Nicomedes Arroyo Castro
Expediente 288/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 288/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 09/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Josue Rangel Ibarra
- Nicomedes Arroyo Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a nueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer y negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado de dicho incidente al cuaderno principal, así como del original en toda vez que encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso c), de dicha normativa, ello en razón de que la medida cautelar fue negada tanto en la provisional y definitivamente. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que en caso de ser procedente se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que en su caso hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Ma. Nicomedes Arroyo Castro solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Juez Primero y Segundo, Menor de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, Jessica Contreras Cortes Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Poder Judicial del Estado de Morelos, Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos y Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos. Acto reclamado: ".la ilegal ORDEN, ACUERDO Y/O DETERMINACIÓN mediante la cual pretenden realizar embargo de mis bienes de forma arbitraria y sin fundamento al igual que mediante la fuerza pública me serán embargados mis bienes en mi domicilio ubicado en RETORNO DE GOBERNADORES NÚMERO 18 COLONIA SAN CRISTOBAL EN CUERNAVACA, MORELOS. .que mediante actuario adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, se me requiera de pago de un supuesto adeudo y se embarguen bienes con auxilio de la fuerza pública en mi domicilio." SEGUNDO. El cuatro de marzo de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 288/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Mediante acuerdo de once de septiembre de dos mil veinte, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, en su juicio de amparo 293/2020, promovido por Oliver Urioso Arroyo, al tratarse de una demanda relacionada declaró ser incompetente por razón de turno, y ordenó remitir el juicio a esta autoridad a quien considero competente, como acto reclamado y autoridades responsables lo siguiente: Autoridades responsables. Juez Primero y Segundo, Menor de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, Jessica Contreras Cortes Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Poder Judicial del Estado de Morelos, Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos y Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos. Acto reclamado: ".la ilegal ORDEN, ACUERDO Y/O DETERMINACIÓN mediante la cual pretenden realizar embargo de mis bienes de forma arbitraria y sin fundamento al igual que mediante la fuerza pública me serán embargados mis bienes en mi domicilio ubicado en RETORNO DE GOBERNADORES NÚMERO 18 COLONIA SAN CRISTOBAL EN CUERNAVACA, MORELOS. ..que mediante actuario adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, se me requiera de pago de un supuesto adeudo y se embarguen bienes con auxilio de la fuerza pública en mi domicilio." CUARTO. El veintiuno de septiembre de dos mil veinte, esta autoridad recibió el oficio 16587/2020, del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, al que anexó el juicio de amparo 293/2020, promovido por el quejoso Oliver Urioso Arroyo, por incompetencia. QUINTO. El veintitrés de septiembre de dos mil veinte, esta autoridad acepto la competencia planteada por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, radicó con el consecutivo 731/2020, sin necesidad de requerir los informes justificados a las autoridades en razón a que dicho requisito procesal estaba satisfecho, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: El mandamiento en forma para ser requerida de pago o embargo sobre bienes propiedad de los quejosos y su ejecución en el juicio ejecutivo mercantil 347/2020. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Juez Segundo Menor de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, Comisionado Estatal de Seguridad en el Estado de Morelos y Secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca, Morelos, pues así lo informaron de manera categórica al momento de rendir su respectivo informe, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa no obstante que tal carga le corresponde. Esto es, tanto en el expediente 288/2020 como en su acumulado 731/2020. En las relacionadas condiciones, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero Menor de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y Jessica Contreras Cortes Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Poder Judicial del Estado de Morelos, -amparo 288/2020, como en su cumulado 731/2020- pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña al mismo el juez responsable; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. Causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61, de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de estudio oficioso, de conformidad con el numeral 62 del citado cuerpo normativo. