Noemí Sánchez Gutiérrez

Expediente 845/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
845/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Noemí Sánchez Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 845/2023, y; R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés (fojas 2 a 6), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y recibido en este órgano jurisdiccional el veintiuno de agosto del actual,********************solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se precisarán. SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima violados. Los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 20, apartado B, fracción I, 89, 90, 71, 72, 73, 124 y 133, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 2). TERCERO. Radicación y Trámite. Mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, se radicó la demanda de amparo, con el número 845/2023; admitiéndose a trámite; se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción (foja 25); se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado. CUARTO. Cita para audiencia. La celebración de la audiencia constitucional, tuvo verificativo previos diferimientos, en términos del acta que antecede, sin que la parte quejosa haya solicitado el diferimiento o la suspensión de ésta, conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. QUINTO. Expediente electrónico. En certificación previa, el Secretario Judicial encargado del trámite de este expediente hizo constar que verificó que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado y que coincide con el expediente impreso, en términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo, así como 3 y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, ya que el acto reclamado es atribuido a una autoridad responsable residente dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia que corresponde a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este sumario constitucional. Atento a lo anterior, de las constancias que integran el juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: De la autoridad responsable resolutora de la Contraloría General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca: - La resolución de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, emitida en el expediente incidental ********************mediante el cual se decretó la medida cautelar de separación temporal del cargo que ostentaba como titular de la Coordinación Administrativa de ese Instituto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable resolutora de la Contraloría General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclama (fojas 27 a 32). Certeza, que se corrobora con las documentales que exhibió como apoyo a su informe de ley, de las cuales se advierte la resolución aquí impugnada; medios de convicción que gozan de valor probatorio pleno acorde con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. CUARTO. Causas de improcedencia. En el caso específico, no fueron invocadas causas de improcedencia, y este juzgado de Distrito considera que no se actualiza alguna de oficio; por lo que, se abordará el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Transcripción innecesaria. La parte quejosa expresó en su ocurso constitucional, los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales deben tenerse por reproducidos sin que sea necesaria su trascripción, dado que tal circunstancia no la deja en estado de indefensión, pues ello no incide en el cumplimiento de los principios de exhaustividad y congruencia en el dictado de las sentencias, aunado a que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que obligue a actuar en tal sentido. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Antecedentes del Acto reclamado. Del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable, relativas al expediente incidental ********************de su índice, ya valoradas en el considerando tercero de esta sentencia, se aprecia lo siguiente: - Mediante acuerdo de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, emitido en el expediente incidental ********************en atención a la petición realizada por la Coordinación de Quejas, Investigación y Desarrollo Administrativo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, determinó la suspensión temporal de la quejosa, con el carácter de titular de la Coordinación Administrativa de ese instituto, hasta en tanto se resolviera en definitiva ese incidente; y para garantizar el mínimo vital se estableció se le siguiera pagando el 30% de su ingreso real, el cual no podría ser inferior al salario tabular más bajo que se cubra en dicha institución (fojas 36 a 40), determinación que fue notificada a la aquí quejosa el dieciocho de julio siguiente (fojas 34 y 35). - Por acuerdo de veinte de julio de dos mil veintitrés, se instruyó nuevamente a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, para que procediera a la suspensión temporal decretada contra la aquí quejosa (foja 49). - A través del escrito signado por ********************, de veintiuno de julio del año en curso, presentado ante la autoridad responsable en esa data, dio contestación la vista otorgada en auto de diecisiete de julio de dos mil veintitrés (fojas 55 a 64). - Mediante resolución de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, se determinó procedente decretar, de manera definitiva, la medida cautelar consistente en la suspensión temporal de********************al cargo de Coordinadora Administrativa de ese Instituto, garantizando su mínimo vital, para cubrir sus necesidades básicas, el cual debería ser equivalente