Nora Hilda Santiago Guzmán

Expediente 1149/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1149/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Nora Hilda Santiago Guzmán

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que la agraviada Nora Hilda Santiago Guzmán, no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el dieciocho de octubre del año en curso, en el cual se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diez de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del mismo año, este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. De igual manera, como lo disponen los artículos 22 y 34 del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente asunto deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el artículo 20 antes citado. Finalmente, cabe precisar que el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General antes aludido, establece que en el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días naturales a recuperar los documentos originales que en su caso hubieren exhibido en el expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado éstos serán destruidos; sin embargo, toda vez que en el juicio en que se actúa no existen documentos originales presentados por la parte agraviada, es innecesaria dicha notificación personal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Vista, la demanda de amparo promovida por Nora Hilda Santiago Guzmán, contra actos del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas y otras autoridades: regístrese en el libro de gobierno con el número 1149/2023-I. DESECHAMIENTO Se procede a analizar la demanda de garantías de cuenta y, enseguida, es pertinente citar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado, por los motivos que enseguida se exponen: La quejosa, señala como acto reclamado, la resolución de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, emitida por Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en la cual, en sus puntos resolutivos, se estableció lo siguiente: ".PRIMERO.- Ha resultado INFUNDADO el recurso de inconformidad interpuesto por la C. NORA HILDA SANTIAGO GUZMÁN, en contra del acto precisado en el resultando primero de este fallo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO.- Se CONFIRMA el DICTAMEN DE INCAPACIDAD PERMANENTE O DEFUNCIÓN POR RIESGO DE TRABAJO ST-3 CON FOLIO 32919050232423002 FECHA EL 19 DE MAYO DE 2023, EMITIDO POR LA SALUD EN EL TRABAJO DEL UMF No. 79 DEL IMSS CON RESIDENCIA EN MATAMOROS, TAMAULIPAS, de conformidad a lo expuesto y fundado en la presente resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCERO.- Notifíquese la presente resolución PERSONALMENTE A LOS CC.IVÁN ERNESTO ALAMILLO OCEGUEDA Y JESÚS JOSÉ PAYÁN SALDAÑA AUTORIZADOS POR LA INCONFORME LA C. NORA HILDA SANTIAGO GUZMÁN, en el domicilio ubicado en CALLE GOBERNACIÓN Y HACIENDA NÚMERO 341 DE LA COLONIA FOVISSSTE EN LA CIUDAD MATAMOROS, TAMAULIPAS, así mismo a la Subdelegación MATAMOROS para que por su conducto notifique la presente al inconforme.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTA. Se le hace del conocimiento al inconforme que en caso de no estar de acuerdo con la presente resolución dictada por el H. Consejo Consultivo Delegacional, deberá ajustarse a lo enunciado en el 295 de la Ley del Seguro Social." En la especie, este Juzgador Federal advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5°, fracción II, de dicha legislación, aplicado en sentido contrario, porque las responsables carecen del carácter de autoridad para efecto de este juicio. Con el propósito de poner en claro tal conclusión, conviene acotar que hasta antes de la vigencia de la actual Ley de Amparo, en nuestro sistema jurídico mexicano se siguió la idea de que para la procedencia del juicio de amparo, era no indispensable sino en realidad inexcusable la presencia de un acto derivado del poder público como tal, precisamente, porque el juicio de amparo, desde su génesis, fue concebido como un medio de control constitucional de los actos de esa clase de poder, que, desde luego, se inicia y prosigue siempre a instancia de los gobernados con el propósito de verificar su apego a nuestra carta magna. Desde luego, la existencia de este requisito limitaba a los particulares la posibilidad de acudir al juicio de amparo, atento a que condicionaba su procedencia legal a que el acto emanara, justamente, de un acto de autoridad con las características propias de un ente dotado de poder público, lo que de suyo permitía que muchos de esos actos escaparan del examen constitucional del juicio de amparo. Sin embargo, esa limitación fue atenuada con la vigencia de la actual Ley de Amparo, porque la procedencia del juicio de amparo se abrió para abarcar no sólo actos de autoridad como ente dotado de imperio o poder público, sino también actos de particulares, tal como expresamente se advierte en el artículo 5°, fracción II, de ese ordenamiento jurídico. Dicho numeral dice así: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Como es fácil advertir, la incorporación de actos realizados por particulares al espectro de procedencia del juicio de amparo, tuvo como propósito abrir nuevas posibilidades de impugnación de actos a través de la vía constitucional. Empero, aunque la intención del legislador es palpable al respecto, que, se insiste, no es otra más que abrir un abanico más amplio de impugnación de actos por medio del juicio