Noldi Geovanni Garcia Altamirano
Expediente 784/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 784/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca
- Noldi Geovanni Garcia Altamirano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia donde se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), de la fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración, por lo que deberá conservarse la demanda de amparo y la sentencia. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Devuélvase a la autoridad judicial el medio de convicción que acompañó a su informe justificado, por carecer de objeto que continúen en este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
" . . ..S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 784/2021, promovido por Noldi Geovanni García Altamirano y Luis Ángel García Altamirano, por conducto de su defensor particular Gabriel Quevedo Martínez, en contra de un acto del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar, en caso de que se reúnan los requisitos procesales correspondientes, si los quejosos logran desvirtuar las consideraciones del Juez responsable, para emitir la resolución de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, dictada en la carpeta judicial 302/2021 en la se vinculó a proceso a Noldi Geovanni García Altamirano y Luis Ángel García Altamirano, por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como los delitos de i) portación de arma de fuego de usos exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción II, en relación con el diverso 11, inciso b); ii) portación de arma de fuego de usos exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción III, en relación con el diverso 11, inciso c); con la agravante prevista en el penúltimo párrafo del numeral 83; y, iii), posesión de cartuchos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83 Quat, fracción II, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (reformada el 19 de febrero de 2021). ANTECEDENTES De las documentales que obran en autos, se tiene acreditado que ante el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, se radicó la carpeta judicial 302/2021, instruida en contra de Noldi Geovanni García Altamirano, Luis Ángel García Altamirano y otros, por su probable participación en la comisión de hechos que tipifica la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (reformada el 19 de febrero de 2021). En audiencia de veintidós de junio de dos mil veintiuno, se calificó de legal la detención de los inculpados y la Fiscalía solicitó la vinculación a proceso. En atención a dicha solicitud, dos de la totalidad de los inculpados (Noldi Geovanni García Altamirano y Luis Ángel García Altamirano) solicitaron la ampliación del término constitucional por el término de setenta y dos horas, mientras que los dos restantes solicitaron la ampliación del término constitucional por ciento cuarenta y cuatro horas. Es así que el veinticuatro de junio siguiente, se llevó cabo la continuación de la audiencia inicial y una vez escuchada las alegaciones de la defensa, el Juez Federal responsable vinculó a proceso a Noldi Geovanni García Altamirano y Luis Ángel García Altamirano, por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como los delitos de i) portación de arma de fuego de usos exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción II, en relación con el diverso 11, inciso b); ii) portación de arma de fuego de usos exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción III, en relación con el diverso 11, inciso c); con la agravante prevista en el penúltimo párrafo del numeral 83; y, iii), posesión de cartuchos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83 Quat, fracción II, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (reformada el 19 de febrero de 2021). (Determinación que constituye el acto reclamado) TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Noldi Geovanni García Altamirano y Luis Ángel García Altamirano, por conducto de su defensor particular Gabriel Quevedo Martínez, presentaron un escrito el quince de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que precisará en el apartado correspondiente. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de amparo se turnó al día siguiente de su presentación a este Juzgado de Distrito, la que se registró bajo el consecutivo 784/2021. Así, por auto de veinte de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento tuvo verificativo el veintidós de octubre de dos mil veintiuno. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por una autoridad de la jurisdicción del propio juzgado. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclama del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec: La determinación adoptada en audiencia de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, dictada en la carpeta judicial 302/2021 en la que vinculó a proceso a Noldi Geovanni García Altamirano y Luis Ángel García Altamirano, por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como los delitos de i) portación de arma de fuego de usos exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción II, en relación con el diverso 11, inciso b); ii) portación de arma de fuego de usos exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción III, en relación con el diverso 11, inciso c); con la agravante prevista en el penúltimo párrafo del numeral 83; y, iii), posesión de cartuchos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83 Quat, fracción II, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (reformada el 19 de febrero de 2021). EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La existencia de los actos reclamados al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, quedó legalmente acreditada a partir del informe justificado, en el que reconoció la existencia del acto que se le atribuye. Esa confesión se estiman suficiente para tener por acreditada la certeza o existencia del acto de disenso. Por tanto, se le tiene como plenamente probado en términos de la Tesis Jurisprudencial número 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corroboró con el disco versátil digital relativo a la carpeta judicial 302/2021 que remitió en apoyo a su informe de ley, medio de prueba que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." LEGITIMACIÓN Noldi Geovanni García Altamirano y Luis Ángel García Altamirano, se encuentran legitimados para promover el presente juicio de amparo, en términos del numeral 6 de la Ley de Amparo, ya que la determinación en estudio los obliga a seguir su proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, lo que a su decir vulnera sus derechos fundamentales. OPORTUNIDAD El acto reclamado se notificó a la parte quejosa en la audiencia de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, y esa notificación surtió efectos al día siguiente, conforme al artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo comenzó a correr el veintiocho de junio y concluyó el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, descontándose del cómputo los días tres, cuatro, diez y once de julio del año en curso, por ser sábados y domingos, inhábiles por disposición del artículo 19 de la misma ley reglamentaria. En ese orden, al presentarse la demanda el dieciséis de julio de dos mil veintiuno-como se aprecia de la papeleta de turno emitida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec-, se considera que es oportuna. PROCEDENCIA En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se aprecia la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, al no existir dispositivo legal alguno que imponga esa obligación, máxime que a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad los mismos habrán de ser analizados al momento de estudiar la constitucionalidad de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, cuyo rubro y texto indican: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." ESTUDIO DEL ASUNTO La parte quejosa en sus conceptos de violación refiere lo siguiente: En el auto de vinculación a proceso se violan sus derechos fundamentales de audiencia, legalidad, igualdad, seguridad jurídica y acceso a la justicia. Se viola sus derechos fundamentales de presunción de inocencia. El juez de control solo tomó en consideración el informe policial homologado ofrecido por la fiscalía, sin observar los argumentos vertidos por la defensa. Para determinar si existe vulneración de derechos humanos en contra de los aquí quejosos, debemos puntualizar que el acto controvertido en estudio es el auto de vinculación a proceso emitido en la carpeta judicial de origen. Ahora, conviene destacar que los ordinales 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." De la lectura de los dispositivos transcritos conduce a establecer que el auto de vinculación a proceso debe satisfacer ciertos requisitos formales y otros más de índole material, a saber: Requisitos de forma. Constitucionalmente se establece que en dicho fallo deben precisarse la conducta típica que se reprocha al imputado y el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Requisitos de fondo. Esa determinación debe apoyarse en datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su perpetración. Cabe aclarar que para dictar vinculación a proceso basta que los datos de prueba permitan establecer de manera idónea, pertinente y, en su conjunto, la probable intervención del inculpado en el hecho delictuoso imputado. Además, el auto de vinculación debe cumplir con los principios de legalidad y de seguridad jurídica previstos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de manera imperativa dispone que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, lo cual se traduce en la obligación del órgano judicial que emita una resolución de citar los preceptos legales en que se funde para ello y señalar las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas que haya tenido en consideración para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su perpetración. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 204, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, materia Común, Séptima Época, 1917-2000, página ciento setenta y seis, del contenido siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Asimismo, la tesis XIII.P.A.30 P, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de dos mil once, Novena Época, página mil doscientos veintiocho, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías." El citado derecho constitucional de fundamentación y de motivación si bien resulta ser técnicamente un requisito formal que la determinación combatida debe cumplir, de igual forma tiene que ver directamente con los aspectos sustanciales de ésta, ya que los fundamentos y los motivos que el Juez de control plasme en su resolución constituyen la base en que descansa la acreditación de los elementos de fondo que exige el dispositivo 19 Constitucional, atinentes al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su consumación. En ese sentido, atendiendo