Noel Abraham Vallejo Díaz

Expediente 590/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
590/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
28/12/2018

Partes del expediente

  • Noel Abraham Vallejo Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho. ARCHIVO Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de control constitucional, del cual se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el presente juicio de amparo encuadra en las hipótesis contenidas en el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto, del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído el mismo, por lo que se estima que el principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo, juntamente con el disco que contiene la resolución emitida por el Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región con sede en San Andrés Cholula, Puebla, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha. ORIGINAL DE INCIDENTE Ahora bien, respecto del original del incidente de suspensión, por contener medidas cautelares concedidas, es susceptible de DEPURARSE, por lo que se deberán conservar todas las determinaciones relativas a su otorgamiento o violación; lo anterior de conformidad con lo establecido en el punto vigésimo primero, fracción III, último párrafo, del acuerdo en mención. DUPLICADO DE INCIDENTE En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción III, punto vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse dictado la interlocutoria correspondiente. TRANSFERENCIA Finalmente, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/6638/2018, signado por el Secretario de Apoyo B adscrito a la secretaría técnica, en ausencia del secretario técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach

  2. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 590/2018, promovido por Noel Abraham Vallejo Díaz, contra actos del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el trece de julio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno al día siguiente hábil, Noel Abraham Vallejo Díaz, por su propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto contra la autoridad Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán y por el acto consistente en el auto de término constitucional de veintidós de junio de dos mil dieciocho. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Previa aclaración del escrito inicial de demanda, por auto de treinta de julio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por la autoridad señalada como responsable, registrándose con la misma con el número de expediente 590/2018; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar previo su diferimiento en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama actos de autoridades del orden penal circunscritas al territorio sobre el que ejerce competencia este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Conforme lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", este órgano jurisdiccional precisa el acto que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, conforme la lectura íntegra de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, el cual consiste en: I. Auto de término constitucional de veintidós de junio de dos mil dieciocho. TERCERO.- CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado. CUARTO.- CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. En este caso, se advierte la actualización de una causa de improcedencia, la cual debe ser previamente examinada por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la ley de la materia, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "[.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: "I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. "El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. "El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. "Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; "La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." La actualización de la causa de improcedencia referida obedece a que, como se advierte del dictamen signado por el perito oficial Josué Perales Palma, ratificado el treinta de octubre de dos mil dieciocho (fojas 99 a 111), la firma plasmada en el escrito inicial de demanda de amparo no proviene del mismo y común origen gráfico de la firma auténtica plasmada por Noel Abraham Vallejo Díaz, en el acta de ratificación de firma de veintisiete de julio de dos mil dieciocho. Este órgano de control constitucional estima que el dictamen en comento tiene el soporte suficiente y la motivación adecuada para dilucidar la cuestión planteada, tomando en cuenta que la función del experto se limita a ilustrar el criterio del juzgador, al servirle de guía y facilitarle los conocimientos técnicos de que carece, siendo el propio juez quien, a la postre, debe decidir fundada y motivadamente si acoge o no sus conclusiones. Así es, de la consulta de la opinión profesional se desprende que el perito explicó la metodología utilizada en el caso