Nora Pacheco Barriga
Expediente 1054/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1054/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 20/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Nora Pacheco Barriga
- Secretario de Seguridad Pública del Estado, con residencia en Morelia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Auto causa estado. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que tuvo por no presentada la demanda promovida por *********, en favor de **********. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, el diverso numeral 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser depurable, pues no obstante que se tuvo por no presentada la demanda, se concedió la suspensión de plano y carece de relevancia documental. Destino del expediente. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el capítulo octavo del Acuerdo General citado.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, de los que se advierte, que mediante escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ******************************* presentó demanda de amparo en favor de Nora Pacheco Barriga, en la que reclamó incomunicación y tratos crueles que implican peligro de privación de la vida y tortura, al referir lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO.- De todas las ordenadoras, se reclama las ordenes escritas o verbales que emitieron para catear el domicilio ubicado en la calle Lucio Blanco número 59, de la colonia Niños Héroes de esta ciudad, con violación de domicilio y sin orden de autoridad competente. Así mismo se le reclama las órdenes que emitieron para que por conducto de sus elementos se le infrinjan a la quejosa sufrimiento físico, moral y psicológico. De todas las autoridades responsables ejecutoras se reclama la ejecución que la pretendan dar a las órdenes emitidas por las autoridades responsables ordenadora" (sic). Mediante auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, este juzgado federal se avocó al conocimiento de la demanda decretó la suspensión de plano, requirió a las autoridades señaladas como responsables para que informaran sobre el cumplimiento de dicha medida cautelar y comisionó al actuario de la adscripción para que se constituyera en la calle Lucio Blanco número 59 de la Colonia Niños Héroes, en esta ciudad, lugar en el que, a decir del promovente del amparo, se estaban cometiendo los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Localización por parte del Actuario. En ese tenor, en cumplimiento al proveído de diecinueve de septiembre del mencionado año, el Actuario adscrito a este juzgado, se constituyó en busca de la dirección antes mencionada en la que, el promovente de amparo adujo estaba la agraviada, sin que haya podido localizarla toda vez que no pudo encontrar el inmueble citado. Por lo que, posteriormente, a fin de dar con el paradero de la quejosa directa en el presente juicio, el diecinueve y veinte de septiembre de dos mil diecinueve, se dirigió a diferentes oficinas, dependencias e instalaciones, a saber: Área de separos de la Secretaría de Seguridad Pública conocida como "Barandilla"; Área de resguardo de la Fiscalía Regional de Morelia; Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia en el Estado; Departamento jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán; Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez"; Centro de Alto impacto Número Uno; Fiscalía General de la República, Delegación Estatal Michoacán; XXI Zona Militar; Hospital Psiquiátrico Dr. José Torres Orozco; Hospital General Regional No. 1 "IMSS"; Hospital Regional de Alta Especialidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado; Cruz Roja Mexicana, Delegación Morelia; Hospital General Dr. Miguel Silva; y, Coordinación Estatal de la Policía Federal Preventiva. Sin que se obtuviera dato que permitieran localizar a la agraviada ***************. Resultado de los informes requeridos a las responsables. Por su parte, las autoridades que fueron señaladas como responsables por el promovente en la demanda inicial informaron sobre el cumplimiento de la suspensión de plano dictada sin que aceptaran la existencia de los actos reclamados o, bien, manifestaran tener a su disposición a la quejosa directa, ni tampoco se obtuvieron datos que permitieran localizarla. De igual forma, en proveído de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo por inexistentes a las autoridades que el promovente de amparo señaló como Comandante de los Elementos de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán y Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Morelia, Michoacán. Requerimiento al promovente de amparo. En auto de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, después de una búsqueda en el portal de internet con relación al nombre de ***************** (promovente del amparo en favor de la quejosa directa), se obtuvo que funge como abogado en diversos procedimientos llevados a cabo en la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, por lo que se solicitó a ésta informara a este juzgado el domicilio que había designado el aludido profesionista, a fin de contar con más datos sobre el paradero de la agraviada directa y, en respuesta a dicha solicitud, mediante oficio electrónico recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veinte de septiembre del referido año fue aportado el