Nora Edith Lorenzo Vicencio

Expediente 699/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
699/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Nora Edith Lorenzo Vicencio
  • Nora Edith Lorenzo Vicencio y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    "...Agréguese a los autos la razón actuarial que antecede, de la que se advierte la imposibilidad del actuario judicial para confirmar la recepción del proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, notificado a la quejosa a través del correo electrónico *****************; por tanto, se provee: Tomando en consideración que la quejosa no proporcionó un domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones, y, a fin de no vulnerar los derechos de dicha parte, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena que el auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le practiquen por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. INSERCIÓN DEL AUTO DE DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS: ".Visto el escrito de demanda de amparo presentado por ************************, contra actos del DIF Estatal de Veracruz, con sede en Xalapa; por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 3° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y en caso que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. En este sentido, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su actualización; por lo que de no reunirse esos requisitos, o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo, contra un acto que le causa perjuicio; por tanto, debe admitirse a trámite, a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2ª. LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: ".DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.." Establecido lo anterior, en el caso concreto se advierte que la parte quejosa, señala como actos reclamados, los siguientes: ".-DISCRIMINACIÓN, -VIOLACIÓN AL ARTÍCULO CUARTO CONSTITUCIONAL RELATIVO AL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN -VENTA DE ALIMENTOS CHATARRA -COBRO INDEBIDO DE 20.00 HASTA 36.00 POR DESAYUNO ESCOLAR Y NEGARLO A DARLO INCOMPLETO SIENDO PRECIO MÁXIMO DE 10.00 -DESCÍO DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN SUS MODALIDADES: FRÍOS Y CALIENTES -REPARACIÓN DE DAÑOS." Ahora, del capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado, que relata la quejosa señala bajo protesta de decir verdad, se advierte que los menores quejosos de iniciales **********, son alumnos de la ***************************, con clave *************; plantel educativo que es beneficiario del programa "Alimentación Escolar Modalidad Caliente y Fría 2023". En el caso concreto, se actualiza de manera notoria la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos ellos de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. - En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" Del numeral transcrito, se desprende lo siguiente: a) El juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. b) El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. c) El último de los preceptos transcritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora bien, de los antecedentes precisados en el escrito de demanda, se aprecia que la promovente refiere que sus menores hijos ********* y *******, que cursan el tercer y quinto años en la Escuela Primaria Estatal "****************", con clave ************, y se duele de lo siguiente: ? Que a sus menores hijos al acudir a la fila del comedor han sido sacados de la misma por alumnos de otros grupos, siendo así discriminados: ? Que les cobran veinte, quince por desayuno escolar y cinco peso por el agua de sabor a cada alumno, y que cuando solo les ha dado la cantidad de quince pesos a cada uno de los menores, en vez de darles agua de sabor les mandan a tomar agua del garrafón; ? Que el desayuno debe incluir el plato fuerte, ración de frutas y verduras, vaso de leche, pero que les cobran todo a parte, ya que si quieren fruta o verduras les cobran ocho pesos más, lo que se traduce en un costo total de treinta y seis pesos por el desayuno, cuando conforme al Programa de desayunos frio-calientes, en sus reglas de operación está establecido como máximo de diez pesos, por lo que el cobro que realizan es un robo descarado. ? Que en algunas ocasiones les han dado incompleto el desayuno a sus hijos o que por verlos humildes se los han negado. ? Que hay desvío de recursos económicos por parte de los responsables de la cocina, porque el veintinueve de septiembre hubo un corte de caja y dijeron que con el dinero había comprado una computadora para la dirección. De lo expuesto, se advierte que los hechos narrados por la promovente, que según afirma, acontecieron en la Escuela Primaria Estatal ********************, relacionados con la aplicación del Programa de Alimentación Escolar modalidad Caliente y Fría 2023, publicado el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, derivan de cuestiones incidentales, no atribuibles a las autoridades señaladas con el carácter de responsables: DIF Estatal, Secretario y Directora General y Subdirector de Educación, todos con residencia en Xalapa, Veracruz; y Director de la Escuela Primaria Estatal **********************. En efecto, tales hechos, de ser veraces, en todo caso le serían atribuibles a alumnos de otros grupos [que, a decir de la promovente, sacan a sus hijos de la fila del comedor], o bien, al personal responsable del programa de alimentación escolar [por cobrar cantidades no permitidas en dicho programa, por la falta de higiene en la preparación de los alimentos, o bien por disponer de dinero para fines diversos del multicitado programa]; personal