Nolberto Velázquez Vázquez
Expediente 938/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 938/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Nolberto Velázquez Vázquez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio señalado en la cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes, en atención a su contenido se tiene al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, informando que admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Nolberto Velázquez Vázquez. En consecuencia, este Juzgado Federal toma conocimiento de las determinaciones anteriores. Por otra parte, toda vez que el referido órgano de control constitucional aceptó la competencia declinada, de conformidad con lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el normativo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, toda vez que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que en el juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno este Juzgado Federal declaró carecer de competencia, por razón de turno, para conocer de ese asunto, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, el presente expediente encuadra en la hipótesis prevista por el inciso i) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo de la demanda de amparo promovida por ********************. Notifíquese.
- Principal
""San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el progresivo 938/2022 que le corresponde. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público, previamente se debe considerar si en el caso, la demanda de amparo presentada por ****** da motivo para que este Juzgado se avoque a su conocimiento a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. De no hacerlo así se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio constitucional El quejoso impugna del Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca el acuerdo de tres de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de inconformidad JI/02/2022, en donde tuvo por no interpuesta y desechó la demanda que el justiciable presentó en contra del auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por el Órgano Superior de Fiscalización de esta entidad federativa en el expediente OFSE/REC.R./0027/2021. Ahora, es necesario precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una prerrogativa inserta en el derecho fundamental genérico de legalidad, tutelado por el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura, las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizados a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 195, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Octava Época, Registro: 919047, Tomo VII, Conflictos Competenciales, Jurisprudencia, Página: 317 del Apéndice 2000 que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA.- Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el aquo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el Juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, fin que su competencia para conocer del mismo." Ahora, del escrito inicial y sus anexos se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal, por razón de la vía, para conocer de él en atención a lo establecido en los artículos 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. La presidenta o el presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará a la quejosa o al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que, en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre juezas o jueces de distrito o tribunales colegiados de apelación. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta, en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecido s por el artículo 173 de esta Ley." El primero de los numerales transcritos establece que el Juzgado de Distrito que estime que la demanda presentada ante él en la que se reclame un acto que sea materia de amparo directo declarará carecer de competencia y de inmediato remitirá de plano la demanda y sus anexos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Luego, en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo se establece que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. De igual forma, se precisa que por sentencias definitivas o laudos debe entenderse las que decidan el juicio en lo principal y por resoluciones que pongan fin al juicio se entiende las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En tales condiciones, si el acto reclamado por el quejoso al Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca consiste en el acuerdo de tres de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de inconformidad JI/02/2022, en donde tuvo por no interpuesta y desechó la demanda que el justiciable presentó en contra del auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por el Órgano Superior de Fiscalización de esta entidad federativa en el expediente OFSE/REC.R./0027/2021, entonces debe decirse que conforme a lo dispuesto por el normativo 170, fracción I, de la Ley de Amparo ese acto constituye una resolución que pone fin al juicio, ya que se trata de una resolución en donde se determinó tener por no interpuesta y se desechó el escrito inicial que el disidente presentó en contra de un acto dictado en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, por lo que con esa resolución se puso fin al juicio de inconformidad JI/02/2022, sin decidirlo en lo principal, pero por el sentido de tal determinación lo dio por concluido; entonces, resulta evidente que respecto del citado acto reclamado corresponde conocer al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, aun cuando en el caso pudiera ser procedente algún recurso ordinario contra dicha resolución reclamada en términos de lo indicado por la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia común, con número de registro 2008791, con rubro y texto siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 201 3). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o ., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b ) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegia dos de Circuito; y, c ) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar , la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y , al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P . / J . 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." En ese contexto, con fundamento en los artículos 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo se declara que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver respecto del acto que ***** reclama del Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca, consistente en el acuerdo de tres de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de inconformidad JI/02/2022, en donde tuvo por no interpuesta y desechó la demanda que el justiciable presentó en contra del auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por el Órgano Superior de Fiscalización de esta entidad federativa en el expediente OFSE/REC.R./0027/2021, por lo que se estima que su conocimiento corresponde al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, por tratarse el acto reclamado de una resolución que puso fin al citado juicio, porque sin decidirlo en lo principal lo dio por concluido. Por tanto, se ordena remitir la demanda de amparo con sus anexos y las copias respectivas al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, para que el Magistrado Presidente de este Tribunal Constitucional determine si acepta o no la competencia declinada para conocer y resolver en cuanto al citado escrito inicial, por lo que se solicita a la Superioridad el acuse de recibo respectivo. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene al justiciable por señalado el domicilio procesal que indica y como sus autorizados en términos restringidos de los normativos 12 y 24 de la Ley de Amparo a las personas que indica, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos, por así manifestarlo expresamente. Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICA POR LISTA PREVIO CITATORIO QUE SE LE DEJO)""
