Noel Guadalupe Rivera Valenzuela

Expediente 790/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
790/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
28/06/2022

Partes del expediente

  • Noel Guadalupe Rivera Valenzuela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia emitida en el presente asunto, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2°, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II, del numeral vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    SentenciaCiudad Juárez, Chihuahua; once de enero de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 790/2021-III, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, turnado a este juzgado el mismo día, *******, promovió demanda de amparo en contra de actos de la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio de Estado de Chihuahua, con sede en la Ciudad de Chihuahua, de quienes reclamó lo siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO Lo configura la paralización total del trámite del procedimiento, y resolución del juicio laboral aún sin asignarle número a la demanda que interpuse ante la responsable el 08 de Julio del 2017, en contra de los tercero interesado, a quien le reclamo reinstalación en el puesto que venía desempeñando, entre otras, esa paralización del proceso sin causa legal, ni justa y en flagrante violación a mi derecho humano de suministro de justicia, consagrados en los ordinales, 1 y 17, del Pacto Federal, y los ordinales 873, 876, 878, 879, 881, 883, y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo como supletoria del Código Administrativo del Estado en las disposiciones adjetivas y los artículos 165, 168 y demás relativos y aplicables del Código Administrativo del Estado de Chihuahua. En efecto, el Código Administrativo del Estado y la Ley Federal del Trabajo le impone a la Junta Arbitral Responsable, la obligación Constitucional de tomar las medidas necesarias, para desarrollar el juicio con economía procesal, concentración y sencillez, sin paralizarlos, así como de ordenar que se corrijan Cualquier irregularidad u omisión que notare en la sustanciación del proceso, incluyendo, las omisiones o retrasos en que incurra los diversos funcionarios, a quien le corresponde radicar, notificar la demanda recibida; actividad jurisdiccional que en la especie del juicio de origen, se ha omitido, ello en grave detrimento del Derecho humano del suscrito que concede los Artículos 1 y 17 del Pacto Federal a que se administre Justicia, por parte de la responsable, que debe estar expedito para impartirla en los términos y plazos que fijan las Leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Todo ello derivado de que con fecha del día 05 de noviembre del 2021, en compañía de mi abogado acudir a consultar el expediente de cuenta, y me percate qué no se ha radicado mi demanda interpuesta el 08 de julio del 2017, donde demando al tercero interesado reinstalación en el puesto que venía desempeñando, en consecuencia no se ha emplazado a los tercero interesado, es decir, la responsable no a ejercido actividad jurisdiccional ninguna, se encuentra totalmente paralizado mi procedimiento. Segundo. Derechos fundamentales que el quejoso estimó vulnerados. El quejoso señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 8 y 25 de la Convención Americana de derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se solicitaron informes justificados a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron como hora y fecha para la audiencia constitucional, misma que, previo diferimiento, fue celebrada al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que el quejoso reclamó lo siguiente, de la autoridad que a continuación se apunta: I. De la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio de Estado de Chihuahua, con sede en ciudad Chihuahua: El retardo en la impartición de justicia en el juicio iniciado, al no proveer respecto de la admisión de la demanda ni del emplazamiento a las demandadas. Tercero. Existencia de los actos omisivos reclamados. Son ciertos los actos omisivos reclamados por el quejoso, pues así lo informó el Presidente de la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio de Estado de Chihuahua, con sede en la Ciudad de Chihuahua, al rendir informe justificado. Al respecto, la responsable, Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio de Estado de Chihuahua, con sede en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, aludió a que en fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, emitió proveído en el cual admitió a trámite la demanda interpuesta por el hoy quejoso *******, proveído mediante el cual ordenó el emplazamiento de las demandadas, así mismo, informó que en fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, por conducto del actuario adscrito a esa Junta, fueron emplazadas las demandadas *******, así como el *******, ambas con domicilio en aquella Ciudad Chihuahua, todo lo anterior dentro de expediente laboral *******. Acompaña a su informe con justificación lo siguiente: Copia certificada del proveído de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de expediente laboral *******, en el cual admitió a trámite la demanda interpuesta por el hoy quejoso *******, mediante el cual ordenó el emplazamiento de las demandadas. Copia certificada de las diligencias actuariales de fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, mediante las cuales, por conducto del actuario adscrito a esa Junta, fueron emplazadas las demandadas *******, así como el *******, ambas con domicilio en aquella Ciudad Chihuahua. Las documentales aludidas en los párrafos precedentes gozan de valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por servidores públicos, dotados de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es el Secretario de la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio de Estado de Chihuahua, con sede en la Ciudad de Chihuahua. Cuarto. Improcedencia. La improcedencia es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. En otras palabras, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo a abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos omisivos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el particular, se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia contenida en el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo, en que se establece: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.) De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto -omisivo- reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto -omisivo- reclamado; Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Además, conviene precisar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa interrumpirse, acabarse, dejar de hacer lo que se está haciendo; y "efecto" es lo que sigue en virtud de una causa, el fin para el que se hace algo. Asimismo, el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la quejosa en el goce del derecho violado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, consultable en la página 38, con registro digital 193758, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Igualmente, resulta aplicable sobre el particular, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, noviembre de 1997, consultable a foja 71, con registro digital 197367, del tenor siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Ahora, la quejosa reclama de la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio de Estado de Chihuahua, con sede en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el retardo en la impartición de justicia en el juicio de origen, al no proveer respecto a la admisión de la demanda y el emplazamiento a las demandadas. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad en comento, se colige que en fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, la junta responsable emitió proveído en el cual admitió a trámite la demanda interpuesta por el hoy quejoso *******, proveído mediante el cual ordenó el emplazamiento de las demandadas, así mismo, en fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, por conducto del actuario adscrito a esa Junta, fueron emplazadas las demandadas *******, así como el *******, ambas con domicilio en aquella Ciudad Chihuahua, todo lo anterior dentro de expediente laboral *******. De manera que, lo informado por la autoridad responsable resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a duda, que cesaron los efectos de las omisiones reclamadas, lo cual, actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, en virtud de que se admitió a trámite la demanda y se llevó a cabo el emplazamiento a las demandadas. Así, resulta evidente que ha operado la causa de improcedencia en estudio, y ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, debido a que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos porque la autoridad responsable actuó en la forma en que marca la ley e hizo aquello que había omitido; de ahí, que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de las omisiones reclamadas, dado que ya no existen. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, visible en la página 210, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En ese orden, al actualizarse respecto a las omisiones aquí reclamadas, la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo al tenor de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio promovido por *******, en contra de la autoridad responsable precisada en el considerando tercero de esta sentencia, por las razones expuestas en el diverso considerando cuarto. Notifíquese.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que no ha transcurrido el término de ocho días que deben mediar entre la vista al quejoso de la rendición del informe justificado y la fecha de celebración de la audiencia constitucional, dado que el uno de los actuales, se recibió el informe justificado del Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL ONCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su desahogo. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Por otro lado, agréguense a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; en atención a su contenido, téngasele formulando los alegatos que deja vertidos en el oficio de cuenta, los que serán tomados en cuenta en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, como lo solicita la promovente, una vez que en el presente juicio de amparo se dicte sentencia expídasele copia certificada de la misma, conforme a lo que establece el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º de la propia ley. Notifíquese por lista. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre; tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, quien actúa ante la Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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