NORMA ALICIA CANO RODRÍGUEZ y Otros.

Expediente 1207/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1207/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
23/08/2019

Partes del expediente

  • Norma Alicia Cano Rodríguez
  • NORMA ALICIA CANO RODRÍGUEZ y Otros.
  • Fiscalía General del Estado de Tabasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA 9.-R E S U E L V E : PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Rigoberto Arias Sánchez, Isidro Acosta Méndez, Cándido Arias Olán, Rosa María Bayona Ovando, Darío Jesús Chan Baños, Norma Alicia Cano Rodríguez, Bartolo Guadalupe Chío Luna, Antonio Cadena Osorio, Isaac Carrillo Ramos, Araceli de la Cruz de la Cruz, Esther Díaz Bayona, José del Carmen Jiménez Flores, Madai Juárez Guillen, María del Carmen Jiménez Hernández, Samantha Cristell Méndez AreIIano, Juan Carlos Jiménez Hernández, Isael Gómez Naranjo, María Fernanda Morales de la Cruz, Miguel Pérez Oliva, Maya Etel Pichardo Cordova, Nelly Pérez Cárdenas, José María Ramos García, Patricia Rocha Jiménez, José Enrique Ricardez Hernández, Miguel Ángel Sánchez Vázquez, Sebastiana Sánchez Méndez, Reina Landero López, Marbella Landero López, Marcos Antonio Vázquez Gómez y Williams Dionicio Vázquez Hernández, por las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerado de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales.

  2. Incidental

    MESA 9.- R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA a la suspensión definitiva que solicitaron de los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable en términos del considerando segundo de la presente interlocutoria.

  3. Principal

    MESA 9.-VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vistos: agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Vicefiscal de Delitos Comunes en ausencia del Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido.

