Nidia Raquel Flota Hernández

Expediente 121/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 17 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
121/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
21/12/2022

Partes del expediente

  • Nidia Raquel Flota Hernández
  • Legislatura del Estado de Quintana Roo, Con Sede En Chetumal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    IV- Vista las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que ha fenecido el plazo de quince días conferido a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto al proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que realizara manifestación alguna al respecto; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. De conformidad con el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se verificó la coincidencia de contenidos de expediente impreso y del electrónico. Asimismo, en cumplimiento artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de depuración, por haberse concedido la protección constitucional, una vez transcurrido el plazo de tres años; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 12 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo. Hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    IV- Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    IV.-Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    IV-Vista la certificación secretarial que antecede y el estado que guardan los presentes autos, conforme así lo permiten las cargas de trabajo debido a las condiciones de limitación de recursos humanos disponibles y la restricción de horario, con las que funcionan actualmente los órganos jurisdiccionales federales, de los que se advierte que la quejosa realizó manifestaciones en relación a la vista que se ordenó en proveído de diecinueve de enero de dos mil veintidós; por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento, y este órgano jurisdiccional procede a resolver lo que corresponde en términos de lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia registrada con el número 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Precisado lo anterior, es necesario puntualizar los términos de los efectos para los cuales fue concedido el amparo de la Justicia Federal a la quejosa Nidia Raquel Flota Hernández, contra los actos que reclamó de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, Gobernador del Estado de Quintana Roo, Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo y Tesorero del Municipio del Estado de Quintana Roo, todas con sede en esta ciudad, los cuales fueron: "Que se le desvincule de la observancia y, por ende, no se le apliquen los preceptos declarados inconstitucionales, hasta en tanto no se reformen. Que la autoridad que haya recibido el pago por el concepto de derecho de alumbrado público lo restituya a la quejosa, debidamente actualizado; no sólo la cantidad enterada con motivo del acto de aplicación, sino también las que de manera subsecuente o futura se hubiesen pagado después del acto de aplicación, con la limitante de que se trate exclusivamente de la relativa al ejercicio fiscal de dos mil veinte para el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo." En proveído de veintidós de abril de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y se requirió el cumplimiento a las autoridades señaladas como responsables. En tal virtud, en proveídos de seis y siete de mayo, así como de doce de agosto de dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidos los oficios y anexos remitidos por la Suplente de la Sindicatura y Tesorero, ambos del Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, el Subsecretario de Servicios Legislativos del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y el Titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, todos con sede en esta ciudad, en los cuales refirieren haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se reservó a proveer lo que en derecho corresponda; Asimismo, en el referido auto de doce de agosto de esta anualidad, se requirió al Tesorero del Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, a efecto de restituir a la quejosa del pago que realizó por el concepto de derecho de alumbrado público debidamente actualizado, no sólo la cantidad enterada con motivo del acto de aplicación, sino también las que de manera subsecuente o futura se hubiesen pagado después del acto de aplicación, con la limitante de que se trate exclusivamente de la relativa al ejercicio fiscal de dos mil veinte para el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. Con la información rendida en proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con el contenido del aludido oficio y anexo remitido por la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días contados a partir de la legal notificación, manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento. Por lo cual, en proveído de cuatro de enero de esta anualidad, se realizó la calificación del presente asunto y se determinó que el fallo protector no se encontraba cumplido, por lo cual se requirió al Tesorero del Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, en esta ciudad, para que hiciera del conocimiento a este órgano jurisdiccional lo que la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, en esta ciudad, le informó respecto a la cantidad relativa a la aplicación del derecho de alumbrado público correspondiente al ejercicio de dos mil veinte, del número de servicio 796690501003, y procediera de manera inmediata a restituir a la quejosa del pago del citado concepto Lo cual aconteció por auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, en el cual el Tesorero del Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, en esta ciudad, en el que remitió copia certificada de la trasferencia interbancaria hecha a la cuenta de la quejosa el diecisiete de enero de esta anualidad, por la cantidad de 84.32 (ochenta y cuatro pesos 32/00, moneda nacional), aduciendo que correspondía al periodo de dos mil veinte, con lo cual se le dio vista a la quejosa para que en el término de tres días contados a partir de la legal notificación, manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento. Ahora, debe decirse que si mediante oficio de fecha diecisiete de enero de dos mil veintidós, la autoridad responsable el Tesorero del Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, en esta ciudad, manifestó lo siguiente: ".realizo el pago de LA