Nicolas Vargas Torres

Expediente 80/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
80/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
29/08/2017

Partes del expediente

  • Nicolas Vargas Torres

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I CÚMPLASE

  2. Principal

    Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, encargado del despacho, con sede en Tampico; mediante el cual en atención a la solicitud efectuada en auto de trece de enero de dos mil diecisiete, remite copia certificada de la causa penal ***, del índice de ese órgano jurisdiccional, las cuales eran necesarias para la integración del presente asunto. Ahora bien, considerando el volumen de dichas constancias, se dispone que se mantengan por separado (en tres legajos) pero formando parte del presente juicio, para hacer fácil el manejo este expediente, sin embargo, se puntualiza que tales constancias estarán a la vista de las partes en la Secretaría para su consulta y examen cuando lo estimen pertinente dentro del horario de labores y en el local que ocupa este Juzgado.

  3. Principal

    MESA I SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE: Vista la demanda de derechos fundamentales promovida por Nicolás Vargas Torres, contra actos de la Secretaría de Economía, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 80/2017-I-B. INCOMPETENCIA Este juzgado se avoca al análisis de la demanda de garantías y se analiza la competencia para conocer de la misma, pues es una cuestión de estudio que por razón de método es preferente. Sobre el tema de la competencia por razón de la materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que esta especie del género de competencia debe definirse tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no precisamente, por las leyes que las partes invoquen o por el tipo de autoridad que lo emitió; lo anterior se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda, pero en todo caso, se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional... De los criterios transcritos, se advierte que la naturaleza del acto ha sido fundamental para establecer la competencia de los juzgados o tribunales por materia, buscando con ello garantizar la prontitud en la tramitación y fallo de los juicios, atendiendo a que la resolución de los asuntos por materia, requiere del conocimiento y experiencia de los que se dedican a cada una de ellas. Los artículos 35 y 48 de la Ley de Amparo, establecen los lineamientos a seguir tratándose de cuestiones de competencia, mismos que a la letra dicen: Artículo 35. Los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. También lo serán las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo. [.] Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Al respecto, para determinar la competencia por materia de un órgano, debe atenderse primordialmente a la naturaleza de la acción, mediante el análisis cuidadoso de los actos reclamados, de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad exponga el quejoso, de las pruebas y de los preceptos constitucionales que se aduzcan violados en el escrito inicial, así como de los restantes medios de convicción que obren agregados en autos. En ese sentido, el derecho administrativo puede considerarse que constituye el género relativo al derecho público que regula el conjunto de normas jurídicas relativas a la organización, funcionamiento y atribuciones de la administración pública, en sus relaciones con los particulares y con otros organismos o instituciones de la administración; pero debido a su amplitud, se han generado las subespecialidades tales como el derecho fiscal, el ambiental, el de propiedad intelectual, etcétera; las que atendiendo a su grado de complejidad, requieren de conocimientos técnicos determinados que permiten al juzgador resolver controversias en que se involucren esos temas. De ese modo, en cuanto al tema de especialidad de los órganos jurisdiccionales, debe tenerse en cuenta para la resolución de este asunto, que el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 22/2013, relativo a la creación de los órganos judiciales en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, precisó, en el punto cuarto transitorio su competencia, al señalar que conocerán de los amparos indirectos y los recursos derivados de los mismos que se presenten como asuntos nuevos a partir del diez de agosto de dos mil trece, relacionados con los temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Lo anterior, a efecto de que, entre otros objetivos, se evitara que las empresas en mercados vitales en esas materias usaran el sistema de justicia para frenar la regulación que busca reducir su poder de mercado o detener prácticas anticompetitivas; así como para lograr una eficaz aplicación de la ley y generar certidumbre jurídica en la materia, consolidando un conocimiento y experiencia en esas actividades para tomar decisiones más informadas y con las mejores consecuencias. Certidumbre jurídica que se garantizará a través de juzgadores que conocerán de una de las ramas de la materia administrativa, especializados en aspectos técnicos relacionados con la regulación en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión. Por lo tanto, en el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal antes referido, es dable concluir que por disposición constitucional, una de las ramas del Derecho Administrativo, como en el caso lo es el Económico Regulatorio, debe ser analizado, estudiado y aplicado por jueces especializados en tal materia, atendiendo, si bien en principio, a la complejidad de aspectos técnicos de la materia, también deben comprender aquellos temas relacionados o vinculados directa e indirectamente con ella, para dar consistencia y homogeneidad a los casos que se encuentren bajo la estipulación respectiva y así evitar criterios distintos y contradictorios. Ahora bien, en la especie, el peticionario señaló como actos reclamados en la demanda de amparo, en esencia, lo siguiente: - La omisión de la autoridad Secretario de Economía de aplicar lo dispuesto en el artículo 28 Constitucional, esto es, la omisión de fijar los precios del combustible (gasolina). - Así como el acuerdo 98/2016, en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer las regiones en que se aplicarán los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel y la metodología para su determinación, expedido el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis. De lo anterior, destaca que la parte quejosa demanda el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la omisión de la responsable Secretaría de Economía de fijar los precios de combustible denominado como gasolina; así como en contra del acuerdo que emitió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cual determinó los precios máximos al público de gasolinas y diésel, las regiones donde aplicarán y la metodología para su determinación. En ese sentido, debe recordarse que el tercer párrafo del artículo 28 constitucional, refiere que las leyes fijarán las bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. De ahí que se establezca que en el presente asunto se está ante actos de autoridades donde subyace como objetivo primordial contar con una competencia bajo condiciones de mercado en las diversas regiones contempladas en los acuerdos reclamados, en lo relativo a la venta de hidrocarburos (gasolina y diesel), lo cual es un aspecto debatido de manera central en la demanda de garantías. Por lo tanto, se requiere que la resolución del asunto se realice por quienes atendiendo a su especialidad conocen los aspectos técnicos de la regulación en materia de competencia económica, en el caso, un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República... En consecuencia, se ordena remitir la citada demanda de garantías registrada bajo el número 80/2017-I-B del índice de este juzgado, así como sus respectivos anexos y copias, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción Territorial en toda la República, para que a su vez lo haga llegar al órgano jurisdiccional que en razón de turno corresponda, a fin que se encuentre en condiciones de acordar lo procedente; a quien se le solicita que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción de la demanda de amparo de que se trata, informe si acepta o no la competencia declinada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo. Fórmese cuaderno de antecedentes y déjese copia de la demanda para constancia legal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce al promovente, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal por lista de acuerdos; lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; asimismo, se tiene como su autorizado en términos del artículo 24, de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a ***, por así haberlo solicitado expresamente el promovente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías.

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