Nora Margarita Velázquez Gutiérrez
Expediente 655/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 655/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/06/2018
Partes del expediente
- Nora Margarita Velázquez Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
- V I S T A la certificación secretarial de cuenta, de la que se desprende . . . se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO . . . archívese el presente asunto como concluido . . .
- Principal
- Visto el escrito de cuenta remitido en línea por la promovente de amparo Nora Margarita Velázquez Gutiérrez, mediante el cual, cumple con el requerimiento formulado en fecha once de junio de dos mil dieciocho, por el cual se le requirió informara cual era el acto reclamado a la autoridad responsable; por lo que con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo se admite la demanda de amparo, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. Ahora bien, de la intelección integral de la demanda de amparo, se extrae el siguiente acto reclamado: - La resolución de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, misma que surtió efectos en fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, resolución en la que la autoridad responsable levanta la suspensión, dictada dentro del expediente número 1405/2017 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. Ahora bien, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En términos del numeral invocado con antelación, la demanda de amparo que presentó el justiciable, contra del acto anteriormente precisado, es improcedente. Lo anterior es así, porque en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." En efecto, en la fracción antes citada, se consagra el principio de definitividad que rige el juicio de amparo respecto de actos emitidos por tribunales judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo; conforme a la cual, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de actos definitivos, ya que en caso contrario, el acto reclamado carece de definitividad y por consiguiente, no es reclamable en amparo. La reproducción que antecede pone de manifiesto que para estar en condiciones de instar con eficacia el juicio de amparo es necesario que el acto de autoridad reclamado tenga el carácter de definitivo, esto es, que sea la última y final determinación ordinaria que provenga de la autoridad de la que emana el acto que agravia al particular; lo anterior, en razón de que el juicio de amparo tiene como fundamento esencial su carácter de medio de defensa extraordinario, esto es, que ante la autoridad de control constitucional sólo se deben analizar aquellos actos respecto de los que ya no hay posibilidad jurídica procesal de que puedan cambiar, en otras palabras, que el acto materia de la violación de derechos fundamentales sea el pronunciamiento y decisión final de la autoridad responsable. Para satisfacer lo anterior, el gobernado tiene -como carga procesal- la obligación de agotar todos los mecanismos de impugnación y defensa ordinarios que al efecto estén a su disposición por mandato del marco normativo que regule el acto que afecte su esfera jurídica; la obligación referida es lo que se conoce como la satisfacción del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo.. . . . . Pues bien, en el caso, atendiendo a los antecedentes del acto reclamado, se agotan los elementos necesarios para justificar la causa de improcedencia en este caso invocada, sin que en el caso concurra alguna de las hipótesis de excepción mencionadas. En efecto, en la especie, el acto reclamado consiste en: "La resolución de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, misma que surtió efectos en fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, resolución en la que la autoridad responsable levanta la suspensión, dictada dentro del expediente número 1405/2017 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro", que de acuerdo con lo narrado en el apartado de antecedentes, se advierte que la aquí promovente informa que interpuso Recurso de Revocación en contra de la citada resolución, manifestando que al día de la presentación de la demanda no se le había dado tramite correspondiente, sin embargo tal situación no corresponde al acto reclamado, tal y como lo preciso la quejosa en la contestación a la prevención que le fue formulada en auto de fecha once de junio de dos mil dieciocho, de ahí que la subsistencia del acto reclamado en el presente juicio, esta subjudice al recurso de revocación promovido por la promovente en contra del mismo, siendo operante la causal citada, ello en virtud de que a la presentación de la demanda de amparo no había sido admitido dicho recurso de revocación por el juez responsable. Se obtiene que la promovente de amparo, promovió recurso de revocación ante el juzgado que señala responsable, para ejercer su defensa; lo anterior, a efecto de cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, sin que a la presentación de la demanda hubiera sido admitido el mismo, así que se tiene que, en contra} del acto reclamado en este juicio procede el recurso de revocación, previsto en el titulo decimotercero, capitulo primero, articulo 721 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro que a la letra dice: "Artículo 721.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez que los dicta o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." Del análisis del precepto transcrito con anterioridad, se arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado fue emitido por el Juez Segundo de Primera Instancia Civil en el Estado de Querétaro, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos antes relacionados. El segundo de los requisitos también se presenta en el caso a estudio, si se toma en consideración el contenido del artículo 721 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Queretaro, del cual se advierte la procedencia de un medio de impugnación ya que pudo hacer valer en el procedimiento que nos ocupa, el recurso de revocación. En este orden de ideas, si el código en cita señala expresamente en alguna de sus disposiciones la procedencia del recurso de revocación en contra de los autos que no son apelables, tal como en la especie acontece, ya que en contra del acto reclamado el Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Querétaro, no señala que proceda recurso de apelación, por tanto, resulta inconcuso la procedencia de un medio de defensa por virtud del cual puede ser modificada, revocada o nulificada la citada resolución; esto es, el recurso de revocación previsto en el citado artículo 721. En otro aspecto, en los párrafos segundo y tercero