- Principal
""San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el progresivo 938/2022 que le corresponde. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público, previamente se debe considerar si en el caso, la demanda de amparo presentada por ****** da motivo para que este Juzgado se avoque a su conocimiento a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. De no hacerlo así se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio constitucional El quejoso impugna del Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca el acuerdo de tres de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de inconformidad JI/02/2022, en donde tuvo por no interpuesta y desechó la demanda que el justiciable presentó en contra del auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por el Órgano Superior de Fiscalización de esta entidad federativa en el expediente OFSE/REC.R./0027/2021. Ahora, es necesario precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una prerrogativa inserta en el derecho fundamental genérico de legalidad, tutelado por el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura, las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizados a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 195, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Octava Época, Registro: 919047, Tomo VII, Conflictos Competenciales, Jurisprudencia, Página: 317 del Apéndice 2000 que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA.- Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el aquo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el Juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, fin que su competencia para conocer del mismo." Ahora, del escrito inicial y sus anexos se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal, por razón de la vía, para conocer de él en atención a lo establecido en los artículos 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. La presidenta o el presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará a la quejosa o al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que, en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre juezas o jueces de distrito o tribunales colegiados de apelación. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta, en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecido s por el artículo 173 de esta Ley." El primero de los numerales transcritos establece que el Juzgado de Distrito que estime que la demanda presentada ante él en la que se reclame un acto que sea materia de amparo directo declarará carecer de competencia y de inmediato remitirá de plano la demanda y sus anexos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Luego, en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo se establece que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. De igual forma, se precisa que por sentencias definitivas o laudos debe entenderse las que decidan el juicio en lo principal y por resoluciones que pongan fin al juicio se entiende las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En tales condiciones, si el acto reclamado por el quejoso al Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca consiste en el acuerdo de tres de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de inconformidad JI/02/2022, en donde tuvo por no interpuesta y desechó la demanda que el justiciable presentó en contra del auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por el Órgano Superior de Fiscalización de esta entidad federativa en el expediente OFSE/REC.R./0027/2021, entonces debe decirse que conforme a lo dispuesto por el normativo 170, fracción I, de la Ley de Amparo ese acto constituye una resolución que pone fin al juicio, ya que se trata de una resolución en donde se determinó tener por no interpuesta y se desechó el escrito inicial que el disidente presentó en contra de un acto dictado en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, por lo que con esa resolución se puso fin al juicio de inconformidad JI/02/2022, sin decidirlo en lo principal, pero por el sentido de tal determinación lo dio por concluido; entonces, resulta evidente que respecto del citado acto reclamado corresponde conocer al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, aun cuando en el caso pudiera ser procedente algún recurso ordinario contra dicha resolución reclamada en términos de lo indicado por la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia común, con número de registro 2008791, con rubro y texto siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 201 3). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o ., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b ) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegia dos de Circuito; y, c ) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar , la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y , al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P . / J . 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." En ese contexto, con fundamento en los artículos 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo se declara que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver respecto del acto que ***** reclama del Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca, consistente en el acuerdo de tres de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de inconformidad JI/02/2022, en donde tuvo por no interpuesta y desechó la demanda que el justiciable presentó en contra del auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por el Órgano Superior de Fiscalización de esta entidad federativa en el expediente OFSE/REC.R./0027/2021, por lo que se estima que su conocimiento corresponde al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, por tratarse el acto reclamado de una resolución que puso fin al citado juicio, porque sin decidirlo en lo principal lo dio por concluido. Por tanto, se ordena remitir la demanda de amparo con sus anexos y las copias respectivas al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, para que el Magistrado Presidente de este Tribunal Constitucional determine si acepta o no la competencia declinada para conocer y resolver en cuanto al citado escrito inicial, por lo que se solicita a la Superioridad el acuse de recibo respectivo. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene al justiciable por señalado el domicilio procesal que indica y como sus autorizados en términos restringidos de los normativos 12 y 24 de la Ley de Amparo a las personas que indica, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos, por así manifestarlo expresamente. Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICA POR LISTA PREVIO CITATORIO QUE SE LE DEJO)""
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