de amparo, lo cierto es que la procedencia de este juicio respecto de actos de particulares no es irrestricta o ilimitada, sino que, por disposición expresa del propio legislador, quedó condicionada al supuesto en que esos actos de particular, por su naturaleza o efectos, resulten equivalentes a los de una autoridad o ente del poder público. Esto no significa otra cosa más que aun cuando el legislador abrió la posibilidad legal de introducir los actos de particulares a la procedencia del propio juicio de amparo, no se olvidó de la génesis de este juicio, que no es sino un medio de control constitucional de actos derivados de entes cuyo ejercicio es irrenunciable, por ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad, tan es así que en la última porción normativa del artículo 5°, fracción II, de la ley de la materia, el legislador estableció que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos que se equiparen a los de autoridad y las funciones estén determinadas en una norma general. Con esto queda claro que el concepto de autoridad para el efecto de la procedencia del juicio de amparo, debe concebirse, por general, por exclusión de los actos de particulares, salvo que esos actos, por su naturaleza y efectos, sean equivalentes a los de una autoridad, lo cual es jurídicamente razonable si se toma en cuenta que la naturaleza, antecedentes y la evolución del juicio de amparo, apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad, de ahí que resulte necesario establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es dable atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace acerca de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con tal teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en el propio plano, o sea, en igualdad, motivo por el cual para resolver sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas, o bien, contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, con lo cual, desde luego, hay una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior al de los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, las cuales, por cierto, se regulan por el derecho público, que también prevé los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por el actuar de los órganos del Estado, entre los que figura, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, se destaca el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la carta magna prevé una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar de gobernante, porque el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los propios tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, o sea, por encima de los particulares, las cuales se regulan también por el derecho público que contempla mecanismos de solución política y jurisdiccional, entre los que se destacan las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, previstas en las fracciones I y II del artículo 105 constitucional. Importa destacar que para definir el concepto de autoridad responsable hay que distinguir las relaciones jurídicas, para lo cual se debe examinar si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que, desde luego, tiene como condición que el propio promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página mil ochenta y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de dos mil once, que es del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Por tanto, para distinguir a una autoridad de un particular, para efectos del juicio de amparo, destacan las notas siguientes: a) La existencia de un ente, ya sea de hecho o de derecho, que establece una relación de supra a subordinación con el propio particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Con motivo de tal relación, el ente emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) El ente no requiera, para la emisión de esos actos, acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Sobre el particular, es de invocarse la tesis de jurisprudencia cuatrocientos setenta y nueve, sustentada por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, visible en la página quinientos veinte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Cuarta Sección, que dice así: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Desde luego, es importante acotar que para estar en aptitud de atribuir el carácter de autoridad, para efectos de un juicio de amparo, a algún ente de hecho o de derecho, es indispensable la concurrencia de todos y cada uno de los supuestos de que se trata. En el caso, se considera que no se surte la hipótesis legal precisada en el inciso a), pues la relación que hay entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la ahora quejosa no es de supra a subordinación, sino más bien de coordinación, o sea, en un plano de igualdad. Para advertirlo así, conviene tener presente el criterio jurídico establecido por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, en cuanto al carácter con el que actúa el Instituto Mexicano del Seguro Social frente a los particulares. Tal criterio se encuentra contenido en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo: II, página 557, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO RESUELVE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA INSTANCIA DE QUEJA ADMINISTRATIVA, EN LA QUE SE RECLAMÓ EL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EXTRAINSTITUCIONALES. Conforme a los artículos 251, fracción