Noé Ignacio Prado Zuñiga

Expediente 280/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
280/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
11/04/2022

Partes del expediente

  • Noé Ignacio Prado Zuñiga

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a once de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para que obre como constancia únicamente, el oficio firmado por la Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Secretaria General de Acuerdos de la Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona Dos, con residencia en esta ciudad, a través del cual acusa recibo de la misiva con que se le devolvieron las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado, y a su vez, remite copia certificada del acta de defunción de uno de los involucrados en el juicio de origen, sin que sea necesario dictar providencia alguna al respecto, ya que este asunto se encuentra totalmente concluido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe. RPC

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a cinco de abril de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del proveído que se desechó su demanda. Por consiguiente, y toda vez que la parte interesada no hizo uso del aludido medio de impugnación, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, se declara que dicho acuerdo causó estado para todos los efectos legales. ANOTACIONES Y ARCHIVO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 2 artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente por tratarse de un asunto totalmente concluido. De conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo que le dio origen y carece de relevancia documental; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, en términos del tercer párrafo del precepto antes invocado. DIGITALIZACIÓN Y FÉ DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES. En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 3 órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINALES EXHIBIDOSPOR LAS PARTES Se hace constar que en el expediente no obran documentos originales susceptibles de devolución. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Devuélvanse las constancias que remitió la autoridad responsable como apoyo a su informe justificado, para que disponga de ellas a su conveniencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós. EXPEDIENTE Y REGISTRO Téngase por recibido el oficio de cuenta, firmado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por el que remite las constancias relacionadas con el juicio de amparo directo 128/2022 de su índice, promovido por Noé Ignacio Prado Zúñiga, contra actos de la Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 02 Tapachula, del Tribunal Superior de Justifica del Estado, con residencia en esta ciudad, y de otra autoridad. Asimismo, anexa el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente de la Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 02, Tapachula, y Actuaria de su adscripción, con residencia en esta ciudad; original de la demanda de amparo promovida por Noé Ignacio Prado Zúñiga, los autos originales del toca 157-A/2021, copia certificada del expediente 516/2021, y constancias de emplazamiento a la parte tercero interesada; por considerar que este Juzgado es competente para conocer 26/04/24 14:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 2 en la vía indirecta de la demanda en cuestión, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de siete de enero de dos mil veintidós, dictada en el toca 157- A/2021, por la Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 02 Tapachula, del Tribunal Superior de Justifica del Estado, con residencia en esta ciudad, en la que confirmó el auto de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado Segundo en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, en el expediente 516/2021; en el que, por una parte, tuvo por no contestada la demanda de divorcio sin expresión de causa instaurada por María Luisa Arminda Jimenez Suárez, en contra del aquí quejoso, Noé Ignacio Prado Zúñiga, así mismo, declaró disuelto el vínculo matrimonial y tuvo por admitidas las pruebas de la parte actora, ordenando con ello, la apertura del periodo probatorio para el desahogo de las mismas. Pues a consideración de la superioridad refiere que de su contenido no se trata de una resolución que tenga el carácter de sentencia definitiva, pues no decide el fondo de la controversia, ni es una resolución que ponga fin al juicio, sino que se trata de una resolución emitida durante la sustanciación del juicio; por lo tanto, conforme a lo dispuesto por el artículo 170 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, dicho Tribunal Colegiado carece de competencia. En tal virtud, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 45 y 170 de la Ley de Amparo, 48, 54, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado acata la competencia declinada y se avoca al conocimiento del presente asunto. 26/04/24 14:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 3 Fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 280/2022 III-B, y acúsese recibo de estilo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, pues tal dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre 26/04/24 14:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 4 y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese orden de ideas, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del numeral transcrito se desprende, que el órgano jurisdiccional dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia; y, b) Que sea manifiesto e indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. En ese tenor, en términos del artículo 74, fracción I, y 76 de la Ley de la materia, la cuestión efectivamente planteada en esta instancia lo constituye: La resolución de siete de enero de dos mil veintidós, dictada en el toca 157-A/2021, por la Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 02 Tapachula, del Tribunal Superior de Justifica del Estado, con residencia en esta ciudad, en la que confirmó el auto de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado Segundo en