Nidian Guadalupe Ramírez Mogollan
Expediente 1600/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1600/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/12/2022
Partes del expediente
- Nidian Guadalupe Ramírez Mogollan
Actuaciones
- Principal
CERTIFICACIONES DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE Y REMISIÓN ARCHIVO MATERIAL
- Principal
Toluca, Estado de México, siete de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de once de noviembre de dos mil veintidós, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. .
- Principal
Toluca, Estado de México, once de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa, mediante proveído de dieciocho de octubre del año en curso, para que desahogara la prevención realizada en dicho proveído, sin que realizara manifestación al respecto; en consecuencia, de conformidad con el numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se hace efectivo el apercibimiento inserto en el proveído de referencia y se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Nidian Guadalupe Ramírez Mogollan, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Estado de México, Toluca.
- Principal
MESA VI. Toluca, Estado de México, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veintinueve de septiembre del año en curso, dentro del que desahogó dicha vista, mediante escrito presentado el treinta del mes y año citados, en el que realizó diversas manifestaciones. Atento a lo anterior, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio, previo a ello, se estima necesario destacar los datos relevantes vinculados con el cumplimiento de la sentencia concesoria, a saber: Fecha de ejecutoria por confirmación del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia. Fecha del cumplimiento Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento. Fecha de la notificación a la parte quejosa del auto por el que se dio vista con el cumplimiento Quince de julio de dos mil veintidós. Veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Precisado lo anterior, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La respuesta emitida por la Secretaría de Docencia de la Universidad Autónoma del Estado de México, a través del oficio 114/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, y ante ello la omisión y/o negativa de expedir en su favor el certificado de estudios y reconocimiento de terminación de estudios en la especialidad en pediatría. Previa substanciación del juicio de amparo, el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".1. Deje insubsistente la determinación de doce de julio de dos mil veintiuno, emitida en el oficio 1114/2021, en el que se decretó la imposibilidad para emitir el certificado de estudios solicitado por Apolonio Hernández Pérez; y, 2. En su lugar, dicte otro auto que podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero analizando la totalidad de las constancias que integran el expediente de Apolonio Hernández Pérez, y purgando los vicios formales de motivación que fueron precisados en el cuerpo del presente Considerando, a fin de resolver la solicitud del ahora quejoso recepcionada el dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Cabe precisar que no es motivo de esta concesión, el sentido en el que resuelva la responsable, quien al hacerlo en el sentido que así estime, será con libertad de jurisdicción." El quince de julio de dos mil veintidós, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Previas gestiones, el veintisiete de septiembre del año en curso, se tuvo por recibido el oficio mediante el cual la autoridad responsable refirió dar cumplimiento de manera total con el fallo protector. Asimismo, la parte quejosa, mediante escrito presentado el treinta del mes y año citados, realizó diversas manifestaciones, en las que hizo alusión respecto a que la responsable al emitir el oficio número SD/1660/2022, con el cual pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, continúa sin analizar la totalidad de las constancias que integran el expediente administrativo, puesto que no se tomó en consideración el acta de sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del estado de México, de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, a través del cual se solicitó la APROBACIÓN DE LA TRAYECTORIA ACADEMICA DE LA ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA, dictaminando que se turnara al comité de Análisis Normativo, invitando a la Coordinación de Posgrado con fines de aclaración e información para ese tipo de asuntos, para que posteriormente en sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de la Facultad de Medicina el diez de julio de dos mil diecinueve, se aprobara por unanimidad de votos, su trayectoria académica en la especialidad de pediatría. Ahora bien, de los oficios y anexos, remitidos por la autoridad responsable, se advierte que no dio cumplimiento con la directriz de la concesión de amparo, como bien lo precisa la parte quejosa, es decir, si bien: 1. Dejó insubsistente la determinación de doce de julio de dos mil veintiuno, emitida en el oficio 1114/2021; en el que se decretó la imposibilidad para emitir el certificado de estudios solicitado por Apolonio Hernández Pérez. 