NICOLAZA CONTRERAS SAMUDIO o ZAMUDIO
Expediente 827/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 827/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- NICOLAZA CONTRERAS SAMUDIO o ZAMUDIO
Actuaciones
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ***, apoderado legal de *** también conocida como ***. CAUSA ESTADO. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, ambos de la Ley de Amparo, en relación 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que dicho fallo ha causado estado. ARCHIVO. Por tanto, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. SIN RELEVANCIA DOCUMENTAL. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, éste expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por último, respecto de las copias del escrito de demanda y anexo que se acompañó, al resultar innecesario su agregado al sumario en que se actúa, procédase a su destrucción.
- Principal
Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Vista la demanda de amparo de cuenta, promovida por ***, también conocida como ***, carácter que se le reconoce de manera provisional con las copias simples que adjunta, ello de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo; mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Civil de Partido, residente en Yuriria, Guanajuato, por violación a los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Carta Magna. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 32/200, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, del tenor literal: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 827/2017-I.1, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, así como procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su volumen, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Encuentra apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia número XVII.2o.J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprenden como antecedentes los siguientes: 1. Que ***(aquí señalada como tercera interesada), demando de *** también conocida como Nicolaza Contreras Zamudio, la nulidad de escritura, radicándose el juicio ordinario civil 284/2014, del índice del Juzgado Civil de Partido de Yuriria, Guanajuato. 2. El veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, se dictó sentencia definitiva, en contra de la cual la parte actora interpuso recurso de apelación, mismo que substanció y resolvió la Segunda Sala Civil de Supremo tribunal de Justicia del Estado, bajo el toca 295/2017, en la cual revocó la sentencia dictada en primera instancia y ordenó la reposición del procedimiento respecto a todos los litisconsortes, a excepción del emplazamiento realizado a la diversa que contestó la demanda (aquí quejosa) y para que se llamara a juicio al notario público número 3, con ejercicio en la ciudad donde se substancio el juicio, debiendo requerir a la parte actora para que previniera a la parte actora a fin de que ampliara su demanda y una vez hecho lo anterior, se continuara con el procedimiento. 3. Mediante auto de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, la Juez Civil de Partido de Yuriria, Guanajuato, requirió a la parte actora a fin de que ampliara su demanda en los términos señalados por la Sala, lo anterior fue cumplido por la requerida el cinco de julio, por lo que se le tuvo ampliando demanda en contra del notario público número 3, con ejercicio en dicha ciudad. 4. En contra de la admisión de la ampliación anterior, la demandada (aquí quejosa), interpuso recurso de revocación, mismo que fue resuelto el dieciséis de agosto pasado, en el cual se revocó el auto combatido y sus consecuencias, es decir, el emplazamiento realizado al notario público número 3, así como el auto en el que se aprobó dicha diligencia, dictando en su lugar un nuevo proveído en el cual no se tiene por cumplida la prevención formulada a la parte actora (aquí tercera interesada) y se le requiere de nueva cuenta para que dé cumplimiento al requerimiento efectuado el veintiocho de junio del año en curso, con el apercibimiento que de no hacerlo se generara en su perjuicio al extinción de la instancia por caducidad. De los antecedentes antes citados, se advierte que el acto que por esta vía se combate, esencialmente se hace consistir en la resolución de dieciséis de agosto pasado, dictada al resolver el recurso de revocación en el juicio ordinario civil 284/2014, del índice del Juzgado Civil de Partido de Yuriria, Guanajuato, en el que la citada autoridad responsable, requiere de nueva cuenta a la parte actora (aquí tercera interesada) a fin de que sin variar la Litis, cumpla con el requerimiento de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, es decir, para que ampliara su demanda en contra del notario público número 3, con ejercicio en dicha ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo se generara en su perjuicio al extinción de la instancia por caducidad. En ese orden de ideas, este Órgano de control constitucional de oficio estima que en el presente asunto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretado este último