XXXIV, de la Ley del Seguro Social, 1, 2, 3, 6, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 y 29 del Reglamento del Recurso de Inconformidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por sí o a través de sus órganos competentes, está facultado para conocer y resolver el recurso de inconformidad establecido en el artículo 294 de la Ley citada, cuyo trámite, disposiciones aplicables, ante quien se interpone, plazo para ello y pruebas que pueden ofrecerse, están previstos en las indicadas disposiciones, en las que se precisa que aquel recurso culminará con la emisión de una resolución no sujeta a regla especial alguna, pero que deberá ocuparse de todos los motivos de impugnación hechos valer por el inconforme, decidir sobre las pretensiones deducidas, analizar las pruebas recabadas, expresar los fundamentos jurídicos en que se apoyen los puntos decisorios y que será ejecutable, características que son propias de los actos de un ente investido de potestad pública cuyo ejercicio es irrenunciable y que, por ende, emite actos administrativos decisorios identificados como actos de autoridad al crear, modificar o extinguir, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del inconforme, dictados de manera unilateral, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales y sin el consenso de la voluntad del afectado, pues éste solamente interpone el recurso y el organismo público descentralizado lo resuelve con plenitud de atribuciones como medio de control interno de la legalidad de sus propios actos. En ese tenor, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social decide el recurso de inconformidad interpuesto contra un acto definitivo mediante el cual niega el reembolso de gastos médicos extrainstitucionales, como lo es la determinación de la instancia de queja administrativa prevista en el artículo 296 de la indicada Ley, regulada por su instructivo respectivo, se origina una relación de naturaleza administrativa de supra a subordinación, en la que el interesado como gobernado se somete al imperio del Instituto, quien ante él adquiere el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, independientemente de que conforme al principio de definitividad, para acudir a aquél, debiera agotarse previamente otro medio de defensa." Asimismo, con apoyo en la Jurisprudencia 543 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo: II, del tenor siguiente: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia." De acuerdo con las tesis de jurisprudencia de que se trata, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconocido un doble carácter, a saber: como organismo fiscal autónomo y como ente asegurador, en sustitución del patrón, lo que no implica otra cosa más que son dos funciones de ese instituto con fines diferentes, ya que una se dirige a los patrones y demás sujetos obligados como una institución fiscal autónoma, que cuenta con el poder de hacer efectivas las obligaciones consignadas en la ley que lo rige y, otra, enfocada hacia los asegurados y sus beneficiarios como institución pública descentralizada, con el propósito de brindar un servicio de seguridad social. En el primer caso, el instituto actúa como organismo fiscal autónomo en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales, supuesto en el cual interviene como autoridad con atributos propios que la ley le concede para realizar los actos de que se trata, esto es, bajo una relación de supra a subordinación. En el segundo supuesto, el propio Instituto opera como ente asegurador en vía de consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y el patrón, o con base en un acto jurídico, mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios, hipótesis en la que actúa en un plano de igualdad con el asegurado y sus beneficiarios, al involucrar el cumplimiento de ese convenio. Por tanto, para efecto de la procedencia del juicio de amparo, por regla general, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene el carácter de autoridad en el supuesto en que actúa como organismo fiscal autónomo, porque en ese caso se está bajo una relación de supra a subordinación, mientras que cuando actúa como ente asegurador carece de tal calidad, pues en dicha hipótesis no está investido de imperio. En este caso, cabe recordar que el impetrante reclamó la resolución de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, emitida por Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en la cual, en sus puntos resolutivos, se estableció lo siguiente: ".PRIMERO.- Ha resultado INFUNDADO el recurso de inconformidad interpuesto por la C. NORA HILDA SANTIAGO GUZMÁN, en contra del acto precisado en el resultando primero de este fallo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO.- Se CONFIRMA el DICTAMEN DE INCAPACIDAD PERMANENTE O DEFUNCIÓN POR RIESGO DE TRABAJO ST-3 CON FOLIO 32919050232423002 FECHA EL 19 DE MAYO DE 2023, EMITIDO POR LA SALUD EN EL TRABAJO DEL UMF No. 79 DEL IMSS CON RESIDENCIA EN MATAMOROS, TAMAULIPAS, de conformidad a lo expuesto y fundado en la presente resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCERO.- Notifíquese la presente resolución PERSONALMENTE A LOS CC.IVÁN ERNESTO ALAMILLO OCEGUEDA Y JESÚS JOSÉ PAYÁN SALDAÑA AUTORIZADOS POR LA INCONFORME LA C. NORA HILDA SANTIAGO GUZMÁN, en el domicilio ubicado en CALLE GOBERNACIÓN Y HACIENDA NÚMERO 341 DE LA COLONIA FOVISSSTE EN LA CIUDAD MATAMOROS, TAMAULIPAS, así mismo a la Subdelegación MATAMOROS para que por su conducto notifique la presente al inconforme.