Nieves Raúl Peguero Cuevas

Expediente 371/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
371/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
17/05/2023

Partes del expediente

  • Nieves Raúl Peguero Cuevas

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de tres de mayo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído en cita. Se ordena archivo. Se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En términos de lo dispuesto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente no es de relevancia documental. Por tanto, atendiendo al numeral 21, inciso b), del referido acuerdo general, el presente juicio de amparo deberá ser destruido en el plazo de tres años. Hágase constar esta valoración en la carátula, en términos del ordinal 35 de dicho acuerdo general. **** Devolución de documentos y garantía. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron en el sumario.*** Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de control y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Celaya, Guanajuato, tres de mayo de dos mil veintitrés. Se agrega oficio. Visto el comunicado que envía el juez Sexto de Distrito en el Estado, residente en Celaya, mediante el cual remite el juicio de amparo 370/2023-V de su estadística, al determinar que carece de competencia para conocer del sumario. Lo anterior, por considerar que el turno debió haber sido de manera directa a este juzgado federal, por estar relacionada con el juicio de amparo ******************** de este índice, promovido por ***, por demandar los mismos actos reclamados, consistentes en mandatos de captura. En consecuencia, este órgano de control constitucional, se avoca al juicio de amparo en cuestión por conocimiento previo, haciéndose saber tal circunstancia a la autoridad oficiante para los efectos legales a que haya lugar. Compensación de turno. Mediante oficio que derive de este proveído, instrúyase a la jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Guanajuato con sede en Celaya, realice el re-turno respectivo, indicándole que el NEUM de este juicio es ****. Radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, ***, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que atribuye a la siguiente autoridad: Agente del Ministerio Público de Tramitación Común I. Agente del Ministerio Público de Tramitación Común II. Agente de la Policía de Investigación Criminal. Todas las anteriores en Cortázar, Guanajuato. Director de la Policía de Investigación Criminal; residente en Guanajuato capital. En ese contexto, se manda formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno bajo número 371/2023-III, en la inteligencia de que, en el presente juicio, de manera preliminar, los actos reclamados se hacen consistir en: La orden de aprehensión, detención; y, su ejecución. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Litispendencia. Ahora, esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Dicha porción normativa contempla la hipótesis de litispendencia, que se traduce en la tramitación simultánea de dos o más juicios, los cuales contienen los mismos elementos esenciales de la acción constitucional. Así, para que opere la causa de improcedencia mencionada, la ley en la materia exige que se colmen los requisitos siguientes: a) La ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo; b) Dicho juicio esté en trámite o pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y, c) Ambos sumarios sean promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Análisis del caso concreto. Se invoca como hecho notorio que del Sistema de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), que se lleva ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se desprende que Nieves Raúl Peguero Cuevas, promovió diverso juicio de amparo que correspondió conocer a este Juzgado Federal, el cual fue radicado con el número ********************, del cual en lo que interesa se advierte: Juicio de amparo ********************Quejoso ******************** Autoridades responsables Agente del Ministerio Público de Tramitación Común I. Agente del Ministerio Público de Tramitación Común II. Agente de la Policía de Investigación Criminal. Todas las anteriores en Cortázar, Guanajuato. Director de la Policía de Investigación Criminal; residente en Guanajuato capital. Acto reclamado La orden de aprehensión, detención; y, su ejecución. En ese orden, se insiste, en el presente asunto, se actualiza plenamente la causa de improcedencia que se analiza, por los motivos siguientes: Juicio de amparo 371/2023 Quejoso ******************** Autoridad responsable Agente del Ministerio Público de Tramitación Común I. Agente del Ministerio Público de Tramitación Común II. Agente de la Policía de Investigación Criminal. Todas las anteriores en Cortázar, Guanajuato. Director de la Policía de Investigación Criminal; residente en Guanajuato capital. Acto reclamado La orden de aprehensión, detención; y, su ejecución. Esto es, en este sumario se aprecian los mismos elementos esenciales de la acción constitucional pretendida en el diverso juicio de amparo ********************, de la estadística de este órgano jurisdiccional, pues se trata del mismo quejoso, autoridad responsable y el mismo acto reclamado. Se afirma lo anterior, ya que en ambos juicios se combate la orden de aprehensión, detención; y, su ejecución, que señaló como responsables al agente del Ministerio Público de Tramitación Común I; agente del Ministerio Público de Tramitación Común II; agente de la Policía de Investigación Criminal; todas las anteriores en Cortázar, Guanajuato; y, al director de la Policía de Investigación Criminal; residente en Guanajuato capital. Por tanto, los elementos de la acción constitucional en el presente asunto son los mismos que se encuentran en el diverso juicio de amparo ******************** del índice de este juzgado; y, dado que el referido juicio constitucional se admitió a trámite, es incuestionable que no causa perjuicio al quejoso que se decrete la improcedencia de este asunto, pues el acto será analizado en aquél sumario. Así, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al surtirse cada uno de los requisitos que exige. Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que esta juzgadora cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados, así como el hecho notorio invocado. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, tanto la narración de antecedentes que se haga bajo protesta de decir verdad crea certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, tanto las pruebas que se acompañaron a la demanda -y que forman parte de ésta- como las narraciones vertidas en la misma -por ser la verdad de cómo han sucedido los hechos- son suficientes para desechar la demanda en comento. Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Domicilio y autorizados. Ahora bien, toda vez que el promovente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones en los estrados de este juzgado, los cuales no constituyen un domicilio propiamente dicho; en consecuencia se hace señalamiento al respecto, como lo indica el artículo 27 fracción I, del cuerpo de leyes en consulta, la notificación de este auto y las subsecuentes que tengan ese carácter, practíquense por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29, de la Ley de Amparo; y, como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, toda vez que no cuenta con cédula profesional debidamente registrada en el Registro Nacional de Profesiones. Autorización de reproducción de actuaciones judiciales.

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