Noé Gustavo Rodríguez Martínez
Expediente 417/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 417/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 28/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Noé Gustavo Rodríguez Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Visto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°; agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, la copia simple del proveído de esta misma fecha dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno incidental, tal y como está ordenado en dicho auto. En términos del artículo 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el cuaderno incidental es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que en la especie se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados; en consecuencia, transcurrido el periodo de conservación de tres años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, procédase a su destrucción previa formulación del acta y relación correspondiente. Atento a lo ordenado en el artículo 34 del referido acuerdo, hágase las anotaciones respectivas en la carátula del incidente de suspensión en que se actúa. Notifíquese. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho por vacaciones concedidas a la Titular, en términos de lo dispuesto por los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2828/2023, de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, quien actúa asistido de Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Vistos; la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de once de julio de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que no ampara ni protege al quejoso *****, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo, como asunto totalmente concluido y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Déjese por separado el cuaderno del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo de que se trata. En la inteligencia de que con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el expediente principal ES CONSERVABLE. Por tanto, una vez que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, habrá de solicitarse su transferencia a la de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de Judicatura Federal. En términos del artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, el cuaderno incidental es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que en la especie se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados; en consecuencia, transcurrido el periodo de conservación de tres años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, previa formulación del acta y relación correspondiente. Agréguese copia simple del presente proveído al cuaderno del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo de que se trata. Notifíquese. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho por vacaciones concedidas a la Titular, en términos de lo dispuesto por los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2828/2023, de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, quien actúa asistido de Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, a las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 417/2023-III, promovido por *****, por derecho propio, ante la presencia de Laura Elizabeth Miranda Torres, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que da fe. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes. Es innecesario que la presente audiencia se desarrolle vía videoconferencia, al no encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el segundo párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo. A CONTINUACIÓN, LA SECRETARIA HACE RELACIÓN DE LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE: Demanda de amparo (foja 1 a 10); auto admisorio de veintisiete de abril del año en curso (foja 12 a 16); informes justificados rendidos por las autoridades responsables (fojas 27 y 210); proveídos de diecisiete y veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en los que se tuvieron por rendidos y con sus contenidos se dio vista a las partes (fojas 207 y 221); autos en los que se difirió la audiencia constitucional; y constancias de notificación a las partes. ACTO SEGUIDO, LA JUEZA DE DISTRITO ACUERDA: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables, mismos que serán tomados en consideración al resolver este sumario. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS: La Secretaria da cuenta con las documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana ofrecidas por las partes. ACTO SEGUIDO, LA JUEZA DE DISTRITO ACUERDA: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza dichas probanzas. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS: La Secretaria hace constar que las partes no los formularon. ACTO SEGUIDO, LA JUEZA DE DISTRITO ACUERDA: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se tiene por perdido el derecho de las partes, para formularlos con posterioridad. En consecuencia, al no existir pruebas pendientes que desahogar, promociones por acordar, alegatos que reproducir ni diligencia pendiente por verificar, se levanta la presente acta procediéndose a emitir la resolución correspondiente. VISTOS; los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 417/2023-III, promovido por Noé Gustavo Rodríguez Martínez, por derecho propio, en contra de actos de la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, y de otra autoridad responsable; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, domiciliados en Acapulco, y remitido al siguiente día, por razón de turno a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, Noé Gustavo Rodríguez Martínez, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y el acto que se precisan a continuación: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: A) ORDENADORA.- LA SALA REGIONAL DEL PACÍFICO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. [.]. B) EJECUTORA: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE). [.]. IV. ACTO RECLAMADO.- La violación a mis derechos humanos más fundamentales, al declarar la Ordenadora Desechar la Queja por defecto al incumplimiento de la Sentencia Definitiva, de fecha 17 de Octubre de 2019, en proveído de fecha 30 de Marzo de 2023, proveído por cierto, plagado de errores, que van en perjuicio del ahora Quejoso, toda vez que la Responsable pretende justificar su proceder en cuanto a los incrementos que ha percibido el ahora Quejoso, por parte de la ejecutora, lo cual me deja en estado completo de indefensión, en virtud, que esta Autoridad Demandada, incumple con la condena establecida en la citada Sentencia definitiva, condena dictada en su momento por la Responsable; ya que la cantidad que el Quejoso percibe en sus recibos de pago, en el concepto 001, son $53,466.30, cantidad que está distante de los 10 SALARIOS MINÍMOS, a los que en la Sentencia Definitiva de fecha 17 de Octubre de 2019, fue condenada la Autoridad demandada, ya que de aplicar los 10 SALARIOS MINÍMOS, el Quejoso debería tener en el concepto 001, la Cantidad de $62,232.00, lo que como puede observarse en el talón de pago del Mes de Mayo de 2023, que exhibo, eso no ocurre, lesión económica que en el proveído se combate, ahora la Responsable avala en mi perjuicio. El razonamiento expuesto, es así, debido a la temporalidad en que adquirí mi derecho pensionario, de acuerdo al criterio del artículo 57, de la Ley del ISSSTE, abrogada, que debe cubrirse mi Pensión con SALARIOS MÍNIMOS, en los términos de la condena expresados en la Sentencia Definitiva, de fecha 17 de Octubre de 2019, dictada por la misma Autoridad Ordenadora. Por ello es que reclamo la restitución de las diferencias económicas a mi favor a partir de los últimos 5 años, tal como lo establece el Artículo 248, de la propia Ley del ISSSTE, y se me cubra la pensión en los términos de ley, por lo que solicito a este Juzgado de Distrito, ordene el cabal cumplimiento a la resolución que se combate, en términos de Ley, toda vez que existe violación a mis derechos humanos y a mis derechos adquiridos." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda instaurada, la cual quedó registrada con el número 417/2023-III; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se ordenó dar a la Fiscal de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y decidir el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma al similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil dieciséis, toda vez que los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen en el territorio en el que este tribunal federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.2 TERCERO. Precisión de acto. Por cuestión de orden, previamente al estudio de la cuestión planteada deben fijarse clara y precisamente los actos reclamados en la instancia constitucional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Cabe destacar que la identificación de los actos reclamados, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la promovente, analizando los anexos y la información allegada en esa inicial etapa por el justiciable. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los 2 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Abril de 2000, Tomo XI, página 32) En esa tesitura, de lo manifestado por la parte quejosa en la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consisten en: ? La resolución de treinta de marzo de dos mil veintitrés, emitida por la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente 883/10-14-01-7, en la que se desechó por improcedente el recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia definitiva de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, interpuesto por el quejoso Noé Gustavo Rodríguez Martínez. CUARTO. Oportunidad en la presentación de la demanda. La demanda de amparo se presentó de manera oportuna, toda vez que la resolución reclamada, se notificó a la parte quejosa por boletín jurisdiccional el once de abril de dos mil veintitrés. De ahí que, el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del trece de abril al cuatro de mayo del año en curso, sin considerar en dicho cómputo el quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de abril, así como el uno de mayo de la presente anualidad, por ser días inhábiles en términos de lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, la demanda se presentó oportunamente