Noemí Sánchez Gutierrez
Expediente 1146/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 1 actuación registrada, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1146/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Noemí Sánchez Gutierrez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de la Contraloría General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. En consecuencia, regístrese bajo el número ******************** y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); fórmese el expediente electrónico e impreso. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Contraloría General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, lo siguiente: 1) Acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente administrativo ********************y su acumulado, en el cual se acordó señalar nueva fecha para la lectura de la resolución del mismo. 2) Medida cautelar de suspensión provisional de su puesto, misma que le fue impuesta en acuerdo de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************del índice de la autoridad responsable. Desechamiento de la demanda de Amparo. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Una vez establecido lo anterior, del análisis del escrito de demanda, se estima que respecto del acto reclamado descrito en el inciso 1), se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario; los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.]. III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Como se puede apreciar, el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, la Ley de Amparo vigente, a diferencia de la abrogada, precisa lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", al establecer que son los que afecten materialmente derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una resolución favorable. De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo, previo agotamiento de los recursos ordinarios, en contra de la resolución dictada en el procedimiento respectivo. Este criterio se plasmó en la jurisprudencia P./J. 24/92 (que se cita por sus razones esenciales), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, Tomo 56, agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS". Asimismo, debe entenderse como derecho adjetivo aquel que sólo produce efecto de carácter formal o intraprocesal, puesto que incide dentro del procedimiento de acuerdo con su desarrollo, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de la resolución; por lo que si esto se logra, ese tipo de actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por tanto, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Así, los actos dentro de juicio o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, tendrán una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan instantáneamente alguno de los derechos sustantivos como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse aun cuando el quejoso obtenga una resolución favorable en el procedimiento natural. De este modo, la procedencia del amparo indirecto se actualiza excepcionalmente contra algún acto dictado dentro del juicio o procedimiento ordinario, en el caso de que su ejecución afecte materialmente derechos sustantivos, de manera directa e inmediata, de modo tal que dicha afectación no podría repararse aún mediante la obtención de una sentencia favorable en el proceso o juicio de origen y, en sentido contrario, no procede cuando únicamente afecte derechos adjetivos, instrumentales o procesales. Tal afectación material debe ser directa e inmediata y no mediata, esto es, no debe ser secundaria o futura, ni requerir de un acto posterior, porque entonces el que causa la ejecución de imposible reparación es el acto que los produce y no su antecedente. Establecido lo anterior, de las manifestaciones que narra, bajo protesta de decir verdad, la parte peticionaria del amparo como antecedentes del acto reclamado, las cuales constituyen una confesión que hace prueba plena, conforme a lo establecido por los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa, se obtiene lo siguiente: En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, -a quien le reviste el carácter de presunta infractora en el procedimiento de responsabilidad administrativa ********************y su acumulado, del índice de la autoridad responsable-, reclama lo siguiente: El acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el aludido expediente, en el cual se acordó señalar nueva fecha para la lectura de la resolución del mismo. Por tanto, el acto reclamado, no genera afectaciones de imposible reparación, pues implica, en todo caso, una eventual violación de carácter procesal que no es susceptible de afectar de forma inmediata alguno de los llamados derechos fundamentales de la parte peticionaria del amparo. En efecto, de la demanda de amparo y anexos se aprecia que la autoridad responsable señaló nueva fecha y hora para la lectura de la resolución del expediente administrativo seguido en contra de la aquí parte quejosa, forma parte de una actuación procedimental que no transgrede de inmediato algún derecho sustantivo, porque de lo narrado se advierte que lo resuelto por la responsable únicamente trasciende a una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal; de modo que la violación reclamada es susceptible de repararse, sin que se advierta se afecte instantáneamente alguno de los derechos sustantivos como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera. De modo que, sus consecuencias no son susceptibles de producir de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental tutelado en la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la parte quejosa. Lo cual afecta únicamente derechos adjetivos o procesales que pueden repararse, porque el juicio génesis se encuentra en trámite, por lo que existe la posibilidad de que la parte aquí quejosa, pueda obtener una resolución favorable. Así las cosas, el acto reclamado, no puede ser sujeto al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, por ejemplo, el embargo, imposición de multas, decreto de alimentos provisionales o definitivos, arresto, etcétera; lo cual no aconteció en la especie. De ahí, que asumir una postura contraria equivaldría a abrir la posibilidad de que contra todas las demás decisiones o acuerdos intermedios que se dicten en el juicio procediera también el juicio de amparo indirecto, lo que evidentemente conllevaría el retraso injustificado del trámite que