NOÉ LUIS LÓPEZ GARCÍA y Otros.

Expediente 24/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
24/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
30/05/2023

Partes del expediente

  • NOÉ LUIS LÓPEZ GARCÍA y Otros.
  • Noé Luis López García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiere interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Toda vez que concluyó el plazo concedido a la parte quejosa, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por la responsable sobre ese aspecto. Análisis sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo Tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y que de conformidad con los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 214, de la Ley de Amparo, "No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional", este órgano de control constitucional, con las constancias que obran en autos, procede a resolver si ha quedado cumplido el fallo protector. Alcances de la sentencia de amparo De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés -que en su oportunidad causó ejecutoria- (15 de marzo de 2023), se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para efectos de que la autoridad responsable Jueza Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, realizara lo siguiente: Efecto de la sentencia. 1. Dicte acuerdo en el que requiera a las autoridades respectivas le informen la diligenciación o, bien, el trámite que hayan efectuado a lo ordenado mediante exhorto *** dirigido al Juez Familiar en turno del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; mediante el despacho 01/2023 enviado al Alcalde Municipal de San Jerónimo Tlacochahuaya, Tlacolula, Oaxaca; y por oficios 12********************/2023 dirigido al Registrador del Instituto de la Función Registral del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, 129/2023 dirigido al Director del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca y 1********************/2023 al Director General de Notarías del Estado; debiendo expedir en la misma fecha los oficios por los que realice dicho requerimiento. 2. Ordene que se cumpla con la expedición del edicto correspondiente para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado por el que se convoque a quienes se crean con derecho a intervenir en el juicio sucesorio intestamentario que se tramita bajo el número de expediente ********************/2022 del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca. 3. Ordene que se cumpla con fijar un tanto del edicto en el tablero de avisos de ese juzgado por el que se convoque a quienes se crean con derecho a intervenir en el juicio sucesorio de origen por el plazo de quince días, y remita a este Juzgado de Distrito la certificación o razón que compruebe dicha actuación. 4. Ordene que la Actuaria de su adscripción cumpla con hacerle saber a ********************sobre la tramitación del juicio sucesorio intestamentario, en el domicilio de dicha persona, como se precisó en auto de ocho de abril de dos mil veintidós, y remita a este Juzgado la constancia que acredite que dicha diligenciaria se constituyó en el domicilio de dicha persona. 5. Emita acuerdo a los escritos del quejoso que presentó el dos de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, dirigidos al expediente ********************/2022, el primero por el que solicitó fecha y hora para la información testimonial para acreditar los diferentes nombres de la de cuyus y el segundo por el que solicitó fecha y hora para la celebración de la primera junta de herederos, y notifique al quejoso el acuerdo recaído. Actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia de amparo Con motivo de ello, la precitada autoridad responsable mediante oficios ********************29/2023 y 921/2023, de veintiocho de marzo y doce de abril del presente año (folios 412******************** y 4********************13), recibidos en este juzgado el veintinueve de marzo y catorce de abril del actual, respectivamente, acreditó que: 1. Dictó acuerdo el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, en el expediente civil ********************/2022, en el que requirió a las autoridades respectivas le informen la diligenciación o, bien, el trámite que hayan efectuado al: a) Exhorto 15/2023 dirigido al Juez Familiar en turno del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; b) Despacho 01/2023 enviado al Alcalde Municipal de San Jerónimo Tlacochahuaya, Tlacolula, Oaxaca; c) oficio 12********************/2023 dirigido al Registrador del Instituto de la Función Registral del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, d) 129/2023 dirigido al Director del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca y e) 1********************/2023 al Director General de Notarías del Estado. Lo que hizo mediante comunicaciones 751/2023, 752/2023, 753/2023, 754/2023, 764/2023, de 21 y 22 de marzo de 2023, con sellos de recibido por parte de su destinatario; las cuales adjuntó al oficio ********************29/2023 (folio 412********************). 2. En esa propia determinación (de 17-marzo-2023) ordenó al Actuario expidiera el edicto correspondiente para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado por el que se convoque a quienes se crean con derecho a intervenir en el juicio sucesorio intestamentario que se tramita bajo el número de expediente ********************/2022 del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca. El Actuario de su adscripción hizo constar que el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, quedó disponible en dicha actuaria el edicto de que se trata. 3. De igual manera, en el referido proveído (de 17-marzo-2023) la Juez responsable ordenó que se cumpliera con fijar un tanto del edicto en el tablero de avisos de ese juzgado por el que se convocara a quienes se crean con derecho a intervenir en el juicio sucesorio de origen por el plazo de quince días. El Actuario de su adscripción hizo constar que fijó dicho edicto por el plazo de quince días a partir del veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. 4. Por otro lado, en la misma determinación de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, ordenó que el Actuario de su adscripción cumpliera con hacerle saber a ********************sobre la tramitación del juicio sucesorio intestamentario, en el domicilio de dicha persona, como se precisó en auto de ocho de abril de dos mil veintidós, Así también, remitió a este Juzgado la cédula de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, relativa a la notificación practicada a ********************en su domicilio, ubicado en calle ********************, número ********************, San Jerónimo Tlacochahuaya, Tlacolula, Oaxaca, en el que se le hizo saber el contenido del proveído de ocho de abril de dos mil veintitrés, sobre la tramitación del juicio sucesorio intestamentario. 