Noé López Pinos
Expediente 420/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 420/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 17/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Noé López Pinos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicita se autorice la vinculación del juicio de amparo en que se actúa. Por tanto, se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que efectúe la vinculación de este asunto con el diverso 367/2020 de la estadística del Tribunal oficiante, por un plazo de tres días contado a partir de que se notifique esta determinación a esa autoridad. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de la Secretaria, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha causó ejecutoria la sentencia ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal; por tanto, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y en términos de lo dispuesto en el capítulo 7.1.1. del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el Artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General y atendiendo a que se negó la medida cautelar solicitada, el cuaderno incidental original es destruible dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el último considerando de la interlocutoria de diez de noviembre de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA I "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 420/2020; y, (.) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Del análisis integral del escrito de demanda y de las constancias de autos, se advierte que en el caso, la parte quejosa reclama: 1.- DEL JUEZ PRIMERO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA. a) La Omisión de dictar medidas de protección en la audiencia de veintinueve de enero del año en curso. b) La omisión de dictar medidas que garanticen el pleno respeto y cumplimiento del escrito de conciliación entre los procesados y él, de fecha veintinueve de enero del año en curso. c) La omisión de acatar los lineamientos básicos para llevar a cabo la CONCILIACIÓN DE LAS PARTES entre los procesados y él, de fecha veintinueve de enero del año en curso, en razón de no existir conciliador alguno. d) La omisión de aplicar la ley especial para la CONCILIACIÓN DE LAS PARTES entre los procesados y él de fecha veintinueve de enero del año en curso, en razón de no existir conciliador alguno. e) La omisión de no sujetarse a los parámetros establecidos en el artículo 26 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. f) La ilegalidad de la audiencia de fecha veintinueve de febrero del año en curso al no sujetarse al procedimiento establecido en la Ley especial para tal efecto. 2.- DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, SE RECLAMA: a) La permisión por medio de la omisión de actuar de las autoridades dentro del ámbito de sus competencias y que ponen en peligro la privación de la vida del suscrito. b) La nula planeación tendiente a salvaguardar los derechos de la población en general respecto al acceso, administración e impartición de justicia. c) El inexistente diseño de estrategias jurídicas y tecnológicas tendientes a salvaguardar y garantizar el acceso, administración e impartición de la justicia de la población en general. d) La falta de mecanismos para el acceso a la administración de justicia. e) La nula e indebida impartición de justicia. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. El Juez, al rendir su informe justificado expuso que ni de manera escrita o verbal, el quejoso solicitó protección el quejoso en el acto de la audiencia llevada a cabo el veintinueve de enero del año en curso. Por su parte, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al rendir su informe justificado expresó: "NIEGO LOS ACTOS QUE SE RECLAMAN, POR NO SER CIERTOS." "Lo anterior, tomando en consideración que del contenido de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados por el quejoso, consistentes en: "a) La permisión por medio de la omisión de actuar de las autoridades dentro del ámbito de sus competencias y que ponen en peligro la privación de la vida del suscrito; b) La nula planeación tendiente a salvaguardar los derechos de la población en general respecto al acceso, administración e impartición de justicia; c) El inexistente diseño de estrategias jurídicas y tecnológicas tendientes a salvaguardar y garantizar el acceso, administración e impartición de la justicia de la población en general; d) La falta de mecanismos para el acceso a la administración de justicia; e) La nula e indebida impartición de justicia; no son atribuibles al suscrito Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de conformidad con las facultades que me son conferidas en los artículos 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y 44 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado Libre y Soberano de Oaxaca". En ese contexto, si el inconforme no desvirtuó la negativa que las referidas autoridades sostuvieron ni demostró con alguna prueba que solicitó protección y la intervención en los actos que les reprocha, es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En esos términos, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia de los actos reprochados a la referida entidad pública; por ello, lo procedente es sobreseer en el presente juicio. QUINTO. Certeza de los actos reclamados. El Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, al rendir su informe justificado expresó que son parcialmente ciertos los actos reclamados, y hace un relato de lo que se actuó en la causa penal 70/2015, específicamente sobre el convenio y ratificación de escrito de conciliación llevada a cabo el veintinueve de enero del año en curso. SEXTO.- Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las partes hagan valer o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, esta resolutora, estima que en el caso, respecto de los actos reclamados al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los preceptos 17 y 18, todos de la legislación en consulta. Dichos preceptos legales prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La invocada causa de improcedencia, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en un juicio constitucional aquellos actos que hayan sido consentidos tácitamente, es decir, que, al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que se ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Al respecto, es importante mencionar que la interpretación literal del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general el término para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Así, al interpretar el artículo 17 de la actual Ley de Amparo en sentido contrario, se tiene que todos los actos emitidos dentro de un procedimiento (civil, penal, laboral, administrativo, agrario, etcétera), excepto la sentencia definitiva condenatoria dictada con el quejoso, están sujetos al término genérico de quince días para la promoción del juicio de amparo. De lo anterior, se colige que el juicio de amparo será improcedente, cuando los actos reclamados sean consentidos en forma tácita, entendiéndose por tal consentimiento, aquellos actos contra los que no se hubiere promovido el juicio de amparo, dentro de los plazos previstos para ello. En tal sentido, la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, respecto de los indicados actos reclamados deviene extemporánea. Se afirma lo anterior, pues si bien es cierto, que de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realizó el aquí quejoso en su escrito de demanda, en el sentido de que con fecha once y trece de febrero del año en curso, nuevamente fue objeto de actos violentos en su contra pues se disparó un arma de fuego por parte del señor MANUEL SÁNCHEZ LÓPEZ Y ELOY SÁNCHEZ LÓPEZ, acción que genera promover el presente juicio de amparo y reclamar al Juez responsable diversas omisiones derivadas de la audiencia de ratificación del convenio celebrado entre el aquí quejoso NOE LÓPEZ PINOS y los procesados ORLANDO CRUZ SAAVEDRA y BULMARO GARCÍA. Sin embargo, de las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsable y anexadas por el propio quejoso, mismas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de las actuaciones del procedimiento en el que se gestó el acto reclamado, se observa que con fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, ante el Juez responsable se llevó a cabo la diligencia de ratificación de escrito de conciliación en los términos siguientes: ".En uso de la palabra el ofendido NOE LÓPEZ PINOS, manifiesta: "Que en mi carácter de ofendido en el presente asunto, ratifico el convenio que signé con los procesados ORLANDO CRUZ SAAVEDRA Y BULMARO GARCÍA, de fecha veintidós de noviembre del dos mil diecinueve, mismo que ratifico en cada una de sus partes en virtud de no existir dolo, mala fe, violencia o coacción alguna, reconocimiento (sic), como mía la firma que en dicho convenio aparece, por ser la que utilizo en todos mis asuntos públicos como privados, por lo que insisto y reitero lo pactado en todas y cada una de sus cláusulas, de los cuáles solicito a esta autoridad sean aprobados, que es todo lo que tengo que manifestar". Acto seguido, se procede a conceder a las partes intervenientes un plazo de treinta minutos, para que dialoguen y determinen si se verificará la conciliación al tenor de las cláusulas bajo las cuales se regirá el convenio que exhiben, a lo que dijeron uno en pos del otro quedar enterados, seguidamente el ofendido y procesados de mérito, conjuntamente con el Defensor particular y el Representante Social adscrito, se entrevistan en privado en este Juzgado y una vez transcurrido el plazo concedido, los procesados ORLANDO CRUZ SAAVEDRA Y BULMARO GARCÍA y el ofendido NOE LÓPEZ PINOS, con la asistencia y orientación de su defensor particular y Representante Social, manifestaron que insisten con todas y cada una de las cláusulas que integran el convenio que al efecto exhiben, al tenor de las siguientes: CLAUSULAS. PRIMERA.. SEGUNDA.