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Los impetrantes del amparo expresaron los conceptos de violación que aparecen insertos en los escritos de demanda, -al ser idénticas- los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Ahora, del análisis integral de los escritos de demanda, -demandas idénticas en contenido- se advierte que los quejosos aducen a manera de concepto de violación que se transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues se pretende privarlo de sus bienes sin mediar juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y para causarle una molestia en su bienes por el tiempo que dure el embargo y las consecuencias irreparables que trae consigo. Es infundado el concepto de violación. A fin de evidenciarlo, inicialmente es preciso remitirse al contenido del artículo 14 constitucional, que en lo conducente dispone: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho (.)". Del precepto jurídico invocado, se infiere que el debido respeto al derecho de audiencia, exige que el acto privativo de la libertad, de las propiedades, posesiones o derechos, debe ser mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Este derecho de audiencia puede entenderse o examinarse bajo dos aspectos: uno de forma y otro de fondo. El primero, comprende todos los medios establecidos en su propio texto para dar cumplimiento a tal derecho humano, a saber, la existencia de un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento previo al acto privativo. El segundo, constituye el contenido, espíritu o fin último que persigue el propio derecho, que es evitar se deje en estado de indefensión al posible afectado del acto privativo o en situación que afecte gravemente sus defensas. Los medios o formas para cumplir debidamente con el derecho fundamental de defensa deben ser de tal manera que en cada caso no se produzca el estado o situación de referencia, erigiéndose por tanto en formalidades esenciales los que garanticen lo anterior. De lo expuesto se desprenden dos conceptos jurídicos fundamentales en el derecho de audiencia, el acto privativo y las formalidades esenciales del procedimiento. Así tenemos, por un lado, los actos privativos y, por el otro, los actos de molestia. Los primeros son aquellos que tienen como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva y permanente en los derechos del gobernado. Los segundos, son aquellos que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos. Tal distinción sirve para entender que existen actos que restringen el ejercicio de un derecho en forma provisional o preventiva, pero no tienen la finalidad de privar en forma definitiva de dicho derecho a su titular, sino que se tratan de medidas provisionales establecidas por el legislador o dictadas por las autoridades administrativas para proteger determinados bienes jurídicos, en tanto se decide si procede o no la privación definitiva. Por ello, no basta que un acto de autoridad produzca una afectación en el ámbito jurídico para que se repute "acto de privación", en términos del segundo párrafo del artículo 14 constitucional, puesto que para ello es menester que la merma o menoscabo tenga el carácter de definitivo. Lo anterior se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/96, consultable en la página 5, Tomo IV, Julio de 1996 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto es: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." Por lo que se refiere a las formalidades esenciales del procedimiento, son aquellas que resultan necesarias e indispensables para garantizar una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, de tal suerte que su omisión o infracción produzca de alguna manera indefensión al afectado o lo coloque en una situación que afecte gravemente sus defensas. De modo que las formalidades esenciales del procedimiento que todo juicio debe llevar a cabo para garantizar la defensa adecuada antes del acto privativo, en general, se pueden resumir en las siguientes: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En cuanto al tema, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 47/95, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995, Novena Época, página 133, que a la letra dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Luego, una adecuada y oportuna defensa requiere de las etapas procesales a que hace referencia la tesis transcrita en todo procedimiento previo al acto privativo, independientemente de la materia de la que se trate y de la autoridad ante la que se ventile, los que tendrán el carácter de esenciales cuando resultan necesarios para la adecuada defensa. Por el contrario, resultarán secundarios aquellos cuya emisión o violación no produzcan indefensión y, por ende, su contravención no importe infracción al derecho de audiencia. Estas formas o requisitos pueden variar en los diferentes juicios o procedimientos según el acto de privación de que se trate, siempre que resulten apropiados y suficientes para satisfacer plenamente la oportunidad de defensa del afectado. En la especie, el auto de exequendo de diecisiete de febrero de dos mil veinte, forma parte del inicio del juicio ejecutivo mercantil 347/2020, iniciado