Nicole Fernanda Arriaga Barrera
Expediente 664/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 664/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 06/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Nicole Fernanda Arriaga Barrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a seis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que no obra el acuse de recibo del oficio por el cual se debió notificar a la autoridad responsable Juez Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial en el Estado de Morelos, la sentencia de veinte de octubre de dos mil veintidós, dictado en autos. En consecuencia, se ordena reexpedir el oficio aludido, a fin de que la autoridad responsable esté enterada del contenido de dicha determinación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Subdirector de Amparos, así como representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual rinde su informe justificado; sin que sea necesario realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que la parte quejosa en el presente juicio de amparo es Nicole Fernanda Arriaga Barrera, y no Claudia Guadalupe Pérez Mauricio diversa persona señalada en el mismo. Máxime que, en el presente asunto ya se dictó sentencia en fecha veinte de octubre de dos mil veintidós; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del once al veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, autorizado por acuerdo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiséis de junio del presente año, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/3682/2023, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 664/2022, promovido por Nicole Fernanda Arriaga Barrera contra actos del Juez Segundo Menor Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del estado de Morelos y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, ante el buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido el uno de octubre siguiente, por razón de turno, al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Nicole Fernanda Arriaga Barrera solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridades responsables Actos reclamados Juez Primero y Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial en el Estado de Morelos "a) El ilegal e inexistente emplazamiento a juicio de la ahora quejosa, toda vez que la suscrita no soy parte de un procedimiento legal ante un órgano jurisdiccional, ni como tercero extraño por equiparación o auténtico [.] b) El indebido e ilegal orden de embargo sobre el bien inmueble del cual tengo el uso y goce, posesión de la propiedad correspondiente a un inmueble ubicado en Privada Cinco, Casa 05, Residencial los Soles de Jiutepec, CP. 62563. c) La orden de lanzamiento y/o desalojo del inmueble ubicado en en Privada Cinco, Casa 05, Residencial los Soles, CP. 62563, en el Municipio de Jiutepec, Morelos". Juez Tercero Civil y Mercantil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos Juez Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial en el Estado de Morelos Actuarios adscritos a la primera, segunda y tercera secretaría del Juzgado Tercero Civil y Mercantil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos Actuarios adscritos a la primera, segunda y tercera secretaría del Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial en el Estado de Morelos SEGUNDO. Por auto de seis de octubre de dos mil veintiuno, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos formó el expediente 1251/2021, y mediante acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno ordenó la separación de juicios. TERCERO. El veinticinco de mayo de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 664/2022, validó las actuaciones realizadas por el Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Morelos, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, por auto de cuatro de julio de dos mil veintidós, este juzgador regularizó el procedimiento y tuvo como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Juez Segundo Menor Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos ( La falta o ilegal emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 420/2019, de su índice. ( La orden de embargo emitida en el juicio ejecutivo mercantil 420/2019, de su índice, sobre el bien inmueble propiedad de la quejosa, ubicado en Privada Cinco, casa cinco, Residencial Los Soles de Jiutepec, código postal 62563, en Jiutepec, Morelos. ( La orden de lanzamiento o desalojo, emitida en el juicio ejecutivo mercantil 420/2019, de su índice, del bien inmueble propiedad de la parte quejosa, ubicado en Privada Cinco, casa cinco, Residencial Los Soles de Jiutepec, código postal 62563, en Jiutepec, Morelos. Juez Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial en el estado de Morelos ( La falta o ilegal emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 420/2019, del índice del Juzgado Segundo Menor Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, en cumplimiento a la diligencia ordenada en el exhorto 196/2020-1, del índice de ese órgano jurisdiccional, deducido del juicio ejecutivo mercantil 420/2019. ( La orden de embargo emitida en el exhorto 196/2020-1, del índice de ese órgano jurisdiccional, deducido del juicio ejecutivo mercantil 420/2019, del registro del Juzgado Segundo Menor Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, sobre el bien inmueble propiedad de la quejosa, ubicado en Privada Cinco, casa cinco, Residencial Los Soles de Jiutepec, código postal 62563, en Jiutepec, Morelos, ordenada en el exhorto 196/2020-1, deducido del juicio ejecutivo mercantil antes mencionado. ( La orden de lanzamiento o desalojo, emitida en el exhorto 196/2020-1, del índice de ese órgano jurisdiccional, deducido del juicio ejecutivo mercantil 420/2019, del registro del Juzgado Segundo Menor Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, del