Noe Vazquez Aguilera

Expediente 600/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 22 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
600/2020
Año
2020
Actuaciones
22
Última actuación
22/03/2022

Partes del expediente

  • Noe Vazquez Aguilera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General señalado, por lo que no se considera de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas del expediente 2996/2021/III, remitidas por el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, devuélvanse a su lugar de origen.

  2. Incidental

    Córdoba, Veracruz, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General señalado, por lo que no se considera de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas del expediente 2996/2021/III, remitidas por el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, devuélvanse a su lugar de origen.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, ocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial que antecede, de la que se advierte la imposibilidad para notificar personalmente a la tercera interesada. la sentencia dictada el treinta y uno de enero del año en curso; en tales condiciones, hágase por lista de acuerdos dicha notificación, así como la del presente proveído y las subsecuentes, aún las de carácter personal, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta ciudad, donde oír y recibir notificaciones. Improcedencia del juicio. Ahora bien, por cuestión de técnica jurídica, se procede a analizar las causas de improcedencia, por ser un tópico de orden público y de estudio preferente, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa, previo a acudir a esta vía constitucional, debió agotar el medio ordinario de defensa previsto en el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, con el que podía obtener la revocación o modificación del acto que aquí reclama. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". En el precepto transcrito se encuentra inmerso el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual ordena que antes de promover éste se deben agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que se estime ilegal y que tengan el efecto de revocarlo, modificarlo o nulificarlo, ya que de lo contrario, se actualizaría su improcedencia, pues a esta vía deberá acudirse sólo cuando la actuación que se impugna no pueda remediarse ante las propias autoridades de instancia. Asimismo, la disposición normativa de mérito prevé las excepciones a dicho principio, esto es, los casos en que el gobernado no estará obligado a agotar el recurso o medio ordinario de defensa respectivos, antes de acudir al juicio de amparo. En el caso, previo a promover juicio de amparo, el quejoso debió agotar el recurso de apelación, con el cual podía obtener la revocación o modificación del acto reclamado; y a efecto de evidenciarlo, es pertinente invocar el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, que dispone: "Artículo 509. El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia". Del precepto en cita se advierte que son apelables, entre otras resoluciones, los autos que causen un daño irreparable en la sentencia. En ese entendido, si en el acuerdo reclamado se determinó desechar el recurso de reclamación, dicho auto causa un daño irreparable en la sentencia, al ser ese medio de defensa el que procede contra la pensión alimenticia provisional, de la cual no se ocupará el Juez en la sentencia definitiva; consecuentemente, procede en su contra el recurso de apelación previsto en el artículo 509 de la legislación adjetiva de la materia; y de las constancias que obran en el sumario no se advierte que la parte quejosa (demandado en el juicio natural), previamente a acudir a este juicio de amparo, haya agotado el indicado recurso, con el que podía obtener la revocación de tal resolución, esto es, no observó el principio de definitividad que establece la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido que el numeral 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz establece que contra la resolución de la reclamación no procede recurso ordinario; sin embargo, dicha hipótesis no se actualiza en el caso, dado que la reclamación no se resolvió sino que se desechó, causando al quejoso un daño irreparable en la sentencia, lo que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 509 de la legislación adjetiva invocada, para la procedencia del recurso de apelación en contra del acto aquí reclamado. Similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, al resolver el recurso de queja 12/2019, donde determinó que la apelación es procedente ante el desechamiento de la reclamación, por causar un daño irreparable en la sentencia. Cabe destacar que en el asunto que nos ocupa no se surte alguna de las excepciones al principio de definitividad que prevé el mencionado precepto, pues el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Además, al ser el quejoso parte en el juicio natural, no se está en el supuesto de que el amparo se promueva por persona extraña al procedimiento; y la procedencia del recurso de apelación referido, no está sujeta a interpretación adicional o que su fundamento legal sea insuficiente para determinarlo, pues es claro y patente al encontrarse regulado en el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 37, del Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página treinta y siete, Tomo 12, Sexta Parte, del contenido siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". No se soslaya que al resolver la queja 195/2020, interpuesta contra el desechamiento de la demanda que dio origen a este juicio, por no haberse agotado el referido medio de defensa, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito determinó declararla fundada y ordenar a este Juzgado proveyera respecto de la admisión; sin embargo, ello no es obstáculo para llegar a la misma conclusión que en dicho auto recurrido, pues la Superioridad no desestimó la causa de improcedencia invocada, sino que únicamente consideró que ésta no era indudable ni manifiesta, al ser su estudio propio de la sentencia definitiva. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo que procede es sobreseer en el presente juicio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo, resulta improcedente el análisis de los conceptos de violación. En apoyo de lo anterior, por las razones que la informan, se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 244, del Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo". QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el auto de admisión se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y 79, de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********, contra el acto reclamado del Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, personalmente a las partes quejosa y tercera interesada.

  4. Principal

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