Nora Paola Arzate Beltrán
Expediente 775/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 775/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 11/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Nora Paola Arzate Beltrán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Estado de autos. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida ley, se declara que dicha determinación ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que resulte necesario realizar el cómputo para la promoción del recurso de revisión respectivo contra la sentencia definitiva de las autoridades responsables y morales terceras interesadas, en virtud del sentido de la sentencia, en la que se sobreseyó en el juicio. Por otro lado, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó el amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo establece el capítulo DÉCIMO TERCERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron los primeros, ni la segunda debido a que no se dio apertura al incidente de suspensión respectivo. Integración. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo IV-775/2020; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en el buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y recibido ese día en este juzgado, Nora Paola Arzate Beltrán solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán y actuario de su Adscripción, los cuales consisten en lo siguiente: La omisión de tramitar el juicio laboral J.VI-604/2019, en los plazos y términos establecidos en la ley, en forma concreta: De la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán. El señalamiento de una fecha remota para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del juicio laboral J.VI-604/2019. Del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán. La omisión de notificar a las partes el señalamiento de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del contradictorio referido. Los que considera violatorios de los derechos humanos consagrados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, la que se ordenó registrar con el número 775/2020, y mediante acuerdo de veinticinco de noviembre del año próximo anterior, previa prevención desahogada, se admitió a trámite la demanda de amparo, se pidió informe con justificación a las autoridades responsables, se dio la intervención legal correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien formuló pedimento, emitiéndose las restantes providencias del caso. Por su parte, en proveído de doce de enero pasado, se ordenó la reanudación de plazos en el presente juicio, lo que se notificó a las partes reconocidas en este juicio, como se observa de las constancias respectivas; por ende, una vez concluidos los trámites de ley, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los ordinales 103 y 107, fracciones I, VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once); 36 de la Ley de Amparo; 48, 55, fracción IV, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, porque la omisión que se reclama en esta vía, se atribuye a un tribunal laboral que reside dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción de esta potestad federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo al análisis de la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, y con base en la integridad de la demanda, a fin de determinar con exactitud la intención del promovente y de que éste no vea obstaculizado el acceso a la justicia, así como de esta forma armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, atendiendo a lo dispuesto por la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la 255, tomo XIX, abril de 2004, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En este sentido de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias relativas remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el acto reclamado por esta vía constitucional, consiste en: La omisión de tramitar el juicio laboral J.VI-604/2019, en los plazos y términos establecidos en la ley, en forma concreta: De la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán. El señalamiento de una fecha remota para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del juicio laboral J.VI-604/2019. Del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán. La omisión de notificar a las partes el señalamiento de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del contradictorio referido. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir el informe justificado el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán y Actuario de su adscripción, ambos con residencia en esta ciudad, manifestaron que no eran ciertos los actos que se les reclaman, argumentando que en proveído dictado el uno de diciembre de dos mil veinte, la autoridad responsable aclaró que la fecha correcta de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones lo era a las siete horas del diez de diciembre de dos mil veinte, asimismo, ordenó notificar dicha determinación a las partes en los domicilios que tienen señalados en autos para tal efecto, y para acreditar lo anterior, exhibió algunas copias certificadas del juicio laboral en comento. Por tal motivo, de oficio y con la finalidad de mejor proveer, este órgano de control constitucional, requirió a las responsables para efectos de que remitieran la totalidad de las constancias que obraban en el juicio laboral subyacente a partir del auto de uno de diciembre pasado, la cuales fueron recibidas el catorce de diciembre de dos mil veinte. Ahora, para analizar la postura de las responsables, se