a 30% de su ingreso real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en ese institución; hasta en tanto se resolviera en definitiva el procedimiento de responsabilidad administrativa (fojas 65 a 72). - Determinación que fue notificada a la aquí quejosa, a través de la cédula de notificación de veintiocho de julio de dos mil veintitrés (fojas 73 a 75). Hasta aquí, los antecedentes más destacados del juicio laboral de origen. SÉPTIMO. Estudio del asunto. Cabe precisar que los conceptos de violación que se hacen valer, se analizarán conforme al principio de estricto derecho, al derivar el acto reclamado de un procedimiento administrativo de responsabilidad instruido contra la aquí quejosa en su carácter de Coordinadora Administrativa del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Ello, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 190/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 705, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro digital: 2013378, de rubro y texto siguientes: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO, POR NO ESTAR INMERSOS EN LA MATERIA LABORAL. Para que proceda la aplicación de la suplencia de la queja deficiente a que se refiere la indicada porción normativa, es menester no sólo que el quejoso tenga la calidad de trabajador o empleado sino que, además, se trate de un asunto cuya materia derive de un conflicto laboral, es decir, que tenga incidencia, de manera directa e inmediata, en algún derecho previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar si el origen de la relación de subordinación deriva de una relación regulada por leyes laborales o administrativas, pues basta con que se afecte algún interés fundamental tutelado por el precepto constitucional aludido y que en el amparo intervenga un trabajador o empleado en defensa de aquél para que surja la obligación del órgano de control constitucional de aplicar la institución de mérito a su favor. Por tanto, como el procedimiento de responsabilidad administrativa contra servidores públicos no nace ni se desarrolla a partir de la conceptualización del derecho laboral vinculado con las prestaciones y obligaciones a que se contrae aquel precepto constitucional, sino del régimen a que están sujetos por virtud del ejercicio de una función pública en estricto derecho administrativo, conforme al artículo 109, fracción III, de la Constitución Federal (antes 113, párrafo primero), es claro que en los juicios de amparo cuya materia se ciña a algún acto dictado en ese tipo de procedimientos no opera la suplencia de la queja deficiente a que se refiere el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Ahora bien, la quejosa expone en lo substancial: Que la autoridad responsable viola en su perjuicio su derecho de presunción de inocencia, ya que al resolver respecto de la medida cautelar da por hecho que cometió faltas en materia de responsabilidad administrativa, a pesar de que tales medidas no tienen como finalidad establecer la culpabilidad o inocencia del presunto responsable; pues ello es propio de la resolución que ponga fin a dicho procedimiento. Señala que la responsable ya da por hecho que cometió la falta en materia de responsabilidad administrativa, al emplear expresiones que a su criterio prejuzga sobre su culpabilidad. En ese sentido, a efecto de sustentar la calificación otorgada al motivo de disenso expresado por la quejosa, es necesario conocer los preceptos legales bajo los cuales la autoridad responsable emitió la medida cautelar que por esta vía constitucional se combate. Es inundado el motivo de inconformidad. En efecto, los artículos 55, 57 y 58 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, establecen: Artículo 55. Los procedimientos de responsabilidad administrativa derivados de la presunta comisión de faltas administrativas, se desarrollará conforme a los principios, reglas y disposiciones establecidas en los Capítulos I, II y III del Título Segundo del Libro Segundo de la Ley General y demás disposiciones aplicables. Artículo 57. En lo que no se oponga a lo dispuesto en el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto por la Ley General, será de aplicación supletoria lo dispuesto en la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca y en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Artículo 58. Las autoridades substanciadoras o resolutoras, podrán hacer uso de los medios de apremio a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 120 de la Ley General, así como las medidas cautelares, bajo el procedimiento establecido en las Secciones Segunda y Tercera, del Capítulo I, Título Segundo, Libro Segundo del mismo ordenamiento. El auxilio de la fuerza pública podrá solicitarse en cualquier momento. Por su parte, los diversos preceptos 123, 124, fracción I, 125, 126, todos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas disponen: Artículo 123. Las autoridades investigadoras podrán solicitar a la autoridad substanciadora o resolutora, que decrete aquellas medidas cautelares que: I. Eviten el ocultamiento o destrucción de pruebas; II. Impidan la continuación de los efectos perjudiciales de la presunta falta administrativa; III. Eviten la obstaculización del adecuado desarrollo del procedimiento de responsabilidad administrativa; IV. Eviten un daño irreparable a la Hacienda Pública Federal, o de las entidades federativas, municipios, alcaldías, o al patrimonio de los entes públicos. No se podrán decretar medidas cautelares en los casos en que se cause un perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. Artículo 