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTA. Se le hace del conocimiento al inconforme que en caso de no estar de acuerdo con la presente resolución dictada por el H. Consejo Consultivo Delegacional, deberá ajustarse a lo enunciado en el 295 de la Ley del Seguro Social." Con lo anterior queda claro que la participación de la responsable involucra la función que como asegurador despliega el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque incide en la situación en la que se halla como derechohabiente o beneficiario ante él, en particular, en torno a obtener una pensión en su favor, lo cual, desde luego, envuelve la función ya destacada, precisamente, porque el Instituto es el organismo descentralizado que en nuestro sistema mexicano cumple con la función relativa a la prestación del servicio público de seguridad social y, en algunos casos, en sustitución de los propios patrones en los deberes de seguridad social que originalmente, en relación con los obreros, corresponden a ellos. Esto resulta lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que el Instituto Mexicano del Seguro Social es organismo fiscal autónomo, cuando desarrolla y procede en actos relacionados con la materia fiscal propiamente dicha, o sea, en lo relativo a la determinación, la liquidación, el pago, la devolución, la exención, la prescripción o el control de los créditos fiscales, o de capitales constitutivos, así como respecto de las sanciones que se impongan con motivo de haberse infringido las leyes tributarias, al menos vinculadas con las cuotas obrero patronales, lo que no ocurre en la especie, por no existir dato o elemento alguno sobre el particular. En lo conducente, cabe invocarse la tesis sustentada por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página tres mil cincuenta y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LIII, que dice así: "MATERIA FISCAL, QUE DEBE ENTENDERSE POR. Por materia fiscal debe entenderse todo lo relativo a impuestos o sanciones aplicadas con motivo de la infracción a las leyes que determinan dichos impuestos.". Si esto es así, es evidente que en el caso se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5°, fracción II, de dicha legislación, aplicado en sentido contrario, porque no estamos en la presencia de un acto de autoridad para efecto de este juicio, ya que la relación existente entre la impetrante y el Instituto Mexicano del Seguro Social no es de supra a subordinación, sino más bien de coordinación, esto es, entablada entre particulares que actúan en un propio plano, o sea, de igualdad, motivo por el cual, desde luego, es improcedente la vía constitucional que nos ocupa. Al respecto, cabe citar la tesis 136 sustentada por el Pleno, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo: II, página: 158, cuyo rubro y texto refieren: "ACTOS DE PARTICULARES. IMPROCEDENCIA. No pueden ser objeto del juicio de garantías, que se ha instituido para combatir los de las autoridades que se estimen violatorios de la Constitución." Asimismo, la diversa Jurisprudencia sustentada por la extinta Cuarta Sala, en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XCIII, página: 1580, del tenor siguiente: "SEGURO SOCIAL, INSTITUTO MEXICANO DEL, CUANDO ACTÚA COMO AUTORIDAD Y CUANDO NO TIENE ESE CARÁCTER. Con anterioridad a la reforma del artículo 135 de la Ley del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social carecería del carácter de autoridad, en todos los casos; pero a partir de dicha reforma, asumió el carácter de organismo fiscal autónomo, y por ende, de autoridad, cuando actúa dentro de los términos de la citada reforma, o sea, cuando hace la determinación de créditos a su favor, por concepto de cuotas, o bien, cuando da las bases para su liquidación y los fija en cantidad líquida; mas cuando el aludido Instituto realiza cualquier otro acto no comprendido en las prevenciones del nuevo texto reformado, carece de carácter de autoridad y actúa como particular, es decir, como cualquier organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, tal como ocurre cuando el acto que se reclama de dicho organismo, en el amparo, consiste en la resolución que confirma la dictada por el Departamento Jurídico del propio Instituto, que niega la aclaración pedida por los interesados, y además se declara que al dejar de ser exigibles una o varias de las pensiones reconocidas a los deudos de un trabajador asegurado, que falleció a consecuencia de un accidente profesional, no se cambiaría el monto de las demás prestaciones; pues el acto reclamado no queda comprendido dentro de la prevenciones del artículo 135, reformado, de la Ley del Seguro Social, por no reclamarse del mencionado organismo, ni de ninguno de sus integrantes, alguna determinación de crédito en favor del propio Instituto, sino la negativa para hacer una aclaración relacionada con un crédito a favor de terceros y a cargo del susodicho Instituto, sin que el precepto invocado, pueda interpretarse en el sentido de que se refiere también a los créditos en favor de terceros. Por tanto, si en el caso, el Instituto del Seguro Social y el presidente de su Consejo Técnico obraron como particulares y no como autoridades, ya que actúan en sustitución del patrón, en los términos del artículo 46 de la misma Ley del Seguro Social, es de concluirse que el juicio de garantías