Nora Cano Ariza

Expediente 839/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 18 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
839/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
07/09/2023

Partes del expediente

  • Nora Cano Ariza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), signado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz; mediante el cual informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la quejosa*** contra la sentencia de catorce de julio de dos mil veintitrés, radicándolo con el número de revisión 462/2023, de su índice. Por otro lado, como lo solicita, remítanse de inmediato los autos originales del presente juicio y anexos, para la sustanciación del recurso de revisión hecho valer y fórmese cuaderno de antecedentes únicamente con el presente proveído. Notifíquese.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que se encuentran notificadas todas las partes de la resolución impugnada y del acuerdo en el que se tuvo a la quejosa interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juico; en consecuencia, remítase vía interconexión, a través del Sistema de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.), el escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, en turno, para la substanciación del citado medio de impugnación. En el entendido de que se ordenó poner a disposición del Tribunal Colegiado que corresponda, la versión electrónica del expediente en que se actúa. Cúmplase.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Agréguese copia del escrito signado por la quejosa *********; en atención a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia de catorce de julio de dos mil veintitrés. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso d), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes copia del escrito de agravios, y una vez que se encuentren debidamente notificadas de la resolución impugnada y del presente acuerdo, dentro del plazo de tres días a que se refiere el artículo 89 de la ley de la materia, remítanse vía interconexión el escrito de agravios que se provee, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, en turno, para la substanciación del medio de impugnación de trato. Asimismo, póngase a disposición del Tribunal Colegiado que corresponda, la versión electrónica del presente expediente, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación; para lo cual se instruye a la analista Jurídica de este órgano jurisdiccional, que en su momento habilite dicha función. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En el entendido que, para dar cumplimiento a lo anterior, deberán acatarse las reglas contenidas en la Circular DGGJ/0012/2020, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, esto es, solicitar el turno por correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común que corresponda, adjuntando un oficio que contenga los datos necesarios para el registro. Se precisa que, en caso de que la Superioridad lo considere necesario, se remitirán físicamente las constancias que requiera para la resolución del recurso en cuestión, en términos del numeral 89 de la Ley de Amparo. Notifíquese, y por lista de acuerdos a la parte tercero interesada.