124. Podrán ser decretadas como medidas cautelares las siguientes: I. Suspensión temporal del servidor público señalado como presuntamente responsable del empleo, cargo o comisión que desempeñe. Dicha suspensión no prejuzgará ni será indicio de la responsabilidad que se le impute, lo cual se hará constar en la resolución en la que se decrete. Mientras dure la suspensión temporal se deberán decretar, al mismo tiempo, las medidas necesarias que le garanticen al presunto responsable mantener su mínimo vital y de sus dependientes económicos; así como aquellas que impidan que se le presente públicamente como responsable de la comisión de la falta que se le imputa. En el supuesto de que el servidor público suspendido temporalmente no resultare responsable de los actos que se le imputan, la dependencia o entidad donde preste sus servicios lo restituirán en el goce de sus derechos y le cubrirán las percepciones que debió recibir durante el tiempo en que se halló suspendido; [.] Artículo 125. El otorgamiento de medidas cautelares se tramitará de manera incidental. El escrito en el que se soliciten se deberá señalar las pruebas cuyo ocultamiento o destrucción se pretende impedir; los efectos perjudiciales que produce la presunta falta administrativa; los actos que obstaculizan el adecuado desarrollo del procedimiento de responsabilidad administrativa; o bien, el daño irreparable a la Hacienda Pública Federal, o de las entidades federativas, municipios, alcaldías, o bien, al patrimonio de los entes públicos, expresando los motivos por los cuales se solicitan las medidas cautelares y donde se justifique su pertinencia. En cualquier caso, se deberá indicar el nombre y domicilios de quienes serán afectados con las medidas cautelares, para que, en su caso, se les dé vista del incidente respectivo. Artículo 126. Con el escrito por el que se soliciten las medidas cautelares se dará vista a todos aquellos que serán directamente afectados con las mismas, para que en un término de cinco días hábiles manifiesten lo que a su derecho convenga. Si la autoridad que conozca del incidente lo estima necesario, en el acuerdo de admisión podrá conceder provisionalmente las medidas cautelares solicitadas. Artículo 127. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior la Autoridad resolutora dictará la resolución interlocutoria que corresponda dentro de los cinco días hábiles siguientes. En contra de dicha determinación no procederá recurso alguno. Artículo 128. Las medidas cautelares que tengan por objeto impedir daños a la Hacienda Pública Federal o de las entidades federativas, municipios o alcaldías, o bien, al patrimonio de los entes públicos sólo se suspenderán cuando el presunto responsable otorgue garantía suficiente de la reparación del daño y los perjuicios ocasionados. Artículo 129. Se podrá solicitar la suspensión de las medidas cautelares en cualquier momento del procedimiento, debiéndose justificar las razones por las que se estime innecesario que éstas continúen, para lo cual se deberá seguir el procedimiento incidental descrito en esta sección. Contra la resolución que niegue la suspensión de las medidas cautelares no procederá recurso alguno. De la normativa transcrita se obtiene que los procedimientos de responsabilidad administrativa derivados de la presunta comisión de faltas administrativas se tramitaran de conformidad con lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Así, en tales procedimientos las autoridades investigadoras podrán solicitar a la autoridad substanciadora o resolutora, que decrete medidas cautelares que, entre otras cosas, impidan la continuación de los efectos perjudiciales de la presunta falta administrativa. Tales medidas cautelares podrán consistir en la suspensión temporal del servidor público, señalado como presuntamente responsable, del empleo, cargo o comisión que desempeñe, garantizándole mantener su mínimo vital y de sus dependientes económicos; sin embargo, dicha suspensión no prejuzgará ni será indicio de la responsabilidad que se le impute. Y, en el supuesto de que el servidor público suspendido temporalmente no resultare responsable, la dependencia o entidad donde preste sus servicios lo restituirá en el goce de sus derechos y le cubrirá las percepciones que debió recibir durante el tiempo en que estuvo suspendido. En relación con lo anterior, el Máximo Tribunal del país, al resolver la entonces contradicción de tesis 311/2015, sostuvo entre otras consideraciones: a) En el procedimiento de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, se otorga una facultad discrecional en favor de la secretaría, del contralor interno o, en su caso, del titular del área de Responsabilidades, para suspender temporalmente a un servidor público, si así lo estiman pertinente para la continuación o conducción de las investigaciones; incluso, dicha suspensión puede decretarse antes o al momento de que el servidor público sujeto a investigación sea notificado del inicio de un procedimiento administrativo instaurado en su contra. b) La autoridad que instruye este tipo de procedimientos, además de tener la facultad de suspender temporalmente al servidor público de su empleo, puede ordenar también la suspensión de las percepciones correspondientes; bajo este orden de ideas, en términos de lo previsto en el artículo 113, párrafo primero, de la Constitución Federal, la suspensión de labores del servidor público como consecuencia del inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa, resulta razonable e idónea con la finalidad pretendida por el legislador, circunstancia que también le resulta