es improcedente en los términos de la fracción XVIII del artículo 73, en relación con los 74, fracción III, y 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, y con la fracción I, del artículo 103, de la Constitución Federal." Aunado a lo anterior, el suscrito Juzgador estima que también se surte la causal de improcedencia del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues la vía idónea no es la constitucional, sino la laboral. Para advertirlo así, es prudente dejar establecido el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en el que se contempla la causal de improcedencia que opera en el caso que nos ocupa. Tal precepto legal es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Con lo anterior se colige que en tal disposición legal, como en algunas otras de la Ley de Amparo, está inmerso el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, conforme con el cual antes de acudir a esta vía es necesario agotar los medios legales de defensa ordinarios, por virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados en el propio juicio de amparo. En efecto, en atención a tal principio hay la obligación jurídica de agotar los recursos ordinarios previstos en las leyes antes de acudir al amparo, lo cual se debe a que la característica esencial y la razón de ser del establecimiento de los recursos ordinarios es su obligatoriedad, es decir, los recursos ordinarios de defensa son una previsión del legislador y, en esa medida, su observancia y sujeción a ellos constituye un deber jurídico de las partes en un juicio, que sólo encuentra excepciones cuando la propia ley o la jurisprudencia así lo determinan. Desde luego, la obligatoriedad de los recursos ordinarios o medios de impugnación es congruente con la observancia del principio de definitividad, el cual si bien admite excepciones, tiene como característica fundamental imponer la obligación jurídica a los impetrantes de promover y sustanciar los medios de defensa ordinarios antes de ir al juicio de amparo, lo que significa que la parte quejosa no puede, a su voluntad, dejar de interponerlos con el propósito velado de soslayar el principio de definitividad. Esto no implica otra cosa más que el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, obliga a considerarlo procedente sólo cuando previamente se agota el recurso previsto por la ley ordinaria, por virtud del cual puede ser revocado, modificado o, en su caso, nulificado el acto reclamado en el juicio de amparo, es decir, antes de acudir al juicio de amparo debe agotarse el medio idóneo de defensa para atacar los actos impugnados en la propia vía constitucional. Lo anterior es lógica y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta la naturaleza extraordinaria que caracteriza al juicio de amparo, que consiste en un procedimiento de jerarquía constitucional tendiente a conservar a los individuos en el disfrute de sus propios derechos fundamentales, y no en un recurso con el contenido que a tal concepto confiere la doctrina procesal, esto es, una instancia o procedimiento utilizado por las partes para impugnar una resolución y, así, obtener su revocación, reforma o modificación. En suma, si la ley prevé un medio ordinario de defensa debe ser promovido atento al principio de definitividad, puesto que la existencia jurídica del medio de impugnación se traduce en una obligación jurídica para las partes en el juicio, cuya carga procesal no puede ser soslayada por la sola voluntad de ellas, dado que implicaría hacer nugatorio tal principio, lo cual resulta inadmisible desde cualquier óptica, pues equivaldría a dejar inocua una de las bases en las que está cimentado el propio juicio. Por lo anterior, en atención al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, no cabe duda que antes de acudir a la vía constitucional los quejosos deben agotar el medio idóneo de defensa para revocar, modificar o nulificar el acto reclamado, pues, de lo contrario, opera la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En el caso, cabe recordar que la parte impetrante reclama en esta vía la resolución de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, emitida por Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en la cual, en sus puntos resolutivos, se estableció lo siguiente: ".PRIMERO.- Ha resultado INFUNDADO el recurso de inconformidad interpuesto por la C. NORA HILDA SANTIAGO GUZMÁN, en contra del acto precisado en el resultando primero de este fallo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO.- Se CONFIRMA el DICTAMEN DE INCAPACIDAD PERMANENTE O DEFUNCIÓN POR RIESGO DE TRABAJO ST-3 CON FOLIO 32919050232423002 FECHA EL 19 DE MAYO DE 2023, EMITIDO POR LA SALUD EN EL TRABAJO DEL UMF No. 79 DEL IMSS CON RESIDENCIA EN MATAMOROS, TAMAULIPAS, de conformidad a lo expuesto y fundado en la presente resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCERO.- Notifíquese la presente resolución PERSONALMENTE A LOS CC.IVÁN ERNESTO ALAMILLO OCEGUEDA Y JESÚS JOSÉ PAYÁN SALDAÑA AUTORIZADOS POR LA INCONFORME LA C. NORA HILDA SANTIAGO GUZMÁN, en el domicilio ubicado en CALLE GOBERNACIÓN Y HACIENDA NÚMERO 341 DE LA COLONIA FOVISSSTE EN LA CIUDAD MATAMOROS, TAMAULIPAS, así mismo a la Subdelegación MATAMOROS para que por su conducto notifique la presente al inconforme.