Noel Esparza Calzada
Expediente 518/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 518/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 06/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Noel Esparza Calzada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ciudad Juárez Chihuahua; seis de mayo de dos mil dieciséis. Visto el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos adscrita al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual remite los autos originales del expediente *************** y copia certificada de la resolución pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, el catorce de abril de dos mil dieciséis, dentro del recurso de revisión penal ***************, hágase del conocimiento de las partes que dicho Tribunal Colegiado, resolvió: PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***************, contra el acto reclamado y autoridades precisadas en el resultando primero, por los razonamientos expuestos en el último considerando de este fallo. Acúsese recibo de estilo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y glósese a los autos el cuaderno de antecedentes. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la citada certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez Chihuahua; quince de diciembre de dos mil quince. Agréguese a sus autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio que remite el actuario judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad. Téngasele acusando recibo del recurso de revisión interpuesto por el quejoso ********************así como acusando el original y copia del escrito de expresión de agravios y el expediente, necesarios para la substanciación del recurso de revisión interpuesto en el juicio de amparo ********************2015-I-2, mismo que quedó registrado con el toca ********************2015. Lo anterior con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 91 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.elsr
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de diciembre de dos mil quince. Agréguese a sus autos para que conste como legalmente corresponda, el escrito de la parte quejosa; téngasele interponiendo recurso de revisión contra la resolución dictada el uno de octubre de dos mil quince pasado, terminada de engrosar el trece de noviembre del mismo año en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I inciso e), 86 y 88 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, es decir, que consten la totalidad de las constancias de notificación a las partes del presente auto, remítanse al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, los autos del presente juicio de amparo, así como el escrito de expresión de agravios del recurrente y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al citado Tribunal, para la substanciación del recurso hecho valer. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ****, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ****. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************/2015-I-2, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de julio de dos mil quince, turnado a este Juzgado al día siguiente, ******************** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, a quien le reclamó el auto de vinculación a proceso emitido el veintinueve de junio de dos mil quince, en la causa penal ********************/2015. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violadas. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. En auto de veintidós de julio de dos mil quince, la demanda se registró en el libro de gobierno correspondiente, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las responsables, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y los autos quedaron en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como los diversos Acuerdos que lo han modificado y adicionado relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello, pues se trata de un asunto penal en el que se reclama un acto privativo de libertad, con ejecución en la ciudad en que reside el órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama en esencia el auto de vinculación a proceso de veintinueve de junio de dos mil quince, dictado en la causa penal ********************/2015. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente, del que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez de Garantía del distrito judicial Bravos, con morada en esta localidad, aceptó la existencia del auto de vinculación que se impugna. Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas del audio y video de la audiencia de formulación de imputación, declaración preparatoria y control de medidas cautelares de veinticuatro de junio de dos mil quince, así como de la audiencia de vinculación a proceso y la trascripción de veintinueve de junio de dos mil quince, probanzas a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De manera que, se tiene como cierto el acto relatado, para los efectos de este juicio de amparo. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Procedencia. Las partes legitimadas en este juicio de garantías no alegan alguna causa de improcedencia ni el suscrito juzgador advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Examen constitucional de los actos. Los conceptos de violación hechos valer por el agraviado son infundados. El quejoso aduce que se violan en su perjuicio los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Federal, en relación con el numeral 18 de la legislación adjetiva penal de la entidad, pues el referido artículo 1º, obliga a las autoridades en el ámbito de su competencia a respetar, promover los derechos humanos, lo cual, asegura no ocurrió, pues bajo su perspectiva, la autoridad responsable se emitió auto de vinculación en su contra, sin que la autoridad responsable hiciera mayor pronunciamiento. El agraviado indica que la autoridad responsable con su actuar violentó las garantías de legalidad y