bien inmueble propiedad de la parte quejosa, ubicado en Privada Cinco, casa cinco, Residencial Los Soles de Jiutepec, código postal 62563, en Jiutepec, Morelos, ordenada en el exhorto 196/2020-1, deducido del juicio ejecutivo mercantil antes mencionado. Actuarios adscritos a la Primera, Segunda y Tercera Secretaría del Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial en el estado de Morelos ( La falta o ilegal emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 420/2019, del índice del Juzgado Segundo Menor Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, en cumplimiento a la diligencia ordenada en el exhorto 196/2020-1, del índice de ese órgano jurisdiccional, deducido del juicio ejecutivo mercantil 420/2019. ( El embargo realizado en el exhorto 196/2020-1, del índice de ese órgano jurisdiccional, deducido del juicio ejecutivo mercantil 420/2019, del registro del Juzgado Segundo Menor Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, sobre el bien inmueble propiedad de la quejosa, ubicado en Privada Cinco, casa cinco, Residencial Los Soles de Jiutepec, código postal 62563, en Jiutepec, Morelos. ( El lanzamiento o desalojo realizado en el exhorto 196/2020-1, del índice de ese órgano jurisdiccional, deducido del juicio ejecutivo mercantil 420/2019, del registro del Juzgado Segundo Menor Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, sobre el bien inmueble propiedad de la parte quejosa, ubicado en Privada Cinco, casa cinco, Residencial Los Soles de Jiutepec, código postal 62563, en Jiutepec, Morelos. Asimismo, se señaló nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama lo siguiente: 1. Del Juez Segundo Menor Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos: ( La falta o ilegal emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 420/2019, de su índice. ( La orden de embargo emitida en el juicio ejecutivo mercantil 420/2019, de su índice, sobre el bien inmueble propiedad de la quejosa, ubicado en Privada Cinco, casa cinco, Residencial Los Soles de Jiutepec, código postal 62563, en Jiutepec, Morelos. ( La orden de lanzamiento o desalojo, emitida en el juicio ejecutivo mercantil 420/2019, de su índice, del bien inmueble propiedad de la parte quejosa, ubicado en Privada Cinco, casa cinco, Residencial Los Soles de Jiutepec, código postal 62563, en Jiutepec, Morelos. 2. Del Juez Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial en el estado de Morelos: ( La falta o ilegal emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 420/2019, del índice del Juzgado Segundo Menor Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, en cumplimiento a la diligencia ordenada en el exhorto 196/2020-1, del índice de ese órgano jurisdiccional, deducido del juicio ejecutivo mercantil 420/2019. ( La orden de embargo emitida en el exhorto 196/2020-1, del índice de ese órgano jurisdiccional, deducido del juicio ejecutivo mercantil 420/2019, del registro del Juzgado Segundo Menor Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, sobre el bien inmueble propiedad de la quejosa, ubicado en Privada Cinco, casa cinco, Residencial Los Soles de Jiutepec, código postal 62563, en Jiutepec, Morelos, ordenada en el exhorto 196/2020-1, deducido del juicio ejecutivo mercantil antes mencionado. ( La orden de lanzamiento o desalojo, emitida en el exhorto 196/2020-1, del índice de ese órgano jurisdiccional, deducido del juicio ejecutivo mercantil 420/2019, del registro del Juzgado Segundo Menor Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, del bien inmueble propiedad de la parte quejosa, ubicado en Privada Cinco, casa cinco, Residencial Los Soles de Jiutepec, código postal 62563, en Jiutepec, Morelos, ordenada en el exhorto 196/2020-1, deducido del juicio ejecutivo mercantil antes mencionado. 3. De los Actuarios adscritos a la Primera, Segunda y Tercera Secretaría del Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial en el estado de Morelos: ( La falta o ilegal emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 420/2019, del índice del Juzgado Segundo Menor Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, en cumplimiento a la diligencia ordenada en el exhorto 196/2020-1, del índice de ese órgano jurisdiccional, deducido del juicio ejecutivo mercantil 420/2019. ( El embargo realizado en el exhorto 196/2020-1, del índice de ese órgano jurisdiccional, deducido del juicio ejecutivo mercantil 420/2019, del registro del Juzgado Segundo Menor Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, sobre el bien inmueble propiedad de la quejosa, ubicado en Privada Cinco, casa cinco, Residencial Los Soles de Jiutepec, código postal 62563, en Jiutepec, Morelos. ( El lanzamiento o desalojo realizado en el exhorto 196/2020-1, del índice de ese órgano jurisdiccional, deducido del juicio ejecutivo mercantil 420/2019, del registro del Juzgado Segundo Menor Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, sobre el bien inmueble propiedad de la parte quejosa, ubicado en Privada Cinco, casa cinco, Residencial Los Soles de Jiutepec, código postal 62563, en Jiutepec, Morelos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, consistentes, únicamente en el emplazamiento y embargo realizados en el juicio de origen, toda vez que así lo manifestaron al momento de rendir sus informes justificados; circunstancia que se corrobora con base en la copia certificada del expediente 420/2019, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 198 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Este juzgador está obligado a analizar las causas de improcedencia que se actualizan en este juicio, con independencia de que las partes las invoquen, ya que se trata de una cuestión de orden público, cuyo estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se advierte que acontece la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Del