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTA. Se le hace del conocimiento al inconforme que en caso de no estar de acuerdo con la presente resolución dictada por el H. Consejo Consultivo Delegacional, deberá ajustarse a lo enunciado en el 295 de la Ley del Seguro Social." Sin embargo, la propia impetrante perdió de vista lo establecido en el resolutivo cuarto de la resolución aquí reclamada; esto es, como bien lo dijo la autoridad responsable, tal decisión, por su naturaleza, en el mejor de los casos, le causa agravio en materia laboral y, así, la vía idónea para su impugnación legal no es la constitucional, sino más bien la laboral en los términos de los artículos 295 de la Ley del Seguro Social, y 899-A de la Ley Federal del Trabajo. Esos numerales son del tenor siguiente: "Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." "Artículo 899-A. Los conflictos individuales de seguridad social son los que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de aquellas que conforme a la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deban cubrir el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las Administradoras de Fondos para el Retiro, así como las que resulten aplicables en virtud de contratos colectivos de trabajo o contratos-Ley que contengan beneficios en materia de seguridad social.--- La competencia para conocer de estos conflictos, por razón de territorio corresponderá a la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje del lugar en el que se encuentre la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social a la cual se encuentren adscritos los asegurados o sus beneficiarios.--- En caso de que se demanden únicamente prestaciones relacionadas con la devolución de fondos para el retiro y vivienda, corresponderá la competencia a la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la entidad federativa donde se encuentre el último centro de trabajo del derechohabiente." Como es de verse, tales numerales establecen que en los casos en que se susciten conflictos individuales de seguridad social entre los asegurados o sus beneficiarios y el propio Instituto, se tramitarán ante las Juntas Federales. Igualmente, se prevé el procedimiento y requisitos que los promoventes deben satisfacer para un procedimiento especial de ese talante, el cual se caracteriza por tener la amplitud de competencia y conocimiento que corresponde a la jurisdicción ordinaria, en materia de legalidad y probatoria, que no tiene el juicio de amparo en la medida que éste es una instancia subsidiaria de protección de los derechos humanos. Luego, el Instituto, como ente asegurador, es un organismo descentralizado y, al someterse a la jurisdicción laboral actúa en igualdad de condiciones como todo particular y, en esos casos, el juicio de amparo no puede sustituir a la jurisdicción ordinaria en la resolución de conflictos sobre seguridad social. En esas condiciones, es claro que la afectación que resiente la parte quejosa con el acto de que se trata, deriva de actos involucrados justamente con los derechos de seguridad a que tiene derecho, por lo cual, se insiste, estos actos generan a la parte impetrante un agravio en materia laboral. Siendo así, no hay duda que la vía idónea para su impugnación no es la constitucional en sí, sino en todo caso la propia laboral. Al respecto, cabe citar la Jurisprudencia Tesis: 2a./J. 9/2008 sustentada por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, en el Apéndice al Semanario judicial de la Federación, Tomo XXVII, Febrero de 2008, cuyo rubro y texto refieren lo siguiente: "SEGURO SOCIAL. SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS, PROMOVIDOS POR LOS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS CONTRA LOS ACTOS QUE EXTINGAN O MODIFIQUEN LAS PRESTACIONES QUE INTEGRAN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO, LOS ÓRGANOS QUE CONOZCAN DE LA MATERIA LABORAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CXLIII/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 458, con el rubro: "SEGURO SOCIAL. LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 251 DE LA LEY RELATIVA NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.", sostuvo que al tener las cuotas del seguro social el carácter de contribuciones, y su pago, la naturaleza de una obligación fiscal, la garantía de audiencia puede otorgarse con posterioridad a la baja que ordene el Instituto Mexicano del Seguro Social del régimen obligatorio de los patrones, sujetos obligados y asegurados, por el incumplimiento en el pago de las cuotas respectivas, concretamente a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social. Ahora bien, ese criterio, referido a la oportunidad de defensa contra el acto que impida a los trabajadores acceder a las prestaciones en dinero o en especie que dicho Instituto deba proporcionarles por el régimen en el que se encuentran inmersos, dada la naturaleza fiscal de la obligación incumplida, no implica que tales prerrogativas sean de la misma índole, pues se otorgan en función de una relación laboral. En ese sentido, considerando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sostenido que toda controversia derivada de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunte a preservar derechos laborales quedarán enmarcados en los objetivos del derecho de trabajo, en caso de que los trabajadores o sus beneficiarios impugnen una resolución que modifique o extinga una prestación del régimen obligatorio del seguro social previamente otorgada, se concluye que son competentes para conocer del juicio de amparo y