Noé Ponce Rivera

Expediente 508/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
508/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
19/10/2021

Partes del expediente

  • Noé Ponce Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparo En sentencia dictada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, se concedió la protección constitucional a Noé Ponce Rivera, para el efecto de que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: ".de manera inmediata provea el dictado del laudo respectivo, en el juicio ordinario laboral 58/2016." Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo Así, en proveído de dos de septiembre de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo. Sin embargo, no se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector, ya que en ese propio auto se dio cuenta con el oficio remitido por la autoridad responsable y presentado ante este juzgado el uno de septiembre de este año, por el que allegó copia certificada del laudo de veintisiete de agosto del año en curso, dictado en el juicio laboral número 58/2016. Situación con la que en ese propio auto donde causó ejecutoria la sentencia, se ordenó dar vista a la parte promovente para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo De ahí que con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse dictado el laudo el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral número 58/2016; con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se atienden manifestaciones de la parte quejosa Por otra parte, en torno al escrito presentado por el apoderado de la parte quejosa, mediante el cual, desahogan la vista que se ordenó dar con el cumplimiento realizado por la responsable, y en el que, medularmente se refiere que para ese momento, el quejoso no había recibido conocimiento alguno del laudo dictado, y que ello, lo dejaban en estado de indefensión, por no saber en qué sentido se emitió el mismo y lo que impedía a interponer recurso alguno sobre esa determinación laboral; al respecto, se estima necesario señalar que, no procede requerir a la responsable para ese fin, esto es, que notifique el laudo emitido en el controvertido de origen, toda vez que sería imponerle un lineamiento o cuestión que no fue materia de la concesión del amparo dictada en el presente asunto, la cual, se delimitó únicamente a que se dictara el laudo en el juicio de origen; y por tanto, no procede requerirla para que cumpla con diversos aspectos que no fueron materia de la ejecutoria de amparo, pues se estaría inobservando lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos; máxime, que de haber existido alguna inconformidad de la parte quejosa en relación a los efectos y alcances del amparo concedido, tuvo a su alcance los medios legales para impugnar esa determinación y como no lo hizo, causó ejecutoria y se requirió a la responsable para que cumpliera con la misma, en los términos en que fue dictado el fallo protector. Aunado a lo anterior, de la parte final del laudo emitido el veintisiete de agosto de este año, se advierte que el tribunal responsable ordenó: "NOTIFICAR PERSONALMENTE a las partes en los domicilios señalados en autos."; de donde se colige que, la autoridad laboral ya emitió el mandamiento de notificación respectivo en torno al laudo que emitió y de ordenarle a la responsable que realice la notificación como lo pretende la parte quejosa, además de incurrir en un exceso en la ejecutoria de amparo, se podría realizar la notificación en contravención a lo acordado u ordenado al respecto en el juicio laboral de origen; por lo cual, quedarán expeditos los derechos de la parte quejosa para que en su caso, haga valer en el litigio natural los medios de defensa que estime necesarios. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis número CV/2013 (10ª), del rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN EL QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª.J.45/2007)" Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Rigoberto Chávez Villa, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Parte quejosa desahoga vista Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponde, el escrito signado por el apoderado de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista que se ordenó darle en autos, en los términos precisados en su escrito de cuenta, manifestaciones que se ordena tomar en consideración al momento en que el suscrito juzgador se pronuncie sobre el cabal cumplimiento del fallo protector. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Andrés Leyva Mercado, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUEINTE ACUERDO: Morelia, Michoacán, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Vista con estado de autos; causa ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de nueve de agosto del año en curso, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Noé Ponce Rivera; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Precisión de puntos a cumplir de ejecutoria. En ese tenor, se reitera que la obligación que le fue impuesta a la autoridad responsable en la ejecutoria de amparo es la siguiente: - "El Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, de manera inmediata provea el dictado del laudo respectivo, en el juicio ordinario laboral 58/2016." Cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En ese orden de ideas, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite copia certificada del laudo de veintisiete de agosto de este año, emitido en el juicio laboral de origen. Vista a las partes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Andrés Leyva Mercado, Secretario que autoriza y da fe

