Nora Edith Lorenzo Vicencio

Expediente 696/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
696/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Nora Edith Lorenzo Vicencio
  • Nora Edith Lorenzo Vicencio y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    "....Agréguese a los autos la razón actuarial que antecede, de la que se advierte la imposibilidad del fedatario de la adscripción para notificar a la parte quejosa ********************por propio derecho y en representación de su ********************, el proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, por las razones que expone. Por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizarle la notificación del referido acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés y del presente auto, así como, de las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano de control constitucional, hasta en tanto señale un nuevo domicilio para tal efecto. Por las razones jurídicas que la sustentan, tiene aplicación la jurisprudencia 20/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril de dos mil ocho, Tomo XXVII, visible en la página 238, de rubro y texto: NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." INSERCIÓN DEL AUTO DE DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. "...Visto el escrito de demanda presentada por ****************** contra actos de la Directora de la Escuela Primaria ********************, con residencia en Tihuatlán y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 3 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; al respecto, se acuerda: DESECHAMIENTO En atención al estudio integral que se realiza de la demanda relativa al presente asunto y constancias, el suscrito advierte que la parte quejosa indica como acto reclamado: ".IV. ACTO RECLAMADO. Omisión de cuidado escolar Comisión por omisión de cuidado escolar Negligencia escolar Discriminación." Sin embargo, la precisión y naturaleza de los mismos se efectuará en los párrafos subsecuentes. En ese sentido, resulta oportuno traer a contexto el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El precepto transcrito autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890 que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En el caso concreto, se actualiza de manera notoria la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos ellos de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. - En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" Del numeral transcrito, se desprende lo siguiente: a) El juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. b) El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. c) El último de los preceptos transcritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora bien, de los antecedentes precisados en el escrito de demanda, en síntesis la parte promovente, precisó que a las doce horas del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, se constituyó en las instalaciones de la escuela primaria estatal **************, ubicada en calle **********************, a fin de atender un reporte de su menor hijo que cursa el tercer grado de primaria en el grupo "C", por lo que al llegar, a dicho centro escolar se dirigió al salón del grupo sexto "A", para que se le permitiera salir antes de lo habitual a su hijo de iniciales ****************, circunstancia por la que formuló la bitácora de salida del aula. Posteriormente, se dirigieron a la dirección de dicha escuela, quedándose en la parte de afuera el menor de iniciales **********, y al asomarse tras haber transcurrido un minuto se percató que ya no se encontraba el infante por lo que comenzó a búscalo en áreas de la institución, e ingresó de nueva cuenta en el salón del sexto grado pero la maestra le señaló que no se encontraba ahí, por lo que continúo buscándolo dirigiéndose a la salida de la escuela cuando se percató que se encontraba del otro lado de la calle como a treinta metros de la salida de la escuela parado en un puesto ambulantes de juguetitos. Después retornó a la escuela reclamándole a la directora de quien había abierto el portón ya que no era hora de salida y al ser una institución educativa donde se debe preservar el cuidado de las niñas, niños y adolescentes el portón debía estar bajo llave porque aun y cuando su hijo había salido del salón aún permanecía dentro de la escuela por lo que la directora es responsable al no activar protocolos de seguridad. De lo expuesto, se advierte que lo acontecido en la escuela primaria estatal ************ devino de una cuestión incidental que aconteció después de la promovente sacara al menor del salón de clase tal y como ella lo narra, por lo que si, en el caso, este optó por salirse de dicha institución no fue cuestión atribuible a la directora de dicha institución o por descuido de esta. Lo anterior, en virtud que dentro de dicha escuela debe existir un reglamento interno que prevea las circunstancias de seguridad que en ella se establecen, por lo que si en el caso, la quejosa considera que la Directora de la escuela primaria estatal *******************, incurrió en una omisión es evidente que no ejerció ningún acto tendente a lo que se le atribuye, dado que como lo narra la propia impetrante al momento en que desapareció se encontraba esperándola a ella, después de haberlo solicitado su salida del salón de clases donde estudia el infante. A efecto de clarificar se estima oportuno destacar que para los fines de la Ley de Amparo, los particulares también pueden tener la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de otros