domicilio requerido, en virtud de lo anterior, se comisionó al Actuario adscrito para que notificara tal requerimiento a la amparista. Sin embargo, luego de constituirse en el diverso domicilio y al no encontrarse presente el citado Zepeda Ruiz le dejó citatorio judicial, se procedió a notificar dicho proveído por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado y en una página electrónica, sin que haya aportado más información sobre la paradero de la directamente quejosa, por lo que se reiteró dicho acuerdo mediante auto de siete de octubre siguiente; posteriormente, se comisionó nuevamente al actuario adscrito para que acudiera al mismo inmueble y, después de haberlo encontrado presente, éste manifestó que desde hace tiempo no conoce el paradero de la agraviada y que desconoce dónde puede ser localizada. Requerimiento al Departamento de Nomenclatura y Epigrafía. En virtud de todo lo anterior, y a fin de obtener mayor información sobre la localización del inmueble señalado por el promovente de amparo, mediante acuerdo de once de octubre de dos mil diecinueve, se requirió al Titular o Encargado del Departamento de Nomenclatura y Epigrafía del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, para que, informara si dentro de los archivos y expedientes de dicha dirección obraba algún registro del domicilio ubicado en el número cincuenta y nueve de la calle Lucio Blanco del Fraccionamiento Niños Héroes y la Colonia Niños Héroes, a lo que informó que en dicha dependencia no hay registro alguno de tal inmueble. Resultados de la investigación procesal. Consecuentemente, en vista de los resultados obtenidos anteriormente, a fin de dar cabal cumplimiento con el artículo 15 párrafo segundo de la Ley de Amparo, el cual dispone la obligación al órgano jurisdiccional de dictar todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado cuando se aduzca la existencia de actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, se ordenó la investigación de domicilio en el que pudiera haber sido localizada la agraviada Nora Pacheco Barriga, obteniendo resultado negativo. Suspensión del procedimiento. Posteriormente, pese a todas las medidas tomadas por esta potestad federal, no se ha logrado la comparecencia o localización de la directamente quejosa *********** a fin de que manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida en su favor por ************ en auto de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, con fundamento en lo que establece el quinto párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, se ordenó suspender por el término de un año el procedimiento en el presente juicio de garantías. No obstante lo anterior, el dieciséis de agosto de dos mil veintidós se requirió por última ocasión al promovente para que proporcionara mayor información sobre el paradero de aquélla. Ahora, en razón actuarial de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se hizo constar que ***************** informó no saber del paradero de la quejosa directa, tampoco contar con su número telefónico, ni con datos de sus familiares, esto es, nombres, direcciones, números telefónicos o diversa forma para contactarlos. En virtud de lo anterior, y toda vez que no nos encontramos en el supuesto a que se refiere el artículo 15, último párrafo, de la Ley de Amparo, es decir, no se trata de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, pues como se advierte de los párrafos que anteceden no fue posible la localización de la multicitada directa Nora Pacheco Barriga, tampoco se obtuvo algún dato que permitiera su localización o la de alguno de sus familiares. Además, tampoco se configuran los requisitos para estimar acreditada la comisión de dicho ilícito en agravio de la peticionaria directa, pues no se demostró, ni aún en forma presuntiva: Que la quejosa directa se encuentre privada de la libertad; La intervención directa en dicho acto por agentes estatales o con la aquiescencia de éstos; La negativa de reconocer la detención; y, La negativa de revelar la suerte o paradero de la persona interesada. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada I.1o.P.162 P (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página 4527, de rubro y texto siguientes: "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Y CONCURRENTES PARA CONSIDERARLA UNA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS, Y QUE DEBEN ESTUDIARSE CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO, SIN ESCINDIRLOS. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los párrafos 139 y 140 de la sentencia de 23 de noviembre de 2009 del Caso Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos -al que se acude por reunir los requisitos de su aplicabilidad conforme a la jurisprudencia P./J. 21/2014 (10a.)