sus recursos los órganos que conozcan de la materia laboral, una vez agotado el recurso de inconformidad mencionado, o bien, emitida la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a la cual deben acudir aquéllos, conforme al artículo 295 de la ley citada, en el que se establece una diversa vía de impugnación para los patrones y demás obligados, al disponer que las controversias entre éstos y el citado Instituto se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Asimismo, la Tesis 2a. XVII/2007, Tomo XXV, Marzo de 2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del texto literal siguiente: "PENSIÓN DE VIUDEZ U ORFANDAD. PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS, PROMOVIDOS CONTRA LA MODIFICACIÓN EFECTUADA UNILATERALMENTE POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, SON COMPETENTES LOS ÓRGANOS QUE CONOZCAN DE LA MATERIA LABORAL. Cuando los beneficiarios de un trabajador pretendan combatir la resolución que suspendió o modificó una pensión por viudez u orfandad previamente otorgada, pueden interponer el recurso de inconformidad previsto en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social; o bien, acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, como lo establece el artículo 295 del mismo ordenamiento. Ahora bien, si por estimar que se actualizan violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o alguna otra causa que exima de agotar el principio de definitividad, el afectado por la modificación de esos beneficios, realizada unilateralmente por el Instituto Mexicano del Seguro Social, promueve el juicio de amparo indirecto, el órgano competente para conocer de éste, así como de los recursos que en él se interpongan, es un Juzgado de Distrito o, en su caso, un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo, toda vez que ese acto, a pesar de ser formalmente administrativo, afecta una prestación de carácter laboral establecida en favor de los beneficiarios de un trabajador asegurado, por riesgo de trabajo, invalidez o muerte." Por lo anterior, no hay duda que en este caso se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, puesto que la parte impetrante no agotó el medio ordinario de defensa previsto por la ley de la materia para modificar, revocar o nulificar los actos que nos ocupan, que no es otro más que el juicio laboral ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por ser el jurídicamente idóneo para tal efecto. Así las cosas, al quedar plenamente demostradas las causas de improcedencia anteriormente estudiadas, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por Nora Hilda Santiago Guzmán. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la impetrante de garantías para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado, cerrado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte quejosa o a su autorizado, desde este momento se autoriza a cualesquiera de los actuarios adscritos a este juzgado para que dicha notificación sea practicada por medio de lista de acuerdos, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Iván Ernesto Alamillo Ocegueda, con cédula profesional número 6488030, inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. AUTORIZACIÓN AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Además, respecto a lo solicitado por el promovente en el sentido de que se le permita la consulta electrónica del expediente digital relativo a este asunto y se le hagan las notificaciones personales de esa misma forma, conforme a lo establecido en el artículo 3, párrafo quinto de la legislación de la materia; en términos de los numerales 5, 6, 12 y 15 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 y 77 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan los servicios tecnológicos relativos a las tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal; se autoriza al usuario "LICIVANALAMILLO", para que tenga acceso únicamente al expediente electrónico de este juicio, asimismo, para que se le notifique de forma electrónica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías. LEY DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES En otro orden, hágase del conocimiento a las partes que el presente expediente queda supeditado a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este asunto, se sujetarán a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y VII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación antes indicada, además de que dichos datos serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación general citada, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita los lineamientos sobre protección de datos a que se refiere el artículo Séptimo Transitorio de la ley general indicada. Consecuentemente, atento a lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, así como el diverso numeral 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación y el de las Entidades Federativas, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público; asimismo, hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales. Además, se informa a las partes del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa implica la oposición a la publicación de sus datos. DIGITALIZACION Conforme a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. Notifíquese personalmente a la promovente y cúmplase. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

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