NOE FUENTES RINCON SALAS y Otros.
Expediente 358/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 358/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- NOE FUENTES RINCON SALAS y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso d), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta, asentada por la Actuaria de este Juzgado, de la que se aprecia que no notificó personalmente al quejoso el acuerdo de siete de abril de dos mil veintiuno, toda vez que después de recorrer en su totalidad la calle señalada para recibir notificaciones, no localizó inmueble con el número que aquél señaló para ese efecto; además, asentó que la mayoría de las viviendas no cuentan con numeración al frente y la poca numeración que existe se encuentra desordenada; no obstante, ubicó varias privadas, sin localizar el número ni la persona buscada; así también, preguntó en dos despachos jurídicos si conocen al quejoso o a su autorizado, y las personas encargadas de la recepción le manifestaron en forma similar y coincidente que esa calle no llega al número buscado ni conocen al quejoso ni a su autorizado. En virtud de lo expuesto, toda vez que se aprecia que la Actuaria recorrió la calle señalada para recibir notificaciones y no encontró inmueble marcado con el número que se precisó para ese efecto; por tanto, se ordena notificar al impetrante el proveído de siete de abril de dos mil veintiuno, así como los acuerdos subsecuentes de carácter personal, por lista de acuerdos de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio exacto para recibir notificaciones personales. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J.20/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 238, tomo XXVII, abril de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, novena época, bajo el rubro y texto siguientes: NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN "...." PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles. Notifíquese.
- Principal
MESA En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, el oficio de la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, -previa certificación de la hora y fecha de su recepción con motivo de que se recibió vía correo electrónico oficial-, por el que, en relación al requerimiento formulado en actuación de treinta de marzo de dos mil veintiuno, transcribe el proveído de cinco de abril del actual, dictado en el juicio laboral ".......", de su índice, de cuya lectura se desprende que, actualizó las cantidades a que fue condenado el Ayuntamiento de Tezoatlán de Segura y Luna, Huajuapan de León, Oaxaca, en el laudo emitido en dicho asunto, por lo que se refiere a los quejosos "........"; aunado a ello, en su oportunidad informará a este Juzgado de Distrito lo que tuvo a bien proveer en cuanto a la diligenciación del exhorto librado a fin de que el Ayuntamiento en mención efectué el pago respectivo. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, con el objeto de que en su oportunidad se pueda requerir al referido Ayuntamiento el pago que nos ocupa de manera ágil, y con ello evitar dilaciones, se ordena requerir a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, para que, dentro del plazo de tres días siguientes a su legal notificación, señale el total de la cantidad que actualmente debe pagar el referido Ayuntamiento a cada uno de los quejosos ".............", es decir, únicamente precise tres cantidades de numerario, esto es, una por cada quejoso; máxime que, será a esta autoridad laboral a la que le corresponderá declarar el cumplimiento del laudo de origen. Aunado a ello, remita dentro del mismo plazo, copia certificada legible y completa de las determinaciones que al efecto adopte. La anterior precisión, se realiza en estricto acatamiento a la tesis de jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), aprobada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 5, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, que es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Apercibida que de no cumplir sin causa justificada (informe el impedimento legal o material que tenga para ello), se impondrá a sus titulares una multa de cien unidades de medida y actualización, que es la cantidad equivalente a"..............." ($"..........."), a razón de 89.62 como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. No se soslaya que el artículo 192 de la Ley de Amparo, párrafo tercero, establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella para que le ordene cumplir con la ejecutoria y el numeral 194 de la propia ley dispone que se entiende por superior jerárquico de la autoridad responsable el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. Empero, en el caso, la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicios de los Poderes del Estado de Oaxaca, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculada de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional, ya que aquél no podría ejercer poder o mando sobre dicho órgano que despliega una función jurisdiccional para que emita una determinación a fin de cumplir con una sentencia de amparo ni cumplir por sí mismo dicha sentencia, pues ello implicaría una invasión de esfera competencial; por tanto, dicha Junta carece de superior jerárquico, de ahí que el requerimiento al cumplimiento de la sentencia solo se realiza a ella. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3515, Tomo 4, Libro IV, Enero de 2012, Materia Común, Laboral, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 2000099, de rubro y texto: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Por otra parte, agréguese para los efectos legales a que haya lugar, el oficio de la Directora Jurídica de la Subsecretaria Jurídica y Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno, -previa certificación de la hora y fecha de su recepción con motivo de que se recibió vía correo electrónico oficial-, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en auto de treinta de marzo del año en curso, remite un cuadernillo de copias certificadas, relativo a las constancias de acreditación de las personas que actualmente ostentan los cargos de Presidenta Municipal y Síndico Municipal, e integrantes del Cabildo, que obran en el expediente de la Dirección de Gobierno dependiente de dicha Secretaría, referente al Ayuntamiento Constitucional de Tezoatlán de Segura y Luna, Huajuapan, Oaxaca. Notifíquese.
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