Nicolas Gomez Ochoa

Expediente 615/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
615/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
13/07/2022

Partes del expediente

  • Nicolas Gomez Ochoa

Actuaciones

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL PROMOVENTE LA RESOLUCION QUE DICE: Agréguese a los presentes autos la razón de cuenta, suscrita por el Actuario Judicial de la adscripción, de la cual se advierte la imposibilidad de notificar al quejoso Nicolás Gómez Ochoa, el auto de ocho de julio del año en curso en el que se le desechó su demanda de amparo, por los motivos asentados en la diligencia de que se trata....se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto de ocho de julio de dos mil veintidós; por tanto, se ordena la notificación de la presente determinación, así como del auto de ocho de julio de dos mil veintidós y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos; lo anterior, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente al promovente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE PROMOVENTE, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR PROVEIDO DE TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, LA RESOLUCION QUE DICE: Visto el escrito de demanda promovida por..se ordena formar expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 615/2022-III. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe analizar ante todo el escrito de demanda y que, en caso de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, aunado a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, con independencia de que las hayan invocado las partes, o no, dada su naturaleza de orden público y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la citada ley de la materia, se procede al estudio de las que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualizan en el presente asunto..Primeramente, es necesario establecer que de la lectura integral del escrito de demanda de amparo, se advierte que la parte promovente señala como actos reclamados los siguientes: Los autos de dos y veintitrés de junio de dos mil veintidós, emitidos en el juicio agrario 340/2017, por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 40, residente en San Andrés Tuxtla, Veracruz, mediante los cuales, se ordena llevar a cabo la ejecución de la sentencia dictada en el referido expediente. El cumplimiento de dichos proveídos. En este contexto, después de analizar el escrito de demanda, este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión que en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción IV de la citada ley de la materia, el cual exige para la impugnación de los actos dictados en ejecución de una sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se impugne la última resolución dictada en el mismo, pudiendo reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; De donde se desprende que actualmente la Ley de Amparo define lo que debe entenderse por "última resolución" que se dicte en el procedimiento del que deriven los actos reclamados, la cual debe entenderse como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Por otra parte, se tienen a la vista los datos arrojados por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes relativo al juicio de amparo 499/2022-I, del índice de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, medio de difusión informático cuyo uso obligatorio para este Juzgado fue comunicado mediante el Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de mayo del dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Federal Electoral, mantengan un registro permanentemente actualizado y veraz de los movimientos relativos a los asuntos de su conocimiento. El anterior sistema informático constituye un hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y por tanto, puede ser invocado para proveer respecto de la demanda de amparo de que se trata. Asimismo, de la lectura integral de la presente demanda de amparo, así como la que dio origen al mencionado juicio de amparo 499/2022-I, ambas promovidas por el aquí quejoso Nicolás Gómez Ochoa, se advierten los siguientes antecedentes del acto reclamado, que el impetrante narró bajo protesta de decir verdad, a saber: 1. Que es parte en el juicio agrario 340/2017, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 40, residente en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en el cual, se declaró firme la sentencia derivado de la ejecutoria pronunciada el veinticinco de marzo de la presente anualidad, en el juicio de amparo directo 511/2021, que negó el amparo solicitado por el quejoso en contra de la sentencia definitiva dictada en el referido juicio agrario 2. Que en auto de veinte de abril de dos mil veintidós, se le requirió para que en el plazo de diez días hábiles, cumpliera en forma voluntaria con la sentencia definitiva dictada en dicho juicio. 3. Que por autos de dos y veintitrés de junio de dos mil veintidós, emitidos en el juicio agrario 340/2017, por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 40, residente en San Andrés Tuxtla, Veracruz, se ordenó llevar a cabo la ejecución de la indicada sentencia firme dictada en el referido expediente. Conforme a lo anterior, se desprende clara y evidentemente que el impetrante Nicolás Gómez Ochoa, es parte en el juicio agrario de donde deriva el acto reclamado, y que el mismo se encuentra en etapa de ejecución. En ese contexto, el acto reclamado consistente en los autos de dos y veintitrés de junio de dos mil veintidós, emitidos en el juicio agrario 340/2017, por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 40, residente en San Andrés Tuxtla, Veracruz, mediante los cuales, se ordena llevar a cabo la ejecución de la sentencia firme dictada en el referido expediente; no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución de que se trata, habida cuenta que en dichos proveídos, no se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente; sino, que se trata únicamente de los autos en los que se ordena ejecutar la sentencia definitiva. Por tanto, el impetrante debe esperar hasta que se emita la última resolución en el procedimiento de ejecución, pudiendo ser la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordene el archivo definitivo del expediente; y reclamar conjuntamente las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Máxime que no se advierte que la resolución impugnada afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos del peticionario de amparo, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, ajenos a la cosa juzgada. Lo anterior, dado que debe decirse que la Ley de Amparo vigente, define expresamente cuales son los actos de imposible reparación para la procedencia del amparo indirecto, ya que su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos.??????? Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva; además, que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. En esas condiciones, si los actos reclamados no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución a que se refiere la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es inconcuso que ha quedado plenamente demostrado que en el caso particular, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia en estudio; en consecuencia, de conformidad con el artículo 113 de dicho cuerpo legal, debe desecharse la demanda promovida por Nicolás Gómez Ochoa, en relación a dichos actos y su pretendida ejecución.

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