Nora Margarita Velázquez Gutierrez
Expediente 1120/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1120/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/10/2018
Partes del expediente
- Nora Margarita Velázquez Gutierrez
Actuaciones
- Principal
- V I S T A la certificación secretarial de cuenta, de la que se desprende . . . se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO . . . . ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO . . .
- Principal
- Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por . . . se tiene por interpuesto el recurso de mérito . . .
- Principal
Vista la demanda de garantías promovida por Nora Margarita Velázquez Gutiérrez, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro; luego, fórmese cuaderno respectivo y, regístrese en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito con el número 1120/2018-III, que es el que le corresponde. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: " El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Al respecto, con la finalidad de dar certeza jurídica al presente proveído, conviene precisar que los actos que la parte quejosa reclama, consisten esencialmente en: 1.- LA AUSENCIA DE RESPUESTA DE DIVERSAS PETICIONES, EFECTUADAS DENTRO DEL EXPEDIENTE 1405/2017, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA EN SANTIAGO DE QUERÉTARO. En cumplimiento a lo anterior, después de analizar la presente demanda de garantías, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie respecto del citado acto reclamado, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causal prevista en el artículo en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, la cual establece que el juicio de garantías es improcedente, contra actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. En efecto, para acreditar la causa de improcedencia que se analiza, conviene transcribir el artículo 61 de la Ley de Amparo, que en su fracción XIV establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)" En ese sentido, la causa de improcedencia aludida es lo que comúnmente se denomina litispendencia, y para que se actualice se requiere la existencia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de dictar sentencia. Su finalidad es evitar la emisión de resoluciones contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez. Por tanto, para que se verifique la causa de improcedencia invocada es necesario que exista identidad en los amparos respecto de: quejoso, acto reclamado y autoridades responsables. Ahora, cabe precisar que resulta un hecho notorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su ordinal 2º, que el inconforme promovió diverso juicio de amparo contra las mismas autoridades y acto reclamado, registrado bajo el número 761/2018-III, del índice de este órgano jurisdiccional, en el cual, se celebró la audiencia constitucional a las once horas con tres minutos del tres de septiembre de dos mil dieciocho; por lo que hasta esta fecha, se encuentra pendiente de dictar la sentencia correspondiente. Al caso se invoca la Tesis: 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, (Junio de 2007), Página 285, novena época, que dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista". Para acreditar lo anterior, se transcribe el texto de los capítulos relativos a las autoridades responsables y acto reclamado, que en el juicio 761/2018-III señaló la quejosa, como se advierte de la demanda que dio origen al mismo. "III.- Autoridad Responsable: JUEZ SEGUNDO CIVIL DE SANTIAGO DE QUERÉTARO. IV.- Actos reclamados: La Resolución DEL RECURSO DE Revocación de fecha 20 de junio de 2018, mismo que fue presentado en fecha 21 de mayo de 2018. En seguida, en el escrito de demanda que dio origen al juicio en que se actúa, el inconforme señala: "III.- Autoridad Responsable: JUEZ SEGUNDO CIVIL DE SANTIAGO DE QUERÉTARO. IV.- Actos reclamados: LA AUSENCIA DE RESPUESTA DE DIVERSAS PETICIONES, EFECTUADAS DENTRO DEL EXPEDIENTE 1405/2017, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA EN SANTIAGO DE QUERÉTARO. Entre las que destaca: ". XII.- En la resolución de fecha 20 de junio de 2018, del RECURSO DE RECOVACIÓN, la Autoridad responsable negó el recurso presentado" XIII.- En base a la negativa indicada, en fecha 24 de junio de 2018, la suscrita interpuse Demanda de Amparo, misma que recayó en el JUZGADO CUARTO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, con número de expediente 761/2018, mismo que a la fecha se ha celebrado la Audiencia pero no se ha publicado Sentencia. .." En ese contexto, de las transcripciones anteriores se colige existe identidad de autoridades responsables y actos reclamados, pues el escrito de demanda de cuenta, así como el que dio origen al juicio 761/2018-II, de la estadística de este juzgado, fueron presentados entre otros, por el mismo quejoso, contra idénticas autoridades y por los mismos actos reprochados, pues en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio, pues de lo que se duele es de la resolución de fecha veinte de junio de dos mil dieciocho, la cual tiene impacto sobre diversas resoluciones que fueron emitidas con anterioridad por la responsable. En apoyo a lo anterior, se precisa que el juicio 761/2018-III, se encuentra con la audiencia celebrada, ello en virtud de que a las once horas con tres minutos del tres de septiembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la