tomarán en consideración las documentales exhibidas cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. En esas condiciones, este juzgado federal considera que las probanzas exhibidas por las responsables desvirtúan la negativa expuesta en su informe, puesto que el proveído y actuaciones en las que se apoyan para negar los actos, contrario a su postura, es el que acredita la existencia misma del reclamo que se formula en este juicio. Se explica. El peticionario de amparo se duele del señalamiento de una fecha remota para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del juicio laboral J.VI-604/2019, así como la omisión de notificar a las partes dicha data. Por su parte, las documentales que remite la responsable ponen en evidencia que la responsable, el uno de octubre de dos mil veinte, señaló hora y día para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, a saber, diez horas del veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, posteriormente, en auto de uno de diciembre pasado, la Junta responsable, precisó que la fecha correcta para desahogar la audiencia referida, eran las siete horas del diez de diciembre de dos mil veinte, asimismo, ordenó notificar dicha circunstancia a las partes e, incluso, celebró la audiencia multicitada en la fecha referida -diez de diciembre de dos mil veinte-, en la cual comparecieron las partes, dichas documentales fueron exhibidas mediante oficio presentado en la oficialía de partes de este juzgado el dieciocho de diciembre pasado. Esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio, que lo fue el diecisiete de diciembre de dos mil veinte. En otras palabras, a la data de presentación de la demanda de amparo, la responsable aún no había precisado la fecha correcta, ni había notificado a las partes dicha corrección. Luego, es evidente que las constancias de referencia resultan aptas para desvirtuar la negativa de las responsables. CUARTO. Improcedencia. Establecida la existencia de la omisión reclamada, como se precisó en el considerando que precede, se impone analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia en el juicio de amparo por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En tal virtud, de oficio, resulta pertinente analizar la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que se advierte de las constancias que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitió como justificación al informe. Precepto legal que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" Ahora, a efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar el alcance, para lo cual conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica de la quejosa y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto u omisión de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis que se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En sentido negativo, esto es, cuando se reclaman omisiones, la cesación se presenta cuando la autoridad abandona la contumacia y actúa en el sentido que exige el orden jurídico. Ahora, como se obtiene del escrito que dio origen a este controvertido constitucional la parte quejosa reclama, en esencia, el señalamiento de una fecha remota para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del juicio laboral J.VI-604/2019, así como la omisión de notificar a las partes dicha data. En ese sentido, de las constancias remitidas por las responsables, se desprende que en el juicio laboral J.VI-604/2019, mediante auto de uno de diciembre de dos mil veinte y audiencia de diez de diciembre del año próximo pasado, se determinó, entre otros, lo siguiente: Se precisó y aclaró que la fecha correcta para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, era las siete horas del diez de diciembre de dos mil veinte, asimismo, ordenó notificar dicha circunstancia a las partes; y, Celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en la cual, comparecieron las partes del juicio laboral subyacente e, incluso la Junta responsable determinó carecer de competencia para conocer del juicio laboral referido. Ahora, el contenido del proveído de uno de diciembre de dos mil veinte, emitido por la junta responsable en el expediente laboral de referencia, pone de manifiesto que se actualiza la referida causal de improcedencia invocada; ello es así, porque con dicho acuerdo la responsable subsanó aquello cuya emisión constituye el acto reclamado en este juicio, es decir, que con esa determinación la responsable señaló una fecha cercana para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, la cual celebró el diez de diciembre de dos mil veinte. El proveído aludido es del tenor siguiente: Por tanto, si en el proveído de uno de diciembre de dos mil veinte, posterior a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este expediente, la responsable subsanó la determinación que se consideró atentatoria de los derechos humanos del peticionario de amparo, es evidente que se surte la hipótesis de improcedencia en estudio, precisamente porque aun cuando los actos reclamados existían a la data de presentación de la demanda amparo; lo cierto, es que durante la secuela del juicio constitucional, tales actos cesaron en sus efectos, con motivo de la emisión del proveído en comento y con la celebración de la audiencia respectiva, dado que en el primero se emite las determinación pretendida por el ahora quejoso, dejando de existir el agravio aducido por la parte quejosa. Sin que pase inadvertido para quien resuelve, el hecho de que no se cuente con las constancias de notificación a las