a la importancia que reviste el derecho fundamental de libertad que se ve afectado de manera indirecta con la resolución reclamada, la técnica del juicio de amparo impone al órgano de control constitucional el deber de circunscribirse a la valoración del juicio de prueba llevado a cabo por el Juez de control y resolver respecto de la constitucionalidad o no de dicho acto, sin que ello implique que este órgano de control constitucional sustituya a la responsable en la apreciación de los elementos de convicción, ya que únicamente se limita a analizar la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal. Ahora bien, de la reproducción del disco versátil certificado que remitió la autoridad responsables, relativo a la carpeta judicial 302/2021, se advierte lo siguiente: Audiencia de veintidós de junio de dos mil veintiuno (minutos de grabación en el disco compacto) 00:45 - El Juez de control declara abierta la audiencia. 00:46 - Se presentan las partes. 02:22 - El Juez les hace saber a los imputados sus derechos que le asisten en el desahogo de las audiencias correspondientes y en la carpeta judicial. 04:48 - Noldi Geovanni García Altamirano y Luis Ángel García Altamirano, confirman que serán asistidos en su defensa por defensores particulares. 07:55 - La defensa particular se presenta ante el juez, solicitando un receso de cinco minutos para hablar con sus defendidos, a lo que el juez de control accede a esa petición. Segunda parte de la audiencia de veintidós de junio de dos mil veintiuno. 02:25 - El Fiscal en uso de la palabra solicita la calificación de la detención de los inculpados. Finaliza su solicitud a las 17:20. 31:45 - Se concede el uso de la voz a la defensa particular y realiza manifestaciones respecto a la solicitud de calificación de la detención de sus defendidos. 36:01 - La fiscalía realiza su réplica a los argumentos de la defensa. 48:00 - El Juez de control califica de legal la detención de Noldi Geovanni García Altamirano y Luis Ángel García Altamirano y otros. 00:01:03 - En uso de la palabra el Fiscal formula la imputación a los detenidos. 00:01:09 - La defensa manifiesta que no es su deseo formular argumentos en ese momento. 00:01:10 - El Juez explica los imputados el derecho que tienen a declarar o guardar silencio, a lo que ellos solicitan un receso para platicar con sus defensores. El juez accede a dicha petición. Tercera parte de la audiencia de veintidós de junio de dos mil veintiuno. 00:29 - Noldi Geovanni García Altamirano y Luis Ángel García Altamirano, exponen al juez que no es su deseo el declarar. 00:46 - La fiscalía solicita la vinculación a proceso de Noldi Geovanni García Altamirano y Luis Ángel García Altamirano. (Finalizando su participación a las 24:15) 24:32 - El juez de control cuestiona a los imputados si es su deseo que se resuelva su situación jurídica o solicitar el término constitucional ampliado. 27:29 - Noldi Geovanni García Altamirano y Luis Ángel García Altamirano, solicitan la ampliación del término Constitucional por setenta y dos horas; por ende, se señalaron las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, para la continuación de la audiencia. 30:40 - La fiscalía solicita la prisión preventiva oficiosa de los imputados. 32:00 - El Juez impone la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a cumplimentar en el Centro Federal de Reinserción Social Número 13 CPS-Oaxaca. 35:00 - El juez de control declara cerrada la audiencia. Audiencia de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno 00:44 - El juez de control declara abierta la audiencia. 03:20 - En uso de la voz la defensa realiza argumentos respecto a la solicitud de vinculación a proceso. 19:20 - El juez otorga el uso de la voz a la fiscalía y defensa para las réplicas que estimen oportunas. 38:39 - El juez de control vincula a proceso a Noldi Geovanni García Altamirano y Luis Ángel García Altamirano, por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como los delitos de i) portación de arma de fuego de usos exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción II, en relación con el diverso 11, inciso b); ii) portación de arma de fuego de usos exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción III, en relación con el diverso 11, inciso c); con la agravante prevista en el penúltimo párrafo del numeral 83; y, iii), posesión de cartuchos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83 Quat, fracción II, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (reformada el 19 de febrero de 2021). Finaliza a las 00:01:12. 00:01:13 - La fiscalía solicita la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. 00:01:14 - El Juez impone la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a cumplirse en el Centro Federal de Reinserción Social Número 13 CPS-Oaxaca. 