de la patronal en el que indique la propuesta para que se incorpore a la nómina de pensionados de este instituto y causa baja como trabajador en activo), el cual informa y sustenta jurídicamente, la respuesta es congruente con lo solicitado porque, por un lado, no contiene afirmaciones contradictorias entre sí y, por otro, es coherente con lo peticionado al dirigirse a la pretensión efectuada y, además, es racional, porque informa al peticionario qué es lo que falta para la continuación en el trámite, lo que sustenta, además, en disposiciones legales que estima aplicables, sin que pueda calificarse la legalidad de esto último según la jurisprudencia 2a./J. 1/2001 citada." Vista con la presente resolución. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Apercibidas para el caso que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Ida Vargas Arias, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe. En esta fecha, se da cuenta al Juez con el estado procesal que guardan los presentes autos y con el escrito registrado con el folio 1043. Conste.

Quedan 15 actuaciones en este expediente

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