  4. Principal

    TERCERO. Negativa de actos. No son ciertos los actos reclamados de la autoridad 1. Titular del Órgano de Operación Administrativa Regional Veracruz Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Orizaba, Veracruz; así lo manifestó al rendir su respectivo informe con justificación. En relación con ello, es menester precisar que en el asunto que nos ocupa, los actos derivan del expediente de procedimiento administrativo de investigación laboral 210/2022, que se formó con motivo del reporte de irregularidades de hechos que informó Nora Cano Ariza, aquí quejosa, contra actos de agresión física y verbal en el trabajo por el aquí tercero interesado, Ángel Rodríguez Mojica, como trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social. La impetrante reclama de la responsable actos de omisión de sustanciar en los plazos legales el expediente de investigación y negarle el acceso a una diligencia de desahogo de testimonial; por tanto, la autoridad que niega no sólo debe así expresarlo, sino probar con argumentos o pruebas que no incurrió en esas omisiones. Sin embargo, de las constancias relativas al expediente 210/2022 que exhibió la 2. Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Sur, en Orizaba, Veracruz, se observa que la autoridad responsable 1. Titular del Órgano de Operación Administrativa Regional Veracruz Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Orizaba, Veracruz, no participó en la investigación administrativa de hechos de agresión física y verbal contra el tercero interesado, Ángel Rodríguez Mojica, como trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde se citaron testigos y se turnó el asunto a la Subcomisión Mixta Disciplinaria; y la impetrante Nora Cano Ariza no acreditó que haya promovido alguna petición o iniciado algún procedimiento en donde dicha autoridad Titular del Órgano de Operación Administrativa Regional Veracruz Sur, haya actuado en la investigación de los hechos reportados en contra del tercero interesado, ***********, como trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por tanto, la responsable 1. Titular del Órgano de Operación Administrativa Regional Veracruz Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Orizaba, Veracruz, no estaba obligada a demostrar la omisión en el trámite del expediente de investigación administrativa, que reclama la quejosa. En consecuencia, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el presente juicio, respecto de los actos reclamados de dicha responsable. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables 2. Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Sur, en Orizaba, Veracruz, 3. Jefa de la Oficina de Investigaciones Laborales Dependiente del Departamento Laboral de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Sur, en Orizaba, Veracruz, y 4. Abogado Procurador E0, Adscrita al Departamento Laboral de la Jefatura de Servicios Jurídicos, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Sur, en Orizaba, Veracruz, así se advierte de la lectura integral de sus informes justificados. Lo que se corrobora con las copias certificadas de las constancias relativas al expediente 210/2022, que remitió la autoridad responsable 2. Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Sur, en Orizaba, Veracruz, con dicho informe; documentales que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. QUINTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con los numerales 1° y 5, fracción II, y 108, fracción II, todos de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: 'Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no provengan de autoridad. Es importante precisar que para los efectos del juicio de amparo, autoridad responsable, de conformidad con el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, los elementos necesarios para la conformación de un acto emitido por una autoridad para efectos del juicio de amparo, son los siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia (...) En el entendido de que, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo, de la fracción II, del artículo 5, de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridades responsables cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos del párrafo primero de la indicada fracción, y sus funciones estén determinadas por una norma general. En el asunto que nos ocupa, los actos derivan del procedimiento administrativo de investigación laboral 210/2022, que se formó con motivo del reporte de irregularidades de hechos que informó Nora Cano Ariza, aquí quejosa, como trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social, por actos de agresión física y verbal en el trabajo contra el aquí tercero interesado, Ángel Rodríguez Mojica, también como trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora, la Norma que establece las Disposiciones para la Atención de Asuntos, Investigaciones, Juicios y Amparos en Materia Laboral, en los puntos 8.2.6 y 8.2.7, establecen lo siguiente: "..." Por su parte, los artículos 4 y 6, de los Lineamientos para la Integración de Reportes de Investigación Laboral, establecen lo siguiente: "..." Además, los artículos 66, 78, 81, 82 y 83, del Reglamento Interior del Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, establecen "..." De lo anterior se obtiene que la investigación laboral procede por irregularidades del trabajador, cuando el empleado incumple con las obligaciones que tiene con el instituto como son, entre otras, cometer actos de violencia contra otros trabajadores. Así, investigación administrativa que se genera con el reporte de irregularidad y cuando de su contenido deriven para los trabajadores reportados, sanciones diferentes a rescisión de contrato, pérdidas de la confianza, suspensión o terminación la relación laboral, las áreas jurídicas operativas remitirán el expediente debidamente integrado a la Comisión Nacional Mixta Disciplinaria o Subcomisiones. Dicha Comisión Nacional Mixta Disciplinaria llevará a cabo un procedimiento en el que celebrará una diligencia de comparecencia, se ajustará al rápido desahogo de las pruebas ofrecidas que se estimen conducentes, sin perjuicio de recibir y agregar a sus antecedentes los alegatos que por escrito formulen los trabajadores, sus asesores o ambos y dictará la resolución correspondiente, en la cual podrá imponer sanciones de carácter administrativo y de orden económico. Las sanciones administrativas son las amonestaciones y las de carácter económico son las notas de demérito. En el caso que nos ocupa, la investigación administrativa 210/2022 se generó con la constancia de hechos de dos de septiembre de dos mil veintidós, en la cual el Subdirector Médico y Jefa de Enfermeras, narraron las pruebas relativas a la agresión física y verbal que reportó la enfermera Nora Cano Ariza, que sufrió por parte del trabajador, Ángel Rodríguez Mojica, hechos cometidos el día ocho de agosto de dos mil veintidós dentro del Hospital General Regional Número 1, de Orizaba, Veracruz. Una vez que se llevó a cabo el desahogo de pruebas en la investigación laboral, mediante oficio terminación 8636/IL/2022, de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, la Jefa de Departamento Laboral analizó las constancias y determinó que a fin de imponerle una sanción al trabajador, Ángel Rodríguez Mojica, remitía el expediente a la Subcomisión Mixta Disciplinaria. Dicha determinación fue notificada a la quejosa, Nora Cano Ariza, por oficio número 329001410100/8796/IL/2022, de tres de octubre de dos mil veintidós, signado por el Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Sur, en Orizaba, Veracruz, por el que le hacen del conocimiento que el expediente de investigación contra Ángel Rodríguez Mojica, se envió a la Subcomisión Mixta Disciplinaria, con el fin de imponerle una sanción. La quejosa reclama de las responsables actos vinculados con el desahogo de pruebas dentro de la investigación administrativa laboral, así como la omisión de sustanciar en los plazos legales dicha investigación; sin embargo, se estima que no se trata de actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que el instituto actúa como patrón frente a su trabajador con el fin remitir la investigación a una Comisión Mixta para que se le apliquen las sanciones laborales correspondientes. Esto es, no se satisfacen las notas distintivas precisadas en los incisos a) y d), porque si bien dicho instituto está facultado para realizar la investigación administrativa laboral respecto de las obligaciones de sus trabajadores, no está investido de las facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, pues la relación sólo es entre patrón y trabajador, y no de supra a subordinación; además de que sólo realiza la investigación y no impone sanción alguna, sino que debe acudir a otro órgano para que éste la aplique. Lo que se corrobora con el contenido de los artículos transcritos, que establecen que el instituto, después de realizar la investigación administrativa y al considerar que el trabajador incurrió en la irregularidad reportada, debe remitir el expediente a otro órgano para que éste aplique la sanción correspondiente. Derivado de ello, se tiene que la investigación administrativa laboral que realiza el Instituto Mexicano del Seguro Social en contra de su trabajador, por irregularidades en sus obligaciones, no es un auto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por el razonamiento contenido, la jurisprudencia (...) Además de la causal en estudio, también se actualiza la diversa que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XIII, con el 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que la quejosa reclama actos vinculados con el desahogo de pruebas dentro de la investigación administrativa laboral, y dichos actos no son de imposible reparación, pues no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues sólo se trata de actos intraprocesales vinculados con el trámite de la investigación administrativa y desahogo de pruebas. En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia antes precisadas, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Por tanto, no se analizan los conceptos de violación formulados, pues tienden a combatir la constitucionalidad de los actos materia del mismo. En lo conducente, se invoca como apoyo la jurisprudencia (...) SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el auto de radicación se ordenó hacer del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna, se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 73 a 79 y 124 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ****, contra el acto reclamado atribuido a las autoridades responsables, señaladas en el resultando primero, por los motivos expuestos en el considerando tercero y quinto, de esta resolución.

Quedan 14 actuaciones en este expediente

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