-, interpretó diversa normativa en materia de desaparición forzada, entre otros, los artículos II y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la cual el Estado Mexicano es Parte desde el 9 de abril de 2002, el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1987-1988, Capítulo V.II., así como diversas definiciones contenidas en instrumentos internacionales -entre otros, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, del Informe del Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada o Involuntaria de Personas y el artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas- y determinó que los elementos que deben concurrir para actualizar dicha violación de derechos humanos caracterizada por ser pluriofensiva y continuada o permanente, son: 1) la privación de la libertad; 2) la intervención directa en dicho acto por agentes estatales o con la aquiescencia de éstos; 3) la negativa de reconocer la detención; y, 4) la negativa de revelar la suerte o paradero de la persona interesada. Por tanto, cuando se reclama ese acto en el juicio de amparo, deben estudiarse la concurrencia de dichos elementos, sin escindirlos, pues sólo de este modo el análisis legal de la desaparición forzada es consecuente con la compleja violación a derechos humanos que ésta conlleva, con su carácter continuado o permanente y con la necesidad de considerar el contexto en que ocurrieron los hechos, a fin de analizar sus efectos prolongados en el tiempo y enfocar integralmente sus consecuencias; estimar lo contrario, no permitiría respetar el derecho a la reparación integral del daño y a conocer la verdad de las víctimas, lo que equivaldría a inobservar la obligación de reparar las violaciones de derechos humanos, lo que es jurídicamente inadmisible, acorde con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Por tanto, al no actualizarse tales condiciones, porque de la demanda de amparo no se advierte el planteamiento de que la quejosa directa se encuentre privada de la libertad, ni se recabó algún dato que evidencie ese supuesto, tampoco que ese hecho -no concreto- sea auspiciado o permitido por el Estado, y mucho menos, que lo hayan negado las autoridades correspondientes, por lo que, se reitera, no se está en la hipótesis prevista en el último párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo. Por no presentada demanda. En consecuencia, vista la certificación que antecede, el estado que guardan los autos y lo expuesto y motivado en este auto, de los que se obtiene que ya transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 15, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, para que quejosa directa Nora Pacheco Barriga ratificara la demanda de amparo promovida en su favor por ***** en términos de lo dispuesto en el numeral en cita se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Katia Orozco Alfaro, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la secretaria Elva Janette Herrejón Chávez que autoriza y da fe.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO: Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, de los que se advierte, que mediante escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ******************************* presentó demanda de amparo en favor de Nora Pacheco Barriga, en la que reclamó incomunicación y tratos crueles que implican peligro de privación de la vida y tortura, al referir lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO.- De todas las ordenadoras, se reclama las ordenes escritas o verbales que emitieron para catear el domicilio ubicado en la calle Lucio Blanco número 59, de la colonia Niños Héroes de esta ciudad, con violación de domicilio y sin orden de autoridad competente. Así mismo se le reclama las órdenes que emitieron para que por conducto de sus elementos se le infrinjan a la quejosa sufrimiento físico, moral y psicológico. De todas las autoridades responsables ejecutoras se reclama la ejecución que la pretendan dar a las órdenes emitidas por las autoridades responsables ordenadora" (sic). Mediante auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, este juzgado federal se avocó al conocimiento de la demanda decretó la suspensión de plano, requirió a las autoridades señaladas como responsables para que informaran sobre el cumplimiento de dicha medida cautelar y comisionó al actuario de la adscripción para que se constituyera en la calle Lucio Blanco número 59 de la Colonia Niños Héroes, en esta ciudad, lugar en el que, a decir del promovente del amparo, se estaban cometiendo los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Localización por parte del Actuario. En ese tenor, en cumplimiento al proveído de diecinueve de septiembre del mencionado año, el Actuario adscrito a este juzgado, se constituyó en busca de la dirección antes mencionada en la que, el promovente de amparo adujo estaba la agraviada, sin que haya podido localizarla toda vez que no pudo encontrar el inmueble citado. Por lo que, posteriormente, a fin de dar con el paradero de la quejosa directa en el presente juicio, el diecinueve y veinte de septiembre de dos mil diecinueve, se dirigió a diferentes oficinas, dependencias e instalaciones, a saber: Área de separos de la Secretaría de Seguridad Pública conocida como "Barandilla"; Área de resguardo de la Fiscalía Regional de Morelia; Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia en el Estado; Departamento jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán; Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez"; Centro de Alto impacto Número Uno; Fiscalía General de la República, Delegación Estatal Michoacán; XXI Zona Militar; Hospital Psiquiátrico Dr. José Torres Orozco; Hospital General Regional No. 1 "IMSS"; Hospital Regional de Alta Especialidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado; Cruz Roja Mexicana, Delegación Morelia; Hospital General Dr. Miguel Silva; y, Coordinación Estatal de la Policía Federal Preventiva. Sin que se obtuviera