00:01:17 - El juez declara cerrada la audiencia. De los acontecimientos antes expuesto en las audiencias que este juzgador analiza, se llega a la conclusión que los conceptos de violación que hace valer la ahora parte quejosa, devienen infundados. Se afirma lo anterior, ya que contrario a lo que aduce, se respetó a los aquí quejosos el principio constitucional de presunción de inocencia, debido a que se les trató como tal, se le otorgó oportunidad de defensa al estar asistido por un defensor particular a petición, se le hizo saber su derecho a guardar silencio o no declarar y la trascendencia de éste, su derecho a ofrecer pruebas, a la información, el conocimiento del motivo por el que estuvo en la sala de audiencias y su derecho a una impartición de justicia pronta. También, contrario a lo que exponen, se cumplió con lo previsto por el ordinal 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que la audiencia se desahogó con apego a los principios rectores del proceso penal acusatorio y oral. Publicidad. Dichas audiencias fueron públicas, ya que así se parecía y se hizo constar de las videograbaciones que remitió el juez del proceso en apoyo a su informe justificado. Inmediatez. Se advierte que la participación de las partes fue ininterrumpida, sin intermediarios. Contradicción. Se aprecia que las partes ejercieron libremente su derecho a controvertir los datos de convicción comunicados e incorporados verbalmente. Continuidad y concentración. En razón de que los actos desarrollados en la audiencia se realizaron en una sola, se llevaron a cabo con los recesos indispensables propios por la naturaleza de este tipo de procedimiento y todo, en forma oral. Es aplicable, en lo conducente la jurisprudencia 11/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro tres, febrero de dos mil catorce, Tomo I, página 396, de la literalidad siguiente: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." Por otra parte, en cuanto a los requisitos de fondo, cabe precisar que en el auto de vinculación a proceso el derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, se satisface con una correcta y sana crítica de los datos de prueba relacionados. Para lo cual deben observarse las reglas de la lógica, conjugado con los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia en la valoración de aquellos elementos (individual y global), que han servido de base, y que llevan a establecer si los datos de prueba son suficientes para establecer la existencia de un hecho calificado por la ley como delito y, después, la probabilidad de que los imputados lo cometieron. En ese contexto, del análisis de las audiencia en la cual se emitió la determinación reclamada, se advierte que con acierto el juez responsable, estimó que los hechos materia de imputación se describen como delitos de i) portación de arma de fuego de usos exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción II, en relación con el diverso 11, inciso b); ii) portación de arma de fuego de usos exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción III, en relación con el diverso 11, inciso c); con la agravante prevista en el penúltimo párrafo del numeral 83; y, iii), posesión de cartuchos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83 Quat, fracción II, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (reformada el 19 de febrero de 2021). Ilícitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (reformada el 19 de febrero de 2021), que son del tenor siguiente: "ARTICULO 83. Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará: [.] II. Con prisión de tres a diez años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y III. Con prisión de cuatro a quince años y de cien a quinientos días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley. [.] En caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se aumentará hasta en dos terceras partes. "ARTICULO 83 Quat (sic). Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, se le sancionará: I. [.] II. Con prisión de cuatro a siete años y de cien a trescientos días multa, si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta Ley. "ARTÍCULO 11.- Las armas, municiones y material para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, son las siguientes: [.] b).- Pistolas calibre 9 mm. Parabellum, Luger y similares, las .38" Super y Comando, y las de calibres superiores. c).- Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223", 7 mm., 7.62 mm. y carabinas calibre .30" en todos sus modelos. [.]" En efecto, en cuanto a la valoración de los datos de prueba para establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en el auto de vinculación a proceso, para satisfacer el requisito relativo a que la ley señale el hecho imputado como delito, basta con que el juez encuadre la conducta prohibida por la norma penal, de manera que permita identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable. Sostuvo que el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal. Lo anterior es así, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio. Esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que, con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito -sostuvo-, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Dicho nivel de exigencia -dijo-, es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada; es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Bien, los datos de prueba que aportó el Ministerio Público, los cuales son los siguientes: Informe Policial Homologado de diecinueve de junio de dos mil veintiuno, suscrito por los elementos de la Policía Estatal Ministerial. Objetos de indicios del delito los cuales se encuentran en la Bodega de la Policía Federal Ministerial ubicada en Bahías de Huatulco, Oaxaca, los cuales se hacen consistir en: Arma de fuego tipo carabina MI, calibre 30, matrícula 3801744, con un cargador y dieciséis cartuchos. Arma de fuego tipo pistola Smit Wesson calibre 9 mm, matrícula PBF7153, con un cargador y dieciséis cartuchos. 2 cargadores metálicos, 14 cartuchos calibre 30. 