Noe Daniel Soto Rojas
Expediente 528/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 528/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Noe Daniel Soto Rojas
Actuaciones
- Principal
Visto; téngase por recibido el escrito signado por el quejoso *****, mediante el cual solicita la devolución de los documentos exhibidos con el escrito inicial de demanda, así como la entrega del cheque que dice exhibió el delegado de la autoridad responsable Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. En atención a su contenido, por cuanto hace a la devolución de los documentos que menciona; dígasele que se esté a lo acordado en proveído de catorce de junio del año en curso, en el que se dejaron a su disposición para que los recoja. Por otra parte, por lo que se refiere al cheque a que hace alusión; dígasele que no ha lugar acordar de conformidad, toda vez que en este sumario no se exhibió ningún título de crédito.
- Principal
aviso: notifico por lista al quejoso el auto de 14/06/2019 que dice: Visto; la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya feneció el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de treinta de mayo de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2 de la Ley citada, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo. Por otra parte, atento a lo ordenado en el Punto Vigésimo Primero fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa, en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que se determina que el expediente principal una vez que transcurra el término de cinco años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, es susceptible de destrucción, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. Asimismo, se destaca que a juicio del suscrito, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto invocado. Finalmente, en virtud de que obran agregados documentos exhibidos por la parte quejosa; de conformidad con lo previsto en el punto décimo primero último párrafo y vigésimo, último párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ponen a su disposición por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este Juzgado y recoja los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidos junto con el expediente.
- Principal
citatorio: notifico por lista al quejoso el auto de 30/05/2019 que dice: Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de la CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, ZONA COMERCIAL ACAPULCO, DIVISIÓN COMERCIAL CENTRO SUR, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 528/2019 y fórmese expediente. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone... Acorde a lo vertido con antelación, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con los diversos numerales 1 y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso concreto la Jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2016656, publicada en la página 532, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." Igual criterio sustentó el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el recurso de queja administrativa 217/2017.
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