aplicable a la suspensión de las percepciones del servidor público, por constituirse como un aspecto inherente a la labor que desempeña. c) Al realizarse una interpretación más favorable respecto de aquellos servidores públicos sujetos a un procedimiento sancionatorio, la suspensión temporal en el cargo y de las percepciones respectivas, debe considerarse como una medida cautelar que tiene por objeto facilitar el curso de las investigaciones y que por la naturaleza de este tipo de procedimientos, se busca proteger y preservar los intereses públicos fundamentales (legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia) que deben observar todos los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, así como garantizar el adecuado desarrollo de la función pública y, en su caso, prevenir que se sigan generando daños mayores a la administración pública, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 constitucional. En efecto, se debe privilegiar el correcto desempeño de los servidores públicos para que éstos no cometan actos en contra del servicio público, entendida la protección del servicio público, como la justificación fundamental de la existencia de la suspensión del servicio y de las percepciones respectivas. d) Desde tal perspectiva, la separación temporal del servidor público, así como la suspensión de las percepciones correspondientes, resultan constitucionalmente razonables, en tanto tengan por objeto cumplir con los fines señalados en el referido artículo 21, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, como es la posibilidad de facilitar el curso normal de las investigaciones o evitar un perjuicio mayor a la administración pública. e) Los ingresos a los que tiene derecho el servidor público derivan precisamente del desempeño de las funciones que le son encomendadas y tendrá derecho a aquéllas, siempre que dicha función se desarrolle efectivamente. En esa medida, cuando se ordena una suspensión del servidor público en sus labores, es inconcuso que ello necesariamente conlleva la imposibilidad de que reciba los emolumentos que le son propios al cargo, en tanto no se está desarrollando ninguna función que los respalde, o bien del que deriven. f) En esa virtud, el servidor público sujeto a un procedimiento administrativo de responsabilidad conserva su calidad de inocente, hasta en tanto no exista un resolución administrativa, por parte de la autoridad competente, que determine la plena acreditación de la infracción y su correspondiente destitución, empero, ello no implica la proscripción de la facultad de la autoridad administrativa de dictar todas aquellas medidas cautelares que, con fundamento en la legislación de la materia, estime pertinentes para la protección de los principios rectores del servicio público, en el entendido de que, en el caso dado de que no se acredite que se configuró la infracción correspondiente, tendrá derecho a que se le restituya en el pleno goce de sus derechos y, en consecuencia, se le cubran las percepciones que dejó de recibir durante el tiempo que estuvo suspendido. g) En esa tesitura, el artículo 21, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, debe interpretarse de conformidad con el contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo que supone su reconocimiento de conformidad o validez, en el sentido de que la autoridad administrativa sancionadora deberá contemplar en el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidades, el pago de una cantidad equivalente al salario o ingreso mínimo de subsistencia, esto es, desde el momento en que el servidor público es notificado del inicio del procedimiento de responsabilidad y suspendido en el pago de sus emolumentos, durante el periodo en que se lleven a cabo las investigaciones respectivas y hasta en tanto la autoridad -secretaría, órgano interno de control o titular del área de Responsabilidades- no dicte resolución administrativa en la que determine su plena responsabilidad y la destitución del cargo. h) Es decir, realizando la interpretación más favorable y acorde con la Constitución Federal, para salvar la constitucionalidad y convencionalidad del citado precepto legal, debe concluirse que la autoridad instructora deberá garantizar el derecho a un ingreso mínimo para la subsistencia del presunto responsable; de ahí que en forma simultánea, determinará la cantidad que le otorgará para cubrir sus necesidades básicas, cantidad que no podrá ser superior al treinta por ciento de su ingreso real ni inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución, dependiendo la gravedad de la infracción, en la que laboraba el responsable al momento de decretarse la suspensión y que deberá cubrirse hasta en tanto se dicte resolución administrativa en el procedimiento de origen en el que se determine su responsabilidad y en su caso, se le destituya del cargo. i) La suspensión de las funciones del servidor público, así como la retención de sus percepciones, constituye una medida precautoria que cuenta con sustento constitucional y legal, en la que, si bien se priva al servidor público de la posibilidad de continuar prestando sus servicios en el órgano de gobierno de que se trate, lo cierto es que es razonable que se proteja el interés de la sociedad para garantizar una debida función pública; de ahí que se justifique que, mientras se determine si el servidor público incurrió o no en alguna responsabilidad, se tomen algunas medidas restrictivas sin llegar al extremo de conculcar los derechos a una vida digna de dichos servidores, ya que el procedimiento instaurado debe cumplir con las