dato que permitieran localizar a la agraviada ***************. Resultado de los informes requeridos a las responsables. Por su parte, las autoridades que fueron señaladas como responsables por el promovente en la demanda inicial informaron sobre el cumplimiento de la suspensión de plano dictada sin que aceptaran la existencia de los actos reclamados o, bien, manifestaran tener a su disposición a la quejosa directa, ni tampoco se obtuvieron datos que permitieran localizarla. De igual forma, en proveído de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo por inexistentes a las autoridades que el promovente de amparo señaló como Comandante de los Elementos de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán y Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Morelia, Michoacán. Requerimiento al promovente de amparo. En auto de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, después de una búsqueda en el portal de internet con relación al nombre de ***************** (promovente del amparo en favor de la quejosa directa), se obtuvo que funge como abogado en diversos procedimientos llevados a cabo en la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, por lo que se solicitó a ésta informara a este juzgado el domicilio que había designado el aludido profesionista, a fin de contar con más datos sobre el paradero de la agraviada directa y, en respuesta a dicha solicitud, mediante oficio electrónico recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veinte de septiembre del referido año fue aportado el domicilio requerido, en virtud de lo anterior, se comisionó al Actuario adscrito para que notificara tal requerimiento a la amparista. Sin embargo, luego de constituirse en el diverso domicilio y al no encontrarse presente el citado Zepeda Ruiz le dejó citatorio judicial, se procedió a notificar dicho proveído por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado y en una página electrónica, sin que haya aportado más información sobre la paradero de la directamente quejosa, por lo que se reiteró dicho acuerdo mediante auto de siete de octubre siguiente; posteriormente, se comisionó nuevamente al actuario adscrito para que acudiera al mismo inmueble y, después de haberlo encontrado presente, éste manifestó que desde hace tiempo no conoce el paradero de la agraviada y que desconoce dónde puede ser localizada. Requerimiento al Departamento de Nomenclatura y Epigrafía. En virtud de todo lo anterior, y a fin de obtener mayor información sobre la localización del inmueble señalado por el promovente de amparo, mediante acuerdo de once de octubre de dos mil diecinueve, se requirió al Titular o Encargado del Departamento de Nomenclatura y Epigrafía del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, para que, informara si dentro de los archivos y expedientes de dicha dirección obraba algún registro del domicilio ubicado en el número cincuenta y nueve de la calle Lucio Blanco del Fraccionamiento Niños Héroes y la Colonia Niños Héroes, a lo que informó que en dicha dependencia no hay registro alguno de tal inmueble. Resultados de la investigación procesal. Consecuentemente, en vista de los resultados obtenidos anteriormente, a fin de dar cabal cumplimiento con el artículo 15 párrafo segundo de la Ley de Amparo, el cual dispone la obligación al órgano jurisdiccional de dictar todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado cuando se aduzca la existencia de actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, se ordenó la investigación de domicilio en el que pudiera haber sido localizada la agraviada Nora Pacheco Barriga, obteniendo resultado negativo. Suspensión del procedimiento. Posteriormente, pese a todas las medidas tomadas por esta potestad federal, no se ha logrado la comparecencia o localización de la directamente quejosa *********** a fin de que manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida en su favor por ************ en auto de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, con fundamento en lo que establece el quinto párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, se ordenó suspender por el término de un año el procedimiento en el presente juicio de garantías. No obstante lo anterior, el dieciséis de agosto de dos mil veintidós se requirió por última ocasión al promovente para que proporcionara mayor información sobre el paradero de aquélla. Ahora, en razón actuarial de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se hizo constar que ***************** informó no saber del paradero de la quejosa directa, tampoco contar con su número telefónico, ni con datos de sus familiares, esto es, nombres, direcciones, números telefónicos o diversa forma para contactarlos. En virtud de lo anterior, y toda vez que no nos encontramos en el supuesto a que se refiere el artículo 15, último párrafo, de la Ley de Amparo, es decir, no se trata de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, pues como se advierte de los párrafos que anteceden no fue posible la localización de la multicitada directa Nora Pacheco Barriga, tampoco se obtuvo algún dato que permitiera su localización o la de alguno de sus familiares. Además, tampoco se configuran los requisitos para estimar acreditada la comisión de dicho ilícito en agravio de la peticionaria directa, pues no se demostró, ni aún en forma presuntiva: Que la quejosa directa se encuentre privada de la libertad; La intervención directa en dicho acto por agentes estatales o con la aquiescencia de éstos; La negativa de reconocer la detención; y, La negativa de revelar la suerte o paradero de la persona interesada. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada I.1o.P.162 P (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página 4527, de rubro y texto siguientes: "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Y CONCURRENTES PARA CONSIDERARLA UNA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS, Y QUE DEBEN ESTUDIARSE CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO, SIN ESCINDIRLOS. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los párrafos 139 y 140 de la sentencia de 23 de noviembre de 2009 del Caso Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos -al que se acude por reunir los requisitos de su aplicabilidad conforme a la jurisprudencia P./J. 21/2014 (10a.)-, interpretó diversa normativa en materia de desaparición forzada, entre otros, los artículos II y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la cual el Estado Mexicano es Parte desde el 9 de abril de 2002, el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1987-1988, Capítulo V.II., así como diversas definiciones contenidas en instrumentos internacionales -entre otros, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, del Informe del Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada o Involuntaria de Personas y el artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas- y determinó que los elementos que deben concurrir para actualizar dicha violación de derechos humanos caracterizada por ser pluriofensiva y continuada o permanente, son: 1) la privación de la libertad; 2) la intervención directa en dicho acto por agentes estatales o con la aquiescencia de éstos; 3) la negativa de reconocer la detención; y, 4) la negativa de revelar la suerte o paradero de la persona interesada. Por tanto, cuando se reclama ese acto en el juicio de amparo, deben estudiarse la concurrencia de dichos elementos, sin escindirlos, pues sólo de este modo el análisis legal de la desaparición forzada es consecuente con la compleja violación a derechos humanos que ésta conlleva, con su carácter continuado o permanente y con la necesidad de considerar el contexto en que ocurrieron los hechos, a fin de analizar sus efectos prolongados en el tiempo y enfocar integralmente sus consecuencias; estimar lo contrario, no permitiría respetar el derecho a la reparación integral del daño y a conocer la verdad de las víctimas, lo que equivaldría a inobservar la obligación de reparar las violaciones de derechos humanos, lo que es jurídicamente inadmisible, acorde con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Por tanto, al no actualizarse tales condiciones, porque de la demanda de amparo no se advierte el planteamiento de que la quejosa directa se encuentre privada de la libertad, ni se recabó algún dato que evidencie ese supuesto, tampoco que ese hecho -no concreto- sea auspiciado o permitido por el Estado, y mucho menos, que lo hayan negado las autoridades correspondientes, por lo que, se reitera, no se está en la hipótesis prevista en el último párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo. Por no presentada demanda. En consecuencia, vista la certificación que antecede, el estado que guardan los autos y lo expuesto y motivado en este auto, de los que se obtiene que ya transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 15, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, para que quejosa directa Nora Pacheco Barriga ratificara la demanda de amparo promovida en su favor por ***** en términos de lo dispuesto en el numeral en cita se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Katia Orozco Alfaro, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la secretaria Elva Janette Herrejón Chávez que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado en el artículo 15, párrafo quinto de la Ley de Amparo, sin que Nora Pacheco Barriga o alguna otra persona haya comparecido en su nombre al presente juicio, así mismo que las autoridades que fueron señaladas como responsables negaron el acto reclamado. Así pues, que anteriormente se requirió al promovente Agustín Zepeda Ruíz, a fin de que manifestara si contaba con información sobre el paradero de la quejosa directa o su número telefónico, sin que a esa fecha contara con algún dato. Por tanto, se requiere a Agustín Zepeda Ruíz, a fin de que por última ocasión informe si tiene alguna información de la quejosa directa Nora Pacheco Barriga o bien, proporcione direcciones y números telefónicos de sus familiares. 1.1 Se ordena notificar. En esas condiciones, se instruye al actuario judicial que corresponda a fin de que se constituya en calle Aldama, número 44 cuarenta y cuatro, de la colonia centro, en Morelia, Michoacán y requiera al promovente Agustín Zepeda Ruíz, a fin de que: a) Manifieste si a la fecha cuenta con información sobre la ubicación de Nora Pacheco Barriga, así como algún medio de contacto virtud del cual pueda ser localizada. b) Proporcione los datos de familiares de la quejosa directa, esto es, nombres, direcciones, números telefónicos o diversa forma para contactarlos. Lo anterior, para estar en aptitud de acordar lo conducente.
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