Nilda Maria Villarreal Safi
Expediente 788/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 788/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Nilda Maria Villarreal Safi
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguese a estos autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario encargado del despacho del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, del que se aprecia que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes. Bajo ese contexto, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno respectivo, y archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido, al no existir trámite pendiente por realizar. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo; al tratarse de un asunto respecto del cual este Juzgado se declaró incompetente para conocer, además, a consideración de la suscrita, no tiene relevancia documental para su conservación. Por último, como lo dispone el Punto Vigésimo, fracción I, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses, deberá procederse a su destrucción.
- Principal
SE REMITE INCOMPETENCIA
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE TREINTA DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE Visto, téngase por recibido el escrito de cuenta signado por la promovente Nilda María Villarreal Safi, mediante el cual, se encuentra dando cumplimiento a la prevención formulada en proveído de diecinueve de julio del año en curso, por lo tanto, se procede acordar bajo los siguientes términos: En consecuencia, vista de nueva cuenta la demanda de amparo así como el escrito aclaratorio, formulada por Nilda María Villarreal Safi, por propio derecho y como heredera de los bienes a nombre de Rodolfo Villarreal Rojas, contra actos del Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira y otra autoridad; en consecuencia, continúese el trámite con el número 788/2019-I-A, y háganse las anotaciones de rigor en el libro de control respectivo, así como con en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. INCOMPETENCIA Ahora bien, las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los Juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados dentro del ámbito de su competencia; por tanto, antes de decidir sobre la admisión de la demanda de amparo que nos ocupa es menester analizar tal cuestión, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, éste Juzgado de Distrito estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, por las razones siguientes: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Articulo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De este precepto se desprenden tres reglas que fijan la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Cuando el acto tenga ejecución, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los Jueces de Distrito, para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de las hipótesis señaladas, por lo que es importante distinguir la actualización de cada una de ellas, pues las dos primeras reglas de competencia aludidas exigen ejecución material y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; y lo que distingue a las reglas competenciales que demanda que el acto reclamado tenga ejecución material no es que ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que éste ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito. Lo anterior obedece a la regla general de competencia contenida en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, que prevé que en el juicio de amparo promovido contra actos de autoridad, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. El propósito del legislador fue hacer del juicio de garantías un medio de control constitucional asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio; por eso, tratándose de la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, debe tomarse en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, debido a que al ejercer el Juzgador jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad ejecutora, cuenta con facultades para el desempeño de su función al determinar no sólo el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias, y emitir decisiones con autoridad de cosa juzgada, sino para que se agilice el eventual cumplimiento y ejecución de providencias procesales o en su caso de una sentencia en la que se haya concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En el caso concreto, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada en el inciso a), particularmente en lo relativo a que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción tendrá ejecución el acto reclamado, esto es, el desalojo del bien inmueble que la parte promovente se encuentra defendiendo en esta vía constitucional, con motivo de la determinación del Juez Quinto de Primera Instancia Civil con residencia en Altamira, Tamaulipas, dentro del juicio hipotecario 761/2003. Así, analizada la demanda de amparo promovida por Nilda María Villarreal Safi, por propio derecho y como heredera de los bienes a nombre de Rodolfo Villarreal Rojas, se observa que esencialmente señala como acto la determinación del Juez señalado como responsable, dentro del expediente 761/2003, en la que ordenó la ejecución material de remate y desalojo respecto al bien inmueble ubicado en calle Abasolo, número 528, zona centro de Ciudad Valles, San Luis Potosí. De ahí que resulte inconcuso que la ejecución material de los actos que se duele la impetrante respecto al remate y desalojo del bien inmueble ubicado en calle Abasolo, número 528, zona centro de Ciudad Valles, San Luis Potosí, se ejecutará en Ciudad Valles, Tamaulipas, y por ende, la competencia para conocer de este asunto, se surte a favor un Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles. En efecto, los actos relativos a la determinación del Juez Quinto de Primera Instancia Civil en Altamira, Tamaulipas, dentro del expediente 761/2003, generó la orden de remate y desalojo del bien inmueble aludido con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, y por ende, constituye un acto que evidentemente conlleva una ejecución material y, conforme a lo expuesto, tendrá verificativo en la ciudad de Ciudad Valles, San Luis Potosí, que se materializará el acto reclamado, sin que en el caso dicho acto pueda reputarse como declarativo, pues sus consecuencias si trascienden al mundo fáctico, ya que modifican el estado de las cosas en la esfera física y no solo en el ámbito formal, pues implica realizar una serie de actos dirigidos a ejecutar la ejecución de la determinación del Juez responsable, por lo que se insiste el acto reclamado en este asunto, sí tiene una ejecución material. Sin que exista dato alguno que demuestre que la ejecución de los actos reclamados por el peticionario del amparo se llevará a cabo dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito; dado que, los datos que proporciona en su demanda de garantías, demuestran que se desarrollarán en Ciudad Valles, Tamaulipas. Es aplicable la tesis sustentada por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochenta y ocho, Tomo 217-228 Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dispone lo siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Se estima aplicable la tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Agosto de dos mil uno, visible a página mil doscientos noventa y nueve, Materia Administrativa, Común, de contenido siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Resulta aplicable a lo anterior la tesis aislada con clave 3a. XVIII/92, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo IX, marzo de mil novecientos noventa y dos, página diecinueve, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMAN DIVERSOS ACTOS, DE LOS QUE SÓLO UNO TIENE EJECUCIÓN. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCIÓN EN DONDE SE DA TAL EJECUCIÓN. Conforme a lo establecido por el artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de amparo, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto y, si en un caso, la quejosa reclama diversos actos y sólo uno de ellos tiene ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que va a ejecutar el acto". Bajo esas consideraciones, este Órgano de control constitucional, estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Nilda María Villarreal Safi, por propio derecho y como heredera de los bienes a nombre de Rodolfo Villarreal Rojas, surtiéndose la misma a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, que por razón de turno corresponda conocer. Por lo expuesto, de conformidad con lo que establecen los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y punto cuarto, fracción XIX, último párrafo, del Acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de derechos fundamentes promovido Nilda María Villarreal Safi, por propio derecho y como heredera de los bienes a nombre de Rodolfo Villarreal Rojas; en consecuencia, se declina la competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, que por razón de turno corresponda conocer. Por tanto, una vez que se encuentre debidamente notificado el promovente del presente auto, remítase la demanda de amparo que se trata y copias de la misma, a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, para que ésta para que a su vez lo haga llegar al órgano jurisdiccional que en razón de turno corresponda, a fin que se encuentre en condiciones de acordar lo procedente; a quien se le solicita que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción de la demanda de amparo de que se trata, informe si acepta o no la competencia declinada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo. Se ordena formar cuaderno de antecedentes que se deje en este Juzgado, hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y solicitar el acuse de recibo de estilo.
- Principal
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