formalidades esenciales mínimas, además de que deberá contar con la oportunidad plena de presentar las pruebas y alegatos que estime pertinentes, enderezados a demostrar que la infracción que se le imputa es infundada. j) Debe destacarse que no es posible trasladar el principio de presunción de inocencia del derecho penal al derecho administrativo sancionador, sin mayor modulación, circunstancia que resultaría contraria a lo determinado por el propio Tribunal Pleno en la jurisprudencia número P./J. 43/2014, que lleva por rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES." k) En este sentido, en el procedimiento administrativo sancionador, el principio de presunción de inocencia implica la posibilidad de ser tratado como sujeto no responsable, hasta en tanto exista la resolución administrativa correspondiente en la que se desvirtúe dicha presunción; sin embargo, ello no puede nulificar la posibilidad de que la autoridad responsable del procedimiento pueda decretar en el inicio de éste, la suspensión en el cargo y la retención de los ingresos, máxime que la figura de la suspensión, como medida cautelar y como sanción, encuentra asidero constitucional expreso en el artículo 113 constitucional. l) En conclusión, la autoridad instructora deberá garantizar el derecho a un ingreso para la subsistencia del presunto responsable y deberá determinar la cantidad que le otorgará para cubrir sus necesidades mínimas de subsistencia, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida, no deberá ser superior al treinta por ciento de su ingreso real, ni inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba el responsable al momento de decretarse la suspensión y que deberá cubrirse hasta en tanto se dicte resolución administrativa en el procedimiento de origen en el que se determine su responsabilidad y se le destituya del cargo. m) En el entendido de que, si dictada la resolución respectiva, el servidor público fuera exonerado de cualquier responsabilidad, deberá cubrírsele el remanente del total de las percepciones que dejó de recibir, descontando, por supuesto, la cantidad que sí se le cubrió por concepto de ingreso subsistencial. De la anterior determinación surgió la jurisprudencia P./J. 3/2017 (10a.), de rubro y texto: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS MEDIDAS CONSISTENTES EN LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE LAS PERCEPCIONES SIEMPRE QUE RESPETE EL MÍNIMO DE SUBSISTENCIA DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, HASTA EN TANTO SE DICTA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA QUE SE DETERMINAN AQUÉLLAS, SON CONSTITUCIONALES. Del precepto y fracción citados se advierte que en el procedimiento de responsabilidades administrativas de los servidores públicos se otorga la facultad discrecional en favor de la Secretaría de la Función Pública, del Contralor Interno o, en su caso, del Titular del Área de Responsabilidades, para suspender temporalmente a un servidor público del empleo, cargo o comisión, si así lo estima pertinente para la conducción o continuación de las investigaciones. En este sentido, dicha medida cautelar tiene por objeto facilitar el curso de éstas y, por la naturaleza de los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, busca proteger y preservar los intereses públicos fundamentales de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia, así como el adecuado desarrollo de la función pública y, en su caso, prevenir que se sigan generando mayores daños a la administración pública; de ahí que, en términos del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede determinarse que la suspensión temporal en el empleo del servidor público es idónea y razonable, siempre que tenga por objeto facilitar el curso de las investigaciones o evitar un perjuicio ulterior a la administración pública. Ahora bien, las razones que justifican dicha suspensión son extensivas a la retención de las percepciones del servidor público, en tanto se respete el mínimo de subsistencia, por constituirse como un aspecto inherente a la labor que desempeña, es decir, en la medida en que los ingresos a los que tiene derecho derivan del desempeño de las funciones que le son encomendadas y a los cuales tendrá derecho siempre que dicha función se desarrolle; en el entendido de que, dictada la resolución respectiva, si el servidor público fuera exonerado de cualquier responsabilidad, deberá cubrírsele el remanente del total de las percepciones que dejó de recibir, descontando la cantidad que se le cubrió por concepto de ingreso subsistencial. Al respecto, debe precisarse que el criterio invocado interpreta el artículo 21, fracción V, de la abogada Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, el cual es de similar contenido a lo establecido en el diverso 124, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en cuanto a las medidas consistentes en la suspensión temporal del empleo, cargo o comisión del presunto servidor público responsable y la retención de sus percepciones, siempre que se garantice su derecho de subsistencia al decretarse la suspensión y durante el procedimiento de responsabilidades administrativas, hasta en tanto se dicte la resolución respectiva, debiéndose determinar la cantidad que se le otorgará para asegurar sus necesidades básicas. En el caso, contrario a lo expuesto por la quejosa, la autoridad responsable no violó el principio de presunción de inocencia puesto que solo emitió una determinación de carácter provisional, sin prejuzgar sobre la responsabilidad de la falta administrativa que se le imputa. En efecto, en la resolución reclamada, la resolutora de la Contraloría General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en atención a su competencia legal, determinó: "(.) QUINTO. Estudio de la acción incidental planteada.