- LAS PARTES RECONOCEN QUE LA PRESENTE CONCILIACIÓN TENDRÁ EFECTOS DE EXTINCIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL PROCESADO ORLANDO CRUZ SAAVEDRA Y BULMARO GARCIA. TERCERA. LAS PARTES RECONOCEN QUE LA PRESENTE FIGURA DE CONCILIACIÓN NO PREJUZGA SOBRE LOS HECHOS DE LA CAUSA POR SER UNA FIGURA DE MODO SIMPLIFICADO DE TERMINACIÓN DEL PROCESO Y QUE RESULTA TOTALMENTE APLICABLE LA SALIDA ALTERNA DE CONCILIACIÓN. CUARTA. QUINTA. SEXTA.DERIVADO DE LO ANTERIOR EL C. NOE LÓPEZ PINOS, ESTÁ DE ACUERDO CON LAS DOS CLÁUSULAS ANTERIORES Y DESDE LUEGO SE DA POR RECIBIDO DE FORMA DEFINITIVA DESDE LA FECHA DE RATIFICACIÓN DEL CONVENIO, DEL INMUEBLE QUE FUE MATERIA DEL DESPOJO, Y SE HACE SABEDOR DEL RECONOCIMIENTO QUE HACEN LOS PROCESADOS SOBRE EL AREA GENERAL DEL INMUEBLE QUE TIENE EN POSESIÓN DESDE ANTES DE LOS HECHOS DENUNCIADOS Y QUE SE ENCUENTRA DESCRITO EN LA CLÁUSULA QUINTA, DEL PRESENTE CONVENIO; POR LO QUE MANIFIESTA QUE ESTÁ DE ACUERDO EN QUE SE DECLARE EXTINGUIDA LA RESPONSABILIDAD PENAL ÚNICAMENTE DE LOS PROCESADOS ORLANDO CRUZ SAAVEDRA Y BULMARO GARCÍA Y SE DECLARE SOBRESEIDA LA CAUSA ÚNICAMENTE RESPECTO A ELLOS DOS, ORDENÁNDOSE EN SU MOMENTO EL ARCHIVO DE LA CAUSA ÚNICAMENTE POR LO QUE HACE A ORLANDO CRUZ SAAVEDRA Y BULMARO GARCIA. Seguidamente una vez leído el convenio exhibido y realizada las manifestaciones que desearon las partes, se obtuvo lo siguiente: el ofendido de mérito con asistencia del Representante Social adscrito, así como los procesados ORLANDO CRUZ SAAVEDRA y BULMARO GARCÍA, con la asistencia de su defensor particular, manifestaron uno en pos de otro, que reiteran sea aprobado en cada una de las cláusulas el convenio exhibido y se declare procedente la conciliación como forma alterna para solucionar los conflictos inherentes a la presente causa penal, mismos que el ofendido y procesados de mérito, se comprometen a respetar y cumplir a fin de mantener la paz y tranquilidad entre ellos, y desean que el conflicto que en momento se generó se termine por conciliación entre ambos. Acto seguido la ciudadana Juez acuerda: Téngase a los procesados ORLANDO CRUZ SAAVEDRA Y BULMARO GARCÍA, así como el ofendido NOE LÓPEZ PINOS, ratificando el convenio datado el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve mediante el cual a través de la conciliación pretenden dar por terminado al procedimiento que en su contra se instauró, reconociendo como suyas las firmas que aparecen en dicho convenio, por ser las que utilizan en sus asuntos públicos como privados; asimismo, se le tiene al Representante Social y Defensor Particular por hechas sus manifestaciones en la forma y términos en que lo hace. Ahora bien, dígase a las partes intervinientes que por separado se resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la conciliación planteada." De lo anterior, se advierte que estuvo de acuerdo con todo lo que se dijo en la diligencia, que estuvo acompañado del Representante Social; por tanto, en su caso tuvo conocimiento de las omisiones que ahora reclama al Juez responsable ese mismo día (veintinueve de enero de dos mil veinte). Incluso, el dieciocho de febrero del propio año, se aprobó por el juez la conciliación propuesta por las partes, declarando extinguida la acción penal respecto de los citados procesados y se decretó el sobreseimiento de la causa, en cuanto a tales inculpados; y, como no se interpusieron los recursos procedentes, el tres de marzo siguiente se declaró ejecutoriada la resolución de sobreseimiento. Luego, si desde el veintinueve de enero de dos mil veinte, el quejoso se enteró de las omisiones aquí reclamadas al leer la diligencia; ello, evidencia que, desde esa fecha, sabía del contenido de dicha diligencia aquí reclamada; luego, es claro que, si desde esa fecha conocía de la existencia de los actos reclamados, que el término de quince días que disponía, al tenor del artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover el presente juicio, transcurrió en exceso, al haber presentado su demanda de amparo después ese término, esto es, hasta el veintidós de julio de dos mil veinte. Por lo que, la consecuencia de que el ahora quejoso no haya promovido el juicio de amparo dentro del plazo de quince días con que contaba para tal efecto, implica que se tenga como consentido tácitamente, pues como se adelantó de las constancias que obran en autos se advierte que tuvo conocimiento de su existencia desde el veintinueve de enero de dos mil veinte, data en que tuvo lugar la diligencia en la cual refiere existen las omisiones reclamadas. En consecuencia, el presente juicio constitucional resulta improcedente. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, del Tomo XI, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y tres, visible en la página doscientos treinta y cinco, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 216152, de rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquella resulta improcedente, conforme a la fracción XII, del artículo 73, en relación con el 145 de la Ley en cita." Máxime que no recurrió la determinación de sobreseimiento de la causa. Consecuentemente, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del precitado ordenamiento, procede decretar el sobreseimiento en el juicio. SÉPTIMO. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por (.) SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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