primero de los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no afecta los intereses jurídicos o legítimos previstos en el artículo 5° de la Ley de Amparo. Por su parte, ese último precepto establece que la parte quejosa es aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de ese cuerpo normativo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, de manera directa o con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, el interés jurídico al que alude el artículo 5° de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos que le depare perjuicio. Es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por la norma, acto u omisión de alguna autoridad que le ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o menoscabo en los derechos o intereses del particular. Luego entonces, si el interés jurídico deviene como consecuencia de la afectación de los derechos de una persona, en razón de una norma, acto u omisión de autoridad, la persona agraviada puede ocurrir al juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con clave 2a./J. 51/2019 (10a.), cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Respecto del interés jurídico, debe mencionarse que es necesario que se acredite fehacientemente, y no solamente se infiera. Con lo expuesto en líneas anteriores, puede concluirse que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo, pues, como quedó establecido en el considerando segundo de esta resolución, demandó distintos actos jurisdiccionales encaminados a privarle la posesión de un inmueble, dentro de un juicio del cual no es parte, por lo que se ostenta como tercera extraña a juicio. Sin embargo, para que las personas terceras a la relación jurídica procesal puedan promover eficazmente el juicio de amparo, deben demostrar fehacientemente su respectivo interés jurídico, en el caso, acreditar la posesión del inmueble del que se dice se ordenó el lanzamiento, conforme a la causa generadora o derecho que la justifique, así como el poder de hecho en que la misma se traduce. En el caso particular, la quejosa reclama su falta de emplazamiento al expediente natural, así como distintos actos emitidos en él, por considerar que le pueden deparar perjuicio debido a que celebró un contrato de arrendamiento con Raúl Sergio Barrera Cerda, padre de Sonia Yadira Barrera Bizarro, parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil 420/2019. Para acreditar esa circunstancia exhibe el contrato de arrendamiento celebrado, supuestamente, el nueve de julio de dos mil veinte, respecto del inmueble ubicado en Privada Cinco, casa cinco, Residencial Los Soles de Jiutepec, en Jiutepec, Morelos. Sin embargo, no se demuestra fehacientemente que la quejosa tenga interés para acudir a esta sede constitucional, ya que tampoco se acreditó que los actos reclamados afecten el derecho de posesión que dice ostentar, respecto del mencionado inmueble. Máxime que los documentos que el contrato en comento no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Tal cuestión resulta relevante para el presente asunto, en razón de que a través de la fecha cierta se busca la certeza jurídica en las operaciones, además de que se evita así que los documentos se confeccionen con una fecha inexacta en perjuicio de terceros, pudiendo quedar las partes que lo celebran en el acuerdo para antedatar o pos-datar en el documento una fecha distinta a la verdadera. Tratándose de documentos privados resulta útil en el ámbito de la acreditación del interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo, porque con el mismo se consigue como objetivo, que en el juicio de amparo se demuestre no solamente la existencia de un derecho derivado de un acto contenido en un documento privado, sino que además se demuestre que dicho derecho existió con anterioridad al acto reclamado. Lo hasta aquí expuesto es acorde a lo resuelto en la contradicción de tesis 149/2009, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 21/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Por tanto, si el documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable". Por consiguiente, toda vez que el documento privado exhibido, consistente en el contrato de arrendamiento, no es de fecha cierta, se imposibilita determinar si el reclamo que se hace a la autoridad responsable se deriva de actos anteriores o posteriores a la adquisición del derecho, y por consiguiente, no es apto para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo. En tales condiciones, puede concluirse que con la documental exhibida, la parte quejosa no acredita el interés jurídico necesario para instarse el juicio de amparo, por lo que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo, y deba sobreseerse en el juicio atento a lo dispuesto en el diverso numeral 63 fracción V del mismo ordenamiento. Por lo anterior, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Nicole Fernanda Arriaga Barrera contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Karina Vanessa Corona Alday, secretaria que da fe, hasta hoy veinte de octubre de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a trece de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del Estado, mediante el cual acusa recibo de los autos de veinticinco de mayo y cuatro de julio, ambos de dos mil veintidós, lo que se toma de conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, informa que no tiene conocimiento de la existe de alguna causal de sobreseimiento, y que dicho Juzgado solo cuenta con dos Secretarías, por lo que solo existen dos actuarios adscritos al mismo; en consecuencia, se tiene por inexistente al Actuario de la Tercera Secretaría del Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial en el estado de Morelos. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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