- Como ya se determinó con anterioridad, derivado de la solicitud que realiza la Coordinadora de Quejas, Investigación y Desarrollo Administrativo, de la medida cautelar contenida en el artículo 124 fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, aplicable de conformidad con el artículo 55, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, consistente en LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO PÚBLICO, de la Ciudadana ********************, tomando en consideración la actualización de los supuestos contenidos en el artículo 123, fracción II de la Ley antes referida, el cual a continuación se transcribe [.] Tal y como se tiene señalado, así como de lo analizado y estudiado por la Autoridad Investigadora, llegó a esa determinación al comprobar que existe una omisión que la legislación prevé como falta administrativa no grave, como es el hecho de que la servidora pública a la que se le atribuye, fue omisa en su responsabilidad de supervisar si el procedimiento de la elaboración, cálculo, emisión y timbrado de nóminas aplicado a los servidores públicos de este Instituto y del cual es responsable de que fuera realizado de manera eficiente, situación que originó posibles discrepancias en el timbrado de impuestos. existiendo la posibilidad de que se esté afectando de igual manera a más servidores públicos que laboran en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Y para ello, la Autoridad Investigadora, en su Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, remarca como pruebas fehaciente el Dictamen relativo a la forma en que opera el procedimiento en general conforme a la elaboración, cálculo, emisión y timbrado de nómina, con un enfoque dirigido en cómo se les debería aplicar a los servidores públicos de este Instituto, y el cual fue remitido por la Coordinación de Fiscalización de la Contraloría General de este Instituto; en donde se ven reflejadas las discrepancias en dicho procedimiento a cargo de la ahora presunta responsable C. ********************. Documental pública que se valora en términos de los artículos 133, 158 y 159 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas aplicable supletoriamente en el procedimiento de Responsabilidad Administrativa, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 55 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca (publicada en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el tres de octubre de dos mil diecisiete). La cual se le concede valor probatorio pleno. En ese orden, se justifica de manera efectiva la solicitud de la suspensión temporal de la servidora pública presunta responsable ********************, pues lo que se pretende es evitar que se sigan cometiendo más errores al momento de realizar el cálculo del ISR retenido de los servidores públicos que laboramos en este instituto, así también evitar que se siga cometiendo un perjuicio en nuestra función. Respeto de lo anterior, en una sana critica, se infiere que los servidores públicos incurren en responsabilidad administrativa disciplinaria, cuando tengan notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones laborales que deba realizar, asimismo cuando realicen actos u omisiones que vulneren los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, o bien, cuando comente alguna de las conductas infractoras en el desempeño del servicio público tipificadas en las disposiciones antes citadas; por ejemplo, el no cumplir el servicio que les sea encomendado; circunstancias que se dan en el presente caso." Así, la autoridad responsable dentro del expediente incidental ********************realizó un análisis en cuanto a la solicitud de la medida cautelar expuesta por la Coordinadora de Quejas, Investigación y Desarrollo Administrativo, en atención al procedimiento administrativo seguido contra la aquí quejosa, por la probable comisión de una falta administrativa no grave en el desempeño de su cargo como titular de la Coordinación Administrativa de este Instituto Estatal Electoral, relativa a la omisión de supervisar el procedimiento de la elaboración, cálculo, emisión y timbrado de nóminas aplicado a los servidores públicos de ese Instituto, situación que originó posibles discrepancias en el timbrado de impuestos y por ende, su afectación. Y, determinó que estaba justificada la petición relativa a la suspensión temporal de la servidora pública presunta responsable ********************, pues señaló que lo pretendido era evitar que se siguieran cometiendo perjuicios a los servidores públicos que laboran en ese instituto, al momento de realizar el cálculo del ISR retenido. Asimismo, en cuanto a la procedencia de la medida cautelar resolvió: "(.) OCTAVO. Procedencia de la medida cautelar.- Por consiguiente, derivado de todo lo anterior esta Autoridad Resolutora, determina que por la esencia principal de la Medida Cautelar, que es la de prevenir la continuación de los efectos perjudiciales de las presuntas faltas administrativas, y que debido a que la C.