Norma Acosta Pérez

Expediente 1047/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1047/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
13/12/2021

Partes del expediente

  • Norma Acosta Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto: agréguense a los presentes autos los oficios de cuenta signados por la Actuaria adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual, con el primero, acusa recibo del juicio de amparo 1047/2021-9 con sus anexos, e informa que el órgano de su adscripción aceptó la competencia planteada por este juzgado, registrándolo con el número 545/2021, de su índice; y con la segunda misiva, informa que admitió la demanda de amparo que promovió Norma Acosta Pérez. En ese contexto, al no existir diligencia pendiente por practicar archívese el presente asunto como totalmente concluido, y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En términos del artículo Vigésimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a su destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del numeral citado, al ser un expediente auxiliar (cuaderno de antecedentes), previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Segundo del acuerdo normativo. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    CITATORIO NOTIFICACIÓN CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1047/2021-9, promovido por Norma Acosta Pérez, contra actos de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y otra autoridad. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnada a este órgano jurisdiccional el tres de septiembre del año en curso, Norma Acosta Pérez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO "De la autoridad señalada como ordenadora reclamo la Resolución de fecha TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, dictada en el Toca de Apelación Civil número 168/2021-I, EN SU CONSIDERANDO. IV.- EN EL APARTADO "RESPUESTA A LA INCONFORMIDAD", y de la autoridad señalada como ejecutora reclamo la ejecución de la aludida resolución. AUTORIDADES RESPONSABLES Señalo como autoridad responsable ordenadora a la Primera Sala Civil del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado, y como autoridad ejecutora señalo a la C. Jueza Tercero de lo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en la ciudad de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El seis de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual fue registrada con el expediente 1047/2021-9; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el veintiuno de octubre del año en curso. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LA TERCERO INTERESADA. Mediante constancia de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, fue emplazado a juicio el tercero interesado Dionisio Osorio Bautista. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es incompetente, en razón de grado, para conocer de la demanda de amparo promovida por Norma Acosta Pérez, contra el acto reclamado a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia y Jueza Tercero Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, ambos del Estado de Tabasco, contra el acto consistente en la resolución de treinta de junio de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 168/2021-I, del índice de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la demandada Norma Acosta Pérez en contra del auto de ocho de enero de este año, emitido en el expediente 18/2015, relativo al juicio ordinario civil de divorcio necesario del índice del Juzgado Tercero Familiar de Primera Instancia, de esta ciudad, promovido por Dionisio Osorio Bautista en contra de la citada demandada, y como consecuencia, su ejecución. En efecto, la competencia en materia judicial es la facultad que la ley otorga a un órgano de esa naturaleza para que conozca determinados asuntos, dentro de los límites que la propia norma determina; la competencia se divide en razón de materia, territorio, grado, cuantía y por turno; siendo para el caso que nos ocupa, la competencia en razón del grado la que interesa. La competencia en razón de grado presupone las distintas instancias del proceso y trae aparejada la cuestión relativa a la división jerárquica de los órganos que desempeñan la función jurisdiccional. En materia de amparo, el legislador regula los casos en que el Juez de Distrito puede conocer de un juicio, distinguiéndolos de los que serían objeto de examen por un Tribunal Colegiado de Circuito. Los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, entendiendo por ello, aclara el legislador, que se está frente a alguna de ellas cuando las leyes comunes no contemplan ni prevén ningún recurso ordinario para impugnarlos. Por su parte, el artículo 47 de la Ley de Amparo dispone: Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. La presidenta o el presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará a la quejosa o al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que, en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre juezas o jueces de distrito o tribunales colegiados de apelación. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta, en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley. Numeral que debe interpretarse de manera armónica con lo previsto en el artículo 170 de dicho cuerpo legal, que establece lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo.". De una recta interpretación de los numerales que anteceden, se aprecia que la violación a los derechos fundamentales cometida durante el procedimiento o en sentencia, así como contra resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pueden reclamarse ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda; de igual forma, si ante un Juez Federal se plantea una demanda donde se reclame algún acto que tenga tales actos distintivos, debe declarar su incompetencia y remitir la demanda de amparo a quien deba conocer del litigio. En el caso concreto, la suscrita Juzgadora Federal es incompetente para conocer del presente juicio, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se desprende que la quejosa reclama de las autoridades responsables: La resolución de treinta de junio de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 168/2021-I, del índice de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la demandada Norma Acosta Pérez en contra del auto de ocho de enero de este año, emitido en el expediente 18/2015, relativo al juicio ordinario civil de divorcio necesario del índice del Juzgado Tercero Familiar de Primera Instancia, de esta ciudad, promovido por Dionisio Osorio Bautista, en contra de la citada demandada y como consecuencia, su ejecución. Lo que se corrobora con las compulsas del expediente 18/2015, relativo al juicio ordinario civil de divorcio necesario, promovido por Dionisio Osorio Bautista, en contra de Norma Acosta Pérez, remitida por la responsable al momento de rendir su informe justificado. Constancias de las que se desprende que en resolución de treinta de junio de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 168/2021-I (fojas 646 al 665 del tomo de pruebas deducidos del toca civil 168/2021), del índice de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por Norma Acosta Pérez, en contra del auto de ocho de enero de este año, dictado en el expediente 18/2015, relativo al juicio ordinario civil de divorcio necesario, del índice del Juzgado Tercero Familiar de Primera Instancia de esta ciudad, promovido por Dionisio Osorio Bautista, en contra de la citada Norma Acosta Pérez. En la citada ejecutoria, la Sala responsable, por una parte determinó que fue correcto que la Juez de Primera Instancia privilegiara el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad de las partes, en el decreto que emitió en la resolución apelada respecto de la disolución del vínculo matrimonial entre Dionisio Osorio Bautista y Norma Acosta Pérez, por lo que debía prevalecer el divorcio sin expresión de causa, ya que fue voluntad de uno de ellos de no seguir vinculado con su cónyuge, aún y cuando el primero de ellos, haya solicitado el divorcio necesario conforme a la causal prevista en la fracción IV del artículo 272 del Código Civil del Estado de Tabasco. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2, pues fueron emitidas por autoridades en ejercicio de su encargo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". De lo anterior, se advierte que el acto que combate la parte quejosa, se trata de una resolución que pone fin al juicio a que se refiere la fracción V, del artículo 107 Constitucional, en relación con el 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pues es una sentencia definitiva, y por lo tanto su reclamo debe ser conocido por un órgano jurisdiccional federal de amparo en la vía directa. Ello es así debido a que en el juicio de divorcio sin expresión de causa se resuelven sobre dos pretensiones: el divorcio y las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial; cuando ya no existe controversia sobre el divorcio y sí respecto de las demás cuestiones inherentes, en aquélla se decide sobre esa pretensión principal, es decir, disolver la disolución del vínculo matrimonial, por lo que esta resolución constituye sentencia definitiva, respecto de la cual es procedente el juicio de amparo directo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia con registro 2021695, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 597, Tomo I, de febrero de 2020, Libro 75 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA, AUN SIN RESOLVER LA TOTALIDAD DE LAS CUESTIONES INHERENTES AL MATRIMONIO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COAHUILA Y AGUASCALIENTES).- El juicio de divorcio sin expresión de causa es un proceso en el que se ventilan dos pretensiones, a saber: la disolución del vínculo matrimonial y la regulación de las consecuencias inherentes a ésta. Ahora bien, cuando las leyes locales que lo regulan, admiten la posibilidad de escisión, siempre que se actualicen ciertos supuestos, el proceso iniciado en común puede culminar con más de una sentencia definitiva y no sólo con una en la que se decida la totalidad del litigio. En el caso del juicio en cuestión, la resolución que decreta el divorcio concierne a la controversia principal, por lo que materialmente es una sentencia definitiva, independientemente de las alusiones o denominaciones formales con las que se refiera a ella el legislador, en contra de la cual procede el juicio de amparo directo en conformidad con el artículo 170 de la Ley de Amparo, ante un Tribunal Colegiado de Circuito, y no el juicio de amparo indirecto ante un Juez de Distrito". En ese sentido, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo establece que contra las resoluciones definitivas, es procedente el juicio de amparo directo, de ahí que de tal manera este órgano jurisdiccional resulta incompetente para conocer del acto que la parte quejosa reclama. En ese orden de ideas, al advertir que el acto reclamado es materia de amparo directo, en términos del artículo 47 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia y ordena de inmediato remitir la demanda y sus copias al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, para lo que tenga a bien determinar, solicitándole acuse de recibo correspondiente. Similar criterio, sostuvo el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, en proveído de siete de julio de dos mil veintiuno y veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, dictados en los juicios de amparo 715/2021-VIII y 1096/2021-VI, respectivamente, en el que se declinó competencia al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, al tratarse los actos de una resolución que pone fin al juicio a que se refiere la fracción V, del artículo 107 Constitucional, en relación con el 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pues es una sentencia definitiva. Así como en los criterios siguientes. 