el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, esto es, dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. QUINTO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado el Primer Secretario de Acuerdos de la Primera Ponencia, quien funge como Magistrado por Ministerio de Ley y Presidente, así como el Secretario de Acuerdos ambos de la Sala Regional del Pacífico y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y el Jefe de la Unidad Jurídica en la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, en principio negaron la existencia del acto reclamado; sin embargo, vierten diversas manifestaciones que evidencian su certeza, habida cuenta que aducen que el acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintitrés, fue emitido por el Magistrado Instructor y no es violatorio de los derechos fundamentales que consagran los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. Por tanto, se tiene por cierto el acto que se les reprocha. Cobra aplicación, en lo conducente, la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que establece: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391). Certeza que además se corrobora con la copia certificada de las actuaciones que integran el expediente 883/10-14-01-7, que remitió la autoridad responsable ordenadora al rendir su informe justificado; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." SEXTO. Causales de improcedencia infundadas. Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada y establecidas las anteriores consideraciones, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 814 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que enseguida se transcribe: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." (Semanario Judicial de la Federación, editado en el Apéndice de 1995, Octava Época, Materia Común, Tomo VI, Parte TCC, página 553). En ese sentido, el Jefe de la Unidad Jurídica en la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, sostiene que en el presente juicio se configura la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Texto que contempla la causa de improcedencia relacionada con el juicio de amparo que no se promueva dentro de los plazos previstos. La autoridad considera que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado el treinta de marzo de dos mil veintitrés; sin embargo, contrario a lo que afirma, de las actuaciones que integran el juicio natural, específicamente de la constancia que obra a foja 184 del expediente en que se actúa, se advierte que la resolución impugnada se le notificó por boletín judicial el once de abril del año en curso. Por lo que, la demanda se presentó de manera oportuna el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, según se destacó en el considerando cuarto; consecuentemente, es infundada la causal de improcedencia planteada. Por su parte, el Jefe de la Unidad Jurídica en la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, estima que el juicio de amparo es improcedente en términos del artículo 61, fracciones XII, XXI y XXII, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo y." No obstante lo anterior, dichas manifestaciones resultan inatendibles, pues la autoridad responsable no propuso argumentos o pruebas que acrediten las causas de improcedencia que refirió, y no son de obvia y objetiva constatación. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN." SÉPTIMO. Estudio de fondo. Al no existir causa de improcedencia que este Juzgado de Distrito advierta de oficio, se procede al estudio de los conceptos de violación vertidos por el quejoso, los que no se transcriben puesto que no existe obligación de hacerlo, tomando en cuenta que no se encuentra en la ley de la materia precepto alguno que así lo indique. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830) En síntesis, el quejoso alega que la autoridad responsable vulnera sus derechos humanos, contenidos en los artículos 1° en relación al 133, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que la autoridad responsable no aplicó ni interpretó con exactitud el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, considerando la temporalidad en la que se jubiló, es decir, el uno de enero de dos mil. El anterior concepto de violación es infundado por las consideraciones siguientes. El artículo 58, fracción II, inciso a), último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, literalmente establece: "ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: [.] II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 1.- La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2.- La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4.- Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto; repetición del acto impugnado o del efecto de éste; que precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluya el procedimiento ordenado; o bien, que procede el cumplimiento sustituto. El Magistrado Instructor o el Presidente de la Sección o el Presidente del Tribunal, en su caso, ordenarán a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala Regional, la Sección o el Pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes. c) En caso de repetición de la resolución anulada, la Sala Regional, la Sección o el Pleno hará la declaratoria correspondiente, anulando la resolución repetida y la notificará a la autoridad responsable de la repetición, previniéndole se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo. d) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá a la autoridad demandada veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisando la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir. e) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno comprueba que la resolución a que se refiere el inciso a), subinciso 2 de esta fracción, se emitió después de concluido el plazo legal, anulará ésta, declarando la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para dictarla y ordenará se comunique esta circunstancia al superior jerárquico de ésta. f) En el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de cumplir con la sentencia, la Sala Regional, la Sección o el Pleno declarará procedente el cumplimiento sustituto y ordenará instruir el incidente respectivo, aplicando para ello, en forma supletoria, el Código Federal de Procedimientos Civiles. g) Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere. [.]" Del citado precepto legal, se desprende que el recurso de queja en la etapa de ejecución de la sentencia dictada en un juicio de nulidad, procede en contra de lo siguiente: 1.- La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2.- La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4.- Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. Asimismo, dispone que tal recurso sólo podrá hacerse valer una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3 (omisión de dar cumplimiento a la sentencia). En relación con el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar la procedencia de la instancia de queja (anteriormente dispuesto en el artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación) en la contradicción de tesis 138/2003-SS, en sesión de dieciocho de agosto de dos mil cuatro, determinó que la expresión "por una sola vez" no debe interpretarse de manera literal, a grado tal de estimar que la instancia para lograr el recto cumplimiento del fallo anulatorio, sólo puede ser promovida por el particular en una sola ocasión; así, se razonó expresamente lo siguiente: "En los casos señalados, el particular afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional o Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que hubiera dictado la sentencia, misma que se tramitará 'por una sola vez', en el entendido que dicha expresión no debe interpretarse de manera literal, a grado tal, de estimar que la instancia para lograr el recto cumplimiento del fallo anulatorio, sólo puede ser promovida por el particular en una sola ocasión sin importar las diferentes hipótesis de esta instancia que han sido instituidas en la norma aplicable. Esa concepción volvería contradictorio el texto de la norma y haría nugatorias las finalidades de la institución, ya que, por un lado, se reconoce que la autoridad vencida en juicio, al cumplimentar una resolución, puede incurrir en cuatro diferentes conductas combatibles, cada una, a través de distintas hipótesis autónomas de procedencia de la queja y, por otro lado, se restringiría a una ocasión el derecho del particular de controvertir esos cuatro diferentes vicios, independientes entre sí. Lo que en realidad ocurre, es que al establecerse que la queja se promoverá 'por una sola vez', en realidad se busca que el particular pueda acudir a esta instancia en una sola ocasión, pero por cada uno de los diferentes supuestos de procedencia previstos en la norma, para lograr el recto cumplimiento del fallo anulatorio, y para combatir, mediante un mecanismo procesal idóneo, las distintas actitudes que puede asumir la autoridad en la etapa de cumplimiento." De la ejecutoria parcialmente transcrita derivó la jurisprudencia cuyo rubro, texto y datos de localización son: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Jurisprudencia, Tomo XX, octubre de 2004, Administrativa, tesis 2a./J. 154/2004, página 381, Núm. de registro IUS 180278. "QUEJA. AQUELLA QUE BUSCA EL PUNTUAL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, PUEDE PROMOVERSE EN UNA SOLA OCASIÓN POR CADA UNO DE LOS SUPUESTOS DE SU PROCEDENCIA (ARTÍCULO 239-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). El artículo 239-B, fracción I, del Código Fiscal de la Federación establece dos géneros de queja, de acuerdo al momento procesal en que se intente: a) La enderezada contra el incumplimiento por parte de las autoridades demandadas respecto al auto en que se concede al actor la suspensión del acto impugnado, y b) La intentada para lograr el puntual cumplimiento de una sentencia. Sin embargo, también existen cuatro supuestos de procedencia de esta instancia en la etapa de cumplimentación del fallo anulatorio: a) por exceso en el cumplimiento de las sentencias; b) por defecto en su cumplimiento; c) por repetición del acto anulado; y, d) por omisión de las autoridades obligadas al cumplimiento. En estos casos, el particular podrá ocurrir en queja "por una sola vez" a la Sala Regional o Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el entendido de que ello significa que podrá acudir a dicha instancia por una sola ocasión, en cada uno de los diferentes supuestos previstos en la norma." La citada Sala determinó que el que el artículo 58 transcrito establezca que el recurso de queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, no debe entenderse en el sentido de que el particular no puede interponerlo por cada uno de los supuestos de procedencia que describe la norma reclamada, sino que la frase: "La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez", debe interpretarse en el sentido de que el particular podrá acudir a ésta en cada uno de los diferentes supuestos previstos en la norma. Ahora bien, en el caso concreto de las actuaciones que integran el juicio natural, destacan los antecedentes siguientes: 1. El aquí quejoso Noé Gustavo Rodríguez Martínez, promovió juicio contencioso administrativo contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mismo que se radicó bajo el número 883/10-14-01- 7. 2. El diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la que se declaró la nulidad de la resolución impugnada. 3. En proveído de veintiséis de octubre de dos mil veinte, se declaró firme dicha resolución. 4. Mediante oficio UJ/FIS/2018/2021, de veinte de abril de dos mil veintiuno, el Jefe de la Unidad Jurídica en la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, informó el cumplimiento dado a la sentencia. 5. Con lo que, en el acuerdo de veintitrés de abril siguiente, se dio vista a la parte actora para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera. 6. Por ocurso presentado el seis de mayo de la citada anualidad, el actor desahogó la vista otorgada. 7. Y en el diverso de veinte de mayo de dos mil veintiuno, promovió queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia definitiva, misma que se admitió y se declaró fundada en la resolución interlocutoria de dieciocho de junio siguiente, cuyos puntos resolutivos literalmente dicen: "I.- Es procedente y fundada la queja interpuesta por la parte actora, por los motivos y fundamentos legales consignados en el Considerando Tercero del presente fallo; en consecuencia; II.- Se deja sin efectos el oficio DEG/DP/0794/2021, de fecha 14 de abril de 2021, que motivó que la queja que se resuelve. III.- Se concede a la autoridad demandada el plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de la presente interlocutoria, para que proceda a dar cumplimiento a la sentencia definitiva emitida por esta Sala, lo que deberá informar a esta Juzgadora y exhibir constancias que acrediten el debido cumplimiento, acorde a lo resuelto en la parte considerativa que antecede." 8. En cumplimiento a dicha resolución, por oficio presentado el seis de septiembre de dos mil veintidós, la delegada de la autoridad demandada informó el cumplimiento dado a la sentencia definitiva. 9. En auto de la misma fecha, se dio vista a la parte actora para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera. 6. Por ocurso presentado el veintiuno de septiembre siguiente, el actor desahogó la vista otorgada. 7. Y en el diverso de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, promovió queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia definitiva, la cual se desechó por improcedente en proveído de treinta del mes y año en cita, que es del tenor literal siguiente: "En la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, a 30 de marzo de 2023. Se da cuenta con el escrito recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala el mismo día en que se actúa, a través del cual el C. Noé Gustavo Rodríguez Martínez, por su propio derecho, pretende interponer queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia definitiva de fecha 17 de octubre de 2019. Téngase por recibido el escrito de cuenta, por hechas sus manifestaciones, y en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 58, fracción II, inciso a), último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y 36, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, SE DESECHA POR IMPROCEDENTE LA QUEJA POR DEFECTO INTERPUESTA, habida cuenta que mediante sentencia interlocutoria de fecha 18 de junio de 2021 (fojas 205 a 209 de autos), se resolvió una queja por defecto en la resolución dictada en cumplimiento de la sentencia definitiva de fecha 17 de octubre de 2019, promovida por la parte actora en contra del Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Delegación Estatal Guerrero, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, siendo que de conformidad con el artículo 58, fracción II, inciso a), último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la queja solo puede hacerse valer por una sola vez, esto es, el particular podrá ocurrir en queja ''por una sola vez'' a la Sala Regional o Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el entendido de que ello significa que podrá acudir a dicha instancia por una sola ocasión, en cada uno de los diferentes supuestos previstos de la norma. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Jurisprudencia 2a./J. 154/2004, pronunciada en la Novena Época por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual aparece publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, correspondiente al mes de octubre de 2004, página 381, que a la letra dispone: ''QUEJA. AQUELLA QUE BUSCA EL PUNTUAL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, PUEDE PROMOVERSE EN UNA SOLA OCASIÓN POR CADA UNO DE LOS SUPUESTOS DE SU PROCEDENCIA (ARTÍCULO 239-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). El artículo 239-B, fracción I, del Código Fiscal de la Federación establece dos géneros de queja, de acuerdo al momento procesal en que se intente: a) La enderezada contra el incumplimiento por parte de las autoridades demandadas respecto al auto en que se concede al actor la suspensión del acto impugnado, y b) La intentada para lograr el puntual cumplimiento de una sentencia. Sin embargo, también existen cuatro supuestos de procedencia de esta instancia en la etapa de cumplimentación del fallo anulatorio: a) por exceso en el cumplimiento de las sentencias; b) por defecto en su cumplimiento; c) por repetición del acto anulado; y, d) por omisión de las autoridades obligadas al cumplimiento. En estos caso, el particular podrá ocurrir en queja ''por una sola vez'' a la Sala Regional o Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el entendido de que ello significa que podrá acudir a dicha instancia por una sola ocasión, en cada uno de los diferentes supuestos previstos en la norma''. Con fundamento en el artículo 65 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se pone a disposición de la autoridad demandada, la copia simple del escrito de cuenta y anexos, para efecto que de así convenir a sus intereses, acuda a este Tribunal a recoger sus traslados de ley. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el C. Licenciado Alejandro Ubando Rivas, Primer Secretario de Acuerdos de la Primera Ponencia, quien funge como Magistrado por Ministerio de Ley de conformidad con el acuerdo G/JGA/26/2021 de 13 de mayo de 2021, emitido por la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de mayo de 2021, en relación con el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ante el C. Secretario de Acuerdos, Licenciado Edgar Eugenio Navarro Ibarra, quien da fe." Determinación que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. Narración de la que se desprende que en el juicio natural, el quejoso promovió una primera queja por defecto en el cumplimiento, en contra de la resolución contenida en el oficio DEG/DP/0794/2021 de catorce de abril de dos mil veintiuno, emitida por el Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la cual se admitió a trámite mediante acuerdo de uno de junio de dos mil veintiuno, y se declaró fundada en la resolución interlocutoria de dieciocho del mes y año en cita, por lo que se ordenó dejar sin efectos dicho oficio y se concedió a la autoridad demandada el plazo de veinte días para que emitiera otra resolución en cumplimiento a la sentencia de nulidad. En cumplimiento lo anterior, el Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, emitió una diversa resolución contenida en el oficio DEG/DP/3188/2022 de cinco de septiembre de dos mil veintidós, con el que pretendió dar cumplimiento a la sentencia de nulidad, y en su contra, la parte actora interpuso una segunda queja por defecto en el cumplimiento. De acuerdo con lo anterior, se comparte el desechamiento decretado por el Magistrado Instructor de la Sala Regional del Pacífico y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la medida en que previamente se interpuso y se resolvió una diversa queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de nulidad, con lo cual la autoridad demandada quedó constreñida a dejar sin efectos la resolución y emitir una nueva que diera exacto cumplimiento a la sentencia de nulidad, por lo que la parte actora (aquí quejosa) tuvo oportunidad de agotar, por una sola vez, la instancia de queja por defecto en el cumplimiento, sin que la nueva resolución emitida por la autoridad demandada le otorgara el derecho a promover una segunda queja. Esto es así, porque la queja de mérito, puede promoverse una vez, por cada uno de los supuestos que establece el artículo 58, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y no por cada acto con el que la autoridad pretenda darle cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de nulidad de que se trate. Y la excepción que prevé el citado numeral (La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia), se refiere al supuesto en que la autoridad haya omitido dar cumplimiento a la sentencia. Sin embargo, las constancias de autos demuestran que la quejosa no se ubica en el supuesto de excepción a que se refiere el artículo 58, fracción II, inciso a), último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues incluso, el acto que motivó la queja fue el que se emitió con el objeto de dar cumplimiento a la sentencia. Recurso en el que se alegó principalmente que la demandada no realizó el cálculo correcto de lo ordenado en autos, esto es, la pretensión es que se resuelva una segunda queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia, a pesar de que ya existe un pronunciamiento respecto a ese supuesto. Entonces, si