que, conforme al 3 Glosario de Términos, de las Reglas de Operación del Programa "Alimentación Escolar Modalidad Caliente y Fría 2023", del Estado de Veracruz, está conformado por los Comités, que son "Grupos de personas con representación de la comunidad, organizados para participar en los programas de los que son beneficiarios"; personal que, obviamente, no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Lo anterior así se considera, porque si bien la Ley de Amparo, establece que los particulares también pueden tener la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de otros particulares en forma unilateral y obligatoria, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Empero, en el concepto de autoridad responsable, no es dable incluir a las personas representantes de la comunidad que participan en tales programas, que por regla general, son los padres de familia de la comunidad escolar, por no equiparare sus actos a los ejercicios por una autoridad, al margen que la función que desempeñan no está determinadas por una norma general, de ahí que su actuar no actualiza el concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Para demostrar lo anterior, se trae a contexto el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha señalado las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo, las cuales son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Lo anterior se detalla en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, visible en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." En esa virtud, estas características no restringen el concepto de autoridad a aquellos organismos que forman parte de la administración pública en sus distintos órdenes (federal, estatal o municipal); se trata de cualquier ente público, en donde se incluyen organismos centralizados, paraestatales, autónomos, cualquiera que sea su denominación. Además, no todo acto, aun emitido formalmente por una autoridad, puede ser considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque los titulares de organismos públicos realizan cotidianamente acciones que pueden afectar a un particular, sin generar necesariamente una relación de supra a subordinación. En esa medida, se obtiene que la actuación de las autoridades responsables no la realiza en un plano de supra a subordinación, ya que sus actos no se encuentran revestidos de imperio, ni como una entidad pública, pues no actúa con base en una ley sino en un plano de autonomía que le confiere la propia constitución, ya que tales actos no modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral, atinentes a la omisión de cuidado que le reclama la parte quejosa, ni pueden considerarse omisiones que, de realizarse creen, modifiquen o extingan dichas situaciones jurídicas. Sin embargo, se estima que los hechos de que se duele la promovente acontecieron en un ámbito trascendente exclusivamente en las áreas destinadas al comedor instaurado al interior de la "Escuela Primaria Estatal **********************, ubicada en el municipio de ****************, atribuibles, no a las autoridades educativas señaladas con el carácter de responsables, sino a los alumnos de otros grupos y a los Comités que participan en el programa de Alimentación Escolar de dicha escuela. En conclusión, se estima que los motivos de que se duele la promovente, de acuerdo a su naturaleza, no constituyen, acto de persona de derecho público o de autoridad. Por sus consideraciones jurídicas, sirve de apoyo la tesis 2a. CCIV/20011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.-" Consecuentemente, al actualizarse en el caso de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113 de la misma legislación, SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por ******************************. Con independencia de lo anterior resuelto, se debe puntualizar que, respecto a las omisiones o irregularidades de que se duele la promovente puede formular inconformidad. En efecto, el numeral 14.4, de las "Reglas de Operación del Programa Alimentación Escolar Modalidad Caliente y Fría 2023", publicadas el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, establece que los beneficiarios del programa podrán presentar quejas o denuncias en relación a la operación, entrega y ejecución de los apoyos o algún otro aspecto relacionado con el programa alimentario, a través de los siguientes medios institucionales de quejas y denuncias: 1. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Blvd. Adolfo López Mateos 2836, Progreso Tizapán, 01080 Ciudad de México, CDMX - Teléfono: 53460000, https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54. 2. Órgano Interno de Control del SNDIF [Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia], Prolongación Xochicalco No. 947, Col. Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03310, http://sitios.dif.gob.mx/transparencia/transparencia_focalizada/planeacion_institucional/. 3. Órgano Interno de Control del SEDIF [Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia], Carretera Xalapa-Coatepec Km 1.5, Col. Benito Juárez, C.P. 91070, Xalapa, Veracruz. Tel: 01 228 842 3730. 4. Buzón de quejas y denuncias colocado en cada espacio alimentario o en los SMDIF [Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia]; o, 5. A través de los Comités de Contraloría Social o Ciudadana. Asimismo, indica los requisitos que deberá reunir la denuncia, a saber: 1. Deberá presentarse por escrito. 2. Nombre, domicilio y otros datos que permitan identificar al denunciante o en su caso a su representante legal. 3. Hechos, sucesos u omisiones denunciados. 4. Datos que permitan reconocer al presunto responsable; y, 5. Las pruebas que aporte el denunciante."