2. En su lugar, dictó el diverso oficio SD/1660/2022, de fecha cinco de septiembre de dos mil veintidós, donde en respuesta a su petición presentada el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, estableció: ".En atención a su escrito mediante el cual solicita la emisión del Certificado de Especialidad en Pediatría que cursó de 1992 a 1995, me permito comentarle que, el 5 de noviembre de 2018 la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del estado de México, solicitó a través del oficio FM/2023/2018, la impresión del certificado de estudios a su nombre, adjuntado para ello copia simple de la boleta de calificaciones, sin embargo al realizar la revisión de la misma, se detectó que la boleta únicamente contenía las calificaciones de 27 unidades de aprendizaje (UUAA) y el plan de estudios de la Especialidad en Pediatría indica que son 38, bajo ese sentido mediante oficio 00458/2019, la Dirección de Control Escolar solicitó las calificaciones de las 11 UUAA faltantes y las evidencias que las sustenten. Derivado de lo anterior, el 6 de febrero de 2019 la facultad de Medicina envío nuevamente una boleta de calificaciones que ya contenía las 38 unidades de aprendizaje, sin embargo, al hacer la revisión de dicha boleta la Dirección de control Escolar, detectó que las materias del semestre seis no tenían fecha de evaluación, además de que no contaban con el sello del hospital ni de la facultad y había variación en las impresiones del documento; derivado de lo anterior se le contestó a la Facultad de medicina que su petición no podía ser atendida debido a las observaciones referidas. Además de las observaciones antes mencionadas se detectó que el nombre del plan de estudios, en ambas boletas se refiere a Especialidad en Pediatría Medica siendo el nombre correcto Especialidad en Pediatría. Bajo esa tesitura, además no se encontraron las actas respectivas de las calificaciones registradas en el Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar (SICDE), conforme lo establece el artículo 50 del Reglamento de Estudios Avanzados actual y en el artículo 106 del Reglamento de Facultades y Escuelas Profesionales, porque en los años que se hace referencia en el caso que se revisa, el Reglamento de Facultades y Escuelas Profesionales se aplicaba también para estudios Avanzados, bajo ese sentido su petición no puede ser atendida debido a que carece de las fechas de evaluación del último semestre, dato que aparece invariablemente en las actas que se asientan claramente de las calificaciones correspondientes, y a que no existen actas de calificaciones, mismas que no pueden ser sustituidas por boletas de calificaciones. En razón a lo anterior, el 24 de abril de 2019, al no contar con las evidencias suficientes, la facultad de medicina trató de solventar las observaciones a través del H. Consejo de Gobierno, sin embargo, los integrantes de ese órgano de gobierno no autorizan la solicitud, simplemente se dictaminó aprobar por unanimidad de votos la "sugerencia" que hizo el Comité respectivo (página 3, Acta de la sesión ordinaria del H, Consejo de Gobierno del 24 de abril de 2019). En ese sentido, el 13 de mayo de 2019, a través del oficio FM/901/2019, la Facultad de Medicina envió copia simple del acta de H. Consejo de Gobierno, donde aprobaron las fechas de las evaluaciones sin embargo, el acta referida no especificaba las Unidades de Aprendizaje, los grupos, los periodos, las fechas de evaluación ni las actas de calificaciones, datos que son fundamentales para completar la trayectoria académica en comento, razón por la cual se contestó a la Facultad de Medicina a través del oficio 03853/2019 que faltaban esos datos y que deberían emitir las evidencias para que la información se cotejara. En virtud de lo anterior, el 2 de agosto de 2019 la facultad de Medicina envía copia del acta del H. Consejo de gobierno donde aprueban su trayectoria académica, sin embargo, dado que nuevamente se omitieron las actas de calificaciones oficiales que sustentaban las calificaciones de la boleta, se solicitó la opinión de la Oficina del Abogado General, y fue con el oficio AG/1737/20-5 de fecha 17 de septiembre de 2020, que emite la siguiente opinión: "Único. De conformidad con los argumentos establecidos en el presente oficio, esta oficina estima improcedente que la Dirección de Control Escolar emita a favor del C. Apolonio Hernández Pérez el certificado de estudios parcial correspondiente a la especialidad en Pediatría con clave 202 en la generación 1992-1995. De lo anterior, se desprende que, para la procedencia de la expedición del