Nitzia Magali Bobadilla Flores y Otros.

Expediente 391/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 28 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
391/2022
Año
2022
Actuaciones
28
Última actuación
22/05/2023

Partes del expediente

  • Nitzia Magali Bobadilla Flores
  • Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)
  • Nitzia Magali Bobadilla Flores y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Incidental

    Toluca, Estado de México, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo de la Ley de Amparo, téngase por recibido el acuerdo de cuenta (con anexo), mediante el cual, la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, remite el acuerdo de fecha dieciocho de mayo del año en curso, dictado en los autos de la revisión incidental 374/2022 de su índice, mediante el cual, declara que ha causado estado la determinación de veintiséis de agosto de dos mil veintidós mediante el cual determino que el recurso interpuesto en el presente incidente se declaró sin materia; asimismo, remite las constancias que le fueron remitidas a efecto de resolver dicho medio de impugnación; circunstancias de las que se toma conocimiento. Asimismo, como lo solicita la superioridad, acúsese recibo de estilo. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de José Miguel Castillo Pérez, secretario con quien actúa. Doy fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos del juicio en que se actúa, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra la determinación de doce de septiembre pasado, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado. En otro orden, el estado procesal de este juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de depuración, en términos del artículo 18 de dicho Acuerdo, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. Asimismo, que el cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), toda vez que, por una parte, se concedió la suspensión provisional y definitiva. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo en comentario, el presente expediente, así como el original del incidente de suspensión permanecerán en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurarán los expedientes y terminado dicho proceso se solicitará u transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace la indicación que, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Por tanto, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos seis meses de haberse dictado el presente acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión será destruido, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en determinación de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento que el apoderado legal del Secretario de Salud del Estado de México, realizó en relación a la sentencia protectora; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento de la misma. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: - La omisión por parte de las autoridades responsables de aplicar la vacuna BioNTech-Pfizer a la menor con iniciales R.A.I.B. Previa substanciación del juicio de amparo, el trece de mayo de dos mil veintidós, se emitió la sentencia correspondiente, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la menor de identidad reservada, de iniciales R.A.I.B., para los siguientes efectos: ".lo procedente es conceder a la menor aquí quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos de que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia: 1. Dentro del plazo de tres días, computados legalmente, después de que cause ejecutoria la presente sentencia, el Secretario de Salud del Estado de México por sí o por conducto del Instituto de Salud del Estado de México; acredite que ya aplicó la primer dosis de la referida vacuna, a la menor de edad quejosa de identidad reservada, de iniciales R.A.I.B., y en caso de no haberlo hecho lleve a cabo la aplicación correspondiente, y, una vez hecho lo anterior remita las constancias que acrediten dicha circunstancia. 2. Una vez aplicada la primera dosis del biológico Pfizer-BioNTech, la autoridad responsable deberá gestionar y ordenar la aplicación de la segunda dosis del mismo, a la menor quejosa. Quedando bajo su más estricta responsabilidad la salud y seguridad de la menor quejosa; máxime que es responsabilidad de las autoridades de salud respectivas seguir los protocolos médicos establecidos. Precisando que la presente sentencia quedará cumplida una vez que se acredite que se aplicó la primera y segunda dosis del biológico Pfizer-BioNTech, a la menor quejosa, o bien, de ser el caso, la responsable justifique las razones por las que no se le aplicará, ello, en atención a las restricciones médicas que en su caso la responsable o autoridad competente determine; y con las constancias que sustenten su dicho." El once de agosto de dos mil veintidós, causó ejecutoria la referida sentencia protectora y se requirió a las autoridades responsables su cumplimiento; luego, por determinación de dieciocho de agosto pasado, se recibió el oficio sin número remitido por el apoderado legal del Secretario de Salud del Estado de México, el cual en cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional, comunicó que ya se habían aplicado a la menor quejosa las dosis correspondientes de las vacunas, remitiendo las constancias correspondientes, misma que bajo protesta de decir verdad manifestó que eran copia fiel e inalterada de sus originales, de conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción VI del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y con esas constancias se dio vista a la parte quejosa, sin que realizará pronunciamiento alguno. De lo anterior se advierte que el Secretario de Salud del Estado de México dio cumplimiento con la directriz de la concesión de amparo. Ahora, las constancias remitidas por la autoridad responsable por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por las responsables al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo y, consecuentemente, se colige que se ha restituido a los quejosos en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento del quejoso esta determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, AUTO QUE A LA LETRA REFIERE: Toluca, Estado de México, doce de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en determinación de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento que el apoderado legal del Secretario de Salud del Estado de México, realizó en relación a la sentencia protectora; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento de la misma. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: - La omisión por parte de las autoridades responsables de aplicar la vacuna BioNTech-Pfizer a la menor con iniciales R.A.I.B. Previa substanciación del juicio de amparo, el trece de mayo de dos mil veintidós, se emitió la sentencia correspondiente, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la menor de identidad reservada, de iniciales R.A.I.B., para los siguientes efectos: ".lo procedente es conceder a la menor aquí quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos de que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia: 1. Dentro del plazo de tres días, computados legalmente, después de que cause ejecutoria la presente sentencia, el Secretario de Salud del Estado de México por sí o por conducto del Instituto de Salud del Estado de México; acredite que ya aplicó la primer dosis de la referida vacuna, a la menor de edad quejosa de identidad reservada, de iniciales R.A.I.B., y en caso de no haberlo hecho lleve a cabo la aplicación correspondiente, y, una vez hecho lo anterior remita las constancias que acrediten dicha circunstancia. 2. Una vez aplicada la primera dosis del biológico Pfizer-BioNTech, la autoridad responsable deberá gestionar y ordenar la aplicación de la segunda dosis del mismo, a la menor quejosa. Quedando bajo su más estricta responsabilidad la salud y seguridad de la menor quejosa; máxime que es responsabilidad de las autoridades de salud respectivas seguir los protocolos médicos establecidos. Precisando que la presente sentencia quedará cumplida una vez que se acredite que se aplicó la primera y segunda dosis del biológico Pfizer-BioNTech, a la menor quejosa, o bien, de ser el caso, la responsable justifique las razones por las que no se le aplicará, ello, en atención a las restricciones médicas que en su caso la responsable o autoridad competente determine; y con las constancias que sustenten su dicho." El once de agosto de dos mil veintidós, causó ejecutoria la referida sentencia protectora y se requirió a las autoridades responsables su cumplimiento; luego, por determinación de dieciocho de agosto pasado, se recibió el oficio sin número remitido por el apoderado legal del Secretario de Salud del Estado de México, el cual en cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional, comunicó que ya se habían aplicado a la menor quejosa las dosis correspondientes de las vacunas, remitiendo las constancias correspondientes, misma que bajo protesta de decir verdad manifestó que eran copia fiel e inalterada de sus originales, de conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción VI del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y con esas constancias se dio vista a la parte quejosa, sin que realizará pronunciamiento alguno. De lo anterior se advierte que el Secretario de Salud del Estado de México dio cumplimiento con la directriz de la concesión de amparo. Ahora, las constancias remitidas por la autoridad responsable por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por las responsables al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo y, consecuentemente, se colige que se ha restituido a los quejosos en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento del quejoso esta determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.

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