5 cartucho percutidos calibre 30. Cadena de custodia firmada por los elementos judiciales. Dictamen de balística forense de veinte de junio de dos mil veintiuno, suscrito por el perito en la materia Ricardo Pelayo Ramírez. Informe de investigación criminal suscrito por elementos de la Policía Federal Ministerial. Entrevistas de veinte de junio de dos mil veintiuno, realizada a los elementos aprehensores. Inspección de objetos bélicos de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, suscrito por policía investigador donde se ponen a la vista los indicios del delito. Inspección del lugar de la detención realizado por el policía investigador. Inspección del vehículo de motor de veinte de junio de dos mil veintiuno. Informe de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, suscrito por el General de Brigada de apellidos García Brito, donde hace del conocimiento que los ahora inculpados no cuentan con permiso para portar armas bélicas y las armas aseguradas no se encuentran registradas. La defensa de los imputados no aportó dato de prueba alguno. Por consiguiente, el juez de origen indicó que con los datos de prueba se acreditan de manera probable los hechos siguientes: "El diecinueve de junio de este año, alrededor de las catorce horas con quince minutos a quinientos metros de la salida de piedra negras en Santo Domingo Pochutla Oaxaca, es probable que Noldi Geovanni García Altamirano y Luis Ángel García Altamirano, -portaran en el interior del vehículo que circulaban una carabina calibre 30, matrícula 6801744, una pistola calibre 9 mm, matrícula PBF7153, así como 14 cartuchos calibre 30" Precisado lo anterior, en el caso, este juzgado federal considera que correctamente la autoridad responsable estimó que la existencia de los hechos que la ley señala como delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se obtuvo de los antecedentes de investigación expuestos por la fiscalía, a título de probabilidad. Sobre esa base, el juez responsable actuó legalmente al establecer que los hechos fácticos que calificó como delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, con la agravante prevista en el penúltimo párrafo del numeral 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y la probabilidad de que los quejosos participaron en su comisión, derivó de la concatenación de los datos de prueba reseñados con anterioridad. Los cuales, contrario a la pretensión de la parte quejosa, fueron apreciados correctamente por el juez de control responsable de acuerdo con las reglas de la valoración de la prueba (sana crítica), en términos del numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y atendiendo a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. Ello, pues analizado en su conjunto los datos de prueba referidos, se advierte que son idóneos y pertinentes para establecer a manera de probabilidad que los quejosos Noldi Geovanni García Altamirano y Luis Ángel García Altamirano, participaron en los hechos que la ley describe como delitos de que se le imputan como autores directos de dichas conductas. En efecto, de la información obtenida precisa que Noldi Geovanni García Altamirano y Luis Ángel García Altamirano, fueron quienes probablemente el día de los hechos, en compañía de diversas personas, viajaban en un vehículo de motor color gris, marca Ford, modelo F-150, cabina y media, en el que el Noldi se encontraba en la posición de copiloto, mientras que Luis Ángel, se posicionaba detrás del asiento del chofer. Así después de detenerse en atención a las indicaciones de la policía ministerial y hacer una revisión en el interior del citado automotor, encontraron una carabina calibre 30, matrícula 6801744, una pistola calibre 9 mm, matrícula PBF7153, así como 14 cartuchos calibre 30, sin contar permiso para ello. Es decir, se encontraron armas bélicas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, dentro del vehículo en el que viajaban sin contar permiso por autoridad competente para ello, lo que como bien lo indicó el juez de control responsable, a manera de probabilidad se advierte su participación en los hechos que la ley señala como delitos. Son aplicables las tesis de Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO. SE INTEGRA ESE DELITO CUANDO ÉSTA SE LLEVA CONSIGO, EN CUALQUIER PARTE DEL VEHÍCULO Y CON INDEPENDENCIA DEL NÚMERO DE MOVIMIENTOS QUE EL SUJETO ACTIVO DEBA REALIZAR PARA ALLEGÁRSELA. Tratándose del delito de portación de arma de fuego previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, al vocablo "portar" debe darse un significado amplio que se traduzca en llevar consigo el arma prohibida, pues en caso de interpretar dicho elemento literal o gramaticalmente se llegaría al extremo indeseable de considerar que ese ilícito se configura cuando sin realizar mayor esfuerzo que el que le permita el movimiento giratorio de su cuerpo, el sujeto activo se apodere del artefacto bélico, lo cual contraviene la intención del legislador, reflejada en el proceso legislativo que originó las reformas tanto del artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como de la ley de la materia, consistente en inhibir la portación de armas ante la inseguridad, temor y encono social que genera; máxime que el bien jurídico protegido en este caso es la seguridad y la paz de la colectividad. En ese tenor, y tomando en cuenta que el señalado delito es de los llamados de peligro, ya que la conducta que lo integra implica un riesgo para la seguridad y la paz social ante la posibilidad de que el sujeto activo con facilidad se allegue el arma cuando así lo decida, en razón de su cercana disponibilidad, resulta inconcuso que el ilícito mencionado se configura cuando el