********************aún seguiría encargada de la titularidad de la Coordinación Administrativa de este Instituto Estatal Electoral, aunado a que se obtiene que no hay ningún elemento que genere convicción a esta autoridad para arribar a la conclusión de que el indiciado no volverá a incurrir en actos similares a los que se le atribuyen y propiciar con ello que continúen los efectos perjudiciales de las faltas que se le atribuyen, ya que la promovente, solo se limita a exponer sus excepciones, sin inferir concretamente alguna constancia o elemento de prueba que obre en el presente expediente incidental, ni tampoco formula algún razonamiento lógico o jurídico que constituya propiamente una presunción legal o humana, tampoco establece el enlace preciso, más o menos necesario entre el hecho demostrado y aquel que pretende deducir, para efectos de que la presunción no establecida por la ley sea aplicable como medio de prueba, de tal manera que desvirtúe el supuesto en análisis, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 397 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Oaxaca, aplicable supletoriamente en segundo término, en el Procedimiento de Responsabilidad administrativa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca; debe decirse que la Autoridad Investigadora se encuentra facultada para solicitar medidas cautelares, tal y como lo establece el artículo 123 fracción II y 125 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, aplicable de conformidad con el artículo 55, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca. La solicitud de la medida cautelar consiste en LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO PÚBLICO, realizada por la misma autoridad mediante Informes de Presunta Responsabilidad, ambos de fecha doce de julio del presente año, dentro de los expedientes iniciales de número: CQIDA/AI/088/2023 y CQIDA/AI/009/2023, tal como se describió en el Resultando Primero, se encuentra apegada derecho al reunir los requisitos previstos en el artículo 125, de la ley antes citada, además de que es un mecanismo que se encuentra previsto en el artículo 124 fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y tiene como propósito entre otros, asegurar o mantener situaciones de hecho o de derecho; o bien, asegurar bienes y pruebas para garantizar la eventual realización de la sentencia; todo ello a fin de evitar una afectación que podría causar la dilación en la resolución de la cuestión sustancial controvertida o la inutilidad del proceso mismo. [.] Así en concordancia con los principios de presunción de inocencia y derecho al mínimo vital, previstos en los artículos 1, 3, 4, 6, 13, 14, 16, 17, 27, 31 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que potencializan significativamente la protección de la dignidad humana, se garantizará a la presunta responsable su mínimo vital, para cubrir necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras; es decir, un ingreso mínimo para la subsistencia de la indicada; el cual deberá ser equivalente al 30% de su ingreso real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba la servidora pública. [.] En atención a lo expuesto, con fundamento en el artículo 116, párrafo primero, fracción III, en relación con el artículo 120, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, adminiculados con los artículos 12 inciso n), 40 fracción XXIII, del reglamento Interno de la Contraloría General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca; la Autoridad Resolutora, de la Contraloría General Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, facultada para emitir y acordar sobre la admisión y resolución de la Solicitud de Medida Cautelar, previstas en la Ley de Responsabilidades, con fundamento en el artículo 1, 2, 7, 8, fracción II, 9 y demás artículos aplicables de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca; así como los artículos 123 fracción II, 124 fracción I, 125, 126, 127, 128 y 129 demás artículos aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, aplicada de conformidad con el artículo 55 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca; esta autoridad; (.)" Con base en lo anterior, con la finalidad de prevenir la continuación de los efectos perjudiciales de las presuntas faltas administrativas, al considerar que no existía probanza alguna que le generara convicción para arribar a la conclusión que la indiciada no volvería a incurrir en actos similares a los que se le atribuyen, decidió decretar la medida cautelar consistente en la suspensión temporal de********************al cargo de Coordinadora Administrativa de ese Instituto, garantizando su mínimo vital, para cubrir sus necesidades básicas, el cual debería ser equivalente a 30% de su ingreso real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en ese institución. Además, señaló en el resolutivo "TERCERO" que la suspensión no prejuzga, ni será indicio de la responsabilidad que se le imputa en el expediente principal, lo que estima acorde a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En ese orden de ideas, contrario a lo aducido por la quejosa, la autoridad responsable está facultada para suspender temporalmente a un servidor público, si así lo estima pertinente; incluso, dicha suspensión puede decretarse antes o al momento de que el servidor público sujeto a investigación sea notificado del inicio de un procedimiento administrativo instaurado en su contra; lo que modo alguno implica vulnerar al principio de presunción de inocencia. Por el contrario, esta medida cautelar tiene por objeto facilitar el curso de las investigaciones y que por la naturaleza de este tipo de procedimientos, se busca proteger y preservar los intereses públicos fundamentales (legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia) que deben observar todos los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. En ese sentido, el servidor público sujeto a un procedimiento administrativo de responsabilidad conserva su calidad