contra los quejosos y si bien existe una orden de requerimiento de pago y embargo, la naturaleza de esa orden no es otra cosa que la de una medida cautelar, la cual por antonomasia es provisoria, es decir, está destinada a durar hasta en tanto sobrevenga un evento sucesivo, que en el caso es la emisión de la sentencia definitiva, en espera de la cual el estado provisorio subsiste durante un tiempo intermedio. En ese sentido temporal equivale a interino, ambas expresiones indican lo que está destinado a durar solamente el tiempo intermedio que precede al evento esperado. De ahí que la cualidad esencial de la providencia cautelar, consiste en que sus efectos jurídicos duran o se extienden en el lapso que comprende desde la emanación de dicha providencia hasta la emisión de otra providencia jurisdiccional o administrativa, que comúnmente se le da el calificativo de definitiva, en contraposición de la cautelar. Por ello, la nota verdaderamente típica de las providencias cautelares consiste en que nunca constituyen un fin por sí mismas, sino que están ineludiblemente preordenadas a la emanación de una ulterior providencia definitiva, cuyo resultado práctico aseguran preventivamente. Esto significa que lo ordenado en el auto de exequendo se trata de una medida cautelar, cuyo objetivo es realizar una afectación temporal en los derechos de los quejosos a fin de salvaguardar el interés de las prestaciones demandadas hasta en tanto se resuelve en definitiva si procede o no la privación de esos derechos, es decir, con esa medida no se impone una afectación definitiva y permanente, sino únicamente una afectación provisional a los derechos derivados de los bienes de los quejosos hasta en tanto se dicte la resolución que concluya con dicho juicio, siendo esta última la que en todo caso genere esa privación. Así, los actos apuntados no tienen la naturaleza de privativos, sino de molestia, que tienen además el fin de proporcionar al demandado o posible afectado una noticia completa de la demanda presentada por la parte actora, con sus documentos y anexos, otorgándosele una oportunidad razonable para que pueda contestar, además de que en el procedimiento judicial se otorga a las partes o al posible afectado una oportunidad prudente para aportar las pruebas pertinentes para demostrar o desestimar las acciones, defensas o excepciones y expresar los alegatos correspondientes o las argumentaciones jurídicas que con base en las pruebas desahogadas estime necesario exponer, concluyendo el procedimiento con una resolución en la que el juzgador decida el litigio o el asunto planteado, debiendo cumplirse esas formalidades conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Además, para cumplimentar ese auto, esto es, embargar bienes a los quejosos con motivo de la suma reclamada en el juicio ejecutivo mercantil seguido en su contra, no se requiere que previamente sean emplazados (audiencia previa), menos aún que pueda ofrecer pruebas para poder contrarrestar esa medida, sino únicamente que la demanda se ejerza mediante la vía privilegiada, como lo es la ejecutiva mercantil, y que la misma se encuentre dirigida contra los quejosos; circunstancias acontecidas en el caso, dado que existe un auto de exeqüendo emitido contra de los quejosos que se estima correctamente pronunciado toda vez que el título fundatorio de la acción (pagaré) trae aparejada ejecución, al cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Por consiguiente, resulta infundado lo argumentado por los quejosos, pues no se trastoca en su perjuicio el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues los actos reclamados no tienen el carácter de privativos. Finalmente, tampoco le asiste la razón a los peticionarios de amparo, en el diverso motivo de disenso por el que sostiene que el acuerdo combatido trastoca en su perjuicio el derecho fundamental de legalidad que consagra el artículo 16 constitucional, al carecer de la debida fundamentación y motivación que exige dicho precepto legal. Lo anterior, se afirma así por lo siguiente. En principio, debe tenerse presente que el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." De acuerdo con lo que dispone el artículo constitucional transcrito, todo acto de autoridad debe constar por escrito, fundado y motivado. Se entiende por fundamentación, la cita del o los preceptos legales aplicables al caso y, por motivación, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Además, para que se constate la referida fundamentación y motivación, debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas correspondientes. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 260, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, visible en la página 175, que dispone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la constitución federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." De la tesis transcrita se conoce que todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Pues bien, se afirma que el acto combatido cumple con las referidas exigencias de forma, dado que basta con efectuar una lectura integral de su contenido para advertir que la autoridad para emitir el mandamiento de ejecución que aquí se analiza, citó los artículos 1104, 1105, 1391 al 1414, del Código de Comercio, así como el numeral 1, 5, 29, 33, 150, fracción III, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, con lo que cumple con el requisito formal de fundamentación. En relación con los motivos para aplicarlos, tuvo en consideración que el actor demandó en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa, el pago de diversas prestaciones, por lo cual ordenó requerir a los aquí quejosos en su carácter de deudor solidario -aval- y deudor principal, el pago inmediato de esas prerrogativas o el señalamiento de bienes suficientes para garantizarlas, en caso de no hacer una u otra cosa, ordenó trabar ejecución sobre los bienes que señale el actor, hecho lo anterior, emplazar a la parte demandada, haciendo entrega de las copias acompañadas, para que en el plazo indicado conteste la demanda, oponiendo las excepciones que estimara pertinentes. Además, conforme a lo dispuesto en los artículos 1,049 y 1,055 del Código de Comercio, las cuestiones relativas a que el título base de la acción (pagaré), reúna los requisitos establecidos en el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, tendrán que ventilarse en el juicio ejecutivo de origen, por lo que en este juicio de amparo resultan inoperantes todos los argumentos relativos a esa cuestión. Por lo anterior, es inconcuso que en el auto de exeqüendo la autoridad sí señaló los artículos aplicables y las circunstancias y motivos que encuadraban en ellos, por lo que el argumento hecho valer en el sentido de que el acto reclamado carece de dichos requisitos, es infundado. Tiene aplicación al caso la tesis P. CXVI/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, Agosto de 2000, página 143 de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." Asimismo, es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número I.4o.A. J/43, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia Común, visible en la página 1531, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción." Al resultar infundados los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitadas por los quejosos, contra el acto que se reclama de la Juez Primerio Menor de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, consistente en la orden de pago o embargo -auto de exequendo- dictado el diecisiete de febrero de dos mil veinte, en el juicio ejecutivo mercantil 347/2020, de su índice administrativo. Negativa que se hace extensiva por lo que respecta a la ejecución del auto de exequendo señalado con antelación, que atribuyó a la actuaria adscrita a la central de actuarios, ya que tal acto no se reclama por vicios propios, sino como consecuencia de los atribuidos al titular del órgano jurisdiccional antes citado. Es ilustrativa, la jurisprudencia VI.2o. J/338, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 83, Noviembre de 1994, página 69, de la voz y rubro siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a Ma. Nicomedes Arroyo Castro y Oliver Urioso Arroyo, contra los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Primero Menor de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, y actuaria adscrita a la central de actuarios, ambos con residencia en esta ciudad, consistente en la orden de pago o embargo -auto de exeqüendo y su ejecución-, ordenado en el juicio ejecutivo mercantil 347/2020, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy dieciocho de junio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se tiene por recibido el oficio de cuenta, a través del cual solicita se le informe lo relativo al acuerdo dictado el once de septiembre de dos mil veinte, a través del cual se declinó competencia para conocer del juicio de amparo 293/2020 del índice de ese Juzgado Federal, promovido por Oliver Urioso Arroyo, a fin de que ese órgano se encuentre en condiciones de proveer lo conducente; atento a lo anterior, agréguese el oficio de cuenta para que obre como legalmente corresponda y comuníquese a la autoridad oficiante que en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, este Órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del presente asunto, el cual quedó radicado con el número 731/2020, que a su vez, en el mismo auto, se ordenó la acumulación al juicio en que se actúa; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, y de conformidad con lo previsto en la Circular SECNO/10/2021, en la cual se estableció que a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se levantará la suspensión de plazos y términos decretada debido al periodo de contingencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV2 (COVID-19); por lo que se ordena la reanudación en el trámite del presente juicio de amparo. En esa tesitura, para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las diez horas con quince minutos del dieciocho de marzo del año en curso. Hágase del conocimiento a las partes, que en adición a las disposiciones que rigen el presente juicio de amparo, será aplicable en lo conducente, lo previsto en el artículo 2, fracciones III, V, VI y VIII, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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