  2. Principal

    "...Visto el escrito de demanda de amparo presentado por Nora Edith Lorenzo Vicencio, por propio derecho y en representación de sus menores hijos... contra actos del DIF Estatal de Veracruz, con sede en Xalapa; por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 3° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 699/2023-IV-B. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y en caso que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. En este sentido, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su actualización; por lo que de no reunirse esos requisitos, o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo, contra un acto que le causa perjuicio; por tanto, debe admitirse a trámite, a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2ª. LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: ".DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso concreto, se actualiza de manera notoria la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos ellos de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. - En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" Del numeral transcrito, se desprende lo siguiente: a) El juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. b) El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. c) El último de los preceptos transcritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas... De lo expuesto, se advierte que los hechos narrados por la promovente, que según afirma, acontecieron en la Escuela Primaria Estatal José María Morelos y Pavón, relacionados con la aplicación del Programa de Alimentación Escolar modalidad Caliente y Fría 2023, publicado el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, derivan de cuestiones incidentales, no atribuibles a las autoridades señaladas con el carácter de responsables: DIF Estatal, Secretario y Directora General y Subdirector de Educación, todos con residencia en Xalapa, Veracruz; y Director de la Escuela Primaria Estatal José María Morelos y Pavón. En efecto, tales hechos, de ser veraces, en todo caso le serían atribuibles a alumnos de otros grupos [que, a decir de la promovente, sacan a sus hijos de la fila del comedor], o bien, al personal responsable del programa de alimentación escolar [por cobrar cantidades no permitidas en dicho programa, por la falta de higiene en la preparación de los alimentos, o bien por disponer de dinero para fines diversos del multicitado programa]; personal que, conforme al 3 Glosario de Términos, de las Reglas de Operación del Programa "Alimentación Escolar Modalidad Caliente y Fría 2023", del Estado de Veracruz, está conformado por los Comités, que son "Grupos de personas con representación de la comunidad, organizados para participar en los programas de los que son beneficiarios"; personal que, obviamente, no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Lo anterior así se considera, porque si bien la Ley de Amparo, establece que los particulares también pueden tener la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de otros particulares en forma unilateral y obligatoria, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Empero, en el concepto de autoridad responsable, no es dable incluir a las personas representantes de la comunidad que participan en tales programas, que por regla general, son los padres de familia de la comunidad escolar, por no equiparare sus actos a los ejercicios por una autoridad, al margen que la función que desempeñan no está determinadas por una norma general, de ahí que su actuar no actualiza el concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Para demostrar lo anterior, se trae a contexto el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha señalado las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo, las cuales son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Además, no todo acto, aun emitido formalmente por una autoridad, puede ser considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque los titulares de organismos públicos realizan cotidianamente acciones que pueden afectar a un particular, sin generar necesariamente una relación de supra a subordinación. En esa medida, se obtiene que la actuación de las autoridades responsables no la realiza en un plano de supra a subordinación, ya que sus actos no se encuentran revestidos de imperio, ni como una entidad pública, pues no actúa con base en una ley sino en un plano de autonomía que le confiere la propia constitución, ya que tales actos no modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral, atinentes a la omisión de cuidado que le reclama la parte quejosa, ni pueden considerarse omisiones que, de realizarse creen, modifiquen o extingan dichas situaciones jurídicas. Sin embargo, se estima que los hechos de que se duele la promovente acontecieron en un ámbito trascendente exclusivamente en las áreas destinadas al comedor instaurado al interior de la "Escuela Primaria Estatal José María Morelos y Pavón, ubicada en el municipio de Tihuatlán, Veracruz", atribuibles, no a las autoridades educativas señaladas con el carácter de responsables, sino a los alumnos de otros grupos y a los Comités que participan en el programa de Alimentación Escolar de dicha escuela. En conclusión, se estima que los motivos de que se duele la promovente, de acuerdo a su naturaleza, no constituyen, acto de persona de derecho público o de autoridad. Consecuentemente, al actualizarse en el caso de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos ellos de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113 de la misma legislación, SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por... por propio derecho y en representación de sus menores hijos... Con independencia de lo anterior resuelto, se debe puntualizar que, respecto a las omisiones o irregularidades de que se duele la promovente puede formular inconformidad. En efecto, el numeral 14.4, de las "Reglas de Operación del Programa Alimentación Escolar Modalidad Caliente y Fría 2023", publicadas el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, establece que los beneficiarios del programa podrán presentar quejas o denuncias en relación a la operación, entrega y ejecución de los apoyos o algún otro aspecto relacionado con el programa alimentario, a través de los siguientes medios institucionales de quejas y denuncias... Téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir y oír notificaciones el correo electrónico noralorenzo2805@gmail.com, a fin de que se le notifique por ese medio los proveídos dictados en el presente juicio de amparo que así lo ameriten, previa instrucción de quien acuerda..."

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