la queja no se promovió por la falta de cumplimiento a la sentencia, fue correcto que se desechara dado que sobre el defecto en que incurrió la autoridad, ya se presentó y resolvió una queja que motivó el pronunciamiento respectivo. En efecto, si de autos se advierte que el quejoso interpuso queja por defecto en el cumplimiento, misma que se declaró fundada y se requirió su cumplimiento; resulta inconcuso que ante la promoción de un nuevo recurso de queja por defecto, fue ajustado a derecho el desechamiento decretado por la responsable, al ser la segunda ocasión en que interpuso ese medio de defensa, en idéntico supuesto. Lo anterior no implica en modo alguno que se viole en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental de tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 constitucional, puesto que el gobernado cuenta con medios legales de defensa a su alcance para impugnar las posteriores resoluciones de la autoridad demandada, como es un nuevo juicio de nulidad en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o el juicio de amparo, de así proceder. De esto se concluye que el Magistrado Instructor no limitó el derecho de defensa del quejoso, porque para desechar la queja por defecto en el cumplimiento, aplicó el texto del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que regula el procedimiento para cumplir con las sentencias de nulidad, y del cual claramente se advierte la improcedencia de una segunda queja por un supuesto ya analizado, sin que obste que la autoridad demandada pudiera emitir más de una resolución en el procedimiento de cumplimiento, como en el caso acontece, ya que eso no significa que no se respete el principio de plena ejecución de las sentencias que ordena el 17 constitucional, en virtud de que no se impide al gobernado la promoción de diversas instancias en contra de éstas. En consecuencia, el acuerdo reclamado no transgrede los derechos fundamentales del impetrante, ya que se sustenta en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que prevé las hipótesis de procedencia de la queja; asimismo, el Magistrado Instructor informó la razón por la que no era procedente admitirla a trámite, a saber, porque previamente se tramitó y resolvió una instancia de queja por defectuoso cumplimiento, quedando obligada la autoridad demandada a dejar insubsistente la resolución denunciada y emitir otra ajustándose a los lineamientos de la sentencia de nulidad. Apoya a lo anterior, la tesis 2a. LXXVIII/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicias de la Nación, con registró digital 2004565, de rubro y texto siguientes: "QUEJA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE UNA VEZ POR CADA SUPUESTO [ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), SUBINCISO 4, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO]. El hecho de que el artículo referido disponga que la queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, no debe entenderse en el sentido de que el particular no puede interponerlo por cada uno de los supuestos de procedencia que describe, esto es, contra: 1. La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia; 2. La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b), de la citada Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del diverso 51 del indicado ordenamiento, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso; 3. La omisión de la autoridad de dar cumplimiento a la sentencia; y, 4. El incumplimiento de la autoridad a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. Es decir, la frase: "La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez", debe interpretarse en el sentido de que el particular podrá interponerla por cada uno de los supuestos referidos." En tal virtud, el concepto de violación en estudio es infundado. Dado lo infundado del concepto de violación, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 61, 62, 63, 74, 77, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *****, contra el acto que reclama de la Sala Regional del Pacifico y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, consistente en el proveído de treinta de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 883/10-14-01-7, por las consideraciones expuestas en el último considerando. Notifíquese. Lo resolvió y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria de Juzgado, que autoriza y da fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy; sin embargo, no se puede celebrar, en razón de que a la Titular de este órgano jurisdiccional le fue otorgada licencia académica, y el suscrito como encargado del despacho, no cuenta con facultades para dictar sentencia en este sumario, acorde a lo dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional y, en su lugar, se fijan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho por licencia académica concedida a la Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que reglamenta la Carrera Judicial, autorizado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/790/2023, de seis de marzo de dos mil veintitrés, quien actúa asistido de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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