Materia 26/04/24 14:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 5 Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, en el expediente 516/2021; en el que, por una parte, tuvo por no contestada la demanda de divorcio sin expresión de causa instaurada por María Luisa Arminda Jimenez Suárez, en contra del aquí quejoso, Noé Ignacio Prado Zúñiga, así mismo, declaró disuelto el vínculo matrimonial y tuvo por admitidas las pruebas de la parte actora, ordenando con ello, la apertura del periodo probatorio para el desahogo de las mismas. Ahora bien, en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII,1 en relación a los numerales 107, fracción V, 171 y 172, fracción XII,2 todos de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes: Para efectos del amparo, el juicio inicia con la presentación de la demanda y termina con la sentencia definitiva ejecutoriada o ejecutoria; de manera que todos los actos procesales verificados en el periodo comprendido 1 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la constitución política de los estados unidos mexicanos, o de esta ley. 2Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . XII. Se trate de casos analogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los organos jurisdiccionales de amparo. 26/04/24 14:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 6 entre esas dos actuaciones deben considerarse como "actos dentro del juicio". Así, conforme a lo dispuesto por los artículos en cita, por regla general los "actos dentro de juicio" o "intraprocesales" son materia, en su caso, del amparo directo, pues es esta vía la idónea para impugnar violaciones al procedimiento cometidas por tribunales judiciales, entre otros, siempre y cuando afecten las defensas de los quejosos y trasciendan al resultado del fallo. Como una excepción a lo anterior, existen actos intraprocesales que son reclamables en amparo indirecto, tal como se advierte de la fracción V, del artículo 107, de la ley de la materia, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no así cuando sólo se afectan derechos adjetivos o procesales. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia, cuyo rubro y texto es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato 26/04/24 14:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 7 derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio."3 De lo anterior, queda claro que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera directa e inmediata algún derecho humano reconocido, y las garantías otorgadas para su protección previstas en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate y, precisamente por ello, en estos supuestos puede acudirse sin demora al amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte resolución definitiva en el procedimiento ordinario pues, como ya se dijo, las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Tiene aplicación la jurisprudencia, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA DEL. ACTOS DE NATURALEZA IRREPARABLE. Cuando el juicio de amparo es el único medio para combatir un acto de autoridad, no por ello debe estimarse la procedencia de aquél, porque, en principio, debe atenderse a si los actos de autoridad reclamados son de naturaleza irreparable, esto es, si revisten la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fue emitido 3 Jurisprudencia publicada en la página once de la Gaceta 56, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 205651. 26/04/24 14:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 8 trasciende a los derechos fundamentales tutelados por las garantías individuales (entre los que se encuentran la propiedad, la libertad, la vida, la integridad personal, etcétera), y no que solamente tenga una consecuencia simplemente procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 114, fracción IV de la Ley de Amparo. Por lo tanto, no basta que un determinado proveído y la posible violación que con él se cometa en juicio, ya no sea materia de la sentencia que en dicho procedimiento se dicte, sino es necesario además que tal cuestión afecte inmediata y directamente los derechos fundamentales, que la Constitución General tutela en favor de los gobernados para que sea susceptible de impugnación mediante el juicio de amparo indirecto." 4 Asimismo, los artículos 171, y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, establecen que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, se debe señalar las violaciones procesales, con la condición de que se hayan impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa idóneo, que prevea la ley ordinaria respectiva y que dicha violación procesal sea trascendente al fallo, mientras que el último artículo de los citados, señala el catálogo de las violaciones procesales, que afectan las defensas del quejoso, y que trascienden al fallo de la sentencia, entre otras, cuando se trate de casos análogos a los previstos en la fracciones descritas en dicho numeral, a juicio de los órganos jurisdiccionales, de ahí que la propia naturaleza de los juicios de divorcio sin causa, en cuanto buscan la satisfacción efectiva, rápida e inmediata del deseo de divorcio, abre la posibilidad de que el demandado se 4 Jurisprudencia IV.3º.J/9, del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en el Tomo II, Octubre de 1995, Página 333, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Registro: 204175. 