  4. Principal

    Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de veintidós de junio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las once horas del nueve de agosto de dos mil veintiuno, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con la Secretaria que autoriza y da fe Marbella Juárez García, declara abierta la audiencia. Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo V-508/2021, promovido por Noé Ponce Rivera, a través de su representante, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Asimismo, que dentro del presente juicio de garantías no existe tercero interesado y que ninguna de las partes se encuentra presente. Se da cuenta con la promoción registrada con el folio 9560, consistente en el informe justificado que rinde el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Téngase hecha la relación de hechos que antecede. Por su parte, se tiene rendido el informe justificado del Presidente del Tribunal responsable, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que únicamente obran en el sumario las documentales que la autoridad responsable remite como sustento de su informe justificado, consistente en copia certificada de diversas constancias relativas al juicio ordinario laboral 58/2016; prueba que se tiene admitida y desahogada, en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos; Secretaria dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que las partes no ofrecieron medios de convicción en la presente instancia. EL JUEZ: Al no haber alegatos que reproducir, se concluye la presente audiencia y se procede al dictado de la sentencia. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo V-508/2021, promovido por Noé Ponce Rivera, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el uno de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Noé Ponce Rivera solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. El promovente del presente juicio estimó violados en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Substanciación del juicio. Previo desahogo de la prevención formulada en autos, en actuación de veintidós de junio pasado, se admitió la demanda, misma que quedó registrada bajo el número V-508/2021; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, además de que el acto reclamado es de naturaleza omisiva y la competencia se fija a prevención. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. En ese sentido, el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en la omisión del Tribunal responsable de emitir el laudo respectivo en el juicio ordinario laboral 58/2016. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Del contenido del informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, se advierte que es cierto el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, pues literalmente refirió lo siguiente: "Que ES CIERTO el acto reclamado, toda vez que del análisis de autos del expediente en que se actúa, se desprende que éste Tribunal no ha dictado el laudo correspondiente; sin embargo, es menester señalar que mediante acuerdos dictados con fecha 25 de junio y 10 de julio, ambos del año dos mil diecinueve, se concedió a las partes el término legal para formular alegatos y consecutivamente se decretó el cierre del periodo de instrucción; ordenando poner los autos a la vista [.]". Además la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas actuaciones relativas al procedimiento de origen; documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública1. QUINTO. El único concepto de violación aducido es esencialmente fundado. Ahora, previo al pronunciamiento que este órgano de control realice, es preciso señalar que el estudio del acto reclamado en la demanda de amparo debe realizarse de manera exhaustiva en todos los apartados que contenga la demanda de amparo, esto a fin de que el órgano de control constitucional esté en aptitud de impartir una justicia 1 Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.- Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.- Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.- Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". completa e integral atendiendo a las solicitudes del gobernado, debiendo analizar el que la actuación de la autoridad responsable siempre sea en apego al respeto de los derechos humanos de la persona, y en caso de que se advierta alguna inconformidad que pueda vulnerarlos realizar el pronunciamiento respectivo. Precisado lo anterior, se tiene que la parte quejosa reclama medularmente la violación en su perjuicio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que efectivamente ha acontecido. En ese tenor, resulta correcta la apreciación del ahora solicitante de la tutela constitucional, pues efectivamente la actitud omisa de la autoridad responsable, resulta violatoria de la garantía de pronta impartición de justicia tutelada por el artículo 17 de la Constitución Federal, por lo siguiente. De la exégesis del precepto constitucional transcrito, se desprende la obligación para los tribunales encargados de la impartición de justicia de dictar sus resoluciones en forma pronta y expedita, imponiéndosele a la autoridad jurisdiccional sujetarse para ello a los términos que se establezcan en la ley que rija el acto. A fin de corroborar lo anterior conviene señalar que el artículo 99 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, en lo medular dispone que, en una sola audiencia, se recibirán las pruebas y alegatos de las partes y se pronunciará la resolución correspondiente. Así, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, informó que es cierto el acto reclamado, toda vez que se encuentra radicado el expediente laboral número 58/2016 promovido por el quejoso, donde no se ha dictado laudo, no obstante que en actuación de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, se consideraron desahogadas la totalidad de las pruebas; por lo que se dio vista a las partes, para que dentro del término de tres días formularan sus alegaciones respectivas. Posteriormente, por auto