de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se establece que no existe la carga procesal de agotar los recursos o medios de defensa si el acto reclamado: a) carece de fundamentación, b) cuando solamente se aleguen violaciones directas a la Constitución o c) cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia; sin embargo, en el caso se no se actualizan dichas excepciones.. . . . . Luego, es evidente que el demandante de amparo al ser parte procesal en dicho procedimiento, se encuentra en aptitud de comparecer a juicio y ejercer el medio de defensa que la ley que rige el acto reclamado le otorga para la salvaguarda de sus derechos (recurso de revocación), en aras de obtener la revocación del acto reclamado, ya que con ello se evitaría el abuso del juicio de amparo mediante la previa tramitación de aquéllos medios de impugnación que tiendan a modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En esa medida, de conformidad con la citada fracción XVIII del citado numeral 61 de la Ley que rige el juicio constitucional, al no haberse interpuesto por el quejoso, el medio de defensa legal en lo que atañe al acto reclamado es indudable que en la especie se surte la causal de improcedencia citada. Por lo tanto, al quedar demostrado que en el supuesto analizado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 113, de la propia ley, lo procedente es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida por Nora Margarita Velázquez Gutiérrez, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia Civil en el Estado de Querétaro. Al respecto, conviene citar el criterio jurisprudencial I.13o.A. J/6, aprobado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XX, septiembre de mil cuatro, página 1631, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". . . .
- Principal
- Atento al escrito de cuenta, se tiene a la promovente de amparo Nora Margarita Velazquez Guitierrez, dando cumplimiento a la prevención formulada en auto de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho y al efecto expone en la parte que interesa: "TERCERO. Este Juzgado en su prevención, indica textualmente lo siguiente: 1) -Bajo protesta de decir verdad, informe si se admitió a trámite, el recurso de revocación, presentado en fecha veintiuno de abril de dos mil dieciocho, en contra del auto de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. 2) En caso afirmativo, informe si el mismo ya se resolvió. Se expone tal aserto, toda vez que de la lectura de su demanda, no se advierte ni menciona si se admitió a trámite dicho recurso, siendo este un requisito esencial que debe contener toda demanda de garantías, ello con fundamento en el artículo 108 fracción V, de la Ley de Amparo vigente, además, que dicha precisión resulta necesaria para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo que promueve, por lo que al desahogar dicha prevención deberá satisfacer los requisitos previstos en el citado numeral 108 de la ley de la materia. Lo cual NO ES CIERTO. En el escrito de demanda, en la foja 6, en el SEGUNDO AGRAVIO, se indicó textualmente lo siguiente: SEGUNDO. Causa agravio a la suscrita la ausencia de trámite y respuesta de los diversos Recursos presentados. Confirmando BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que el día de hoy, la Autoridad Responsable NO HA DADO NI RESPUESTA NI TRAMITE A NINGUNO DE LOS DIVERSOS RECURSOS PRESENTADOS, solamente indicó que la suscrita había presentado Recurso de Apelación, que la Autoridad Responsable denegó y que la suscrita había presentado Recurso de Denegada Apelación, sin que tenga constancia de más trámite. ." Por lo tanto, a esta Juzgadora no le queda claro cual es el acto reclamado, ya que en el escrito de demanda en el apartado citado como IV ACTOS CLAMADOS., la promovente preciso lo siguiente: "La resolución de la Autoridad Responsable, de fecha 17 de mayo de 2018, misma que surtió efectos en fecha 21 de mayo de 2018. Reclamación que es explicada con detalle en la exposición afectuada en el contexto del presente escrito y que constituye violación a los derechos Constitucionales de la suscrita." Es decir, no existe precisión del acto reclamado, lo cual es una obligación de la promovente el señalarlo de forma clara, de tal manera que no quede duda y así el juzgado que conozca de su demanda esté en condiciones de proveer lo conducente. Por lo tanto, se requiere a la promovente Nora Margarita Velázquez Gutiérrez, para que precise si su acto reclamado es: - La resolución de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, misma que surtió efectos en fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente número 1405/2017, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. - La omisión de la responsable de dar trámite al recurso de revocación que refiere interpuso en contra del auto de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, dentro del expediente número 1405/2017, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. - La omisión de dar trámite a diversos recursos que refiere promovió ante la responsable, debiendo precisar en el apartado de actos reclamados cada uno de ellos, así como sus fechas de interposición y las fechas en que tuvo conocimiento de la omisión de su trámite. Asimismo, se hace del conocimiento del promovente, que el artículo 261 de la Ley de Amparo prevé pena de prisión y multa al quejoso, su abogado autorizado, o ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en su demanda afirma hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado. Lo anterior, atendiendo a que la redacción del escrito de demanda es confuso y ello puede inducir al error al momento de precisarse el acto reclamado, lo cual incide en la suspensión que solicita la promovente de amparo quien tiene la obligación de ser precisa al establecer cuál es el acto que reclama; de conformidad con la fracción IV, del artículo 108 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que a la fecha, no han transcurrido los cinco días que se le concedió en el proveído de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho; por lo que, cuenta con el plazo de cinco días hábiles, los cuales empezaran a correr a partir del día siguiente hábil al que surta efectos la notificación que se le realice del presente proveído. De conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, sustenta lo anterior la tesis de Jurisprudencia número 39/2012, febrero de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, misma que refiere: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento con lo solicitado en el presente acuerdo se procederá en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de garantías. . . .