seguridad jurídica en la medida que emitió el auto de vinculación que reclama sin la debida fundamentación y motivación. Ello, porque no indicó porqué es que el actuar del imputado se adecuaba a la calificativa de ventaja, ni cuál de las tres hipótesis que prevé el inciso b), de la fracción II, del artículo 136, era la que se actualizaba. El quejoso estima que, en principio el representante social adujo que se actualizaba la calificativa de ventaja porque en el evento delictivo acusó participaron tres sujetos y concluye que si sólo se le dictó auto de vinculación a él y no a los coinculpados, esa calificativa ya no se actualiza. Así, el accionante del amparo señala que el juez de control utilizó antecedentes que no fueron invocados por el agente del Ministerio Público y suplió los argumentos del referido representante, lo que vulnera los principios del sistema penal acusatorio para convertirlo en inquisitorio. Como se adelantó los motivos de inconformidad hechos valer por el quejoso resultan infundados. A fin de evidenciar tal aseveración, debe indicarse que el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, será estudiado a la luz del artículo 19 constitucional, mismo que en su parte conducente dispone: 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. [.] La lectura del fragmento antes transcrito pone de manifiesto que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar la detención con un auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 280, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, para el mismo efecto precisa: 280. Requisitos para vincular a proceso al imputado. El Juez, a petición del Ministerio Público, decretará la vinculación del imputado a proceso siempre que se reúnan los siguientes requisitos: I. Que se haya formulado la imputación. II. Que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar. III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. IV. No se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. El auto de vinculación a proceso únicamente podrá dictarse por los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez podrá otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público al formular imputación. En dicho auto deberá establecerse el lugar, tiempo y circunstancia de ejecución de tales hechos. De este dispositivo se advierte, además de los anteriores requisitos, los siguientes: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya tomado declaración preparatoria o se encuentre asentado el deseo del imputado de negarse a declarar; c) De la investigación se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y finalmente, d) Que no esté demostrada a favor del inculpado alguna causa que extinga la acción penal o excluyente de incriminación. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 (9a.) que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, febrero de dos mil doce, visible en la página 1940, Materia Penal, registro 160331, de rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse derechos y garantías distintas a las consagradas en el magno 19 constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. Ello es así, puesto que para que la afectación que sufre el inculpado en sus intereses con motivo de ese acto de autoridad pueda considerarse como válida, el mencionado acto debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica que consagra la Ley Suprema de nuestro país, entre otras: a) que en el dictado de dicha resolución se cumplan las formalidades esenciales que regulan el procedimiento; b) que se respeten los principios rectores sobre valoración de pruebas; y c) que se encuentre debidamente fundada y motivada; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un sólo cardinal, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al gobernado. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada XIII.P.A.30 P, que sustentó el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de dos mil uno, Materia Constitucional, que se consulta en la página 1228, con registro 162421, del tenor siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías. Dicho lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El veinticuatro de junio de dos mil quince, con fundamento en el artículo 20, apartado B, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los numerales 274, 275 y 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua el agente Ministerio Público formuló imputación contra el accionante del amparo. En la misma audiencia ******************** manifestó su deseo de rendir declaración preparatoria, en uso del derecho conferido por el artículo 20 Constitucional. De igual manera, en la data señalada para la audiencia de vinculación declaró ante el juez responsable respecto de los hechos que se le imputaron. La autoridad responsable encuadró los hechos delictivos que se le atribuyen en el delito de homicidio calificado, previsto en los dispositivos 123, 124 y 136, fracción II, inciso b), del Código Penal del Estado de Chihuahua. Los preceptos que, a consideración del juzgador, prevén el delito enunciado, son los siguientes: 123. A quien prive de la vida a otra persona, se le impondrá de ocho a veinte años de prisión. Se entenderá la pérdida de la vida en los términos de la Ley General de Salud. 124. Se tendrá como mortal una lesión, cuando la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, alguna de sus consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada inevitablemente por la misma lesión. 136. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con: premeditación, ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña o en perjuicio de servidores públicos que se encarguen de la administración o procuración de justicia, o de periodistas; así mismo, en los supuestos de la fracción X del presente artículo: [.] II. Existe ventaja: [.] b) Cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo de ellas o por el número de los que intervengan con él; [.] El juzgador responsable en la resolución que se combate, valoró en su conjunto y adminiculó entre sí los datos reseñados por el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y los medios de prueba aportados por la defensa, conforme a los artículos 20 y 333 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, a las reglas de valoración de la sana critica, determinadas por la experiencia, los conocimientos científicamente afianzados y las normas de la lógica. Así, tomó en consideración la ficha informativa signada por un agente estatal, quien refirió, que se dirigió a la calle ******************** y ******************** de la colonia ********************, en esta ciudad, pues en ese sitio reportaron a una persona del sexo masculino sin vida y ahí efectivamente la localizó. Luego, para acreditar la identidad del cadáver encontrado, el resolutor, contó con las testimoniales de ******************** y ********************, quienes acreditaron con la documental publica consistente en acta de nacimiento de ******************** ser los padres de la víctima y lo reconocieron ante el agente del Ministerio Público. Además, en cuanto a la causa de la muerte tomó en cuenta el certificado de necro-cirugía practicado por la doctora ********************, médico forense adscrita a Servicios Periciales y Ciencias Forenses, Zona Norte, quien el dieciocho de junio de dos mil quince, al inspeccionar el cadáver de ******************** llegó a la conclusión que la causa de la muerte fue traumatismo craneoencefálico severo, consecutivo a lesiones corto contusas en cráneo con un cronotanatodiagnóstico de siete a nueve horas al momento de la necro-cirugía. Con lo anterior, el juez de control consideró acreditados los elementos que integran el ilícito de homicidio, tales como: la destrucción de la vida humana que la muerte se deba a la acción dolosa o culposa del agente, y la realización de la causalidad entre la muerte y la acción u omisión del homicida. El juez de la causa, también valoró los testimonios de ******************** y********************, con los que estimó que el quejoso fue superior por las armas que empleó, pues dichos atestes fueron coincidentes en señalar que vieron a ******************** quien portaba un bate, incluso el propio quejoso ante el juez del control aceptó haber golpeado al paciente del injusto con un bate de beisbol, quien no pensó que con ello que causaría la muerte, pues estimó que sólo se había desmayado. Con lo cual el natural resolvió que se actualizaba la calificativa de ventaja porque el activo fue superior en armas, en términos del artículo 136, fracción II, inciso b). El resolutor de primera instancia también tomó en cuenta la declaración de los diversos imputados ******************** y********************, quienes fueron coincidentes en al señalar que presenciaron cuando el quejoso golpeó a la víctima. Así, el juez natural estimó que existen datos aptos y suficientes para considerar que probablemente fue ******************** quien el diecisiete de junio de dos mil quince, en el interior de la negociación "********************" ubicada en el cruce de las calles ******************** y ******************** de esta ciudad, ejecutó el hecho que la ley penal señala como el delito de homicidio calificado en agravio de ********************. Sentado lo anterior, conviene dar contestación a los conceptos de violación hechos valer por el inconforme. El accionante del amparo aduce que se viola en su perjuicio el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tal planteamiento es infundado, ya que previo a la emisión del auto de vinculación a proceso que se reclama el juez responsable respetó la garantía de debido proceso, al cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, que en materia penal consisten en la oportunidad que se otorga al inculpado de ser oído en la causa penal instruida en su contra y de probar lo que conviniere a sus intereses. Al quejoso se le hizo saber quién lo acusa, la naturaleza y causa de la imputación, a fin de que conociera los hechos punibles que se le atribuyen y contestara el cargo; el derecho a tener una defensa adecuada, prerrogativa que ejerció al señalar defensor particular; se le hizo saber el derecho a declarar con absoluta libertad o abstenerse de hacerlo, a lo cual, en la audiencia imputación y en la de vinculación manifestó su deseo a declarar en relación con los hechos que se le imputan; y se le explicó los objetivos o procedimiento a seguir. De manera que, es infundado el motivo de inconformidad hecho valer por la defensa, pues para el dictado del auto de vinculación que se impugna se respetaron las formalidades del procedimiento en materia penal. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad en las razones que la sustentan, la tesis 3789, que emitió el entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página 1814, Tomo II, Materia Penal, Precedentes Relevantes, TCC, del Apéndice de 2000 al Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con registro 194343, de rubro y texto siguiente: AUTO DE FORMAL PRISIÓN. DEBEN OBSERVARSE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. Este tribunal estableció la jurisprudencia número 439 publicada en la página doscientos cincuenta y seis del Tomo II, Materia Penal del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto reza: 'AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DICTARLO NO ES OBLIGATORIO OBSERVAR LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO.-La obligación de observar las formalidades esenciales del procedimiento es requisito previo para dictar actos privativos de aquellos a los que se contrae el artículo 14 constitucional, entre los que no se encuentran comprendidos los autos de prisión preventiva, dado que los mismos constituyen actos de molestia a los que se refiere el 19 del mismo ordenamiento.'