Nohemí Estrella Lizárraga

Expediente 1242/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1242/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
18/05/2022

Partes del expediente

  • Nohemí Estrella Lizárraga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. I. Estado de autos. De la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa en acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintidós, para manifestar lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede a analizar si está fue acatada en sus términos por las autoridades responsables. Efectos de la concesión del amparo. Consta en autos que el siete de enero de dos mil veintidós, se dictó la resolución constitucional; en lo que interesa se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para efecto de que la autoridad responsable dentro del ámbito de sus atribuciones realice lo siguiente: ".gire de manera inmediata el exhorto ordenado en auto de catorce de octubre de dos mil veinte en el juicio laboral 1431/2017." III. Causa ejecutoria y se ordena requerir a las responsables por el cumplimiento al fallo constitucional. Por auto de treinta y uno de enero de la presente anualidad, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento al fallo constitucional. IV. Actuaciones exhibidas por la responsable. Mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el cuatro de marzo siguiente, la presidente de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, remitió copia certificada del exhorto enviado al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur del Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, a fin de que llevara a cabo el desahogo de la prueba ofrecida en el juicio de origen 1431/2017; con lo que se advierte que la responsable cumplió con los parámetros del efecto para lo que se emitió la sentencia concesoria. V. Vista cumplimiento. Con el oficio y documental en mención, por acuerdo de nueve de marzo del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, este juzgador se pronunciaría al respecto con base en los elementos existentes y los datos aportado por la autoridad responsable; determinación que le fue notificada a la parte quejosa el doce de abril del año en curso, sin haber realizado manifestación al respecto. VI. Decisión del juzgado en torno al cumplimiento de la ejecutoria. De lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin exceso ni defecto. VII. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. VIII. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido; en el entendido que el expediente es depurable una vez transcurridos tres años. IX. Devolución de documento. Se requiere a las partes para que acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recurperar los documentos exhibidos en el presente juicio, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 18, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dicho documento será glosado y correrá la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a la representación social. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de marzo de dos mil veintidós. Informe de cumplimiento. Se agrega el oficio con anexos que remite la autoridad responsable presidente de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residente de esta ciudad, en el que manifiesta el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Vista de cumplimiento. Conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional se pronunciará al respecto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Juicio de amparo 1242/2021 Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diez horas con cuarenta y dos minutos del siete de enero de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación anterior. Además, de la certificación que antecede se advierte que en auto de radicación se reservó proveer respecto al emplazamiento de la parte tercera interesada; a lo que el juez acuerda: no constituye obstáculo para la celebración de la presente audiencia, la falta de emplazamiento al presente asunto, a quien constituye la parte demandada en el procedimiento natural, pues la resolución que se pronunciará no lesiona sus derechos ni tampoco le irroga perjuicio alguno. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con la documentales ofertadas por la autoridad responsable. El juez acuerda. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1242/2021; y, I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito recibido el catorce de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido al día siguiente, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Nohemí Estrella Lizarraga, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado del presidente de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. El veinte de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previos diferimientos, se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: II. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde este juzgado Federal ejerce jurisdicción. III. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como actos reclamados: La omisión del presidente de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad de girar exhorto a efecto de desahogar diversas probanzas ofrecidas por las partes en el juicio obrero de origen. La omisión por parte del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, de diligenciar el exhorto librado por la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje derivado del juicio laboral 1431/2017. IV. Inexistencia del acto combatido No es cierto el acto reclamado atribuido al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón que se precisó en el inciso b) del apartado que antecede, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Ahora, la parte quejosa no aportó pruebas que corroboraran las aseveraciones planteadas en su demanda de amparo, ni desvirtuara la negativa formulada por las autoridad mencionada; lo que ineludiblemente lleva a concluir la inexistencia del acto reclamado. En consecuencia, en el caso se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por ende, se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." V. Existencia del acto combatido Es cierto el diverso acto reclamado a bajo el inciso a) del apartado III, no obstante que el presidente de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje lo haya negado; sin embargo, dicha certeza se desprende de las propias manifestaciones vertidas al rendir su informe justificado, así como de las constancias que remitió en su apoyo, de las que se desprende la existencia de la omisión delatada. VI. Consideraciones jurídicas Toda vez que las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se actualice alguna otra; por tanto, se procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. La parte