Noe Oliveros Leyva
Expediente 878/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 878/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Noe Oliveros Leyva
Actuaciones
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el veintidós de diciembre de dos mil veinte, en donde se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. En términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se desechó la demanda, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.Lo
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Vista la razón que antecede se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario para notificar el auto de veintidós de diciembre pasado a la parte quejosa, pues no localizo el inmueble que señaló para tal efecto en su demanda; por tanto, con fundamento en la fracción III, inciso a) del artículo 27, de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista de acuerdos dicha determinación, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, hasta que proporcione domicilio cierto para tal efecto. NOTIFÍQUESE. INSERCIÓN: "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de diciembre de dos mil veinte. Con la demanda de amparo promovida por NOEL OLIVEROS LEYVA, contra actos del Superintendente General de la Zona Sur de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 878/2020. Se instruye al Secretario de Juzgado a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, así como para que firme los oficios que deriven de este asunto. Ahora bien, de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama del Superintendente General de la Zona Sur de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad el posible corte de suministro de energía eléctrica derivado de la falta de pago de ese servicio público. De lo anterior se advierte que el quejoso reclama, esencialmente, el inminente corte de suministro eléctrico de su domicilio, dado que personal de la citada comisión, le comentó que iban a proceder a realizar el corte del suministro de luz, sino pagaba la cantidad que adeuda por dicho servicio. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al efecto, de los artículos 61, fracción XXIII, 1º, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, se colige que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos que provengan de entidades no consideradas como autoridades por carecer de facultades para incidir en la esfera jurídica de los gobernados. En esa tesitura, el Superintendente General de la Zona Sur de la Comisión Federal de Electricidad, no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, toda vez que carece de facultades decisorias y ejecutoras, en términos del artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, así como de todas las notas distintivas señaladas. Resulta ilustrativa para esclarecer las características del ente autoritario, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en la página mil ochenta y nueve del tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, Novena Época, materia común de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Así como la jurisprudencia 2a./J.30/2018 (10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página quinientos treinta y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, abril de dos mil dieciocho, materias común y civil, de rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPAROCONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluidos el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo. En efecto, el Superintendente General de la Zona Sur de la Comisión Federal de Electricidad, no es autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues no se ejerce un poder público que afecte de manera unilateral la esfera jurídica de quien solicita el amparo, pues los requisitos que solicita a fin de otorgar la prestación del servicio de energía eléctrica, no los exige investida de imperio o en un plan de supra a subordinación. Es aplicable la jurisprudencia: 2a./J. 112/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página doscientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, agosto de dos mil seis, Tomo XXIV, materias Administrativa, de rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ACTÚA COMO PARTICULAR EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CUANDO DETERMINA Y RECAUDA EL DERECHO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. Cuando la Comisión Federal de Electricidad, en observancia de lo dispuesto en la Ley de Ingresos Municipal respectiva y conforme al acuerdo o contrato celebrado con el Ayuntamiento, determina y recauda el pago de derechos por el servicio de alumbrado público, emitiendo el aviso-recibo correspondiente, no realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque no crea, modifica o extingue, unilateralmente, una situación que afecte la esfera legal del particular, sino que actúa en un plano de coordinación como particular en auxilio de la administración pública municipal, toda vez que ni del artículo 9o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica ni de la legislación municipal aplicable se advierte que la Comisión Federal de Electricidad tenga facultades coercitivas para exigir al contribuyente el pago de los derechos por el servicio de alumbrado público, sino que se establece cierto procedimiento administrativo de ejecución por parte de las autoridades municipales." Asimismo, es aplicable al caso la jurisprudencia: 2a./J.71/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página mil doscientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, junio de dos mil dieciocho, Tomo II, materias Común, Administrativa, de rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 112/2006 SIGUE SIENDO APLICABLE A LOS ACTOS QUE REALIZA EN RELACIÓN CON LA DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL PAGO DE DERECHOS POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Comisión Federal de Electricidad no realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando determina y recauda el pago de derechos por el servicio de alumbrado público, en observancia a diversas leyes locales y conforme al convenio que celebre con las autoridades de ese nivel de gobierno. A pesar de que dicho criterio fue emitido conforme a la Ley de Amparo de 1936 abrogada, sigue siendo aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley que la sustituyó, porque a pesar de que ésta prevea la posibilidad de promover un juicio de amparo contra actos de particulares que sean equivalentes a los de autoridad, ambas legislaciones coinciden en condicionar su procedencia a la existencia de una función prevista en una norma jurídica, y cuyo efecto repercuta de manera unilateral y obligatoria en el ámbito de derechos de cierta persona. Esta situación no se actualiza cuando la Comisión Federal de Electricidad da a conocer las cantidades que el gobernado debe pagar por concepto de derechos por el servicio de alumbrado público en el aviso-recibo, pues esa facultad no implica otorgarle atribuciones para ejecutar el cobro, mismas que se reservan a las autoridades municipales." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, al advertirse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, febrero de dos mil diecinueve, Tomo I, materias común, Administrativa, de rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." Lo anterior, al margen de que se trata de un acto futuro e incierto, pues depende de la circunstancia de que en su caso, no cubra el adeudo que se le exige, contra es improcedente el juicio de amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y en atención a la certificación realizada por el Secretario de este Juzgado, se tiene por autorizado sin las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que indica; por tanto, se tiene únicamente para imponerse de los autos. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Atento a lo establecido en el artículo 1°, fracción I° del invocado Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el juicio en línea, desde el "Portal de Servicios en Línea"; en el entendido de que para ello, deberán observar lo establecido en el invocado ordenamiento, relativo al procedimiento respectivo. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente, para que firme los oficios que deriven de este asunto. RESERVESE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL PROMOVENTE, UNA VEZ QUE CONCLUYA EL PERIODO DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TERMINOS, ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR CAP/3/2020.