arma se encuentra en cualquier sitio del vehículo, ya sea la cabina, la guantera, la cajuela trasera, el motor, etcétera, independientemente del número de movimientos que el sujeto deba realizar para allegársela." "PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO. SE CONFIGURA ESE DELITO CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ARMA SE ENCUENTRE DENTRO DE LA CABINA DEL VEHÍCULO, AL ALCANCE INMEDIATO DE LA PERSONA, CON INDEPENDENCIA DEL NÚMERO DE MOVIMIENTOS QUE SE REALICEN PARA ACCEDER A ELLA. En atención a que el bien jurídico tutelado en el delito de portación de arma de fuego tipificado en los artículos 81 y 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, además de la vida e integridad de las personas, es la paz y la seguridad pública, debe concluirse que éstas se ven afectadas con la sola circunstancia de que el arma en cuestión se encuentre al alcance inmediato de la persona, lo que sucede cuando se encuentra dentro de la cabina del automóvil, con independencia del número de movimientos corporales que se tengan que realizar para acceder a ella. Esto es, el hecho de llevar consigo un arma dentro de la cabina del automóvil daña la tranquilidad y seguridad pública, al alterarse éstas instantáneamente con la sola presencia de la persona armada." Paralelo a lo anterior, los datos de prueba ponen de relieve que a título de probabilidad, los hoy quejosos portaban armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, sin permiso para ello. De igual forma se comparte la actualización de la agravante prevista en el penúltimo párrafo del numeral 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que refiere que en el caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se aumentará hasta en dos terceras partes. Lo anterior es así ya que de los datos de prueba se advierte de manera probable que los aquí quejosos se encontraban portando dos armas consistentes en una carabina calibre 30, matrícula 6801744 y una pistola calibre 9 mm., matrícula PBF7153. Así, adverso a la pretensión de la parte solicitante del amparo, dicho hecho se encuentra hasta este momento acreditado de manera probable, con el informe policial homologado de diecinueve de junio del año dos mil veintiuno, por elementos de la Policía Estatal; quienes por un lado, dieron razón de la mecánica de la captura de los quejosos, y a su vez, precisaron que al realizarle una revisión, le encontraron los objetos del delito. Lo anterior se apoyó con el informe de investigación criminal suscrito por elementos de la Policía Federal Ministerial y entrevistas de veinte de junio de dos mil veintiuno, realizada a los elementos aprehensores, en los cuales refuerzan lo descrito el informe homologado antes señalado. De igual forma, robustece lo expuesto la cadena de custodia firmada por los elementos policiacos, en la cual dieron cuenta de las medidas para preservar los indicios del delito. Asimismo, acertadamente el juez de control responsable otorgó valor indiciario al informe de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, suscrito por el General de Brigada de apellidos García Brito, donde hace del conocimiento que los ahora inculpados no cuentan con permiso para portar armas bélicas y las armas aseguradas no se encuentran registradas. Refuerza lo anterior, la inspección de objetos bélicos de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, suscrito por policía investigador donde se ponen a la vista los indicios del delito; inspección del lugar de la detención realizado por el policía investigador; e, inspección del vehículo de motor de veinte de junio de dos mil veintiuno. En el que los elementos policiacos informan de manera detallada que los objetos que tuvieron a la vista coinciden con los descritos en el informe policía homologado, así como dan credibilidad del lugar donde se suscitó la detención y las condiciones del vehículo de motor en el que viajaban los ahora quejosos. Resulta aplicable al caso la tesis aislada 1a. CLXVI/2016 (10a.), consultable en la página 693, Libro 31, Junio de 2016, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "DILIGENCIAS PRACTICADAS POR AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL O LOCAL. EL ARTÍCULO 287, PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE LES OTORGA EL VALOR DE TESTIMONIOS, NO VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA. El precepto citado, al prever que las diligencias practicadas por los agentes de la Policía Judicial Federal o local tendrán el valor de testimonios, no viola los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad jurídica, ya que reglamenta la valoración judicial de dichos medios de convicción -entre los que se encuentran los informes o partes informativos, que deben realizarse en términos del artículo 3o., fracción IX, del ordenamiento adjetivo referido-, con el objetivo de guiar la actividad intelectual del juzgador cuando éste se enfrenta a su ponderación valorativa. Así, tomando en cuenta que las reglas de la valoración de la prueba constituyen un elemento central del derecho al debido proceso, el artículo 287, párrafo último, del Código Federal de Procedimientos Penales, otorga a las diligencias policiales el mismo valor probatorio aplicable a las pruebas testimoniales, con la finalidad de que el juez de la causa aprecie las actuaciones bajo el mismo método de ponderación, pues la prueba testimonial se ubica entre los medios de convicción que para efectos de valoración judicial tienen el carácter de indicio, por lo que