particulares en forma unilateral y obligatoria, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por lo tanto, es necesario precisar el concepto de autoridad responsable, entendiendo por tal, aquel órgano o ente que ejerce facultades decisorias en uso de sus atribuciones que les confiere la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de su potestad; o tratándose de un particular, para ser considerado como sujeto de control constitucional, deberá realizar actos equivalentes a los actos antes señalados, y sus funciones deberán estar determinadas por una norma general, lo que no acontece en el presente asunto. Por ello, a fin de establecer si a quien se le atribuye el acto, tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio constitucional, se debe atender a la naturaleza propia del acto que se le reclame, esto es, examinar si la norma legal lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Lo anterior se detalla en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, visible en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." En esa virtud, estas características no restringen el concepto de autoridad a aquellos organismos que forman parte de la administración pública en sus distintos órdenes (federal, estatal o municipal); se trata de cualquier ente público, en donde se incluyen organismos centralizados, paraestatales, autónomos, cualquiera que sea su denominación. Además, no todo acto, aun emitido formalmente por una autoridad, puede ser considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque los titulares de organismos públicos realizan cotidianamente acciones que pueden afectar a un particular, sin generar necesariamente una relación de supra a subordinación. En esa medida, se obtiene que la actuación de las autoridades responsables no la realiza en un plano de supra a subordinación, ya que sus actos no se encuentran revestidos de imperio, ni como una entidad pública, pues no actúa con base en una ley sino en un plano de autonomía que le confiere la propia constitución, ya que tales actos no modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral, atinentes a la omisión de cuidado que le reclama la parte quejosa, ni pueden considerarse omisiones que, de realizarse creen, modifiquen o extingan dichas situaciones jurídicas. Sin embargo, esto se estima que se presenta en un ámbito trascendente exclusivamente al interior de la "Escuela Primaria Estatal **********************, ubicada en el municipio de ******************" derivado del descuido que señala la quejosa en que incurrió la directora de dicha institución; sin embargo, como ya quedó precisado el personal de la escuela no emitió ningún acto de autoridad al haber sido un incidente que si bien, se su citó en las instalaciones de la escuela antes referida, lo cierto es que ello no se considera que la directora haya ordenado o ejecutado algún acto en contra del infante. No obstante ello, las negligencias u omisiones en que incurran las instituciones de educación pueden ser denunciadas ante su superior, esto es, la Secretaría de Educación Pública. En esa medida, este Juzgado, siguiendo los lineamientos de los criterios invocados, apreciando el caso en particular, estima que las autoridades citadas por la parte quejosa carecen de la calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. En ese orden de ideas, debe señalarse que el actuar de las autoridades no constituyen, de acuerdo a su naturaleza, acto de persona de derecho público o de autoridad, sino de actos derivados de la autonomía de la "Escuela Primaria Estatal *************, ubicada en el municipio de ***********", que confiere a éstas la facultad de autoformación y autogobierno acotada constitucionalmente en términos del artículo 3, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es incuestionable que el juicio de amparo en el que se reclama una situación de esta especie resulta improcedente. Por sus consideraciones jurídicas, sirve de apoyo la tesis 2a. CCIV/20011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos ellos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo resulta improcedente; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, mayo 1998, página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE."

  2. Principal

    "...Visto el escrito de demanda presentada por ********************por propio derecho y en representación de su ********************, contra actos de la Directora de la Escuela Primaria ********************, con residencia en Tihuatlán y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 3 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; al respecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 696/2023. En atención al estudio integral que se realiza de la demanda relativa al presente asunto y constancias, el suscrito advierte que la parte quejosa indica como acto reclamado... Sin embargo, la precisión y naturaleza de los mismos se efectuará en los párrafos subsecuentes. En ese sentido, resulta oportuno traer a contexto el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El precepto transcrito autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. En el caso concreto, se actualiza de manera notoria la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos ellos de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. - En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos ellos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo resulta improcedente; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO..."

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