Nora Hilda Santiago Guzmán

Expediente 984/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
984/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Nora Hilda Santiago Guzmán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, diez de noviembre de dos mil veintitrés. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito signado por la quejosa Nora Hilda Santiago Guzmán, a través del cual, en atención a la vista otorgada en acuerdo de nueve de octubre de dos mil veintitrés, manifiesta que amplía su demanda de derechos fundamentales respecto a la autoridad responsable Área de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social de esta ciudad. En consecuencia, en términos del numeral 111 de la ley de la materia, se admite la ampliación de la demanda planteada por la parte agraviada, por lo que respecta a la autoridad Área de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social de esta ciudad. Con apoyo en el ordinal 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 5º, fracción IV, de la ley de la materia, dése la intervención que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este tribunal. En términos del artículo 117 de la legislación en cita, pídase el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo y, de ser cierto el acto reclamado por la parte quejosa, remitir las constancias necesarias; apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido o no remitir la copia certificada completa y legible de las citadas constancias para la solución del juicio constitucional, se hará acreedora a una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, requiérase a la parte agraviada y a la autoridad responsable, para que informen oportunamente a este tribunal, si cesaron los efectos del acto reclamado o si ocurren causas notorias de sobreseimiento como lo prevé el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con sustento en el numeral 251 de la legislación de la materia, se les impondrá una multa por la cantidad de $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos con veinte centavos, moneda nacional), equivalente a treinta veces el valor diario de la indicada unidad de medida. Asimismo, hágase del conocimiento de la aludida autoridad señalada como responsable, que se encuentran señaladas las diez horas con cincuenta y cinco minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, secretario con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que mediante proveído de nueve de octubre de dos mil veintitrés, se le dio vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar o no, su demanda de garantías respecto al capítulo de autoridades responsables, quedando notificada el doce del mencionado mes y año, por lo que, a la fecha en que se actúa, se encuentra transcurriendo el término de quince días que se le otorgó para tal efecto. Por tanto, se hace necesario diferir la audiencia constitucional programada para esta propia fecha, y se fijan las diez horas con cincuenta y cinco minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito enviado bajo vinculación electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes por el licenciado Iván Ernesto Alamillo Ocegueda, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la legislación de la materia, con la evidencia criptográfica respectiva, a través del cual desahoga la vista otorgada en proveído de nueve de octubre de dos mil veintitrés, mediante el cual pretende ampliar la demanda de garantías en este asunto, respecto a una nueva autoridad responsable. Con la finalidad de estar en condiciones de acordar lo conducente en relación con lo peticionado, será necesario transcribir lo que establece el numeral 12 de la ley de la materia, que dice: "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero interesado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización; pero, las partes podrán designar solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de derechos fundamentales, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 8, 15, 16 y 127, fracción II, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 8, 15, 16 y 127, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional. Por ende, no ha lugar a tener al licenciado Iván Ernesto Alamillo Ocegueda, en su carácter de autorizado por la parte quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, ampliando la demanda de derechos humanos que dio origen a la tramitación del expediente en que se actúa, respecto a una nueva autoridad responsable. Por contender consideraciones aplicables al caso, se cita, la tesis jurisprudencial 1ª./J.37/2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXIII, del mes de junio de dos mil once, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional. No obstante lo anterior, dígasele a la directa quejosa que se dejan a salvo sus derechos, pues se encuentra transcurriendo el término que se le otorgó en proveído de nueve de octubre de dos mil veintitrés, para que ampliara su demanda de derechos fundamentales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, secretario con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que del informe justificado rendido por la Coordinadora de Salud en el trabajo del Hospital General de Zona Número Trece del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, manifestó que el área de prestaciones económicas es el competente en cuanto al pago de las incapacidades que derivan del riesgo de trabajo que le afecta a la aquí quejosa, y toda vez que la peticionaria de amparo reclamó en su escrito inicial de demanda, como acto reclamado . "la omisión de atención médica para valorar y expedir incapacidades médicas, y correspondiente pago de incapacidades para mi subsistentica." (sic); por tanto, se advierte la posible participación de otra responsable de la señalada por la impetrante de garantías en su promoción inicial, pues si bien, en el caso dicha área será la autoridad a quien se le reclamará el acto del que se duele la parte quejosa. Consecuentemente, se hace necesario dar vista a la parte agraviada para que dentro del término de quince días legalmente computado manifieste si es su deseo ampliar o no, la demanda de garantías respecto al capítulo de autoridades responsables que ha sido citada, apercibida que de no hacer ninguna manifestación se continuará y resolverá el juicio con las autoridades señaladas en su demanda inicial de garantías. Es aplicable, por tener consideraciones inherentes al caso, la jurisprudencia 2ª/J. 112/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 93, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVIII, Diciembre de 2003, que es del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Sin embargo, para dar tiempo a lo ordenado en el apartado anterior, a fin de no irrogar perjuicio a las partes y siguiendo los lineamientos que rigen el juicio de amparo, la audiencia constitucional que debería tener verificativo hoy, se difiere, y se señalan las diez horas con veinticinco minutos del nueve de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, secretario con quien actúa y da fe.

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