1. Juicio de amparo 390/2021, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. 2. Sentencia de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de amparo 868/2020 (expediente auxiliar 53/2021), del índice del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región (número sise 1217000027563202002). 3. Acuerdo de ocho de julio de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de amparo 1025/2021, del índice del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán (número sise 0461000028229418003). Lo anterior, constituye un hecho notorio que se invoca en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia con registro 2017123, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 10, Tomo I, de junio de 2018, Libro 55, cuyo rubro dice: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)". SEGUNDO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Ese Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, carece de competencia para conocer del presente juicio de amparo, promovido por Norma Acosta Pérez, respecto del acto reclamado a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia y Jueza Tercero Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, ambos del Estado de Tabasco, consistente en la resolución de treinta de junio de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 168/2021-I, del índice de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la demandada Norma Acosta Pérez en contra del auto de ocho de enero de este año, emitido en el expediente 18/2015, relativo al juicio ordinario civil de divorcio necesario del índice del Juzgado Tercero Familiar de Primera Instancia, de esta ciudad, promovido por Dionisio Osorio Bautista, y como consecuencia, su ejecución; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando primero de esta resolución. Por lo tanto, al advertir que el acto reclamado es materia de amparo directo, en términos del artículo 47 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia y ordena de inmediato remitir la demanda y sus copias al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, para lo que tenga a bien determinar, solicitándole acuse de recibo correspondiente. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1047/2021-9, promovido por Norma Acosta Pérez, contra actos de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y otra autoridad. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnada a este órgano jurisdiccional el tres de septiembre del año en curso, Norma Acosta Pérez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO "De la autoridad señalada como ordenadora reclamo la Resolución de fecha TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, dictada en el Toca de Apelación Civil número 168/2021-I, EN SU CONSIDERANDO. IV.- EN EL APARTADO "RESPUESTA A LA INCONFORMIDAD", y de la autoridad señalada como ejecutora reclamo la ejecución de la aludida resolución. AUTORIDADES RESPONSABLES Señalo como autoridad responsable ordenadora a la Primera Sala Civil del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado, y como autoridad ejecutora señalo a la C. Jueza Tercero de lo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en la ciudad de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El seis de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual fue registrada con el expediente 1047/2021-9; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el veintiuno de octubre del año en curso. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LA TERCERO INTERESADA. Mediante constancia de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, fue emplazado a juicio el tercero interesado Dionisio Osorio Bautista. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es incompetente, en razón de grado, para conocer de la demanda de amparo promovida por Norma Acosta Pérez, contra el acto reclamado a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia y Jueza Tercero Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, ambos del Estado de Tabasco, contra el acto consistente en la resolución de treinta de junio de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 168/2021-I, del índice de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la demandada Norma Acosta Pérez en contra del auto de ocho de enero de este año, emitido en el expediente 18/2015, relativo al juicio ordinario civil de divorcio necesario del índice del Juzgado Tercero Familiar de Primera Instancia, de esta ciudad, promovido por Dionisio Osorio Bautista en contra de la citada demandada, y como consecuencia, su ejecución. En efecto, la competencia en materia judicial es la facultad que la ley otorga a un órgano de esa naturaleza para que conozca determinados asuntos, dentro de los límites que la propia norma determina; la competencia se divide en razón de materia, territorio, grado, cuantía y por turno; siendo para el caso que nos ocupa, la competencia en razón del grado la que interesa. La competencia en razón de grado presupone las distintas instancias del proceso y trae aparejada la cuestión relativa a la división jerárquica de los órganos