. Ahora bien, en contra de lo sostenido en dicha tesis, tratándose de un auto de formal prisión sí es necesario satisfacer las formalidades esenciales del procedimiento en términos del artículo 160 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20 constitucional, como es el que deba ser escuchado el inculpado en preparatoria; estar asistido por defensor y aportar pruebas durante el término constitucional en el que se resolverá su situación jurídica, lo que constituyen verdaderas formalidades esenciales que deben ser observadas, como aconteció en este caso. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 194 de la Ley de Amparo, se decide de manera unánime interrumpir la obligatoriedad de dicha tesis. El agraviado también indica que la autoridad responsable con su actuar violentó las garantías de legalidad y seguridad jurídica en la medida que emitió el auto de vinculación que reclama sin la debida fundamentación y motivación. Ello, porque no indicó porqué es que el actuar del imputado se adecuaba a la calificativa de ventaja, ni cuál de las tres hipótesis que prevé el inciso b), de la fracción II, del artículo 136, era la que se actualizaba. No asiste la razón al accionante del amparo, pues del reseñado acto reclamado, este juzgador advierte que el natural señaló las razones por las que consideró que la conducta atribuida al enjuiciado se subsume en la hipótesis normativa prevista por el dispositivo 123, 124, en relación con la fracción II, inciso d) del precepto 136, del Código Penal del Estado de Chihuahua. Asimismo, el juez de control estableció puntualmente cuál es el hecho que se imputa al quejoso y que éste se considera como delito (homicidio calificado), con pena privativa de libertad. Además, estableció que se actualizaba la calificativa de ventaja porque el activo fue superior en armas, en términos del artículo 136, fracción II, inciso b), ello al establecer que el actor del evento tenía un bate con el que golpeó al pasivo y le causó lesiones que le hicieron perder la vida. Tal circunstancia, es en específico acorde con la jurisprudencia 13/2003, expuesta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de dos mil tres, Materia Penal, que se puede consultar en la página 9, con registro 184531, de rubro y texto siguiente: AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN ÉL DEBEN INCLUIRSE LAS MODALIDADES O CALIFICATIVAS DEL DELITO, SIN PERJUICIO DE QUE TAMBIÉN SE EXAMINEN EN LA SENTENCIA QUE AL EFECTO SE DICTE. El primer párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, establece que: "Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado.". Ahora bien, del análisis de tal precepto constitucional se concluye que para que el inculpado tenga certeza jurídica del proceso que se le habrá de seguir, la autoridad judicial, al dictar un auto de formal prisión, no debe limitar su actividad al estudio de los aspectos relacionados con el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, sino que debe analizar las modalidades o circunstancias modificativas o calificativas, con independencia de que estas últimas deban ser objeto de prueba durante el proceso criminal correspondiente, en cuya sentencia se defina, en su caso, el grado de responsabilidad del procesado, en virtud de que es justamente en dicho proceso donde se brinda al inculpado el legítimo derecho de defensa, es decir, de ofrecer las pruebas y formular las manifestaciones que estime pertinentes. Lo anterior no es obstáculo para que el Juez de la causa, al dictar su sentencia, efectúe el análisis del grado o calificativas del delito e, incluso, por virtud de ello, la misma pueda diferir del que fue materia en el proceso, al encontrar material probatorio que lo lleve a esa conclusión. Aunado a lo anterior, el juez de control precisó que la hipótesis de participación (autor) que se actualizaba es la prevista en el numeral 21, fracción I, de la legislación sustantiva de la entidad; también plasmó los razonamientos que permiten determinar cuál fue la intervención concreta del accionante en la comisión de los hechos que le imputa el representante social, al ser labor del juzgador primigenio determinar sobre la autoría o participación del infractor, con el objeto de que el inculpado conozca a ciencia cierta cuál es la forma de ejecución de la conducta que se le imputa. Por tanto, resulta evidente que la autoridad responsable sí se condujo con estricto apego a la garantía de fundamentación y motivación tutelada por el artículo 16 de la Constitución Federal, que en su parte conducente establece lo siguiente: 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.] Este mandato constitucional debe entenderse en el sentido de que en toda resolución, la autoridad judicial debe señalar de manera precisa el o los preceptos legales aplicables al caso concreto y expresar claramente las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en cuenta para emitir su determinación. A su vez, debe realizar una operación de subsunción que permita determinar que existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configuren las hipótesis normativas previstas en la ley. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 204, consultable en el apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, página 166, con registro 917738, que a la letra dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. En ese mismo sentido, el quejoso destacó que en principio el representante social adujo que se actualizaba la calificativa de ventaja porque en el evento delictivo acusó participaron tres sujetos y concluye que si sólo se le dictó auto de vinculación a él y no a los coinculpados, esa calificativa ya no se actualiza. Lo dicho por el accionante también resulta infundado, en la medida que conforme al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo proceso penal debe seguirse forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso, es decir, prohíbe alterar la sustancia de los hechos calificados en dicho auto. Ahora, esa prohibición no se refiere a la apreciación técnica o a la calificación jurídica de los hechos, en