- Principal
MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de diciembre de dos mil veinte. Con la demanda de amparo promovida por NOEL OLIVEROS LEYVA, contra actos del Superintendente General de la Zona Sur de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 878/2020. Se instruye al Secretario de Juzgado a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, así como para que firme los oficios que deriven de este asunto. Ahora bien, de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama del Superintendente General de la Zona Sur de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad el posible corte de suministro de energía eléctrica derivado de la falta de pago de ese servicio público. De lo anterior se advierte que el quejoso reclama, esencialmente, el inminente corte de suministro eléctrico de su domicilio, dado que personal de la citada comisión, le comentó que iban a proceder a realizar el corte del suministro de luz, sino pagaba la cantidad que adeuda por dicho servicio. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al efecto, de los artículos 61, fracción XXIII, 1º, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, se colige que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos que provengan de entidades no consideradas como autoridades por carecer de facultades para incidir en la esfera jurídica de los gobernados. En esa tesitura, el Superintendente General de la Zona Sur de la Comisión Federal de Electricidad, no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, toda vez que carece de facultades decisorias y ejecutoras, en términos del artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, así como de todas las notas distintivas señaladas. Resulta ilustrativa para esclarecer las características del ente autoritario, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en la página mil ochenta y nueve del tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, Novena Época, materia común de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Así como la jurisprudencia 2a./J.30/2018 (10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página quinientos treinta y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, abril de dos mil dieciocho, materias común y civil, de rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPAROCONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluidos el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo. En efecto, el Superintendente General de la Zona Sur de la Comisión Federal de Electricidad, no es autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues no se ejerce un poder público que afecte de manera unilateral la esfera jurídica de quien solicita el amparo, pues los requisitos que solicita a fin de otorgar la prestación del servicio de energía eléctrica, no los exige investida de imperio o en un plan de supra a subordinación. Es aplicable la jurisprudencia: 2a./J. 112/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página doscientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, agosto de dos mil seis, Tomo XXIV, materias Administrativa, de rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ACTÚA COMO PARTICULAR EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CUANDO DETERMINA Y RECAUDA EL DERECHO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. Cuando la Comisión Federal de Electricidad, en observancia de lo dispuesto en la Ley de Ingresos Municipal respectiva y conforme al acuerdo o contrato celebrado con el Ayuntamiento, determina y recauda el pago de derechos por el servicio de alumbrado público, emitiendo el aviso-recibo correspondiente, no realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque no crea, modifica o extingue, unilateralmente, una situación que afecte la esfera legal del particular, sino que actúa en un plano de coordinación como particular en auxilio de la administración pública municipal, toda vez que ni del artículo 9o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica ni de la legislación municipal aplicable se advierte que la Comisión Federal de Electricidad tenga facultades coercitivas para exigir al contribuyente el pago de los derechos por el servicio de alumbrado público, sino que se establece cierto procedimiento administrativo de ejecución por parte de las autoridades municipales." Asimismo, es aplicable al caso la jurisprudencia: 2a./J.71/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página mil doscientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, junio de dos mil dieciocho, Tomo II, materias Común, Administrativa, de rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 112/2006 SIGUE SIENDO APLICABLE A LOS ACTOS QUE REALIZA EN RELACIÓN CON LA DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL PAGO DE DERECHOS POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Comisión Federal de Electricidad no realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando determina y recauda el pago de derechos por el servicio de alumbrado público, en observancia a diversas leyes locales y conforme al convenio que celebre con las autoridades de ese nivel de gobierno. A pesar de que dicho criterio fue emitido conforme a la Ley de Amparo de 1936 abrogada, sigue siendo aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley que la sustituyó, porque a pesar de que ésta prevea la posibilidad de promover un juicio de amparo contra actos de particulares que sean equivalentes a los de autoridad, ambas legislaciones coinciden en condicionar su procedencia a la existencia de una función prevista en una norma jurídica, y cuyo efecto repercuta de manera unilateral y obligatoria en el ámbito de derechos de cierta persona. Esta situación no se actualiza cuando la Comisión Federal de Electricidad da a conocer las cantidades que el gobernado debe pagar por concepto de derechos por el servicio de alumbrado público en el aviso-recibo, pues esa facultad no implica otorgarle atribuciones para ejecutar el cobro, mismas que se reservan a las autoridades municipales." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, al advertirse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, febrero de dos mil diecinueve, Tomo I, materias común, Administrativa, de rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." Lo anterior, al margen de que se trata de un acto futuro e incierto, pues depende de la circunstancia de que en su caso, no cubra el adeudo que se le exige, contra es improcedente el juicio de amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y en atención a la certificación realizada por el Secretario de este Juzgado, se tiene por autorizado sin las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que indica; por tanto, se tiene únicamente para imponerse de los autos. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Atento a lo establecido en el artículo 1°, fracción I° del invocado Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el juicio en línea, desde el "Portal de Servicios en Línea"; en el entendido de que para ello, deberán observar lo establecido en el invocado ordenamiento, relativo al procedimiento respectivo. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente, para que firme los oficios que deriven de este asunto. RESERVESE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL PROMOVENTE, UNA VEZ QUE CONCLUYA EL PERIODO DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TERMINOS, ESTABLECIDOS EN LA CIRCULAR CAP/3/2020.
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