diez de julio de dos mil diecinueve se hizo efectivo el apercibimiento formulado y se declaró cerrado el periodo de instrucción, ordenando poner a la vista los autos ante la autoridad colegiada para emitir el laudo correspondiente. En ese contexto, evidente resulta que el Presidente del Tribunal responsable inobservó lo establecido en el artículo 17 Constitucional en cuanto refiere que la impartición de justicia debe ser pronta, pues si en el expediente natural desde el diez de julio de dos mil diecinueve, previa certificación de inexistencia de pruebas que desahogar, cerró la instrucción en el procedimiento de origen y puso los autos a la vista para emitir el laudo respectivo, debió haberse dictado el mismo de inmediato, dado que de autos no se advierte que hubiere ordenado la práctica de diligencias posteriores, conforme lo dispone el artículo 99 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios. Cabe mencionar, que las actuaciones realizadas por el Tribunal responsable, tendentes a cerrar el periodo de instrucción no justifican su proceder, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que son inaplicables de manera supletoria los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo a la Ley Burocrática (actualmente Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios), precisamente porque está última legislación prevé un procedimiento diferente para la emisión de sus laudos, diverso al de la codificación obrera citada en primer término. En efecto, el artículo 99 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios señala el procedimiento a seguir, del que destaca que aquél se reducirá a la presentación de la demanda y contestación y a una sola audiencia en la que se presentarán pruebas y alegatos, y se pronunciará resolución, a menos que se requiera la práctica de diligencias posteriores. En ese sentido, desde el trece de junio de dos mil diecinueve, en que se declaró cerrada la instrucción y se ordenó poner a la vista de la autoridad colegiada los autos a fin de emitir el laudo correspondiente, a la fecha ha transcurrido más de un año, ocho meses y catorce días, término que excede en demasía al que alude el artículo 99 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, para que emita el laudo respectivo; por ende, es que la abstención que se reclama en esta vía constitucional resulte violatoria de la garantía que pregona el artículo 17 Constitucional relativa a la impartición de justicia pronta y expedita. Por las razones que contiene, ilustra lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, que dice: "Época: Novena Época Registro: 178282 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Mayo de 2005 Materia(s): Laboral Tesis: 2a./J. 52/2005 Página: 526 TRABAJADORES BUROCRÁTICOS LOCALES. LOS ARTÍCULOS 885 A 889 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE CUANDO LA LEY LOCAL QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECE QUE SE CONSTREÑIRÁ A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, CONTESTACIÓN Y CELEBRACIÓN DE UNA SOLA AUDIENCIA DE PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCIÓN (LEGISLACIONES DE CHIHUAHUA Y TAMAULIPAS). Para que proceda la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo tratándose de procedimientos burocráticos locales, es menester que la ley que los regula contemple la institución respecto de la cual se pretende tal aplicación y que aquélla no esté reglamentada, o bien que su reglamentación sea deficiente. Por tanto, si la ley burocrática local prevé que el procedimiento se sujetará a la presentación de la demanda, contestación y celebración de una sola audiencia en la que las partes ofrecerán sus pruebas y alegatos, y en su caso se dictará el laudo respectivo, es incuestionable que no procede la aplicación supletoria de los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo, pues el legislador no consideró necesario que previamente al dictado del laudo se elaborara un proyecto de resolución, ni que se llevara a cabo una sesión en la que se discutiera y votara aquél, por lo que de estimar lo contrario se estarían integrando a la ley burocrática local aspectos que el legislador no tuvo intención de establecer; además de que la ausencia de dichas formalidades no conlleva el desconocimiento de los hechos controvertidos ni la falta de ponderación de las pruebas relativas por parte del Tribunal o de la Junta de que se trate, al ser jurídicamente válido que atendiendo a la menor o mayor complejidad del asunto y a las cargas de trabajo, el laudo se dicte en una fecha posterior a la señalada para la celebración de la aludida audiencia. Contradicción de tesis 216/2004-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito. 30 de marzo de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia; en su ausencia hizo suyo el asunto Juan Díaz Romero. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero". En consecuencia, lo procedente es otorgar al quejoso Noé Ponce Rivera, la protección constitucional solicitada, para el efecto de que: - El Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, de manera inmediata provea el dictado del laudo respectivo, en el juicio ordinario laboral 58/2016. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de contenido literal siguiente: "Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Número de identificación 2005150 Segunda Sala Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Página 732 Tesis Aislada (Común) CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Recurso de inconformidad 282/2013. Tomasa Hernández Díaz. 18 de septiembre de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jannu Lizárraga Delgado". Lo anterior, a fin de restituir al quejoso en el goce del derecho transgredido, de conformidad con el numeral 77, fracción II, de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Noé Ponce Rivera, en contra del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, con base a las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.

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