que desempeñan la función jurisdiccional. En materia de amparo, el legislador regula los casos en que el Juez de Distrito puede conocer de un juicio, distinguiéndolos de los que serían objeto de examen por un Tribunal Colegiado de Circuito. Los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, entendiendo por ello, aclara el legislador, que se está frente a alguna de ellas cuando las leyes comunes no contemplan ni prevén ningún recurso ordinario para impugnarlos. Por su parte, el artículo 47 de la Ley de Amparo dispone: Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. La presidenta o el presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará a la quejosa o al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que, en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre juezas o jueces de distrito o tribunales colegiados de apelación. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta, en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley. Numeral que debe interpretarse de manera armónica con lo previsto en el artículo 170 de dicho cuerpo legal, que establece lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo.". De una recta interpretación de los numerales que anteceden, se aprecia que la violación a los derechos fundamentales cometida durante el procedimiento o en sentencia, así como contra resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pueden reclamarse ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda; de igual forma, si ante un Juez Federal se plantea una demanda donde se reclame algún acto que tenga tales actos distintivos, debe declarar su incompetencia y remitir la demanda de amparo a quien deba conocer del litigio. En el caso concreto, la suscrita Juzgadora Federal es incompetente para conocer del presente juicio, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se desprende que la quejosa reclama de las autoridades responsables: La resolución de treinta de junio de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 168/2021-I, del índice de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la demandada Norma Acosta Pérez en contra del auto de ocho de enero de este año, emitido en el expediente 18/2015, relativo al juicio ordinario civil de divorcio necesario del índice del Juzgado Tercero Familiar de Primera Instancia, de esta ciudad, promovido por Dionisio Osorio Bautista, en contra de la citada demandada y como consecuencia, su ejecución. Lo que se corrobora con las compulsas del expediente 18/2015, relativo al juicio ordinario civil de divorcio necesario, promovido por Dionisio Osorio Bautista, en contra de Norma Acosta Pérez, remitida por la responsable al momento de rendir su informe justificado. Constancias de las que se desprende que en resolución de treinta de junio de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 168/2021-I (fojas 646 al 665 del tomo de pruebas deducidos del toca civil 168/2021), del índice de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por Norma Acosta Pérez, en contra del auto de ocho de enero de este año, dictado en el expediente 18/2015, relativo al juicio ordinario civil de divorcio necesario, del índice del Juzgado Tercero Familiar de Primera Instancia de esta ciudad, promovido por Dionisio Osorio Bautista, en contra de la citada Norma Acosta Pérez. En la citada ejecutoria, la Sala responsable, por una parte determinó que fue correcto que la Juez de Primera Instancia privilegiara el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad de las partes, en el decreto que emitió en la resolución apelada respecto de la disolución del vínculo matrimonial entre Dionisio Osorio Bautista y Norma Acosta Pérez, por lo que debía prevalecer el divorcio sin expresión de causa, ya que fue voluntad de uno de ellos de no seguir vinculado con su cónyuge, aún y cuando el primero de ellos, haya solicitado el divorcio necesario conforme a la causal prevista en la fracción IV del artículo 272 del Código Civil del Estado de Tabasco. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2, pues fueron emitidas por autoridades en ejercicio de su encargo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". De lo anterior, se advierte que el acto que combate la parte quejosa, se trata de una resolución que pone fin al juicio a que se refiere la fracción V, del artículo 107 Constitucional, en relación con el 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pues es una sentencia definitiva, y por lo tanto su reclamo debe ser conocido por un órgano jurisdiccional federal de amparo en la vía directa. Ello es así debido a que en el juicio de divorcio sin expresión de causa se resuelven sobre dos pretensiones: el divorcio y las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial; cuando ya no existe controversia sobre el divorcio y sí respecto de las demás cuestiones inherentes, en aquélla se decide sobre esa pretensión principal, es decir, disolver la disolución del vínculo matrimonial, por lo que esta resolución constituye sentencia definitiva, respecto de la cual es procedente el juicio de amparo directo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia con registro 2021695, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 597, Tomo I, de febrero de 2020, Libro 75 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA, AUN SIN RESOLVER LA TOTALIDAD DE LAS CUESTIONES INHERENTES AL MATRIMONIO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COAHUILA Y AGUASCALIENTES).