- Principal
Atento al escrito de cuenta, se tiene a la promovente de amparo Nora Margarita Velazquez Guitierrez, dando cumplimiento a la prevención formulada en auto de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho y al efecto expone en la parte que interesa: "TERCERO. Este Juzgado en su prevención, indica textualmente lo siguiente: 1) -Bajo protesta de decir verdad, informe si se admitió a trámite, el recurso de revocación, presentado en fecha veintiuno de abril de dos mil dieciocho, en contra del auto de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. 2) En caso afirmativo, informe si el mismo ya se resolvió. Se expone tal aserto, toda vez que de la lectura de su demanda, no se advierte ni menciona si se admitió a trámite dicho recurso, siendo este un requisito esencial que debe contener toda demanda de garantías, ello con fundamento en el artículo 108 fracción V, de la Ley de Amparo vigente, además, que dicha precisión resulta necesaria para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo que promueve, por lo que al desahogar dicha prevención deberá satisfacer los requisitos previstos en el citado numeral 108 de la ley de la materia. Lo cual NO ES CIERTO. En el escrito de demanda, en la foja 6, en el SEGUNDO AGRAVIO, se indicó textualmente lo siguiente: SEGUNDO. Causa agravio a la suscrita la ausencia de trámite y respuesta de los diversos Recursos presentados. Confirmando BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que el día de hoy, la Autoridad Responsable NO HA DADO NI RESPUESTA NI TRAMITE A NINGUNO DE LOS DIVERSOS RECURSOS PRESENTADOS, solamente indicó que la suscrita había presentado Recurso de Apelación, que la Autoridad Responsable denegó y que la suscrita había presentado Recurso de Denegada Apelación, sin que tenga constancia de más trámite. ." Por lo tanto, a esta Juzgadora no le queda claro cual es el acto reclamado, ya que en el escrito de demanda en el apartado citado como IV ACTOS CLAMADOS., la promovente preciso lo siguiente: "La resolución de la Autoridad Responsable, de fecha 17 de mayo de 2018, misma que surtió efectos en fecha 21 de mayo de 2018. Reclamación que es explicada con detalle en la exposición afectuada en el contexto del presente escrito y que constituye violación a los derechos Constitucionales de la suscrita." Es decir, no existe precisión del acto reclamado, lo cual es una obligación de la promovente el señalarlo de forma clara, de tal manera que no quede duda y así el juzgado que conozca de su demanda esté en condiciones de proveer lo conducente. Por lo tanto, se requiere a la promovente Nora Margarita Velázquez Gutiérrez, para que precise si su acto reclamado es: - La resolución de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, misma que surtió efectos en fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente número 1405/2017, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. - La omisión de la responsable de dar trámite al recurso de revocación que refiere interpuso en contra del auto de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, dentro del expediente número 1405/2017, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. - La omisión de dar trámite a diversos recursos que refiere promovió ante la responsable, debiendo precisar en el apartado de actos reclamados cada uno de ellos, así como sus fechas de interposición y las fechas en que tuvo conocimiento de la omisión de su trámite. Asimismo, se hace del conocimiento del promovente, que el artículo 261 de la Ley de Amparo prevé pena de prisión y multa al quejoso, su abogado autorizado, o ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en su demanda afirma hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado. Lo anterior, atendiendo a que la redacción del escrito de demanda es confuso y ello puede inducir al error al momento de precisarse el acto reclamado, lo cual incide en la suspensión que solicita la promovente de amparo quien tiene la obligación de ser precisa al establecer cuál es el acto que reclama; de conformidad con la fracción IV, del artículo 108 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que a la fecha, no han transcurrido los cinco días que se le concedió en el proveído de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho; por lo que, cuenta con el plazo de cinco días hábiles, los cuales empezaran a correr a partir del día siguiente hábil al que surta efectos la notificación que se le realice del presente proveído. De conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, sustenta lo anterior la tesis de Jurisprudencia número 39/2012, febrero de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, misma que refiere: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento con lo solicitado en el presente acuerdo se procederá en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de garantías. . . .
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