CANTIDAD a NIDIA RAQUEL FLOTA HERNANDEZ en lo RELATIVO A LA APLICACIÓN DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONIDENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2020 por la cantidad de $84.32 (Son: Ochenta y Cuatro Pesos 32/100 Moneda Nacional) en cuanto a la percepción de las participaciones referente al pago centralizado recaudado por la CFE Suministrador de Servicios Básicos por la contribución denominada derecho de alumbrado público respecto del número de servicio 79669050100." Sin embargo, no cumplió con lo señalado en punto número dos del fallo protector, es decir, no restituyó a la quejosa, el pago debidamente actualizado, ya que no sólo era la cantidad enterada con motivo del acto de aplicación, sino también las que de manera subsecuente o futura se hubiesen pagado después del acto de aplicación, con la limitante de que se trate exclusivamente de la relativa al ejercicio fiscal de dos mil veinte para el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo; en consecuencia, se estima que la sentencia de amparo NO HA QUEDADO CUMPLIDA A CABALIDAD. Por tanto, previo a la imposición de la multa respectiva, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, procede requerirla de nueva cuenta, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes a aquél en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, acredite ante este juzgado federal con constancias fehacientes, el cabal cumplimiento del fallo protector de mérito. Apercíbase a dicha autoridad responsable que de ser omisa a lo solicitado, o bien, de no manifestar oportunamente el trámite que esté realizando para dar cumplimiento al fallo protector, se iniciará el procedimiento establecido en el artículo 193 de la ley de la materia, y en relación con los diversos numerales 237, fracción I, 238 y 258, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintidós, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que es la referencia económica en pesos aplicable de conformidad en lo establecido en el artículo 2° transitorio del Decreto por el que se Declara Reformadas y Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en términos en lo establecido en el numeral 260, de la ley de la materia, atendiendo al perjuicio ocasionado y la actuación dolosa con que califique este juzgador la omisión advertida. Además de que se abrirá el incidente de inejecución de sentencia y los autos originales en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en turno, para la substanciación del incidente aludido, sin perjuicio de que éste a su vez los envíe al Máximo Tribunal para los efectos que se encuentran contenidos en el penúltimo párrafo del citado artículo 193 y el diverso 194, de la ley de la materia, esto es, la separación del cargo de la autoridad omisa y su consignación ante el Juez de Distrito, dada su conducta contumaz para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 2ª./j.20-98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de Abril de 1998, página 195, del rubro y tenor: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ANTE LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO SE HA CUMPLIDO CABALMENTE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLO, Y, EN SU CASO, DICTAR LAS DILIGENCIAS NECESARIAS HASTA CONSEGUIRLO. El Artículo 17 de la Constitución previene que las leyes establecerán las medidas necesarias para que se garantice la plena ejecución de las resoluciones. Congruente con ello, la Ley de Amparo dispone, en su artículo 113, que no podrá archivarse ningún juicio de garantías sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que se haya concedido la protección constitucional. Asimismo, en los artículos l04 a 113, de este ordenamiento, se señalan las diversas reglas que deben seguirse para conseguir que toda sentencia de amparo se cumpla con exactitud. Dentro de ellas, se previene que el Juez de Distrito, de oficio o a instancia de parte, cuando la sentencia no quedase cumplida, abrirá el incidente de inejecución que puede culminar con el envío del expediente a la Suprema Corte de Justicia para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, a saber, la separación del cargo de la autoridad contumaz y su consignación ante un Juez de Distrito. Ahora bien, dentro de la tramitación del incidente ante el Juez, conforme a las reglas que se fijan en esos dispositivos, la autoridad responsable puede informar que ha cumplido con la sentencia, lo que dará lugar a que el Juez de Distrito dé vista con ello al quejoso para que manifieste lo que a su derecho convenga. Si al desahogar la vista expresa que la sentencia no se ha cumplido como es debido, el Juez deberá pronunciarse al respecto y en el supuesto de que su conclusión sea negativa, deberá dictar la medidas idóneas hasta conseguirlo é, incluso, dentro de ellas, remitir el asunto a la Suprema Corte para los efectos indicados. Por consiguiente, si ante el acuerdo de dar vista con el informe de cumplimiento de la responsable, el quejoso se opone a ello y el juez remite el expediente a la Suprema Corte, sin hacer pronunciamiento alguno, debe regresársele a fin de que se haga cargo del escrito del quejoso y actúe de la forma que se ha especificado". Por otra parte, la parte quejosa presentó un escrito con un anexo en copia simple en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, el veintisiete de enero de dos mil veintidós, mediante el cual hizo manifestaciones respecto de la vista concedida en auto de diecinueve de enero de los corrientes, en el sentido de que la autoridad responsable no ha cumplido con la sentencia de amparo, pues refiere que no dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos solicitados. En relación a lo expuesto por la parte quejosa, es preciso señalar que los efectos del fallo protector fueron los consistentes en restituir a la quejosa del pago que realizó por el concepto de derecho de alumbrado público debidamente actualizado, no sólo la cantidad enterada con motivo del acto de aplicación, sino también las que de manera subsecuente o futura se hubiesen pagado después del acto de aplicación, con la limitante de que se trate exclusivamente de la relativa al ejercicio fiscal de dos mil veinte para el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, no así del dos mil veintiuno como erróneamente lo señala; por tanto, estese a lo acordado en líneas que anteceden. Notifíquese y personalmente a la quejosa.

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