Noé Moreno Loera
Expediente 289/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 289/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Noé Moreno Loera
Actuaciones
- Principal
Causa ejecutoria sentencia, se ordena archivo...
- Principal
Certificación. En Hermosillo, Sonora, el veintidós de abril de dos mil veintiuno, el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, certifico que los autos del presente asunto se integran por lo siguiente: 1) Informes justificados de las responsables registrados bajo números de promoción 5259 y 5260; 2) Emplazamiento de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, 3) Pruebas documentales ofertadas por las autoridades responsables al rendir sus informes con justificación. Asimismo, hago constar que: 1) En el auto de radicación, este juzgado se reservó proveer respecto de la existencia de terceros interesados; y, 2) No ha transcurrió el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan del contenido del informe rendido por la autoridad responsable. Lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Doy fe. Jesús Efrén Ibarra Othón. Secretario del juzgado Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con nueve minutos del veintidós de abril de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Efrén Ibarra Othón, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura a todas las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, la constancia de emplazamiento a juicio de las partes. Ahora bien, revisado el estado de autos, se advierte que en auto de radicación, se reservó proveer respecto del emplazamiento de la parte tercera interesada. El juez acuerda: no constituye obstáculo para la celebración de la presente audiencia, la falta de emplazamiento al presente asunto, a quien constituye la parte demandada en el procedimiento natural, pues la resolución que se pronunciará no lesiona sus derechos ni tampoco les irroga perjuicio alguno. Asimismo, el secretario da cuenta con los informes y anexos rendidos por las responsables, registrados bajo números de promoción 5259 y 5260; a lo que el juez acuerda: con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los informes justificados y documentales de referencia, los que serán tomados en cuenta al dictar la resolución correspondiente. Por otra parte, se hace constar que no le transcurre a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido del informe rendido por las autoridades responsables; empero, debe precisarse que no es necesario esperar a que acontezca tal circunstancia. Se explica. No se inadvierte que el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", en tanto que, en el caso, el artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada, que guarda similar redacción con la del precepto 117 de la ley de la materia vigente, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 54/2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.". En dicho criterio, el Alto Tribunal sostuvo esencialmente que cuando la autoridad responsable no rinda el informe justificado al menos con ocho días de anticipación al de la celebración de la audiencia constitucional y, el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación; ello, con el objeto de que las partes tengan la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo. Sin embargo, la circunstancia de que no mediará el mencionado plazo, este juzgador considera que, en la especie, no se contraviene el artículo transitorio apuntado, en razón de que el alcance del referido artículo 117 se obtiene al adminicularlo con el diverso 93, fracción IV, de la propia ley, el cual regula la hipótesis concerniente a que las violaciones procesales cometidas en sede constitucional, deben ser reparadas siempre que su trascendencia impacte en la sentencia; hipótesis que no se contenía en la Ley de Amparo anterior en el numeral 91, fracción IV, que disponía que la reposición sólo era procedente cuando "hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva". Es decir, la aludida jurisprudencia interpretó el numeral 149 de la Ley de Amparo abrogada, donde no había disposición expresa por parte del legislador que colocara una condicionante a las reposiciones del procedimiento cuando era patente que durante la substanciación del juicio de amparo el juzgador había incurrido en una infracción de carácter procesal, como sí ocurre con la ley que la sustituyó. Ciertamente, la expedición de la actual Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, incorporó al sistema del derecho de amparo instituciones novedosas y trascedentes cambios que, como en el caso que nos ocupa, obligan a construir una nueva forma de concebir el medio de control constitucional por excelencia. Así, por conducto del nuevo ordenamiento se buscó la actualización de algunos de los postulados que rigen dicho mecanismo jurisdiccional, en aras de ciudadanizarlo mediante la agilización del trámite, la des-tecnificación de sus reglas, el mejoramiento y fortalecimiento de sus efectos, y la ampliación de su ámbito de protección. En conclusión, con motivo de la nueva redimensión de la Ley de Amparo, que busca un efecto útil en la solución de las controversias que se planteen ante los órganos de control constitucional, es dable insistir que, en la especie, el hecho de que la parte quejosa no hubiese conocido del informe justificado con la anticipación de ocho días que marca la ley, no impacta en el resultado del fallo, como se explicará a continuación y, ante ese panorama, de ordenar el diferimiento de la audiencia constitucional para otorgar el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico, sobre todo porque las propias actuaciones del juicio otorgan noticia de elementos suficientes para emitir la presente sentencia. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto al interpretar la Ley de Amparo abrogada como la vigente, ha establecido directrices que se decantan por privilegiar la solución del fondo de los asuntos cuando, a pesar de que existan violaciones procesales, el órgano de control constitucional no advierta que generen perjuicio en los justiciables; circunstancia que, desde luego, debe entenderse en el sentido de que el operador jurídico no debe constituirse en un autómata que, al detectar un posible quebrantamiento a las disposiciones reguladoras del procedimiento, como las previstas en el artículo 117 de la Ley de Amparo ordene el diferimiento de la audiencia constitucional, sino que debe examinar las particularidades de cada caso, para advertir si esa decisión es la más viable e impactará al resultado del fallo, puesto que sólo así se respetará el principio de justicia pronta reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Jurisprudencia de la que deriva que, con independencia del sentido del fallo, aun cuando exista una violación procesal, si su resultado es intrascendente no resulta dable ordenar la reposición del procedimiento porque a ningún fin práctico conduciría y, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia en contravención al postulado previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en este supuesto, el hecho de brindar a las partes la posibilidad de ofrecer pruebas traería en realidad un perjuicio para ellas al dilatar la solución del asunto, porque ese aparente derecho no podría ser ejercido por más tiempo que al efecto se les concediera, en la medida de que tendrían que demostrar que no es verdad que el acto reclamado subsiste y de ordenarse el diferimiento de la audiencia constitucional, lo único que produciría es el retardo en la solución del asunto en detrimento de la economía procesal y en perjuicio de la propia parte quejosa. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con las documentales exhibidas por las autoridades responsables. El juez acuerda. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas, por su especial naturaleza, las documentales de referencia. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes omitieron realizar manifestaciones. El juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes a formular alegatos, por lo que se declara cerrado dicho periodo. Acto seguido, se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 289/2021; y Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por demanda recibida el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad y, remitida por razón de turno el día hábil siguiente a este juzgado de distrito, Noé Moreno Loera, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad y otra autoridad. En proveído de veinticinco de marzo siguiente, se admitió la demanda referida; se ordenó formar el expediente y registrarlo en el libro uno de juzgado relativo a "Registro de Juicios de Amparo"; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo lugar en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado del presente fallo. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que cuando el acto reclamado carece de ejecución es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados, los siguientes: La omisión de acordar el escrito presentado ante la responsable el once de marzo de dos mil veintiuno. La omisión de la ejecución del laudo dictado dentro del expediente 2632/2015. La omisión de llevar a cabo la ejecución del laudo dictado dentro del expediente 2632/2015. Inexistencia del acto reclamado en el inciso c) No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable actuario notificador adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, pues no obstante de haberlo aceptado, de las documentales que anexa a su informe justificado se desprende dicha inexistencia. A mayor abundamiento, las responsables adscritas a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, al rendir su informe justificado, anexó el auto dictado el trece de abril de dos mil veintiuno, del que se desprende que despachó auto de ejecución de laudo dentro del expediente 2632/2015, encomendando al actuario adscrito a efecto de que se constituyera en el domicilio de la parte demandada acompañado del apoderado legal de la parte actora, para requerirle el pago de las cantidades que le fueron condenadas, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le embargarían bienes de su propiedad para garantiza dicho monto. Ahora bien, en atención al párrafo que antecede, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que da vida al presente asunto, esto es, el dieciocho de marzo pasado, no existía orden o encomienda al precitado actuario a efecto de que se encontrara en condiciones de llevar a cabo la ejecución del laudo dictado dentro del expediente 2632/2015. Aunado a lo anterior, la parte quejosa no aportó pruebas que corroboraran las aseveraciones planteadas en su demanda de amparo, ni desvirtuaran la negativa que se desprende de las documentales aportadas por las autoridades responsables; lo que ineludiblemente lleva a concluir la inexistencia del referido acto reclamado. En consecuencia, en el caso se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por ende, se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo por lo que ve al acto reclamado precisado en el inciso c), del apartado III, de la presente sentencia. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Certeza de los actos reclamados precisados en los incisos a) y b) Por otra parte, son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, ya que de sus manifestaciones y de las documentales remitidas se desprende dicha certeza, pues no obstante el contenido del auto que dictó el trece de abril de dos mil veintiuno, se advierte que se emitió con posterioridad a la presentación de la demanda de garantías, circunstancia que revela la existencia de las omisiones combatidas al momento en que se instó la presente controversia; probanzas que tienen el valor probatorio pleno que les asignan los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral segundo. Cobra aplicación la jurisprudencia 226, cuyo rubro es del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Causa de improcedencia En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el presente asunto, respecto de las omisiones que reclamó la parte quejosa, mismas que se hicieron consistir en la falta de acuerdo del escrito que presentó ante la precitada Junta, el once de marzo pasado y la omisión de ejecución del laudo dictado dentro del expediente 2632/2015, se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal que, la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En el caso, se llega a la firme convicción de que las omisiones delatadas han cesado en sus efectos, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó las que le dio motivo. En efecto, de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, así como de las constancias que en copia certificada remitieron las responsables, se advierte lo siguiente: El quince de agosto de dos mil diecinueve, se dictó laudo dentro del expediente 2632/2015. Luego, el diez de marzo pasado, le feneció el término a la parte demandada para que diera cumplimiento voluntario al laudo dictado dentro del multicitado expediente. Finalmente, por escrito de once de marzo de dos mil veintiuno, la parte quejosa, solicitó dentro del juicio natural, la ejecución forzosa a la Junta responsable; escrito que fue acordado por el presidente adscrito a dicha Junta, mediante auto de trece de abril de dos mil veintiuno, mismo en el que dictó auto de ejecución de laudo. Por lo anterior, es incuestionable que durante la tramitación del presente juicio de amparo, cesaron en sus efectos las omisiones delatadas, pues se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó las omisiones que dieron motivo a la demanda de amparo, pues de las documentales exhibidas por la responsable, se advierte que con el pronunciamiento del presidente adscrito a la precitada Junta, se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada, tal como si se hubiera concedido el amparo solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas." De igual forma cobra vigencia sobre el particular la tesis16 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, en principio debe estimarse que esos efectos han cesado cuando las autoridades responsables comunican al Juez de Distrito que han dejado sin efecto los actos reclamados y han mandado archivar el asunto como totalmente concluido, aunque no le hayan hecho al quejoso ninguna comunicación al respecto, pues aunque sería de desearse que lo hicieran no podría decirse que conforme al precepto indicado los efectos del acto no cesen sino hasta el momento en que se comunique tal cosa al afectado. Es cierto que para sobreseerse el amparo, es menester que se conozca ciertamente la resolución que dejó sin efectos el acto, pero para ello es bastante que se le comunique oficialmente al Juez. Sería contrario a los fines de una expedita administración de justicia entrar al fondo de los negocios, en situaciones como la apuntada. Y, en todo caso, el quejoso puede obtener constancia de la cesación de efectos del acto reclamado, ya solicitando copias certificadas de las constancias pertinentes del juicio de amparo, o ya solicitándolas de las propias autoridades. Y la negligencia de éstas en lo relativo a notificar al quejoso la nueva resolución que dejó sin efectos la reclamada, no puede justificar que se entre al fondo del estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. A más de que, cuando las autoridades afirman categóricamente que han archivado el asunto como concluido, resultaría difícil entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, para decidir si se debe conceder la protección federal o no, pues en esta última hipótesis se crearía una situación legal extremadamente confusa. Y sólo podría justificarse el estudio del fondo del negocio, cuando los términos del informe justificado fueran ambiguos en forma tal, que no pudiera saberse el alcance de la cesación de los efectos del acto reclamado." Así, al haber cesado el efecto del acto impugnado, es obvio que debe declararse improcedente el juicio de amparo y decretar el sobreseimiento en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 9/98 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Decisión En las relatadas condiciones, respecto del acto reclamado y precisado en el inciso c), del apartado III, de esta sentencia, al ser inexistente el acto reclamado a la autoridad responsable actuario notificador adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, por las consideraciones establecidas en el apartado IV. Por otro lado, respecto del acto reclamado y precisado en el inciso a) y b), del apartado III, de esta sentencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada en el apartado VI, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Noé Moreno Loera, por las razones y fundamentos expuestas en los considerando IV y VI de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Efrén Ibarra Othón, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. etm
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Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. 1. Recepción. Fórmese expediente con el escrito y anexo de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de Juzgado relativo a registro de juicios de amparo. 2. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 14, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Noé Moreno Loera, contra actos atribuidos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad y otra autoridad. 3. Audiencia constitucional. Se fijan las once horas con nueve minutos del veintidós de abril de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio.
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