  4. Principal

    MESA 9.-VILLAHERMOSA, TABASCO, UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; con la demanda de cuenta se tiene a Rigoberto Arias Sánchez, Isidro Acosta Méndez, Christian Manolo Alfaro Palavicini, Cándido Arias Olán, Rosa María Bayona Ovando, Darío Jesús Chan Baños, Norma Alicia Cano Rodríguez, Bartolo Guadalupe Chío Luna, Antonio Cadena Osorio, Isaac Carrillo Ramos, Araceli de la Cruz de la Cruz, Esther Díaz Bayona, José del Carmen Jiménez Flores, Madai Juárez Guillen, María del Carmen Jiménez Hernández, Samantha Cristell Méndez AreIIano, Juan Carlos Jiménez Hernández, Isael Gómez Naranjo, María Fernanda Morales de la Cruz, Miguel Pérez Oliva, Maya Etel Pichardo Cordova, Nelly Pérez Cárdenas, José María Ramos García, Patricia Rocha Jiménez, José Enrique Ricardez Hernández, Miguel Ángel Sánchez Vázquez, Sebastiana Sánchez Méndez, Reina Landero López, Marbella Landero López, Marcos Antonio Vázquez Gómez y Williams Dionicio Vázquez Hernández, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclaman de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1207/2019-9. DESECHAMIENTO PARCIAL En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de garantías, el Juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la Jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. Causa de improcedencia respecto a Christian Manolo Alfaro Palavicini. En ese sentido, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causa prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 6, de la misma legislación, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De conformidad con la transcripción del artículo 6 de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente una afectación con motivo de un acto de autoridad o por la ley, es decir, tomando como base doctrinal los principios de instancia de parte agraviada y de la existencia de agravio personal y directo para la procedencia de un juicio de amparo, la afectación que se resiente en una esfera jurídica de derechos, debe ser invocada necesaria y obligadamente por disposición de la ley, por la persona directamente involucrada en dicha lesión, pudiendo hacerlo por sí o por su representante. Se toma en consideración lo anterior, en atención a que en la hipótesis, el quejoso Christian Manolo Alfaro Palavicini, si bien se encuentra plasmado su nombre en el apartado respectivo de las personas que comparecen a solicitar la protección constitucional, lo cierto es que al calce de la demanda presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el treinta y uno de julio del año actual y turnado a la Oficialía de Partes de este Juzgado en la misma data, no obra su nombre, firma o rúbrica que con motivo de manifestación de voluntad y aceptación con el contenido del citado documento, se atribuya a éste. Así pues, en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta precisamente a través de su firma, ya que de lo contrario no existe evidentemente tal manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. En consecuencia, si como se advierte de la demanda que efectivamente no fue firmada por el mencionado impetrante de amparo, debe válidamente concluirse que no existe por tanto cumplimiento con el principio de instancia de parte agraviada, dado que al no plasmar por medio de la firma su conformidad, no se encuentra exteriorizada la voluntad en la promoción del juicio biinstancial; hecho que no puede subsanarse mediante la prevención correspondiente, pues no es un requisito de forma, sino un elemento esencial. Tiene aplicación por símil jurídico, la tesis VI. 2 692 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 435, Tomo XIV, Noviembre de 1994, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. NO FIRMADA POR EL DIRECTAMENTE INTERESADO. En el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma, y cuando no saben, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, si la demanda de garantías no fue firmada por el quejoso ni por su representante, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de garantías, por lo que, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes. Así como la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 314, Tomo X, Octubre de 1992, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 145 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia." También se toma en consideración la tesis VI.1o.151 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 303, Tomo XV-2, Febrero de 1995, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal. En ese orden de ideas, es evidente que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia en comento de manera manifiesta e indudable, por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha parcialmente la demanda de amparo únicamente respecto del quejoso Christian Manolo Alfaro Palavicini. Es aplicable la tesis por semejanza jurídica, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 241, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, Materia Administrativa, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA. No puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma en la demanda de garantías constituya una irregularidad en el escrito y que por ello sea factible que el juez de Distrito se encuentre facultado para ordenar que la misma se subsane en los términos previstos por el artículo 146 de la Ley de Amparo, supuesto que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Por consiguiente, en esos casos procede que se deseche de plano la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por los quejosos Rigoberto Arias Sánchez, Isidro Acosta Méndez, Cándido Arias Olán, Rosa María Bayona Ovando, Darío Jesús Chan Baños, Norma Alicia Cano Rodríguez, Bartolo Guadalupe Chío Luna, Antonio Cadena Osorio, Isaac Carrillo Ramos, Araceli de la Cruz de la Cruz, Esther Díaz Bayona, José del Carmen Jiménez Flores, Madai Juárez Guillen, María del Carmen Jiménez Hernández, Samantha Cristell Méndez AreIIano, Juan Carlos Jiménez Hernández, Isael Gómez Naranjo, María Fernanda Morales de la Cruz, Miguel Pérez Oliva, Maya Etel Pichardo Cordova, Nelly Pérez Cárdenas, José María Ramos García, Patricia Rocha Jiménez, José Enrique Ricardez Hernández, Miguel Ángel Sánchez Vázquez, Sebastiana Sánchez Méndez, Reina Landero López, Marbella Landero López, Marcos Antonio Vázquez Gómez y Williams Dionicio Vázquez Hernández, en sus términos. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO Pídase informe justificado a la autoridad responsable al que deberá anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias de las que deriva el acto reclamado, las que deberán estar debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se solicita, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, en términos de la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de 8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); lo que resulta de multiplicar por cien la cantidad de 84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil diecinueve. Hágase del conocimiento a la autoridad señalada como responsable, que si bien se le otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a la autoridad que en cuanto tenga la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, de inmediato lo haga saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá rendir el informe que se le solicita con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se le impondrá una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de 2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos con setenta centavos); la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de 84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos) valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil diecinueve. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. En el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de 8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que se deduce en los mismos términos de lo decretado con anterioridad. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las TRECE HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Por otra parte, con fundamento en los numerales 9, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. INTERVENCIÓN DE LAS DEMÁS PARTES Con copia de la demanda, dése la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO Tomando en consideración que la parte quejosa en el capítulo respectivo de la demanda de amparo, manifestó que no existe; en consecuencia, resérvese acordar lo conducente hasta en tanto la responsable remita las constancias generadoras del acto reclamado para poder dilucidar a quien o a quienes les recae dicho carácter y, en su caso la necesidad o no de llamarlos a juicio. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Por otra parte, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsable, a quien se le comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Carlos Cerino Frías, y conforme al segundo párrafo del citado numeral al resto de las personas que menciona por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales en Derecho, ante Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE COMÚN. En términos del artículo 13 de la Ley de Amparo se tiene como representante común de la parte quejosa a Wiliams Dionicio Vázquez Henández, por así haberlo solicitado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. INCIDENTE Por separado y duplicado fórmese y tramítese el incidente de suspensión por así haberlo solicitado la parte quejosa, tal como lo dispone el artículo 125 de la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal.

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