Nieves Ranero Vidal
Expediente 850/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 850/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 10/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Nieves Ranero Vidal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, diez de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo del que deriva el presente asunto, archívese el presente incidente como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente incidente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 8, punto 3, relativo al 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el original de este incidente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso c) del citado acuerdo, pues se negó la suspensión provisional y definitiva. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a esta fecha de archivo como asunto concluido en términos del artículo 21 antes invocado, procédase a la destrucción del original del expediente dentro de los treinta días siguientes y deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin embargo, toda vez que el presente incidente de suspensión, se formó por duplicado y separado en términos de lo establecido en el Capítulo 8, relativo al 8.1.1 Expedientes que el órgano jurisdiccional debe destruir una vez que cuente con más de seis meses de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos, punto 2, inciso a) del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; debe considerarse DESTRUIBLE y una vez que transcurran seis meses a esta fecha de archivo como asunto concluido en términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse el duplicado de expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese por lista electrónica a las partes.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diez de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren recurrido el auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2° de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 8, relativo al 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos del MANUAL para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en relación con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En atención a que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en dichos cuadernos. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista de acuerdos a las restantes partes.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio sin número signado por Raciel Anuar Ayala Palma, en su carácter de apoderado legal de la Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, con sede en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual, en atención al requerimiento efectuado en proveídos de dieciocho de octubre, quince de noviembre y veintiuno de diciembre dos mil veintidós, y veintisiete de enero de dos mil veintitrés, informa que el ocho de febrero de dos mil veintitrés la aquí quejosa NIEVES RANERO VIDAL, celebró convenio con su representada sobre el adeudo del servicio de suministro de agua, drenaje y saneamiento del inmueble registrado con el número 98065, ubicado en la calle Donato Casas, número trece, colonia Manantial, en Boca del Río, Veracruz, dando un anticipo por la cantidad de $3,222.10 (tres mil doscientos veintidós pesos con 10/100 moneda nacional); y el resto en seis parcialidades; asimismo, que realizó un pago $575.34 (quinientos setenta y cinco pesos 34/100 moneda nacional) para la rehabilitación del servicio de agua potable, por lo que, el ocho de febrero de dos mil veintitrés se realizó la reconexión del servicio. Anexando para tal efecto copia autorizada del convenio de ocho de febrero de dos mil veintitrés, celebrado entre la Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, con sede en Boca del Río, Veracruz, y aquí quejosa Nieves Ranero Vidal, de la credencial de elector a su nombre, recibos de pago de ocho de febrero del año en curso, por las cantidades de $3,222.10 (tres mil doscientos veintidós pesos con 10/100 moneda nacional) y de $575.34 (quinientos setenta y cinco pesos 34/100 moneda nacional); pagaré de ocho de febrero del año en curso, por la cantidad de $6,352.03 (seis mil trescientos cincuenta y dos pesos 03/100 moneda nacional, con fecha de vencimiento siete de agosto de dos mil veintitrés a la orden de la citada compañía suministradora de agua potable, impresión del servicio de reconexión del servicio folio 1399485, con fecha de ejecución y captura de ocho del mes y año en curso, así como secuencias fotográficas de las que se observa la existencia de la reconexión del servicio de suministro de agua potable. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la referida autoridad, las constancias remitidas, a las cuales tiene valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; sin que haya lugar a dar vista con ella a las partes, por los motivos que enseguida se expondrán. Ahora, del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado lo constituye el corte de suministro de agua potable, ejecutado el veintidós de septiembre del año en curso, en el domicilio de la quejosa ubicado en calle Donato Casas, número trece, colonia Manantial, en Boca del Río, Veracruz. Por otra parte, de las constancias remitidas por la citada autoridad responsable, se advierte que el ocho de febrero de dos mil veintitrés, la impetrante Nieves Ranero Vidal, celebró convenio de pago en parcialidades con la Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, con sede en Boca del Río, Veracruz, y que efectuó el pago por las cantidades de $3,222.10 (tres mil doscientos veintidós pesos con 10/100 moneda nacional) y de $575.34 (quinientos setenta y cinco pesos 34/100 moneda nacional); relativos al primer pago parcial y al de la rehabilitación del servicio de agua potable; asimismo, que le fue reconectado el servicio de suministro de agua potable en el domicilio calle Donato Casas, número trece, colonia Manantial, en Boca del Río, Veracruz; así como las secuencias fotográficas con lo que se corrobora el restablecimiento del suministro de agua potable, en el citado inmueble. Con lo anterior, se acredita fehacientemente que la autoridad responsable posterior a la presentación de la demanda de amparo, restableció el servicio de suministro de agua en el domicilio de la quejosa. En consecuencia, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el diverso artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, ya que han cesado los efectos del acto reclamado, numerales que prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. ) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierte o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior (.)". Ello, porque si la litis constitucional en el presente juicio se constriñe a la falta de suministro de agua potable desde el catorce de mayo de la presente anualidad, en el domicilio sito en: Callejón 21 de septiembre, número 31, Colonia Flores Magón, en Veracruz, Veracruz, en el que manifiesta la quejosa tiene su domicilio; y, el dieciséis de junio pasado, la responsable de cuenta quedó restablecido el servicio de suministro de agua potable, tal y como se advierte de las constancias respectivas; es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, y, por ende, con apoyo en lo establecido por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento por lo que respecta a los actos reclamados por la parte quejosa. Robustece lo anterior, la Jurisprudencia número ciento tres, que aparece publicada en la página ochenta y uno, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, años 1997-2000, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro es: "CESACION DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Así como, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2ª./J.10/2003, visible en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Lo anterior, sin necesidad de esperar a que se verifique la audiencia constitucional relativa, puesto que el sobreseimiento fuera de audiencia no depara perjuicio alguno a la quejosa, habida cuenta la notoria y manifiesta actualización de la hipótesis de improcedencia que en la especie se actualizó. En mérito de lo anterior, se dejan sin efectos las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, hora y fecha señaladas en este juicio, para la celebración de la audiencia constitucional, por los motivos expuestos en líneas precedentes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, y comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables, y por lista electrónica a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Sección de Amparo.
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