requiere de la existencia de otros elementos de prueba para que pueda afirmarse la demostración del hecho al que se refiere. Asimismo, en cuanto a las diligencias de la policía que son comunicadas al Ministerio Público mediante informes suscritos por los servidores públicos que las practicaron, en términos de las reglas procesales de valoración de las pruebas, aplicadas en sentido estricto, el informe de la policía o parte informativo constituye un documento público, como a los que se refiere el artículo 280 del código citado, con valor probatorio pleno. Sin embargo, dadas las características y la trascendencia de las diligencias de la policía, el propio legislador limitó el parámetro con el que debe valorarlas el juzgador; de ahí que, a pesar de que los informes de la policía constituyen documentos públicos, el legislador consideró prudente que para su análisis fuera procedente someterlos a las condiciones de valoración de la prueba testimonial, que supone que quien lo rindió es una persona que estaba presente en el lugar y el momento en que el hecho relevante tuvo lugar, por lo que puede poner dicha información en conocimiento de la autoridad. Circunstancia que, lejos de afectar los derechos de defensa y contradicción de quienes son parte en el proceso penal, permite ejercerlos en mejores condiciones, al otorgar la posibilidad de que el contenido del informe policial sea cuestionado y someter a quien lo rinde a ratificarlo mediante cuestionamiento directo, lo que permite configurar plenamente la prueba testimonial al introducirse el contenido del dictamen al juicio a través de su suscriptor.". Asimismo, la jurisprudencia 529, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 485, Tomo III, Penal Primera Parte- SCJN Sección-Adjetivo, Apéndice de 2011 de la Séptima Época, del contenido siguiente: "POLICÍAS APREHENSORES, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. Por cuanto hace a las declaraciones de los agentes aprehensores del acusado de un delito, lejos de estimarse que carecen de independencia para atestiguar en un proceso penal, debe darse a sus declaraciones el valor probatorio que la ley les atribuye, como testigos de los hechos ilícitos que conocieron.". Datos de prueba a los cuales se engarza los objetos de indicios del delito los cuales se encuentran en la bodega de la Policía Federal Ministerial ubicada en Bahías de Huatulco, Oaxaca, los cuales se hacen consistir un arma de fuego tipo carabina MI, calibre 30, matrícula 3801744; arma de fuego tipo pistola Smit Wesson calibre 9 mm, matrícula PBF7153 y 14 cartuchos calibre 30, lo que evidentemente apoya la probabilidad de la existencia de dichos artefactos bélicos. Lo que se robustece con el dictamen de balística forense de veinte de junio de dos mil veintiuno, suscrito por el perito en la materia Ricardo Pelayo Ramírez, en el que otorga su experticia detallando el tipo, calibre y marca de los instrumentos bélicos sometidos a su opinión. De ese modo, atendiendo a que el dictamen realizado tienen congruencia externa y son apoyados con los diversos datos de prueba, por lo tanto genera valor indiciario, para considerar que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. En sustento a lo anterior, se cita la jurisprudencia 256, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 188, Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN, Sexta Época, Apéndice 2000, del tenor siguiente: "PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN.-Dentro del amplio arbitrio que la ley y la jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el único o los varios que se hubieran rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente determine respecto de unos y otros." De ahí que los datos de prueba relatados por la Fiscalía sean aptos para acreditar, a título de probabilidad, las conductas desplegadas por los imputados; la cual, desde luego, incursiona en el campo de lo ilícito, y por ende, hasta esta etapa procesal, son suficientes para vincularlos a proceso. Se explica. El estándar probatorio exigido para la emisión de un acto de autoridad, como el ahora analizado, es mínimo, puesto que no se necesita comprobar plenamente el hecho delictivo, con cada uno de sus elementos típicos, sino que únicamente se requiere que existan indicios razonables, que representan un estado de convencimiento de probabilidad, a través de un hecho indicador (dato probatorio) de cada uno de sus elementos y no convencimiento fuera de toda duda razonable. Lo anterior, es contrario a lo que acontece al emitir una sentencia definitiva dictada en juicio oral, pues esta determinación sí debe basarse en pruebas plenas desahogadas ante el juez de juicio, distinto de quien emitió la vinculación a proceso, y en esa etapa, la convicción de su culpabilidad debe ser más allá de toda duda razonable, como lo disponen los artículos 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ende, en el estado de investigación inicial (en el que actualmente se encuentra el procedimiento de origen), no se habla de prueba, sino de dato de prueba (fuente de prueba), que constituye la información que proporciona el Ministerio Publico o Fiscalía y que el juez de control no puede valorar, al no desahogarse ante su potestad. Sirve de sustento la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 360, que señala: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Ahora, contrario a lo que expone el defensor particular de los aquí quejos, en el que refiere de forma genérica sin realizar razonamiento