Noé Abraham Valenzuela Ávila Manzanero
Expediente 267/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 267/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Noé Abraham Valenzuela Ávila Manzanero
- Fiscalía General del Estado de Quintana Roo
Actuaciones
- Principal
II- Vista la certificación que antecede y apreciándose que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido el auto de nueve de junio de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen al presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado analógica y supletoriamente por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento al Artículo 21 Capítulo Octavo del Acuerdo General sin Número, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Quinto, del citado acuerdo. Hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese por lista.
- Principal
II.- Notifíquese personalmente.
- Principal
II.- Agréguese a los presentes autos el oficio 4626/2021, signado por el Secretario de Acuerdos adscrito al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en Mérida, Yucatán, mediante el cual comunica el acuerdo de veintisiete de mayo del año en curso, en el que el citado Tribunal recibió los autos del expediente 691/2021 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, con el objeto de resolver el conflicto competencial suscitado entre el antes referido y el presente órgano jurisdiccional; asimismo, informa que lo radicó y admitió con el toca de conflicto competencial 4/2021, situación de la que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
II.- Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, mediante el cual comunica el auto de veinticinco de abril de dos mil veintiuno, en el que el citado órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Ernesto Alonzo Puc Manzanero a favor de Noé Abraham Valenzuela Ávila y Julio César Palacios Ávila en los autos del juicio de amparo indirecto 691/2021-VI de su índice, por las razones expuestas. Acúsese el recibo de estilo. Asimismo, de conformidad con el artículo 110, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y a lo establecido en los artículos 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, remítanse por la vía electrónica el oficio de acuse, al órgano jurisdiccional oficiante a través de su Oficialía de Partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Imprímase el acuse de envío y glósese sin mayor acuerdo a los presentes autos como constancia de la remisión electrónica del oficio relativo para los efectos conducentes. Ahora bien, dicho órgano jurisdiccional, mediante proveído dictado el veinticinco de abril del año en curso, estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata; en tal virtud, con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se NO ACEPTA la competencia y no se avoca al conocimiento del presente asunto en comento, atendiendo a las siguientes consideraciones. El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, mediante auto de veinticinco de abril de dos mil veintiuno, conoció de la demanda de amparo promovida por Ernesto Alonzo Puc Manzanero a favor de Noé Abraham Valenzuela Ávila y Julio César Palacios Ávila en los autos del juicio de amparo indirecto 691/2021-VI de su índice, en los que se reclamó "(.) la ilegal privación de la libertad, detención, retención o incomunicación en menoscabo de los derechos humanos de los ciudadanos NOE ABRAHAM VALENZUELA AVILA Y JULIO CESAR PALACIOS AVILA. El dia de hoy 25 de Abril a las 12 del dia en un estacionamiento de un centro comercial sin que medie orden de captura por parte de autoridad competente (.)". Por los motivos antes expuestos el citado órgano jurisdiccional estimó declinar competencia en virtud de lo establecido en el numeral 37 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. No obstante lo anterior, este órgano jurisdiccional no comparte el criterio adoptado por el homólogo federal en virtud de que por la naturaleza de los actos reclamados, estima se actualiza la hipótesis establecida en el artículo 37, segundo párrafo de la Ley de Amparo, ya que para establecer la competencia el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es necesario analizarla de manera integral para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. En efecto, siendo la competencia un presupuesto procesal de orden público y estudio oficioso, deben tomarse en cuenta las reglas establecidas en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Lo anterior en virtud de que los actos consistentes en la ilegal privación de la libertad, detención, retención o incomunicación, son actos en los que predomina la falta de información de las autoridades estatales acerca del paradero de la persona o la negativa a reconocer la comisión de los mismos, por lo que no siempre es posible determinar con certeza las autoridades responsables ni el lugar o lugares donde se esté ejecutando. Ante tal circunstancia, toda vez que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o incluso puede comenzar a ejecutarse en uno de ellos y continuar ejecutándose en otro, se concluye que en términos del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo el juez ante quien se presente la demanda de amparo. Lo anterior, incluso, redunda en un mayor beneficio para el promovente de la demanda de amparo en favor de los directos quejosos, puesto que se asegura que la persona que presenta la demanda de amparo indirecto tenga un acceso más allanado al juicio de amparo y pueda participar de manera inmediata en él, de tal modo que no se establezcan exigencias gravosas sobre circunstancias tales como la identificación del lugar de la detención o la determinación de la autoridad responsable, puede acceder de manera personal al expediente, obtenga copias, exprese su opinión, reciba información directa, aporte pruebas, formule alegatos y, en general, haga valer sus derechos de manera eficaz. En paralelo, subsiste un deber de auxilio a cargo de todos los órganos de gobierno, para que el juez competente pueda allegarse de la información necesaria para determinar cuál es el paradero de los directos quejosos y en su caso, obtenga su comparecencia. Máxime que como se estableció en párrafos que anteceden, este tipo de actos se caracteriza en principio por la falta de información de las autoridades y la negativa a reconocer la privación de la libertad o a informar sobre el paradero de la persona, y de primer momento, no es posible determinar con certeza las autoridades responsables ni el lugar o lugares donde se estén ejecutando o se hayan ejecutado la multiplicidad de hechos y conductas que constituyen los actos que se señalan en las correspondientes demandas de amparo. Sin que se soslaye que esta resolutora federal, aunado a lo antes expuesto, estime que no es el momento procesal oportuno para pronunciarse sobre la incompetencia declinada, en virtud de que este órgano jurisdiccional se encuentra en diligenciación del exhorto 122/2021-II, con número de orden 160/2021-II, formado con motivo del diverso exhorto 19/2021-E-VI AMPARO, con número de orden 50/2021, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en el cual se solicitó el auxilio del presente órgano jurisdiccional para realizar diversas diligencias derivadas de la suspensión de plano dictada en el juicio de amparo 691/2021-VI, del índice del referido órgano jurisdiccional con residencia en Yucatán. Por tanto, el momento procesal oportuno para que el juzgado declinara la competencia del juicio de amparo de su índice, debió ser hasta que contara con las constancias correspondientes de la diligenciación de la referida comunicación oficial, por lo que respetuosamente, esta resolutora considera que una vez se devuelvan las constancias referidas correspondientes a la diligenciación de la comunicación oficial de su índice, puede plantear nuevamente la declinatoria de competencia al órgano jurisdiccional correspondiente, para que pueda acordar lo legalmente conducente. En tal virtud, y en atención a lo acordado en párrafos precedentes, devuélvanse los autos originales del juicio de amparo 267/2021-II, formado con motivo del diverso 691/2021-VI, promovido por Ernesto Alonzo Puc Manzanero a favor de Noé Abraham Valenzuela Ávila y Julio César Palacios Ávila, al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, para lo que a bien tenga determinar; solicitándosele acuse recibo del expediente. NOTIFÍQUESE.
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