a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo en vigor. A fin de corroborar dicho aserto, resulta necesario destacar las normas (tanto de la Constitución Federal como de la Ley de Amparo) que disponen la procedencia del juicio de amparo en sus distintas vías. El artículo 107, fracción III, de la Constitución Federal dispone: Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y Por su parte, la Ley de Amparo vigente, en sus artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Ahora, los efectos que trae consigo la determinación asumida por la Juez responsable no pueden considerarse que tengan sobre la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, ya que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que haga jurídicamente imposible el resarcimiento con una actuación posterior, pues será hasta que se dicte la sentencia definitiva en dicho juicio cuando se pudiera actualizar tal perjuicio, porque puede suceder que dicho fallo le sea favorable y en esa virtud no se patentizaría el mismo a la parte quejosa y, en caso contrario, indefectiblemente podrá hacerlo valer, como una violación procesal en el amparo directo que se promueva en contra de la resolución que se dicte en el juicio ordinario civil 284/2014. En efecto, el artículo 107 constitucional, establece como regla general que tratándose de amparo directo éste sólo procederá contra sentencias definitivas o laudos, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan partes sustanciales de manera que se deje sin defensa al quejoso o bien contra aquellas resoluciones que pongan fin al juicio. De ahí que, si la resolución reclamada atendió a cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la resolución dictada por la Segunda Sala Civil de Supremo tribunal de Justicia del Estado, en el toca 295/2017, en la cual revocó la sentencia dictada en primera instancia y ordenó la reposición del procedimiento respecto a todos los litisconsortes, a excepción del emplazamiento realizado a la diversa que contestó la demanda (aquí quejosa) y para que se llamara a juicio al notario público número 3, con ejercicio en la ciudad donde se substancio el juicio, debiendo requerir a la parte actora para que previniera a la parte actora a fin de que ampliara su demanda y una vez hecho lo anterior, se continuara con el procedimiento, resulta inconcuso que ello es una situación que hasta este momento procesal no causa un perjuicio de imposible reparación al impetrante de amparo que de facto deba ser atendido en esta vía constitucional, pues se insiste sí aún no se ha dictado sentencia definitiva en aquél juicio, en todo caso afectaría un derecho procedimental como lo es que se le requiera de nueva cuenta a la parte actora a fin de que amplié su demanda en contra del notario público número 3, con ejercicio en Yuriria, Guanajuato, situación, que si fue ordenada por la superioridad, debe acatar irrestrictamente. A fin de llegar a la conclusión anterior, es necesario precisar que el amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la distinción siguiente: DERECHOS SUSTANTIVOS. Son los llamados derechos fundamentales o derechos humanos del agraviado, los cuales se encuentran reconocidos por la Constitución General de la República y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, a virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. DERECHOS ADJETIVOS. Son los que tienen las partes dentro del procedimiento de que se trate (contestar la demanda, oponer excepciones, ofrecer pruebas, etcétera), con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales. En este sentido el Pleno y la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han emitido las jurisprudencias P./J.24/92 y 3ª.43, visibles en las páginas 11 y 291, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 56, Agosto de 11192 y del Tomo IV, Primer Parte, Julio-Diciembre de 1989, Octava Época, registradas con número de control interno 205651 y 207343, cuyos rubros y textos son los siguientes: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), "CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. A su vez, el Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. Por lo tanto, únicamente cuando un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, será susceptible de ser analizado en la instancia constitucional. Afirmar lo contrario, implicaría la posibilidad de que, en cada etapa procesal en cuya determinación sea adversa a los intereses adjetivos de alguna de las partes, sería impugnable por vía del juicio constitucional extraordinario; esto es lo que constituye la razón de ser de la improcedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de violaciones procesales. En consonancia con lo expuesto, es que se considera que las consecuencias de la determinación tomada por la Juez responsable son de carácter intraprocesal y no tiene una ejecución de imposible reparación, pues por ésta debe entenderse aquella cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma material e inmediata derechos sustantivos; es de concluirse que la determinación en estudio, no cumple los requisitos necesarios para poder ser atacada por esta vía constitucional, máxime que el requerimiento realizado a la parte actora (aquí tercera interesada) fue ordenada por la superioridad de la responsable. En sustento a lo anterior, tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 17/91, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Mayo de 1991, página 25, cuyo contenido es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." Robustece lo anterior la aplicable la jurisprudencia temática VI.2o.C. J/209, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Octubre de 2001, página 1060,que dice: "VIOLACIONES PROCESALES MATERIA DEL AMPARO DIRECTO.