certificado de estudios, deberán contar con las evidencias que permitan identificar y dar certeza plena de las calificaciones obtenidas por el entonces alumno, durante sus estudios de la Especialidad, para ello, se tendrán que proporcionar a la Dirección de Control Escolar, las actas de Evaluaciones correspondientes a aquellas unidades de aprendizaje que se han precisado por la Dirección en cuestión, debiendo cumplir de esta forma, con lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento de Estudios Avanzados, para la procedencia de la expedición del Certificado bajo modalidad solicitada". Por lo tanto, si bien en el SICDE existe la trayectoria académica, no se cuentan con las evidencias (listas, actas de calificaciones o kardex) que den certeza de las calificaciones registradas en el mismo sistema, evidencias que se solicitaron al archivo universitario, Facultad de Medicina y al Hospital General la Perla Nezahualcóyotl, sin embargo, en ninguna de estas instancias hay documentos probatorios oficiales, por lo tanto, no es posible la emisión del certificado de estudios solicitado". No obstante ello, de lo anterior, se advierte que la autoridad responsable no cumplió con la directriz de la concesión del amparo, es decir, al momento de dictar el oficio SD/1660/2022, de fecha cinco de septiembre de dos mil veintidós, con el que refiere dar cumplimiento, no analizó la totalidad de las constancias que integran el expediente de Apolonio Hernández Pérez, purgando los vicios formales de motivación que le fueron precisados en el cuerpo del Considerando Séptimo de la resolución que se dictó en el presente juicio de amparo, a fin de resolver la solicitud del ahora quejoso recepcionada el dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Esto es así, pues del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable de aquélla, aunado a las manifestaciones vertidas por la parte quejosa se concluye que en el caso particular no se ha dado cumplimiento al fallo protector, puesto que, como ya se dijo, la responsable no tomó en consideración la totalidad de las constancias que integran el expediente de Apolonio Hernández Pérez, ni lo precisado en el cuerpo de la ejecutoria dictada por este Juzgador el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en el presente juicio de amparo, en el que se indicó -en lo que interesa- ".dicha determinación resulta incongruente con las constancias que integran el expediente relativo al ahora quejoso, en tanto que no analizó todas las constancias que ahí se precisan, en especial, lo resuelto en sesión ordinaria por el Consejo de Gobierno de la Facultad de Medicina el diez de julio de dos mil diecinueve, el cual por unanimidad de votos el Comité sugirió se aprobara la emisión del certificado de estudios de Apolonio Hernández Pérez de la especialidad en Pediatría, la cual cursó en el periodo comprendido de 1992-1995, para ponderar si era factible o no expedirle el certificado de estudios solicitado por el ahora quejoso; pues si bien se precisa que las variaciones en los datos de su trayectoria académica, así como que se advierte una parte cancelada con cinta adhesiva, lo cual dificulta dar certeza legal acerca de su contenido, y que ni en el archivo universitario, facultad de medicina y el hospital en el que realizó su residencia de especialidad hay documentos probatorios oficiales, además de los ya descritos mismos que cuentan con variaciones, la autoridad responsable también está facultada para certificar sobre esas circunstancias, haciendo uso de la autoridad con que está investida para tal efecto, pues tal y como lo dispone el artículo 50 del Reglamento de los Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México, en caso de que existiera un error sólo procederá su rectificación, por parte del Coordinador de Estudios Avanzados del Organismo Académico, Centro Universitario o Coordinador de la Dependencia Académica; incluso para el supuesto de que solamente pudiera expedir el certificado incompleto, eso permitirá al interesado promover las pruebas supletorias que estimara necesario para comprobar la certificación respectiva". Por tanto, se concluye que en el caso particular no se ha dado cumplimiento al fallo protector. En esa virtud, con apoyo en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días de cumplimiento total a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto y remita copia certificada de la constancia que así lo acredite; apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con los artículos 192 y 258 de la ley de la materia y se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Es aplicable, la Jurisprudencia P./J.54/2014 (10a), publicada en la página 19, del Libro 12, Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de noviembre de 2014, Decima Época, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese.
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