ha de culminar con aquél soslayando que, en todo caso, las violaciones procesales que durante su tramitación pudieran cometerse son susceptibles de atacarse cuando se controvierta la sentencia definitiva. Bajo esa condición, en atención a que lo reclamado no cumple con el presupuesto de irreparabilidad indispensable para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta a que alude la fracción III, inciso b), del artículo 107 de la Ley de Amparo, se impone DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo por improcedente, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal, puesto que a nada práctico se llegaría con admitirla, para que posteriormente se sobresea en el juicio por la causa de improcedencia que ha quedado establecida; además, con la tramitación del juicio se obligaría a la autoridad responsable a actuar en un juicio que jurídicamente resulta ocioso, lo que iría en contra de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, al no impartirse una justicia pronta y expedita; máxime que de dicho precepto también se desprende el principio de economía procesal. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 180663, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Ahora, respecto al diverso acto reclamado consistente en el acuerdo de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, por el que se le impuso la medida cautelar de suspensión provisional del cargo, dictado en el expediente ********************del índice de la autoridad responsable Contraloría General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se considera que el juicio de amparo intentado es improcedente por los motivos que se exponen a continuación. En esa línea de pensamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que ante este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, existe diverso juicio de amparo -********************- promovido por la directa quejosa ********************, contra la misma autoridad: Contraloría General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y por el mismo acto reclamado concerniente: "IV. RESOLUCIÓN COMBATIDA: Lo es el acuerdo de fecha 27 de Julio de 2023, dictado en el EXPEDIENTE INCIDENTAL ********************mediante el cual de forma ilegal e inconstitucional la responsable dicta de manera definitiva la medida cautelar consistente en la SUSPENSIÓN TEMPORAL DE MI CARGO COMO COORDINADORA ADMINISTRATIVA del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. (.)" Por tanto, obténgase copia de las constancias conducentes, para que surtan sus efectos legales en este juicio de amparo. En el aludido juicio constitucional (********************), se encuentran señaladas las once horas con cuarenta y un minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional, la que está pendiente de celebrarse. En ese contexto, se estima que se actualizada, la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61, de la Ley de Amparo, de manera que con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, lo que trae como consecuencia el desechamiento de la presente demanda, por lo siguiente. Así, el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios (.)". Del precepto legal trascrito, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolver en definitiva, promovido por la misma quejosa, contra la misma autoridad y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Esta figura jurídica (litispendencia), entraña un fenómeno procesal que se traduce en la simultanea tramitación de dos o más juicios en que los elementos esenciales de las acciones respectivas son los mismos, aunque en las correspondientes demandas no se aleguen los mismos conceptos de violación, circunstancia ésta que no desvirtúa la mencionada identidad. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número VII.P. 83 K del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en la página 260, Tomo XV, Enero de 1995, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." En esa tesitura, en el citado juicio de amparo ********************, se señalaron como autoridad responsable y acto reclamado, esencialmente, los mismos que se mencionan en la demanda de amparo que se provee. Entonces, del análisis comparativo entre la demanda del juicio de amparo ******************** y la diversa demanda de este expediente (********************), ambos de la estadística de este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, se advierte que se trata de la misma parte quejosa, misma autoridad responsable, y del mismo acto reclamado, consistente en la medida cautelar impuesta, contenida en el acuerdo de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, dictado en el multicitado incidente de medida cautelar, consistente en la suspensión del puesto de titular de la coordinación administrativa; de igual forma, que en el juicio citado en primer término (********************) se señalaron las once horas con cuarenta y un minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, la que está pendiente de celebrarse. De lo antes expuesto, se concluye que los actos que tilda de inconstitucionales el peticionario de amparo es materia de diverso juicio no concluido (en virtud de estar pendiente de celebrarse la audiencia constitucional) tramitado ante este juzgado. Cobra relevancia en lo conducente, la tesis I.11o.C.29 K, emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en página 3016, tomo II, libro 63, de febrero de dos mi diecinueve, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSALES PREVISTAS EN LAS FRACCIONES XI Y X DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE LA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo citado, tiene como finalidad preservar la cosa juzgada, pues no permite que se tramite una nueva demanda de amparo en la que se reclame a la misma autoridad, por el propio quejoso, el acto que ya fue reclamado en un juicio anterior que se encuentre concluido, no sólo cuando se analiza su constitucionalidad mediante una sentencia que decida el fondo de la controversia, sino también cuando se ha decidido en definitiva sobre su inatacabilidad por diverso juicio constitucional, de manera que se haya atendido a circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, pues esta determinación no puede desconocerse en el nuevo juicio de amparo que se promueva, ya que sólo así se dota de certeza jurídica a la decisión asumida en el primer amparo. De esta manera, esta porción normativa salvaguarda la cosa juzgada