misma; demanda de amparo que fue promovida por Nora Margarita Velázquez Gutiérrez. Al caso resulta aplicable la jurisprudencia P./J 24/2014 (10a.), de la Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, (Abril de 2014), Tomo I, página 265, que indica. "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten". Así como por analogía, la tesis VII.P. 83 K, de la Octava Época, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV (Enero de 1995), página 260, de rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio". Por tanto, al haberse examinado el escrito de demanda y al haberse encontrado un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, esta Juzgadora advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, pues la demanda de amparo se promovió contra actos que ya son materia de otro juicio de amparo, contra las mismas autoridades. De igual forma, es aplicable la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, visible en la página 235, tomo XI-Junio, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Por consiguiente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se Desecha de Plano la demanda de garantías que promueve Nora Margarita Velázquez Gutiérrez, ante lo notoriamente improcedente. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia II.1o.C.T.11 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo II, Diciembre de 1995, Materia Común, página: 509, de texto y rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso." Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación en forma supletoria a la Ley de Amparo referida por disposición de su artículo 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica; y como autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ricardo Daniel Camacho Caballero, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas restantes hasta en tanto cuente con cedula debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo se tiene como domicilio procesal el señalado en su escrito de amparo. Por otro lado, con sustento en el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para practicar cualquier notificación o emplazamiento que surjan en el presente asunto, con el fin de no entorpecer el trámite del presente juicio. Por otra parte, de conformidad con el artículo 93 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, y toda vez que la promovente de amparo proporciona nombre de usuario FIREL (noravelgu), por tanto, como lo solicita, se autoriza la consulta electrónica del presente expediente. Hágase del conocimiento lo asentado en el párrafo que antecede al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, con fundamente en el artículo 26 fracción IV de la Ley de Amparo vigente en relación con los artículos 79, 80, 81 y 82 del consabido Acuerdo General Conjunto 1/2015, este Juzgado autoriza que las notificaciones de las resoluciones judiciales que deriven del presente juicio, se le practiquen de manera electrónica únicamente a la parte quejosa, por así solicitarlo expresamente. En consecuencia, con apoyo en la fracción II del artículo 30 de la Ley de la Materia, dígase a la parte quejosa que está obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días, y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de dicho ordenamiento legal, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la hubiere enviado; bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo señalado, se tendrá por hecha la notificación correspondiente y surtirá sus efectos, debiendo asentar el actuario la razón correspondiente. Asimismo, cabe decir que, una vez que el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación produzca la constancia de la consulta realizada por la parte quejosa, con el aviso de la hora en que se recupere la determinación judicial correspondiente, contenida en el archivo electrónico, por una parte, el actuario la digitalizará para el expediente electrónico y, por otra, hará una impresión que agregará al expediente impreso como constancia de notificación. En la inteligencia de que, las notificaciones a las demás partes del presente juicio se practicarán de acuerdo al artículo 26 fracciones II y IV de la Ley de Amparo, según sea el caso; asimismo, esta Juzgadora de estimarlo conveniente, podrá ordenar que las notificaciones a la parte quejosa se hagan por conducto del actuario, quien además, hará constar lo conducente. Se instruye a los Actuarios de la adscripción para que tomen conocimiento de lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, de conformidad con el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil cuatro, hágase saber a las partes en este juicio, que están en aptitud de oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando este órgano jurisdiccional determine si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta si la información correspondiente es considerada o no como reservada en términos de lo previsto en los artículos 13 y 14 de la citada Ley, en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa con oportunidad, conlleva su consentimiento para que la sentencia o determinación respectiva se publique sin supresión de datos. Finalmente de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil quince, así como artículo 3 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente.
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