Noe Ledesma Ledesma

Expediente 1690/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1690/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
25/04/2023

Partes del expediente

  • Noe Ledesma Ledesma
  • Cristina Gutierrez Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veinticinco de abril de dos mil veintitrés. DECLARAN QUEJA INFUNDADA Se tiene por recibido y agrega a los autos el oficio mediante el cual el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, adjunta el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 12/2023, de la que se desprende que declaró infundada la queja interpuesta por Cristina Gutiérrez Hernández, en contra del acuerdo en el que se desechó su demanda de amparo. Acúsese recibo vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, agréguese al original que se recibe el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones en el libro correspondiente. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Atento a lo anterior, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y, notificado que sea este acuerdo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. 08/03/24 23:45:06 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 JUDITH VENTURA AVILA 2 En relación con tal determinación, se hace constar que el presente juicio de amparo fue desechado, auto que fue confirmado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en la ciudad capital. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d)1 del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha desechado la demanda respecto de todos los actos reclamados, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo tanto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 del citado instrumento normativo, consérvese este expediente por el término de tres años y cumplido que sea dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales . d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; 08/03/24 23:45:06 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 JUDITH VENTURA AVILA 3 destrúyase, debiéndose remitir el acta de baja documental condigna a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa, no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a sus antecedentes el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del oficio con el que le fue remitido el original del presente juicio e informa que admitió el recurso de queja interpuesto, quedando registrado con el número 12/2023. Notifíquese.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el ocurso suscrito por la quejosa Cristina Gutiérrez Hernández, mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído en que se desechó la demanda de amparo génesis de este expediente. En atención a ello, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), y 101, ambos de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado, remítase este expediente y el original del escrito de agravios relativo, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en turno, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para los efectos de la sustanciación del medio de impugnación interpuesto; con la atenta indicación, que se sirva acusar el recibo correspondiente. Asimismo, con sustento en el artículo 101 de la ley de la materia, ríndase el informe relativo, en el sentido que es cierto que este juzgado, en proveído de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, desechó la demanda de amparo promovida por la recurrente, por los motivos expuestos en esa pieza. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a quince de diciembre de dos mil veintidós. PRESENTACIÓN Y REGISTRO DE DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida por Cristina Gutiérrez Hernández contra actos de la Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona Dos, residente en esta ciudad, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese bajo el número 1690/2022. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Analizada que fue la demanda que se trata, esta juzgadora considera que debe desecharse. Para ilustrar este aserto, primeramente, es menester dejar sentado que el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El término "manifiesto" se refiere al caso en que el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 2 convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya este razonamiento, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en la jurisprudencia V.2o.J/75, publicada en la página 77 del Tomo 68, agosto de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Enseguida, debe transcribirse el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y 107, Fracción III, inciso b), constitucional, los cuales son de la literalidad siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.) Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 3 ??????????????? reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". De la interpretación a contrario de los últimos dos normativos apuntados se infiere que el juicio de amparo es improcedente contra actos en juicio cuya ejecución no son de imposible reparación en los derechos públicos subjetivos del quejoso. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo. Es aplicable al caso, la conclusión alcanzada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, en la Tesis P. LVII/2004, FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 4 publicada en la página 9, del Tomo XX, octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, los actos de ejecución irreparables únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por ende, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 5 ??????????????? del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución y los Tratados Internacionales. En el caso particular Cristina Gutiérrez Hernández, propiamente, reclama de la Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona Dos, residente en esta ciudad, la resolución de dieciocho de noviembre del año en curso, en que ese órgano jurisdiccional confirmó el auto de cinco de septiembre del año que transcurre, emitido en juicio ordinario civil de nulidad de escritura el expediente 710/2019, en el cual el Juez Segundo del Ramo Civil, residente en esta localidad, acordó desfavorablemente la pretensión de la aquí quejosa, de restar valor probatorio al dictamen emitido en esa instancia. En esa tesitura, resulta inconcuso que la resolución impugnada no es un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, pues el aval de la Sala responsable a la determinación del juez de origen, de negarse a restar valor probatorio a algún medio de convicción desahogado durante el procedimiento en el juicio de origen se da dentro del procedimiento y sólo producen efectos de carácter formal, en relación con normas adjetivas y no constituye un fallo definitivo adverso a las pretensiones de la quejosa, puesto que no resuelve las cuestiones de fondo, y ésta puede hacerse valer en los conceptos de violación hasta que se dicte la sentencia definitiva. En efecto, como se ha puntualizado anteriormente, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 6 que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Luego, para calificarse como tales, los actos reclamados necesitan producir una afectación material a los derechos sustantivos del justiciable, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas. Sin embargo, en el caso particular no nos encontramos ante esos supuestos, ya que, se reitera, el auto que confirma la determinación del juez de origen, de negarse a restar valor probatorio a algún medio de convicción en el juicio no resuelve el negocio o la acción de fondo, ni analiza las acciones deducidas ni las excepciones opuestas, ni absuelve o condena, sino que sólo constituye una negativa a hacer o dejar de hacer, por ende, no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Carta Magna o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que resulta diáfana la actualización de la causa de improcedencia arriba invocada, que obliga a desechar la demanda puesta a consideración. Por contener el principio jurídico, apoya esta determinación el criterio sustentado por el Pleno del Máximo Tribunal del país, en la jurisprudencia 1/2016, publicada en la página 15 del Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, del Gaceta del FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 7 ??????????????? Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuya literalidad es la siguiente: CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Claro que, como toda regla, tiene su excepción, cuando además de la existencia de la resolución de segunda instancia que avala la determinación del juez de origen, de restar valor probatorio a algún medio de convicción, se impone una multa o se desecha una prueba medular y pertinente para la resolución del fondo del asunto, verbigracia: la prueba genética en un juicio de paternidad; lo cual se constituye en un acto de imposible reparación, porque el perjuicio resentido al hacerse efectiva la multa o desecharse la prueba, trasciende el procedimiento e incide de manera inmediata en el patrimonio y los intereses del destinatario de la sanción o de la acción, violando sus derechos sustantivos. Pero es evidente que no nos encontramos ante la actualización de ese supuesto, ya que, se reitera, la negativa de la autoridad judicial de restar valor probatorio a algún medio de convicción es susceptible de contrarrestarse con alguna prueba en contrario, o bien, de repararse al obtener sentencia favorable en el sumario de origen. De ahí que resulta diáfana la actualización de la causa de improcedencia en comento, que obliga al desechamiento de la demanda puesta a consideración. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo, además, en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por su notoria improcedencia, se desecha la demanda de amparo promovida por Cristina Gutiérrez Hernández, contra actos de la Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona Dos, FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 8 residente en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que esta determinación implique una violación al derecho humano del quejoso a un recurso efectivo, pues si bien es cierto que con la reforma al artículo 1 constitucional, de diez de junio de dos mil once, se modificó el sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos, el derecho a un recurso efectivo, previsto por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso, el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia de la acción o para la interposición de cualquier medio de defensa, previstos en las leyes nacionales, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Es aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo I, febrero de 2014, página 487, con número de registro digital 2005717, titulada: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Y la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 9 ??????????????? Federación, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 772, con número de registro digital 2006485, de rubro: PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su ocurso de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Y como autorizado de la impetrante en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Marcos Abilio García de la Cruz, ya que su cédula profesional está inscrita en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a la diversa persona apuntada en el proemio del libelo que se trata, ya que incumple con ese requisito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 10 RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Notifíquese personalmente.

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