de inocente, hasta en tanto no exista un resolución administrativa, por parte de la autoridad competente, que determine la plena acreditación de la infracción y su correspondiente destitución; pues en el caso de que no se acredite que se configuró la infracción correspondiente, tendrá derecho a que se le restituya en el pleno goce de sus derechos. Incluso, se le cubran las percepciones que dejó de recibir durante el tiempo que estuvo suspendido. De ahí que, el principio de presunción de inocencia implica la posibilidad de ser tratado como sujeto no responsable, hasta en tanto exista la resolución administrativa correspondiente en la que se desvirtúe dicha presunción; además, que así lo hizo constar la autoridad responsable en la resolución reclamada. En mérito de lo expuesto, ante lo ineficaz del concepto de violación, y dado que no es posible suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Finalmente, se autoriza al Secretario y/o actuario judicial a firmar los oficios que deriven de la presente resolución. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. La justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando tercero, en atención a las razones expresadas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Con motivo del paro nacional de labores realizado por parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo indicado en la certificación de cuenta, se declararon inhábiles los días correspondientes del dieciséis al veintisiete de octubre del presente año, en el entendido que subsistirá la validez de aquellas actuaciones y diligencias que se hubieren celebrado los días dieciséis y diecisiete del citado mes y año; por tanto, se suspendieron los términos y plazos procesales durante ese periodo. Por su parte, visto el estado de autos, se advierte que para las trece horas con un minuto del diecinueve de octubre dos mil veintitrés, se encontraba señalada la celebración de la audiencia constitucional en este asunto; sin embargo, por las razones expuestas, no fue posible celebrar la citada audiencia. Por tanto, se fija como nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, las ONCE HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese personalmente a las partes; y, publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos, para que obre como corresponda, y surta sus efectos legales conducentes, el oficio del Titular de la Contraloría General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca, con anexos, por medio del cual, respectivamente en cumplimiento al requerimiento de diecinueve de septiembre del año en curso, remite copias certificadas del expediente de procedimiento de responsabilidad administrativa de número CJS/OIC/001/2023 y acumulado, así como del expediente de medida cautelar incidental CJS/OIC/001/M********************. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa, las cuales se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, con fundamento en los artículos 17 Constitucional, así como 115 y 124, de la Ley de Amparo, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las doce horas con veintiún minutos del nueve de octubre de dos mil veintitrés y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON UN MINUTO DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE ESTE AÑO, para que tenga verificativo Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio signado en forma conjunta por Zurisaddai Morales Avilés con el carácter de Autoridad Resolutora de la Contraloría General y Rolando Benítez Toledo, con el carácter de Coordinador Jurídico y Substanciador de la Contraloría General, ambos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, mediante el cual rinden su informe justificado. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Dese cuenta con él al momento de celebrar la audiencia constitucional. Asimismo, se tiene a la responsable señalando como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones la dirección que cita en el comunicado de cuenta, de conformidad con el artículo 28, fracción Il, de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa; sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Ahora, toda vez que la autoridad responsable a su informe justificado adjunta copia certificada de diversas constancias que integran los expedientes de procedimiento de responsabilidad administrativa número CJS/OIC/001/2023 y acumulado, así como del expediente de medida cautelar incidental CJS/OIC/001/MC/2023. Por tanto, con fundamento en el artículo 75 párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de tres días contado a partir de su notificación, remita copia certificada integra de los expedientes antes mencionados, y de todas aquellas actuaciones que haya considerado para emitir la resolución que por esta vía se reclama, o bien manifieste la imposibilidad legal o material que tenga para ello. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior o no informar el impedimento legal o material para cumplir lo solicitado, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto en el cual se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al siguiente de su publicación. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, con fundamento en los artículos 17 Constitucional, así como 115 y 124, de la Ley de Amparo, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las doce horas con treinta y un minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL NUEVE DE OCTUBRE DE ESTE AÑO, para que tenga verificativo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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