partes del auto de uno de diciembre de dos mil veinte, empero, debe decirse que las mismas resultan innecesarias para tener la certeza de que dichas partes fueron notificadas de la hora y fecha para la celebración de la audiencia de ley, ello debido a que las partes comparecieron a dicha audiencia e hicieron valer lo que consideraron pertinente. Así, se reitera, este juzgado federal considera que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues la finalidad del amparo sería obligar a la autoridad responsable a que obrara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, pues la propia autoridad responsable, en el proveído de uno de diciembre de dos mil veinte, aclaró la hora y día para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones del juicio laboral de origen, y ordenó la notificación de las partes, notificación que se corroboró con la comparecencia de estas en la celebración de dicha audiencia el diez de diciembre pasado. Tiene aplicación la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de los actos atribuidos a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán y Actuario de su adscripción, procede sobreseer en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Atento al sentido del presente fallo, no se entra al estudio del fondo de los conceptos de violación, en virtud de la actualización de la causa de improcedencia estudiada, razón por la que nada obliga a efectuar el análisis del fondo del asunto, circunstancia que deriva de una elemental lógica, pues ante ella se ha presentado una razón de mayor trascendencia, como lo es una causa de improcedencia, que resulta preferente para su estudio y, al ser fundada, operó como una razón excluyente de todas aquéllas restantes que lo llevarían a efectuar el estudio de la litis planteada; es decir, una vez encontrado el impedimento procesal para conocer de determinado negocio, ilógico resultaría analizar su fondo; por ello, se disipa que no se trata de un pretexto para no entrar al estudio de las cuestiones de fondo, tampoco se traduce en una negación de justicia. Respalda el criterio anterior la jurisprudencia 509 de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75, 77 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Nora Paola Arzate Beltrán, respecto del acto atribuido a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán y Actuario de su adscripción, conforme al considerando cuarto de esta resolución.
- Principal
Alegato ministerial. Visto el pedimento 36/2021, de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, agréguese a los autos para que obre como corresponda y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha su manifestación que en vía de alegatos realiza, sin perjuicio de tomarla en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Integración. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
Certificación secretarial de cuenta. Vista la certificación que antecede, de la que se observa que se suspendieron las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno, en términos de lo dispuesto por la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", sin que el presente asunto pueda considerarse urgente pues en el presente juicio de derechos humanos se reclama el señalamiento de una fecha remota para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del juicio laboral J.VI-604/2019, y la omisión de notificar a las partes el señalamiento de dicha audiencia, por ende, es inconcuso que el acto reclamado no se encuentra contemplado dentro del catálogo de asuntos considerados "urgentes" por el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los cuales se encuentran contenidos en su artículo 4. Por tanto, en esta data se reanudan los plazos en el presente juicio, para los efectos legales pertinentes. Por otro lado, según se asienta en la certificación de cuenta, la audiencia constitucional se encontraba señalada para las trece horas con veinte minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veinte; sin que se haya podido llevar a cabo su celebración, con motivo de la suspensión de labores en comento. Promoción de cuenta. Por otro lado, agréguense a los autos únicamente para que obren como constancias, el comunicado con anexos que remite el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual atención a los oficios 15483 y 15484 pretende cumplir con el proveído de cuatro de diciembre pasado inserto en dichas misivas; sin que se haga mayor pronunciamiento al respecto toda vez que en proveído de catorce de diciembre pasado se recibieron dichas documentales acordando lo propio en el referido auto. Señalamiento de audiencia constitucional. En esas condiciones, se señalan las quince horas con veinte minutos del veintidós de febrero dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Sin perjuicio de lo anterior, se conmina a las partes a tomen en consideración la posibilidad de tramitación electrónica del presente juicio, como se ha indicado en acuerdos precedentes. Conviene mencionar que es un hecho notorio que algunas dependencias del Estado de Michoacán y la Federación no se encuentran laborando con regularidad debido a la emergencia sanitaria que vive el país actualmente derivada del virus COVID-19, por ello; se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de un comunicado por dicha circunstancia, lo reserve en la actuaría de este juzgado y realice su entrega una vez que reanude labores la autoridad a la que se haya dirigido Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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