concreto; efectuó un análisis de las características generales y los gestos gráficos de la firma indubitable (base del cotejo) y la dubitable (cuestionada), las cuales esquematizó en diversos cuadros, apoyándose además con imágenes fotográficas, lo cual le permitió identificar las características generales de las firmas cotejadas y sus elementos; posteriormente, mediante cuadros comparativos pudo identificar y señalar las diferencias particulares entre ellas. Del dictamen anterior se advierte que el perito, a partir de un análisis comparativo, identificó las características de inicio, final, presión, tensión de línea, velocidad, dirección, inclinación, proporción dimensional, espontaneidad y habilidad escritural, tanto de la firma cuestionada como de la señalada como indubitable -plasmada ante la presencia judicial el veintisiete de julio de dos mil dieciocho-, lo cual le permitió establecer sus diferencias y concluir que la firma plasmada en el escrito inicial de demanda de amparo no proviene del mismo y común origen gráfico de la firma auténtica puesta por Noel Abraham Vallejo Díaz en el acta de ratificación de firma. Luego, este órgano jurisdiccional estima que las conclusiones a las que arribó el citado profesionista permiten crear convicción en el sentido de que la firma de la demanda de amparo no corresponde al puño y letra del aquí quejoso Noel Abraham Vallejo Díaz. En efecto, las conclusiones contenidas en dicho dictamen resultan ilustrativas en el caso concreto, en primer lugar, porque la pericial grafoscópica se basó en un documento que contiene una firma indubitada para el cotejo en un juicio de amparo, calidad que tienen las plasmadas en presencia del secretario de un órgano jurisdiccional, en términos de lo dispuesto por el artículo 140, fracción V, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al tenor de lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con la tesis aislada de rubro y texto siguientes: "FIRMAS INDUBITABLES EN EL AMPARO INDIRECTO. TIENEN ESTE CARÁCTER PARA EL DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL CALIGRÁFICA O GRAFOSCÓPICA, LAS PLASMADAS EN PRESENCIA DEL SECRETARIO DEL TRIBUNAL, CON INDEPENDENCIA DE LA FECHA EN QUE SE IMPRIMAN. El artículo 140, fracción V, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con su artículo 2o., al establecer como indubitables para el cotejo, las firmas o huellas digitales puestas en actuaciones judiciales, en presencia del secretario del tribunal, o de quien haga sus veces, por aquel cuya firma, letra o huella digital se trate de comprobar y las puestas ante cualquier otro funcionario investido de fe pública, permite concluir que en la tramitación del juicio de amparo indirecto las firmas plasmadas en presencia del secretario del tribunal devienen indubitables, precisamente en atención a la fe pública de que se halla revestido ese funcionario, lo que determina la certeza de que el indicado signo gráfico se estampó ante él y que la autoría de quien lo realizó no está a discusión, con independencia de la fecha en que se ejecute el correspondiente ejercicio caligráfico; sin que para ello resulte óbice que el autor de tales firmas, enterado del objeto de esa diligencia, pretendiera disimular el grafismo habitual con el que firma, con el ánimo de obtener, en su oportunidad, un dictamen favorable; pues esa es precisamente la misión que tienen encomendada los peritos en grafología o grafoscopía, cuyos conocimientos permitirán establecer si hay o no coincidencia entre dos firmas, a pesar de que intencionalmente pretendiera su autor ocultar o alterar algunos de sus rasgos, dado que los esenciales se conservan incólumes y con métodos científicos puede detectarse tal alteración." (Época: Novena Época; Registro: 177960; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXII, Julio de 2005; Materia(s): Común; Tesis: VI.2o.C.221 K; Página: 1432). Con base en lo hasta aquí expuesto, si bien la prueba pericial en materia caligráfica o grafoscópica no obliga al juzgador a resolver en el sentido que refieren los dictámenes, sí constituye un medio para ilustrar su criterio, al servirle de guía y facilitarle los conocimientos técnicos de que carece, extremos que en la especie se estiman cubiertos por el dictamen del perito oficial, por lo cual a sus conclusiones este órgano de control constitucional les reconoce eficacia demostrativa, por las razones ya explicadas y que le permiten definir que la firma del escrito de demanda de amparo, no corresponde al puño y letra del aquí quejoso Noel Abraham Vallejo Díaz. De ahí que, como se adelantó, debe sobreseerse en el juicio constitucional, al quedar evidenciado que la firma plasmada en el escrito inicial de demanda no proviene del mismo y común origen gráfico de la firma auténtica plasmada por Noel Abraham Vallejo Díaz, en el acta de ratificación de firma de veintisiete de julio de dos mil dieciocho, lo cual equivale a la ausencia de firma de la parte interesada en dicho