lógico jurídico, que el auto sometido a escrutinio constitucional violenta los derechos y garantías de audiencia, legalidad, igualdad, seguridad jurídica, acceso a la justicia y presunción de inocencia, evidentemente deviene infundado, pues tal como se evidenció a lo largo de la presente resolución, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, fue garante y respetuoso en dicho aspecto. Tocante al único concepto de violación que realiza de forma específica, en el que refiere que el juez de control tomó en consideración solo el informe homologado de diecinueve de junio del año dos mil veintiuno, suscrito por elementos de la Policía Estatal para vincularlo a proceso. Dicho concepto de violación deviene infundado, pues basta de imponerse de las audiencias que remitió el juez responsable, en el que se aprecia que para tomar la determinación de vincularlos a proceso se apoyó en diversos datos de prueba, como son los objetos de indicios del delito los cuales se encuentran en la Bodega de la Policía Federal Ministerial ubicada en Bahías de Huatulco, Oaxaca; cadena de custodia firmada por los elementos judiciales; dictamen de balística forense de veinte de junio de dos mil veintiuno, suscrito por el perito en la materia Ricardo Pelayo Ramírez; informe de investigación criminal suscrito por elementos de la Policía Federal Ministerial; entrevistas de veinte de junio de dos mil veintiuno, realizada a los elementos aprehensores; inspección de objetos bélicos de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, suscrito por policía investigador donde se ponen a la vista los indicios del delito; inspección del lugar de la detención realizado por el policía investigador; inspección del vehículo de motor de veinte de junio de dos mil veintiuno; e, informe de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, suscrito por el General de Brigada de apellidos García Brito, donde hace del conocimiento que los ahora inculpado no cuentan con permiso para portar armas bélicas y las armas aseguradas no se encuentran registradas, los cuales a consideración de este juzgador de amparo son indicios razonables para sustentar la probabilidad que los aquí quejosos realizaron los hechos delictivos que se les imputa. Datos de prueba que en párrafos precedentes se analizaron, concluyendo que la valoración otorgada por el juez de control responsable se ajustó a derecho. DECISIÓN De acuerdo con las consideraciones expuestas, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa y al no advertir deficiencia de la queja que deba ser suplida en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***, en contra del acto reclamado al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, por los motivos expuestos en el apartado X del presente fallo. Notifíquese personalmente, a los quejosos en su centro penitenciario. sí lo resolvió y firma electrónicamente el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, ante el secretario de acuerdos Rodrigo Rodríguez Ibarra, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy fe.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintiuno. De estado procesal de los autos se advierte que se encuentra señalada para esta fecha la audiencia constitucional; sin embargo, el suscrito considera que debe diferirse en razón de que mediante determinación del pasado nueve de septiembre se tuvo al ********************, agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula IV-4 Huatulco, Estado de Oaxaca, apersonándose al presente asunto, por lo que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que tenga conocimiento de las constancias que obran en el expediente******************** De igual forma, resulta necesario solicitar a la responsable, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, si a la fecha continua fungiendo como defensor particular de los quejosos ******************** y ********************en la causa penal ********************de su índice En consecuencia, a fin de dictar una resolución conforme a derecho solicítese atentamente al citado juez de distrito para que dentro del plazo de tres días informe si a la fecha continua fungiendo como defensor particular de los promoventes de amparo ******************** y ********************en la causa penal ********************de su índice. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para hoy, se difiere para las catorce horas con veinticinco minutos del treinta de septiembre de dos mil veintiuno NOTIFÍQUESE
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio señalado en la cuenta, por medio del cual, el titular de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, -en cumplimiento al requerimiento efectuado en determinación que antecede- informa el nombre del fiscal conocedor de la carpeta judicial 302/2021 de su índice, proporcionando domicilio y correo institucional para recibir notificaciones. Por tanto, este órgano jurisdiccional se hace conocedor de la información proporcionada por la responsable y de conformidad al artículo 26, fracción II, inciso b), mediante oficio que al efecto se envíe [con transcripción del proveído inicial] con copia simple de la demanda de amparo, otórguese la intervención que le corresponde a José Eduardo Bernardino Ramos, agente del Ministerio Publico de la Federación, Titular de la Célula IV-4 Huatulco, Estado de Oaxaca, como tercero interesado en este juicio, en términos del artículo 5º, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
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