constituida por una primera sentencia de amparo que ha quedado firme, y es el fundamento del principio de seguridad jurídica. En este sentido, por virtud de la cosa juzgada se impide que una controversia ya dirimida en sentencia firme pueda nuevamente ser examinada en diverso juicio, es decir, significa la inmutabilidad de la resolución judicial, lo cual implica que sobre el tema resuelto no podrá volver a plantearse controversia alguna, sea porque ya se juzgó en forma firme sobre el fondo del asunto, o bien, porque la improcedencia de la acción traiga como consecuencia la inejercitabilidad de una nueva sobre la misma controversia. Así, para que esta causa de improcedencia opere, deben satisfacerse algunos de los requisitos esenciales previstos en la diversa fracción X, esto es, que el segundo o ulteriores juicios de amparo: a) sean promovidos por el mismo quejoso; b) en contra de las mismas autoridades responsables; y, c) por el mismo acto o norma general. La diferencia sustancial con la litispendencia radica en que en este supuesto ya debe existir cosa juzgada respecto del acto que se reclama; esto es, que en un anterior juicio de amparo ya se haya decidido sobre la constitucionalidad del mismo acto o norma general reclamados a las mismas autoridades responsables o, en su caso, que en sentencia firme se haya resuelto sobre la imposibilidad absoluta de que el quejoso ejerza la acción constitucional sobre los actos o normas generales que se combaten en un segundo o ulteriores juicios de amparo. En efecto, para que opere esta causa de improcedencia, no es requisito indispensable que en el anterior amparo se haya entrado al fondo del asunto; la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando en sentencia firme se determina, por ejemplo, que el quejoso consintió los actos reclamados o que carece de interés jurídico, y esa improcedencia produzca el sobreseimiento en el juicio por sentencia firme, ello origina que la acción constitucional no pueda volver a ejercitarse por el mismo quejoso contra el mismo acto reclamado y las mismas autoridades responsables. Si la causa de improcedencia por la que se sobreseyó en el anterior juicio de amparo en sentencia firme, no es de aquellas que hace inejercitable de nueva cuenta el amparo ello, por excepción, sí permitirá al quejoso intentar nuevamente la acción constitucional contra los mismos actos reclamados a las mismas autoridades responsables, siempre y cuando, por la naturaleza del acto reclamado o por la extensión de tiempo en que se hubiera resuelto ese primer amparo, no existan problemas de temporalidad para el ejercicio de una nueva acción constitucional. Por otra parte, existe la posibilidad de promover un segundo amparo, que se presenta a pesar de haberse sobreseído en uno primero mediante sentencia firme, por ejemplo, cuando se reclama una norma general -por estimarse inconstitucional- con motivo de su aplicación en perjuicio del quejoso, y durante el juicio se evidencia que el acto de aplicación reclamado no se sustentó en esa norma; o bien, cuando se reclama alguno de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, y en sentencia se sobresee, al estimarse que no se señalaron como responsables a todas las autoridades que participaron en la emisión y ejecución de los actos reclamados. En el primer caso, si en el primer amparo se evidenció que la norma general reclamada no se aplicó en perjuicio del quejoso y ello motiva el sobreseimiento en el juicio, ese pronunciamiento no impide el ejercicio de una nueva acción constitucional cuando la norma referida efectivamente se aplique en perjuicio del quejoso. Lo anterior, pues aun cuando en un primer amparo se hubiere resuelto que la norma general reclamada no afectaba el interés jurídico del quejoso, ello se sustenta en la falta de aplicación en perjuicio de éste, por lo que su legitimación para ejercer nuevamente la acción constitucional nace cuando dicho supuesto normativo le es aplicado, y el nuevo juicio de amparo será procedente en virtud de que no se ha resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma reclamada. En el segundo supuesto, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo, la acción constitucional no se encuentra sujeta a plazo alguno para su ejercicio, por lo que si fue un impedimento técnico lo que impidió resolver sobre el fondo del asunto por no haber llamado a juicio a todas las autoridades que debieron intervenir en éste, ninguna imposibilidad existirá para que el quejoso promueva un segundo amparo". En tales circunstancias, al actualizarse en el caso, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, en términos de lo dispuesto por el diverso 113 de la Ley de la materia. La presente determinación no transgrede el derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, de acuerdo al cual toda persona tiene derecho a un juicio para determinar sus derechos y obligaciones ante un Juez o Tribunal competente, porque la naturaleza y alcances de dicho principio no implican eludir los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, ya que tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Además, que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Autorizados. Se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere en el proemio de su demanda, por así haberlo solicitado expresamente. Domicilio (notificaciones electrónicas). Como lo solicita, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la ley de la materia, se ordena que las notificaciones personales a dicha parte se realicen por vía electrónica, para efecto de recibir cualquier notificación al usuario "********************", en el entendido que, ante cualquier eventualidad propia de los sistemas de información y comunicación que imposibilite las notificaciones solicitadas de esta forma, se continuará con las formas tradicionales de notificación, previstas en el artículo 26 y 29 de la ley de Amparo. Consulta del expediente electrónico. Asimismo, se autoriza al usuario "********************", en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del expediente en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para lo cual instrúyase al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional (antes Analista Jurídico SISE). Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Tiene aplicación al caso la tesis: I.3o.C.725 C, visible en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente.
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