ocurso, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación el diverso 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, de manera analógica, la jurisprudencia que dice: "DEMANDA DE AMPARO. AL SER LA FALSEDAD DE LA FIRMA DEL ESCRITO RELATIVO UN CASO ANÁLOGO AL DE LA AUSENCIA DE ÉSTA, LA ACCIÓN DE AMPARO ES IMPROCEDENTE. Si bien la falta de firma en el escrito de demanda de amparo torna improcedente la acción de tutela constitucional, ante la ausencia de voluntad para instar al órgano jurisdiccional, resulta un caso análogo al anterior el hecho de que durante la tramitación del juicio de garantías se sustancie la objeción de falsedad de la firma que calza el ocurso inicial de amparo, y éste resulte fundado, porque en ese supuesto no puede tenerse como válida la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional; por tanto, sobreviene la improcedencia del juicio en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 4o., ambos de la Ley de Amparo. (Época: Décima Época; Registro: 2001096; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro X, Julio de 2012, Tomo 3; Materia(s): Común; Tesis: VI.2o.C. J/5 (10a.); Página: 1594). Finalmente, no es óbice a lo anterior el hecho de que Noel Abraham Vallejo Díaz hubiese ratificado el diverso escrito presentado el veinte de julio de la anualidad en curso, habida cuenta que ello no puede tener el alcance de convalidar la firma del escrito inicial de demanda. Resultan ilustrativas al respecto, las jurisprudencias del Máximo Tribunal del País, que rezan: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LA FALSEDAD DE LA FIRMA QUE LA CALZA, NO PUEDE CONVALIDARSE CON LA CONTENIDA EN EL ESCRITO DE PRESENTACIÓN ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA FIRMA DE ÉSTE HAYA SIDO O NO IMPUGNADA DE FALSA. Si bien es cierto que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la jurisprudencia 1a./J. 33/2002, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE FIRMARLA SE SUBSANA CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ESCRITO CON EL QUE SE PRESENTA LA MISMA ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.", que tanto el escrito de demanda como el de su presentación, por una solución de continuidad, no pueden considerarse documentos autónomos o separados entre sí, sino como reflejos documentales de una misma voluntad, consistente en interponer la demanda de amparo, también lo es que cuando la firma que calza el escrito de demanda ha sido declarada falsa, debe estimarse que éste y el de presentación son documentos autónomos, por no reflejar una misma voluntad, pues la presunción de unidad de voluntades contenidas en tales escritos, se desvanece ante la señalada declaración de falsedad de firma, ya que, aun cuando el quejoso hubiera firmado el escrito presentado ante la responsable, el reflejo de una misma voluntad en ambos escritos no existe, al tratarse de personas distintas las que suscribieron ambos documentos. Así, al no corresponder al quejoso la firma que calza la demanda de garantías, las consecuencias de ese hecho también alcanzan al escrito de presentación, resultando irrelevante si la firma contenida en el escrito de presentación fue o no impugnada de falsa, en virtud de que lo que alcanza al escrito de presentación no es la declaración de falsedad de la firma, sino la consecuencia de ausencia de voluntad para promover el juicio de amparo." (Época: Décima Época; Registro: 2001293; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1; Materia(s): Común; Tesis: 1a./J. 63/2012 (10a.); Página: 255). "RECONOCIMIENTO DE LA FIRMA QUE CALZA UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. CUANDO SE DECLARA SU FALSEDAD A TRAVÉS DEL INCIDENTE RESUELTO CONJUNTAMENTE CON LA SENTENCIA DEFINITIVA, TANTO AQUELLA DILIGENCIA COMO LA DEMANDA CARECEN DE EFICACIA, POR LO QUE AL NO TENERSE POR EXTERNADA LA VOLUNTAD DEL PROMOVENTE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO. Cuando al resolver el incidente respectivo un tribunal colegiado de circuito declara conjuntamente con la sentencia definitiva dictada en un juicio de amparo directo la falsedad de la firma que calza la demanda de garantías, tanto la diligencia en que el promovente reconozca dicha firma como la aludida demanda carecen de eficacia, ya que no existe certeza sobre su autenticidad, esto es, que realmente proviene de quien aparece como su autor jurídico, pues una firma sólo puede reconocerla quien la imprimió. Así, ante la mencionada declaración de falsedad, a la diligencia de reconocimiento de firmas no puede otorgársele el alcance de tener por presentada la demanda en la fecha en que el aparente promovente compareció ante el tribunal colegiado a reconocer la firma cuya autenticidad se cuestiona, en tanto que el objeto de dicha diligencia se limita a que el autor del documento reconozca como suya la firma impresa en él y no a hacer suyo el contenido de un instrumento que no suscribió. Por tanto, se concluye que quien aparece en la demanda como promovente, aunque el acto reclamado afecte su esfera jurídica, no externó su voluntad de acudir al juicio constitucional, lo cual se traduce en el incumplimiento del requisito de instancia de parte agraviada previsto en el artículo 4o. de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio con fundamento en los artículos 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la Ley indicada." (Época: Novena Época; Registro: 167401; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIX, Abril de 2009; Materia(s): Común; Tesis: 1a./J. 93/2008; Página: 476). En consecuencia, lo conducente es sobreseer en el juicio de amparo, lo cual impide a este órgano de control constitucional realizar el estudio de los conceptos de violación. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." (Época: Séptima Época; Registro: 394465; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 1995; Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación; Materia(s): Común; Tesis: 509; Página: 335). Sin que en el caso, resulte aplicable el contenido del numeral 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, que señala: "Artículo 64. [.] Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga." Lo anterior, toda vez que dicho supuesto se refiere de manera específica a las causas de improcedencia analizadas de oficio por un órgano jurisdiccional de segunda instancia en materia de amparo, sin que hayan sido estudiadas en primera instancia. Es aplicable, en su parte conducente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal Constitucional del País, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN. El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad." (Época: Décima Época; Registro: 2008790; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 17, Abril de 2015, Tomo I; Materia(s): Común; Tesis: P./J. 5/2015 (10a.); Página: 8). Finalmente, cabe precisar que los criterios invocados en este fallo -anteriores a la Décima Época- resultan aplicables, en razón del artículo Sexto Transitorio de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en la segunda sección del Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, que señala: ".Sexto. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Sin que obste a lo anterior las manifestaciones vertidas por el quejoso en su escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, en relación con la firma cuestionada, toda vez que ello constituye meras afirmaciones carentes de sustento, ya que no obra medio de prueba que acredite su dicho y, por el contrario, sí obra en autos el dictamen emitido por el experto y al cual se le otorgó valor probatorio por los motivos precisados en líneas que anteceden; máxime que el quejoso estuvo en aptitud de designar en todo caso perito de su parte si lo estimaba conducente; sin embargo, no hizo uso de ese derecho, de tal modo que no se dejó en estado de indefensión. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Noel Abraham Vallejo Díaz, respecto de los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de noviembre de dos mil dieciocho. QUEJOSO REALIZA MANIESTACIONES EN TORNO AL DICTAMEN Visto el escrito signado por el quejoso Noel Abraham Vallejo Díaz, mediante el cual en atención a la vista dada en proveído de treinta y uno de octubre pasado, realiza diversas manifestaciones en torno al dictamen emitido por el perito oficial, las cuales se tienen por hechas, y serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. QUEJOSO FORMULA ALEGATOS Visto el escrito signado por el quejoso Noel Abraham Vallejo Díaz, mediante el cual ofrece prueba documental consistente en cada una de las constancias que señala y que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado, y realiza diversas manifestaciones; en atención a su contenido, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos fórmula para tal efecto, y en torno a las pruebas ofrecidas, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas, en atención a su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en el acto de la audiencia constitucional. REQUIERE RATIFIQUE DICTAMEN. Por otro lado, visto el oficio de cuenta signado por el perito oficial Josué Perales Palma, mediante el cual emite el dictamen que le fue solicitado por este órgano jurisdiccional; atento a su contenido, antes de proveer en cuanto al dictamen pericial que emite el profesionista de referencia, requiérasele para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación de este proveído, comparezca ante el personal de este Juzgado, debidamente identificado, a efecto de que manifieste si ratifica el dictamen pericial presentado y si reconoce como suya la firma que lo calza. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese y personalmente al perito oficial, a través del Director General de Servicios Periciales de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República, con residencia en esta ciudad. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy Fe

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