tanto que las calificativas o modalidades del delito son circunstancias accesorias cuya función es agravar o atenuar la pena, pero sin que dependa de ellas la existencia del hecho ilícito, excepto tratándose de delitos especiales cuyas circunstancias calificativas o modificativas son elementos constitutivos de la figura delictiva básica. De manera que, si en la especie, el juez no alteró los hechos, sino que con base en los antecedentes planteados por el representante social y a los medios de convicción desahogados ante su presencia fue específico en indicar la calificativa que se actualizaba, resulta inconcuso que el auto de vinculación a proceso no es violatorio en ese aspecto, por el contrario, le permite el desahogo de las pruebas que estime pertinentes en la etapa de investigación para defenderse en juicio. Incluso el actuar de la autoridad responsable es acorde con el numeral 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado que permite al juez otorgar a los hechos una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público al formular imputación. Por lo expuesto, es válido concluir que el juzgador de primera instancia sí cumplió con la fundamentación y motivación aludida, en los aspectos señalados por el accionante del amparo. Ahora, como otro concepto de violación el accionante del amparo señala que el juez de control utilizó antecedentes que no fueron invocados por el agente del Ministerio Público y suplió los argumentos del referido representante, lo que vulnera los principios del sistema penal acusatorio para convertirlo en inquisitorio. Tal motivo de disenso es igualmente infundado, en la medida que el juez para el dictado del auto de vinculación que se analiza se concretó al estudio de las manifestaciones expuestas por el representante social, así como a los argumentos de su defensa, a los datos enunciados por el agente y a las pruebas presentadas para combatir la acusación. Además, desestimó los argumentos y pruebas defensivas, al indicar que aun cuando el defensor consideró que no debían considerarse las declaraciones de los imputados rendidas ante la autoridad ministerial porque fueron obtenidas de una detención ilegal; el juez fue contundente en precisar que las mismas no eran el fundamento de su determinación, pues sólo tomó en cuenta las manifestaciones hechas ante su presencia por el quejoso y los coinculpados, adminiculadas con el resto del material probatorio. De manera que, es infundado que el juez de control haya tomado a consideración antecedentes que no fueron vertidos en la audiencia por el agente del Ministerio Público o que haya suplido los argumentos del referido representante social, sino que actuó con apego a la legislación secundaria de la materia y al artículo 19 de la Constitución Federal, al valorar solo los datos y pruebas que le fueron presentados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/5 (10a.), que emitió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, octubre de dos mil catorce, Tomo III, Materia Constitucional, Penal, visible en la página 2377, con registro digital 2007811, del tenor siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE ESTUDIAR LOS DATOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO VALORAR LA RAZONABILIDAD DE LAS MANIFESTACIONES EXPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y, EN SU CASO, LA CONTRA-ARGUMENTACIÓN O REFUTACIÓN DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, párrafo tercero, 19, párrafo primero y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el Constituyente Permanente determinó, entre otras cuestiones, la no formalización de las pruebas en cualquiera de las fases del procedimiento penal acusatorio, salvo excepciones. Asimismo, que el impedimento a los Jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria fue con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, así como los principios de igualdad y contradicción; lo anterior, dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso de los contendientes, por una parte, las del Ministerio Público, víctima u ofendido del delito y, por otra, del inculpado y su defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y cuando exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; de ahí que en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial del Estado de Chihuahua, el Juez de control, al resolver sobre la procedencia del auto de vinculación del imputado, no debe estudiar los datos de la carpeta de investigación, sino valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por dicha representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor. Por todo lo anterior, ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer por el accionante, sin que se advierta deficiencia de queja por suplir se estima que el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el veintinueve de junio de dos mil quince, en la causa penal ********************/2015, por el Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, no es violatorio de derechos, lo que lleva a negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión que se solicita. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, 74, 76, 77, 78, 80 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el veintinueve de junio de dos mil quince, en la causa penal ********************/2015, por el Juez de Garantía del distrito judicial Bravos, con morada en esta localidad, por las razones expuestas en el considerando último de la presente resolución. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la parte tercero interesada en el cuaderno que se abrió para su emplazamiento y al agente del Ministerio Público adscrito, así como a las autoridades por medio de oficio. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado****, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ****, el día de hoy, trece de noviembre de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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