- Si bien en los juicios civiles las violaciones al procedimiento reclamables en amparo directo deben impugnarse en el curso mismo del procedimiento, esto no autoriza a reclamar la resolución de esas impugnaciones en el amparo indirecto, pues con esto se estaría desvirtuando la finalidad perseguida por la Ley de Amparo al reservar el conocimiento de determinadas violaciones para el juicio de garantías uniinstancial, que es la de evitar el entorpecimiento del procedimiento natural a través de la promoción de diversos juicios de amparo que harían interminable la solución del asunto natural, por eso precisamente contempla en su artículo 161 que las violaciones al procedimiento sólo podrán reclamarse en amparo directo, combatiéndolas en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario que prevea la legislación aplicable, o si ésta no concede el recurso, o concediéndolo, el recurso fuere desechado o declarado improcedente, se debe invocar la violación como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera." Y la diversa jurisprudencia sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Apéndice de 1995, de la Octava Época, Tomo V Parte TCC, Materia Laboral, del visible en la página 680, que reza: "VIOLACION PROCESAL, OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACION. Las violaciones procesales deben hacerse valer por el quejoso, en la demanda de amparo que promueva en contra del primer laudo dictado por la Junta responsable, dentro del juicio laboral, pues de no hacerlo precluye su derecho para impugnarlas en amparos posteriores.". En consecuencia, contra la resolución del recurso de revocación en que revocó el auto combatido y sus consecuencias, es decir, el emplazamiento realizado al notario público número 3, así como el auto en el que se aprobó dicha diligencia, dictando en su lugar un nuevo proveído en el cual no se tiene por cumplida la prevención formulada a la parte actora (aquí tercera interesada) y se le requiere de nueva cuenta para que dé cumplimiento al requerimiento efectuado el veintiocho de junio del año en curso, con el apercibimiento que de no hacerlo se generara en su perjuicio al extinción de la instancia por caducidad; procederá en su momento, el amparo directo, por constituir decisiones en juicio cuya ejecución no son de imposible reparación, que afectan las defensas de la quejosa y trascienda al resultado del fallo, lo que de suyo hace improcedente el presente juicio de amparo. Por lo tanto, se reitera los actos aquí reclamados no pueden ser considerados como de imposible reparación, pues tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Tiene aplicación a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo III, Junio de 1996, Tesis IV.2°J/13, en la página 538, la cual es del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial." Efectivamente, estos actos, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo contenido en los derechos fundamentales, sino que tan sólo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado del laudo para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas de la parte quejosa y trasciendan al resultado del fallo adverso. En esas condiciones, con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo en vigor, lo procedente en el caso es desechar de plano la demanda de cuenta, en virtud de advertirse de manera manifiesta e indudable, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, este último en sentido contrario, ambos de la ley de la materia. Se tiene al solicitante del amparo como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en camino a San José de Guanajuato, número 205, local 2, plaza La Providencia, colonia Providencia, de esta ciudad de Celaya, Guanajuato, y como autorizados de su parte a los licenciados ***, en términos amplios del primer párrafo del numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tienen su cédula profesional debidamente registrada en la base de datos que se configuró en cumplimiento al Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Luis Antonio Ramírez Gómez, por así señalarlo expresamente la promovente del amparo. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 61, fracción XVIII y 113, de la Ley de Amparo, se; Resuelve: ÚNICO. SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ***, también conocida como ***, por conducto de su apoderado legal***, con base en las consideraciones formuladas en el presente proveído.
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