26/04/24 14:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 9 defienda por los medios que sean acordes a los referidos principios de celeridad, unidad y economía procesal, y logre una sentencia a su favor. Por ello, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia o laudo favorable a sus pretensiones, en virtud de que en ese caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, que dichos actos solo tienen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. En el caso en particular, el impetrante de amparo se duele de la resolución interlocutoria dictada en el toca 157- A/2021, que confirmó el auto de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado Segundo en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, en el expediente 516/2021; en el que, por una parte, tuvo por no contestada la demanda de divorcio sin expresión de causa instaurada por María Luisa Arminda Jimenez Suárez, en contra del aquí quejoso, Noé Ignacio Prado Zúñiga, así mismo, declaró disuelto el vínculo matrimonial y tuvo por admitidas las pruebas de la parte actora, ordenando con ello, la apertura del periodo probatorio para el desahogo de las mismas; sin embargo, dicho proveído tiene aspectos meramente procesales y en el supuesto de no obtener una sentencia favorable en el juicio natural, la parte quejosa estará en aptitud legal de preparar la violación procesal que se haya producido, como señala el artículo 171, de la ley en cita, en virtud que a través del juicio de amparo directo, una vez señalada la violación procesal y agotado el recurso de defensa contenido en la legislación 26/04/24 14:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 10 correspondiente a la materia, se podrá realizar el estudio de la misma. En ese sentido, se estima que la determinación que tuvo por no contestada la demanda de divorcio sin expresión de causa instaurada por María Luisa Arminda Jimenez Suárez, en contra del aquí quejoso, Noé Ignacio Prado Zúñiga, así mismo, declaró disuelto el vínculo matrimonial y tuvo por admitidas las pruebas de la parte actora, ordenando con ello, la apertura del periodo probatorio para el desahogo de las mismas, no constituye un acto de imposible reparación, ni tampoco una violación procesal que afecte a la quejosa en grado predominante o superior y que haga procedente el amparo indirecto, pues en su momento, podría obtener una sentencia que, como se dijo, de ser favorable a los intereses de la parte quejosa en el amparo, los vicios que pudiera tener dicha determinación, pueden no trascender y producir huella en la esfera jurídica; caso contrario, estaría expedito su derecho para contravenir lo conducente a través del amparo directo. Es aplicable, el criterio de rubro y texto siguientes: "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE LA TIENE POR ADMITIDA NO ES RECLAMABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El proveído que admite a trámite una demanda laboral, en el que se señala día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y ofrecimiento y admisión de pruebas, a que se refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, no tiene las características de un acto de imposible reparación en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, sino que únicamente afecta derechos adjetivos o procesales, que sólo tiene consecuencias de carácter 26/04/24 14:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 11 formal o intraprocesal, es decir, su emisión no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado, y la afectación procesal que en todo caso pudiera sufrir puede subsanarse con la obtención de un fallo benéfico a sus intereses; consecuentemente, si en el juicio de amparo biinstancial se señala como acto reclamado el auto que da entrada a una demanda laboral, es correcto que el Juez Federal deseche la demanda de garantías."5 Por lo que la resolución reclamada no tiene sobre la promovente, la ejecución que sea de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia antes invocada. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística de este Juzgado. Sin que los anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil 5 Novena Época, registro 175342, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Abril de 2006, I.6o.T.286 L, página: 993, registro 175342 26/04/24 14:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 12 once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos veinticinco, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su 26/04/24 14:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 13 Gaceta, diciembre de dos mil doce, Décima Época, de rubro y texto siguientes: DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las 26/04/24 14:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 14 personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." Asimismo, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos treinta, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Décima Época, que establece: PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las 26/04/24 14:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 15 personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Así como, la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, visible en la página mil quinientos ochenta y siete, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional, Décima Época, Registro 2002179, que literalmente establece: PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 26/04/24 14:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 16 FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función" DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia], toda vez que no se tiene señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, hágase del conocimiento de esta determinación judicial en el domicilio que tiene señalado en el juicio de origen, esto es, lote número 08, de la manzana número 01, calle Tepeyac, Fraccionamiento Jardines de Guadalupe, etapa Cuatro, o el diverso ubicado en séptima calle Oriente número 19-C, entre tercera y quinta avenida Norte, ambos en esta ciudad. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS 26/04/24 14:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 17 ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C6 , sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". También se autoriza expedir, en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido de que, de encontrarse algún motivo por el que deba ampliarse esa prerrogativa, el compareciente deberá 6 Registro: 167640, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.725 C, Página: 2847. 26/04/24 14:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 18 solicitarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. 26/04/24 14:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 19 DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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