quejosa aduce esencialmente en sus conceptos de violación que el acto reclamado transgrede sus derechos fundamentales de justicia pronta y expedita, contenidos en el artículo 17 constitucional, en virtud de que la responsable no ha girado el exhorto ordenado en autos del juicio de origen desde el catorce de octubre de dos mil veinte a fin de lograr desahogar diversas pruebas ofrecidas por las partes. En efecto, el artículo 17 constitucional, consagra a favor de los gobernados la prerrogativa de acceso a la jurisdicción, la cual, contempla las subgarantías o principios siguientes: Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Con base en las directrices del artículo 17 constitucional, en función del procedimiento laboral, puede decirse que la autoridad laboral viola el derecho de acceso a la impartición de justicia, cuando no tramite, resuelva o ejecute los juicios laborales en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado, decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone una prohibición: no retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. La naturaleza expedita de esta prerrogativa se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por su parte, los artículos 685, 686, 753, 757, 771, 880 y 883 de la Ley Federal del Trabajo, establecen entre otras cosas, que el proceso laboral se rige por los principios de economía, concentración y sencillez, es decir, debe ser dinámico, tan es así, que el propio código obrero impone la obligación a la autoridad laboral de substanciar el procedimiento dentro de los plazos que en él se señalan, para llevar a cabo los distintos actos procesales; que los presidentes de las juntas y los auxiliares, deben cuidar bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos. Además, prescriben que al concluir el ofrecimiento de pruebas, las partes podrán objetar las de su contrario, y se proveerá inmediatamente sobre las que admita o deseche, o en su caso, se reservará proveer al respecto, por un período que no deberá de exceder cinco días. Asimismo, se advierte que una vez admitidas las pruebas, la junta deberá señalar fecha dentro de los diez días siguientes para la audiencia de desahogo, además proveerá los mecanismos necesarios para que se lleven a cabo y cuando no sea posible, tendrá que señalar nueva fecha para su celebración; periodo que de ninguna manera podrá exceder de treinta días desde su admisión. Asimismo, en caso de que las diligencias referidas no puedan practicarse en el lugar de la residencia de la junta que conozca del juicio, éstas deberán encomendarse por medio de exhorto al presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje que resida en el domicilio en que deban verificarse. De igual manera, es obligación de la junta respectiva expedir los exhortos y despachos, al día siguiente de aquel en que surta sus efectos la resolución que los ordene. Ahora, en el caso, de las manifestaciones del quejoso realizadas bajo protesta de decir verdad, y de las constancias que obran en el sumario, se desprende que: La parte quejosa promovió demanda laboral ante la responsable radicada como juicio laboral 1431/2017. Seguida la secuela procesal, el catorce de octubre de dos mil veinte, se dictó acuerdo en que se admitieron diversas probanzas, y se ordenó su desahogo, para lo cual se ordenó girar exhorto al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón. Lo anterior pone de manifiesto que la responsable ha incurrido en la omisión reclamada toda vez que no se advierta la materialización de lo ordenado por ella, ya que si bien es cierto la junta responsable allegó copia certificada del oficio 62/2020 de esa data, dirigido al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur de Sonora, con sede en Ciudad Obregón, también es cierto que no obra constancia fehaciente del envío del mismo, en virtud que desde la fecha en que se admitió el desahogo de las probanza de mérito, transcurrieron aproximadamente más de un año dos meses sin que se hubiere enviado la comunicación oficial citada, lo que evidencia que durante ese lapso el expediente estuvo totalmente paralizado, tiempo que de ninguna manera es justificable. Por lo antes expuesto, resulta incuestionable que la autoridad responsable no se ha ajustado a los plazos que rigen el procedimiento laboral en la etapa probatoria -cuyo periodo no debe exceder de treinta días desde su admisión- ni la expedición de los exhortos y despachos relativos -al día siguiente de aquél en que se ordenó-. En consecuencia, se concluye que se violenta el derecho humano de pronta y expedita impartición de justicia previsto en el numeral 17 constitucional, por lo que se impone conceder la protección constitucional solicitada por la parte quejosa. Por su parte, no se desconoce que los tribunales laborales cuentan con una carga de trabajo excesiva; sin embargo, dicha circunstancia no los exime de la obligación que les impone la ley laboral, en cuanto a los tiempos fijados para el trámite del juicio. VII. Decisión En ese contexto, al actualizarse causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el acto reclamado bajo el inciso b) del apartado III, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Por otro lado, respecto del acto precisado en el inciso a) del referido apartado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable gire de manera inmediata el exhorto ordenado en auto de catorce de octubre de dos mil veinte en el juicio laboral 1431/2017. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: VIII. Resuelve Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Nohemí Estrella Lizarraga, contra el acto reclamado precisado en inciso b) que se identificó en el apartado III, atribuido a la autoridad responsable mencionada en el diverso IV de este fallo. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Nohemí Estrella Lizarraga, contra el acto reclamado puntualizado en el inciso a) apartado III, por las consideraciones y para los efectos señalados en los diversos VI y VII de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de juzgado con quien legalmente actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur de Sonora con sede en Ciudad Obregón, Sonora, y dese vista a las partes con su contenido. Diferimiento de audiencia constitucional. Del estado de autos y la certificación que antecede se advierte que no obra agregada al sumario constancia de emplazamiento del agente del Ministerio Público Federal adscrito, por tanto se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que de inmediato realice su llamamiento al sumario; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las diez horas con cuarenta y dos minutos del siete de enero de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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