- El juicio de divorcio sin expresión de causa es un proceso en el que se ventilan dos pretensiones, a saber: la disolución del vínculo matrimonial y la regulación de las consecuencias inherentes a ésta. Ahora bien, cuando las leyes locales que lo regulan, admiten la posibilidad de escisión, siempre que se actualicen ciertos supuestos, el proceso iniciado en común puede culminar con más de una sentencia definitiva y no sólo con una en la que se decida la totalidad del litigio. En el caso del juicio en cuestión, la resolución que decreta el divorcio concierne a la controversia principal, por lo que materialmente es una sentencia definitiva, independientemente de las alusiones o denominaciones formales con las que se refiera a ella el legislador, en contra de la cual procede el juicio de amparo directo en conformidad con el artículo 170 de la Ley de Amparo, ante un Tribunal Colegiado de Circuito, y no el juicio de amparo indirecto ante un Juez de Distrito". En ese sentido, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo establece que contra las resoluciones definitivas, es procedente el juicio de amparo directo, de ahí que de tal manera este órgano jurisdiccional resulta incompetente para conocer del acto que la parte quejosa reclama. En ese orden de ideas, al advertir que el acto reclamado es materia de amparo directo, en términos del artículo 47 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia y ordena de inmediato remitir la demanda y sus copias al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, para lo que tenga a bien determinar, solicitándole acuse de recibo correspondiente. Similar criterio, sostuvo el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, en proveído de siete de julio de dos mil veintiuno y veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, dictados en los juicios de amparo 715/2021-VIII y 1096/2021-VI, respectivamente, en el que se declinó competencia al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, al tratarse los actos de una resolución que pone fin al juicio a que se refiere la fracción V, del artículo 107 Constitucional, en relación con el 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pues es una sentencia definitiva. Así como en los criterios siguientes. 1. Juicio de amparo 390/2021, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. 2. Sentencia de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de amparo 868/2020 (expediente auxiliar 53/2021), del índice del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región (número sise 1217000027563202002). 3. Acuerdo de ocho de julio de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de amparo 1025/2021, del índice del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán (número sise 0461000028229418003). Lo anterior, constituye un hecho notorio que se invoca en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia con registro 2017123, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 10, Tomo I, de junio de 2018, Libro 55, cuyo rubro dice: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)". SEGUNDO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Ese Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, carece de competencia para conocer del presente juicio de amparo, promovido por Norma Acosta Pérez, respecto del acto reclamado a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia y Jueza Tercero Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, ambos del Estado de Tabasco, consistente en la resolución de treinta de junio de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 168/2021-I, del índice de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la demandada Norma Acosta Pérez en contra del auto de ocho de enero de este año, emitido en el expediente 18/2015, relativo al juicio ordinario civil de divorcio necesario del índice del Juzgado Tercero Familiar de Primera Instancia, de esta ciudad, promovido por Dionisio Osorio Bautista, y como consecuencia, su ejecución; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando primero de esta resolución. Por lo tanto, al advertir que el acto reclamado es materia de amparo directo, en términos del artículo 47 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia y ordena de inmediato remitir la demanda y sus copias al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, para lo que tenga a bien determinar, solicitándole acuse de recibo correspondiente. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos: agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Jueza Tercero Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, consistentes en copia certificada del expediente 18/2015 y sus acumulados 245/2018 y 1363/2014, relativo al juicio de divorcio necesario, copia certificada del expediente 1363/2014, relativo al juicio especial de alimentos, copia certificada del expediente 245/2018, relativo al juicio especial de alimentos y copia certificada del incidente de suspensión y retención de pensión alimenticia, deducido del expediente 245/2018, de las que se harán relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional. En virtud de lo voluminoso de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, para facilitar el manejo del presente juicio, fórmense los tomos II, III, IV y V de pruebas por cuerda separada de este asunto. En otro orden de ideas, por proveído de seis de septiembre de dos mil veintiuno, se reservó acordar sobre la prueba que ofreció la parte quejosa, consistente en todas y cada una de las actuaciones que integren el expediente 18/2015, y en virtud de lo decretado en el párrafo que antecede, se acuerda: con fundamento en el precepto citado con antelación, se tiene por admitida la aludida prueba, de la que se hará relación al celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Notifíquese y cúmplase.

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