5. En esa propia determinación (17 de marzo de 2023), reiteró que los escritos del quejoso que presentó el dos de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, dirigidos al expediente ********************/2022, el primero por el que solicitó fecha y hora para la información testimonial para acreditar los diferentes nombres de la de cujus y el segundo por el que solicitó fecha y hora para la celebración de la primera junta de herederos; fueron acordados el dos de diciembre del año pasado, que señaló el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, misma que no se llevó a cabo, señalándose en la misma, nueva fecha para ello (1******************** de abril de 2023). Con relación ello, remitió las notificaciones practicadas al quejoso ********************(1 y 23 de marzo de 2023) para hacerle de su conocimiento lo anterior (promociones folios 412******************** y 4********************13). Análisis del acto emitido en cumplimiento Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con la misma. Conclusión sobre el análisis del cumplimiento En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Determinación sobre exceso o defecto en el cumplimiento Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." Archivo del expediente como concluido En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 1********************, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Valor histórico, jurídico y de relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Depuración del expediente Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 1********************, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Anotaciones en carátula Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca y anexo que acompaña -previa certificación de la hora y fecha de su recepción con motivo de que se recibió por vía correo electrónico oficial-, por el cual informa el cumplimiento efectuado a la ejecutoria de amparo dictada en autos. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, así como con el diverso agregado por proveído de treinta de marzo del presente año, córrase traslado y dese vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria. Por lo que se instruye al Actuario asiente constancia de su cumplimiento. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    mesa V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese para que surta sus efectos legales correspondientes, el oficio signado por la Jueza Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca y su anexo -previa certificación de la hora y fecha de su recepción con motivo de que se recibió por vía correo electrónico oficial-, por el que dice dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; sin embargo, omitió acompañar la notificación que hizo al denunciante aquí quejoso de la diligencia de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en el expediente ********************/2022 de su índice, en la que señaló las fechas y horas para la información testimonial para acreditar los diferentes nombres de la de cujus y celebración de la primera junta de herederos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a ********************, Jueza Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, para que en el plazo de tres días, siguiente al en que reciba el comunicado respectivo, remita copia certificada legible y completa de la notificación practicada al actor, aquí quejoso, de la diligencia de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en la que señaló las fechas y horas para la información testimonial para acreditar los diferentes nombres de la de cujus y celebración de la primera junta de herederos, ya que el efecto relacionado con ese aspecto fue: Efecto de la sentencia. 5. Emitir acuerdo a los escritos del quejoso que presentó el dos de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, dirigidos al expediente ********************/2022, el primero por el que solicitó fecha y hora para la información testimonial para acreditar los diferentes nombres de la de cujus y el segundo por el que solicitó fecha y hora para la celebración de la primera junta de herederos, y notifique al quejoso el acuerdo recaído. La anterior precisión, se realiza en estricto acatamiento a la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 5, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, que es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." De incumplir la autoridad responsable sin causa justificada (informe el impedimento legal o material que tenga para ello), se impondrá a su titular una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos ($10,374.00), a razón de 103.74, como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de sus puestos y sus consignaciones. Tiene aplicación al caso la Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 54/2014 (10a.) del Pleno del más Alto Tribunal Constitucional del país, de rubro; PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. [Época: Décima Época, Registro: 2007918, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 19]. No se soslaya que el artículo 192 de la Ley de Amparo, párrafo tercero, establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella para que le ordene cumplir con la ejecutoria y el numeral 194 de la propia ley dispone que el superior jerárquico de la autoridad responsable es aquel que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. Empero, en el caso el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, al contar con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, carecen de superior jerárquico; por tanto, el requerimiento al cumplimiento de la sentencia solo se realiza a ella. Sirve de apoyo, por las razones que la informan, la jurisprudencia P./J. 63/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2008147, de rubro y texto: "CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. NO SON SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN A LOS PODERES JUDICIALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 192 Y 194 DE LA LEY DE AMPARO). En aquellas entidades federativas en las que se haya establecido un órgano de administración del aparato judicial, éste deberá responder a la naturaleza prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el Consejo de la Judicatura Federal. Así, la conformación de Consejos de la Judicatura en los Estados es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, debido a lo cual, aquéllos no pueden controlar o invadir la esfera jurisdiccional de los órganos que administran, por lo que dicha función, bajo ningún concepto, puede estar subordinada a la administrativa, organizacional, disciplinaria o de cualquier otra naturaleza, que ejerzan esos Consejos, pues sus competencias, en materia de inspección y vigilancia sobre los juzgados y tribunales, únicamente pueden referirse al examen de lo necesario para conocer el funcionamiento del órgano judicial y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, pero no, y a riesgo de violentar la independencia judicial, pueden referirse a la interpretación y aplicación de las leyes por los juzgadores cuando administran justicia en su sentido más amplio, incluyendo el contenido, modo y forma del cumplimiento de una sentencia de un tribunal de amparo. Por tanto, más allá de una relación de jerarquía, las funciones de dichos Consejos se encuentran dirigidas a salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, de forma que los órganos jurisdiccionales se enfoquen a la resolución de los asuntos sometidos a su consideración, permitiendo que un órgano especializado se encargue de la administración necesaria para que la impartición de justicia se realice en los términos establecidos en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, para efectos del cumplimiento de sentencias de amparo, los Consejos de la Judicatura locales no son superiores jerárquicos de los órganos jurisdiccionales que integran a los Poderes Judiciales de los Estados, pues acorde a su naturaleza administrativa, no encuadran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podrían: (I) ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo; y (II) cumplir, por sí mismos, una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial. Por lo anterior, en el supuesto de que la autoridad responsable sea un órgano jurisdiccional de un Poder Judicial local, la existencia de un Consejo de la Judicatura no actualiza el supuesto normativo contenido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, consistente en que se requiera al superior jerárquico para cumplir una sentencia de amparo." Notifíquese.

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